La red de ciberestafadores descubierta en Santa Cruz utilizaba una empresa fachada, Legend Global, que nació con Bs 70.000 de capital y tenía una planilla mensual de sueldos de al menos Bs 240.000. El salario mínimo del personal llegaba a Bs 2.500.

Así lo revelan las investigaciones realizadas por la Policía y el Ministerio Público. El comandante general de la entidad del orden, Álvaro Álvarez, indicó que “a cada empleado se le pagaba el sueldo mínimo de 2.500 bolivianos y, obviamente, los beneficios sociales. Sin embargo, esos montos de dinero aparentemente nunca ingresaban a las arcas de la compañía”.

Esta organización criminal dedicada a estafas y extorsiones mediante aplicaciones, redes sociales y telefonía, fue descubierta mediante un megaoperativo, el miércoles en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz. Más de un centenar de personas fueron aprehendidas, pero al menos 10 quedaron en la mira como jefes, subgerentes, administrativos y “brazos operativos” de esta banda.

PAÍSES

Los delincuentes ya recorrieron tres países para llevar a cabo sus fechorías. Las pesquisas indican que germinaron en Colombia para migrar a Perú, donde fueron descubiertos y huyeron para instalarse en la capital oriental desde diciembre del año pasado. Desde allí realizaban extorsiones a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.

En conferencia y con cuadros y audios, Álvarez expuso el viernes el modus operandi de este grupo delictivo. Contrataba a jóvenes, sobre todo universitarios con conocimientos en informática, para que sean capacitados. Desde el call center hallado en la zona de Equipetrol, cada empleado debía cobrar al menos a 10 deudores y se calculó que 1.080 víctimas al día eran mínimamente abordadas por estas personas.

En apariencia, Legend Global era una firma para “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no realizó siquiera un sondeo.

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Los empleados recibían una capacitación. Usaban cuatro aplicaciones para ofrecer préstamos. Los interesados accedían a una cláusula que, al ser aceptada, permitía acceder a todos los datos de sus teléfonos celulares: imágenes, contactos, cuentas de banco… Los préstamos tenían un interés altísimo, de 30 a 40%. Eso sí, cuando se otorgaba el dinero prestado a la víctima, el monto ya contemplaba el descuento del primer interés.

Cuando no se cumplía con los pagos, comenzaba la maquinaria de la extorsión. No bastaba con bloquear el número de la empresa fachada o deshacerse del número de teléfono, porque los ciberextorsionadores asediaban a los contactos de los prestatarios, sobre todo familiares y amigos. Más aún, cuando el deudor cumplía con su obligación, se le asignaba automáticamente otro monto y volvía a entrar al “círculo vicioso” de los intereses.

Los primeros mensajes de texto o llamadas telefónicas tenían tono amigable y si la víctima no cedía, comenzaban las agresiones y las amenazas inclusive de muerte. Para demostrar ello, Álvarez reveló un audio de un supuesto funcionario colombiano: «Es plata o es plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente. Tome una buena decisión”.

 Ocho de 10 implicados van a la cárcel

Acusados de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, ocho de los 10 principales implicados en la red de ciberestafadores descubierta en Santa Cruz de la Sierra, fueron enviados por seis meses a la prisión de Palmasola con detención preventiva; los otros dos recibieron medidas sustitutivas.

La audiencia cautelar se llevó a cabo ayer y duró casi cinco horas en el Palacio de Justicia. El fiscal Cándido Blanco señaló que el ciudadano chino que está en la mira por supuestamente ser el cabecilla de esta organización criminal, se encuentra entre los encarcelados, al igual que tres colombianos, dos peruanos y dos bolivianos; mientras que otros dos bolivianos cumplirán arresto domiciliario tras el pago de fianza.

“El Ministerio Público demostró de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría de los delitos”, explicó el representante del Ministerio Público tras el acto judicial sobre esta banda desarticulada el miércoles en un megaoperativo en la zona de Equipetrol, en el segundo anillo de la urbe cruceña.

De acuerdo con las investigaciones, esta red utilizaba una compañía fachada, Legend Global, que aparentemente estaba dedicada a “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada por las autoridades. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no llevó a cabo siquiera un sondeo.

El abogado del ciudadano chino Lei Z., Sebastián Paz, objetó la determinación del juez y habló de un “retroceso” en la administración de justicia boliviana, ya que, según su versión, no se comprobó la autoría de su defendido en el caso y pese a que se dio garantías para que permanezca en el país y no obstaculice las investigaciones; por ello, anunció una apelación.

