El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la lista de personas “ajenas” a ese partido que llamaron al congreso de El Alto para “tomar acciones legales”.

“Hemos pedido que nos hagan conocer los pormenores de la solicitud de otro tipo de gente que no es del MAS-IPSP, que ha usado ilegalmente nuestros membretados; que usa y convoca a un congreso este fin de semana en El Alto (…). Estamos pidiendo al Tribunal Electoral que nos entreguen fotocopias legalizadas para ver qué acciones legales (tomamos) en contra de esos impostores”, dijo el abogado del MAS, Wilfredo Chávez, a los periodistas en La Paz.

Congreso

Así se refirió el jurista a la convocatoria del Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, cuya convocatoria de congreso está prevista para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto.

La convocatoria fue presentada por el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe; el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia  (CSCIOB), Esteban Alavi, y la secretaria ejecutiva de las Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Guillermina Kuno.

Chávez, en reiteradas oportunidades, descalificó a esos dirigentes, de los que afirmó “no son militantes del MAS” y que no tienen la representatividad de esa fuerza política.

Dijo que Quispe está inscrito en Unidad Cívica Solidaridad (UCS); de Kuno, que milita en Transformación Democrática y Patriótica (Tradepa) y, de Alavi, que fue elegido de manera irregular en un ampliado que “se convirtió en congreso”.

MAS

Para Chávez, la única convocatoria “que vale” es la presentada por la Dirección Nacional del MAS, liderada por Evo Morales.

“Que nos diga el TSE como organización política que somos, quién, a nombre del MAS, o quiénes, quieren hacer ese congreso. Se están arrogando la representación y este tribunal se está sirviendo de cómplice. ¿Qué repuesta les dio, les han dicho que no?”, reclamó el evista.

Asimismo, Chávez dijo que la única convocatoria que debió considerar el TSE es la presentada por la Dirección Nacional del MAS. Ese cónclave está previsto para el 10 de julio en el estadio Bicentenario de Villa Tunari, en Cochabamba.

Por su parte, el delegado político del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, advirtió que el visto bueno para el congreso arcista sería un delito y que el congreso arcista “ha nacido muerto”.https://www.la-razon.com/

“Pueden hacer 20 congresos, si quieren, lo que está mal es que este tribunal les de alguna consideración. ¿Los ha rechazado?, sí, pero sabemos que están queriendo, desde la oscuridad, buscar alguna forma para meterse por la ventana”, dijo Jiménez.

Hasta el momento, el TSE no resolvió cuál de las dos convocatorias es la “legítima”. Entretanto, el plazo fatal que dio el Órgano Electoral a los partidos políticos para el cambio de directivas vence el 5 de mayo.

La Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) volvió a observar la convocatoria al congreso del MAS que organiza el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

A cinco días de su realización, son cuatro observaciones que el TSE emitió este lunes al congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El primero señala que la solicitud no fue presentada por los delegados políticos del MAS ante el TSE, en este caso, Diego Jiménez Guachalla y Nelvin Siñani Condori, ambos acreditados ante el Órgano Electoral.

La segunda observación tiene relación a la solicitud de supervisión al cónclave. El TSE señala que no cumple con en el plazo de 15 días de anticipación a la realización de la elección de la nueva directiva.

En tercer lugar, el documento publicado por el la red DTV muestra que no se cumplió con cinco especificaciones: el detalle de fechas de realización del congreso, los requisitos de participación según el Estatuto Orgánico del MAS, requisitos para la postulación de cargos a elegir, la modalidad de elección y la dirección del evento.

La cuarta observación tiene que ver con la convocatoria pública que, según detalla el documento, no cumplió con la anticipación de 90 días como máximo y 60 como mínimo.

El documento da un plazo de dos días para que las observaciones sean subsanadas.

Esa convocatoria fue presentada por el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe; el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Esteban Alavi, y la secretaria ejecutiva de las Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Guillermina Kuno.

Ayer, en la mañana el equipo jurídico del MAS pidió al TSE conocer la lista de las personas que llamaron a ese congreso.

“Hemos pedido que nos hagan conocer los pormenores de la solicitud de otro tipo de gente que no es del MAS-IPSP, que ha usado ilegalmente nuestros membretados; que usa y convoca a un congreso este fin de semana en El Alto (…). Estamos pidiendo al Tribunal Electoral que nos entreguen fotocopias legalizadas para ver qué acciones legales (tomamos) en contra de esos impostores”, dijo el abogado del MAS, Wilfredo Chávez, a los periodistas en La Paz.

Chávez descalificó a esos dirigentes, dijo que “no son militantes del MAS” y que no representan de esa fuerza política.

Dijo que Quispe está inscrito en Unidad Cívica Solidaridad (UCS); de Kuno, que milita en Transformación Democrática y Patriótica (Tradepa) y, de Alavi, que fue elegido de manera irregular en un ampliado que “se convirtió en congreso”.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este lunes que el presidente Luis Arce podría ir como candidato a las elecciones de 2025 si así lo deciden las organizaciones sociales que conforman el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Si las organizaciones deciden que vaya el Presidente (como candidato), pues va a ir el Presidente”, dijo a los periodistas en La Paz.

Alcón abordó el tema cuando fue consultada por las declaraciones del Mandatario el domingo, en la inauguración del congreso departamental de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en Sapahaqui, La Paz.