Mediante un call center, esta organización criminal extorsionaba a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.  

Acusados de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, ocho de los 10 principales implicados en la red de ciberestafadores descubierta en Santa Cruz de la Sierra, fueron enviados por seis meses a la prisión de Palmasola con detención preventiva; los otros dos recibieron medidas sustitutivas.

La audiencia cautelar se llevó a cabo el sábado y duró casi cinco horas en el Palacio de Justicia. El fiscal Cándido Blanco señaló que el ciudadano chino que está en la mira por supuestamente ser el cabecilla de esta organización criminal, se encuentra entre los encarcelados, al igual que tres colombianos, dos peruanos y dos bolivianos; mientras que otros dos bolivianos cumplirán arresto domiciliario tras el pago de fianza.

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“El Ministerio Público demostró de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría de los delitos”, explicó el representante del Ministerio Público tras el acto judicial sobre esta banda desarticulada el miércoles en un megaoperativo en la zona de Equipetrol, en el segundo anillo de la urbe cruceña.

De acuerdo con las investigaciones, esta red utilizaba una compañía fachada, Legend Global, que aparentemente estaba dedicada a “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada por las autoridades. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no llevó a cabo siquiera un sondeo.

El abogado del ciudadano chino Lei Z., Sebastián Paz, objetó la determinación del juez y habló de un “retroceso” en la administración de justicia boliviana, ya que, según su versión, no se comprobó la autoría de su defendido en el caso y pese a que se dio garantías para que permanezca en el país y no obstaculice las investigaciones; por ello, anunció una apelación.

Mediante un call center, esta organización criminal extorsionaba a víctimas de cuatro países: Chile, Ecuador, México y Perú.

Más de un millar de víctimas al día. Diez personas al mando de la empresa fachada. La red de ciberestafas descubierta el miércoles en Santa Cruz aplicaba préstamos, cobros y extorsiones que incluso recurrían a amenazas de muerte, en cuatro países.

El comandante general de Policía, Álvaro Álvarez, explicó el “modus operandi” de esta organización que operó primero en Colombia, pasó por Perú y desde diciembre se asentó en la capital cruceña, en el barrio de Equipetrol, en el segundo anillo, bajo una empresa fachada: Legend Global.

Fue el mayor operativo contra una banda de estas características en el país. De las instalaciones intervenidas se aprehendió a más de un centenar de personas, la mayoría trabajadores, generalmente universitarios con conocimientos en informática. Del total, quedaron 10, quienes son parte del esqueleto de esta compañía hilvanada perfectamente para la estafa y la extorsión mediante aplicaciones, redes sociales, telefonía y más.

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“Estas 117 personas obedecían a una estructura organizacional de un grupo debidamente estructurado, que permitía no solamente captar a las personas, sino generar un proceso de capacitación y además esos empleados desarrollaban actividades día a día a través de imposiciones de matrices que esta organización criminal les asignaba”, explicó Álvarez.

En apariencia, Legend Global era una firma para “estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, según la documentación “legal” secuestrada. Contaba con su Número de Identificación Tribuntaria (NIT), pero en todo su tiempo de vida no realizó siquiera un sondeo.

Los empleados recibían una capacitación. Usaban cuatro aplicaciones para ofrecer préstamos. Los interesados accedían a una cláusula que, al ser aceptada, permitía acceder a todos los datos de sus teléfonos celulares: imágenes, contactos, cuentas de banco… Los préstamos tenían un interés altísimo, de 30 a 40%. Eso sí, cuando se otorgaba el dinero prestado a la víctima, el monto ya tenía el descuento del interés.

Cuando no se cumplía con los pagos, comenzaba la maquinaria de la extorsión. No bastaba con bloquear el número de la empresa fachada o deshacerse del número de teléfono, porque los ciberextorsionadores asediaban a los contactos de los prestatarios, sobre todo familiares y amigos. Más aún, cuando el deudor cumplía con su obligación, se le asignaba automáticamente otro monto y volvía a entrar al “círculo vicioso” de los intereses.

Los primeros mensajes de texto o llamadas telefónicas tenían tono amigable y si la víctima no cedía, comenzaban las agresiones y las amenazas inclusive de muerte. Para demostrar ello, Álvarez reveló un audio de un supuesto funcionario colombiano perteneciente a esta red: «Es plata o es plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente. Tome una buena decisión”.

“Esto generaba una psicosis en la persona que se veía obligada a pagar de cualquier forma. Les reitero, ahí están los registros que se han mostrado de las llamadas telefónicas y de que cada persona tenía aproximadamente 10 deudores para cobrar cada día. Lo que implica aproximadamente una cantidad de 1.080 personas que eran contactadas todos los días en el exterior de ese lugar”, señaló el comandante policial.

Este “call center” realizaba los contactos a víctimas de Chile, Ecuador, México y Perú. Pero también había deudores bolivianos a esta organización criminal, los cuales eran presionados desde oficinas en Ecuador. Las pesquisas continúan y hasta ahora hay 10 imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Hoy será su audiencia cautelar.

El “modus operandi” de la red de ciberestafadores y ciberextorsionadores salió a la luz. La Policía describió que la organización criminal desbaratada el miércoles realizaba hasta amenazas de muerte desde el “call center” de Santa Cruz hasta al menos cuatro países.

Ciudadanos, deudores, de Chile, Ecuador, México y Perú eran sus víctimas; según la conferencia de prensa brindada por el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez. Primero se aplicaba un tono amable para el cobro, el cual cambiaba radicalmente si no había resultados.

“Es plata o plomo, te estoy diciendo de pecho y de frente; tome una buena decisión”, se escucha en un audio divulgado este viernes por Álvarez, el cual fue presentado como evidencia de este caso y que presenta a un supuesto funcionario colombiano del “call center”.

Lea más: La Fiscalía imputa a nueve implicados en ciberextorsiones internacionales desde Santa Cruz

El miércoles, un megaoperativo en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz desarticuló una red de ciberextorsionadores que operaba en una empresa fachada. Más de un centenar de personas, sobre todo empleados, quedaron aprehendidos. Al final, nueve se mantuvieron bajo custodia policial.

Un implicado más se sumó a quienes están en la mira de la Fiscalía. El jueves en la noche se presentó la imputación por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Todos esperan su audiencia cautelar.

Asimismo, las ciberextorsiones que tenían como destino a Bolivia, se realizaban desde Ecuador, reveló Álvarez. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que esta red migró de Perú en noviembre; país en el que fue descubierta por las autoridades.

El caso de la red de ciberestafas destapado el miércoles en Santa Cruz ya tiene imputación. La Fiscalía sindicó de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito a cinco implicados en ciberextorsiones.

Entre los imputados hay extranjeros y bolivianos que están sindicados de la captación de estudiantes, principalmente universitarios, para trabajar en un “call center” (centro de llamadas) desde donde se realizaban llamadas internacionales para cobros bajo amenazas.

“Los imputados son el presunto jefe de la organización Lei Z., de nacionalidad china, los peruanos Gianella M.M.L, Luis A.F. S. y Franco R.R., además del colombiano Miguel A.F. y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R.D. y Fiorela S.V.”, señala una nota del Ministerio Público.

“Desde el momento en que se conoció del funcionamiento irregular del ‘call center’, se realizaron todas las diligencias investigativas para conocer cómo captaban a los trabajadores que en su mayoría eran estudiantes, qué tipos de cobros realizaban y a qué países llamaban, asimismo, se colectó las declaraciones de todas las personas que fueron encontradas en el lugar, se colectó chip de diferentes telefonías, documentos y otros elementos probatorios que ya cursan en el Ecosistema Justicia Libre del Ministerio Público y que serán presentados en audiencia cautelar”, dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca.

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Los imputados aguardan en celdas policiales su audiencia de medidas cautelares. El caso fue destapado el miércoles, luego de un megaoperativo en inmediaciones del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, tras una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía y la Policía.

“Se conoció que personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en el ‘call center’ que se encontraba en un edificio…, donde realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países y en caso de no ser efectivos los pagos se intimidaba y amedrentaba a las víctimas”, continúa la nota institucional.

En el lugar fueron descubiertas más de 100 personas organizadas en bloques llamados “estaciones de trabajo”, desde donde se realizaban las llamadas y enviaban mensajes de texto; cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.

La Fiscalía indicó que la empresa fachada estaba bien hilvanada, con ejecutivos, subdirectores y una oficina de Recursos Humanos que otorgaba incentivos. Se reclutaba a jóvenes, sobre todo universitarios, con conocimiento en informática, con horarios y sueldos atractivos.

El comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez, reveló el jueves que las pesquisas permitieron desbaratar otras dos redes de ciberestafadores en el cuarto y quinto anillos de la capital oriental. Asimismo, se informó que la primera red había migrado de Perú.