“Esa respuesta la vamos a dar en las urnas”, dijo el Jefe de Estado sobre las críticas del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en torno a la economía nacional.

Arce no se había pronunciado, sino hasta el domingo, sobre los comicios; antes de eso consideró que es “prematuro electoralizar el país”, mientras que el líder del MAS, Evo Morales, anunció su candidatura.

Presidente Luis Arce

La eventual postulación de Luis Arce está en la mesa de debate a cinco días de realizarse el congreso nacional del MAS; el Pacto de Unidad que respalda al Presidente hizo ese llamado.

Dicho cónclave, que aún no fue avalado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), está previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

“Es una decisión de las dueñas del instrumento político y nosotros, como soldados del instrumento político, vamos a cumplir lo que determinen nuestras organizaciones sociales”, agregó Alcón.

La funcionaria aclaró que la posible postulación de Arce todavía no es una decisión asumida, pero que se someterán a la decisión de las organizaciones.

Respecto del congreso de mayo, recordó que se enviaron al menos nueve cartas notariadas a Morales, pero no hubo respuesta.

Si bien el MAS arcista celebrará su congreso, existe otra convocatoria de la Dirección Nacional del MAS, que lidera Morales; está programada para el 10 de julio en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

El TSE aún no se pronunció respecto de la “legitimidad” de las dos convocatorias.

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Hay una creciente expectativa por el avance de las elecciones judiciales. A siete días para que la Asamblea Legislativa agote su plazo para la preselección de postulantes, una acción popular amenaza su continuidad.

El 16 de febrero, con la publicación de la convocatoria al proceso de postulaciones, la Asamblea Legislativa comenzó su trabajo para la preselección de 192 aspirantes a las elecciones judiciales.

Son 404 profesionales que vencieron las ocho fases previas a la evaluación de méritos, cuya revisión de formación académica, experiencia laboral y producción intelectual se cumplió con aparente normalidad sobre 100 de los 200 puntos previstos por la ley.

El inicio de la etapa de exámenes orales y escritos de los postulantes, que también se calificará sobre 100 puntos, estaba previsto para el martes 17 de abril. Para entonces, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz había dictado una medida cautelar sobre la preselección, a instancias de Margarita Medrano, abogada rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso de preselección.

Desde entonces, no se avanzó en la preselección de postulantes.

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Acción popular

La amenaza que acecha el proceso data del 18 de abril. La abogada Yeny Dury Bautista presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando una acción popular en contra de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

La denuncia expone la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección. Asimismo, Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, confirmó a La Razón que dicha acción popular se resolverá mañana, a las 09.00, en una audiencia virtual.

Aparte de esa acción, indicó que se presentaron al menos 12 amparos contra la preselección, cuyas audiencias serán resueltas entre hoy y mañana.

¿Esta acción popular, de salir a favor de la demandante, frena el proceso de preselección?

Dato

Los alcances de la determinación del Tribunal de Garantías podrían tener esa connotación, de paralizar incluso todo el proceso hasta que se pueda adecuar a las determinaciones del Tribunal de Garantías, en el peor de los escenarios, en el sentido de la ley. Pero eso es adelantarse demasiado. Es una posibilidad. Así como también es una posibilidad que se niegue la tutela y se prosiga todo el proceso, siga mudando la actividad de la comisión.

Ayer, en Bolivia Tv, el legislador del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) indicó que “podrían ampliarse los plazos” asignados a la Asamblea Legislativa, mientras “se resuelven y adecúan” las observaciones.

“Si se ha paralizado este proceso es precisamente por la interposición de recursos constitucionales de postulantes que, en varios de los casos, han visto el poco elemento de motivación que han tenido las resoluciones que han sido construidas desde las comisiones”, dijo Jáuregui.

Terminada la fase de preselección, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alistará la tercera elección judicial en el país. La primera se celebró el 16 de octubre de 2011 y las segunda, el 3 de diciembre de 2017.

Se elegirán 23 magistrados, titulares y suplentes, para los tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental y tres consejeros a la Magistraturas, con las mismas condiciones.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, pidió este domingo que las instituciones que elaboraron las preguntas para los postulantes a las elecciones judiciales “decir su verdad” sobre a la supuesta “filtración” de esa batería.

“Nosotros exhortamos a estas instancias que se encargaron de la elaboración de estas preguntas a que puedan decir su verdad; (y que puedan) señalar si hay o no la garantía de que estas preguntas realmente no estén circulando en otras manos que no sea solamente los de la comisión”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

Fueron las facultades de Derecho de las universidades, los colegios de Abogados y otras más las encargadas de elaborar la batería de preguntas para los 404 profesionales que llegaron a la fase de evaluación de méritos de la preselección a las elecciones judiciales.

Postulantes

Esa fase debió comenzar el martes 17 de abril, el mismo día que llegaron las preguntas a las presidencias de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural. Recibidas, una Notaría de Fe Publica las tomó en custodia y fueron guardadas en una oficina en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, cuyo ambiente, sin ventanas, fue precintado.

Para entonces, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz había dictado una medida cautelar sobre la preselección, a instancias de Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

El legislador del ala arcista explicó que son 12 recursos legales interpuestos contra la preselección, “pero uno reviste riesgo, porque cuestiona la falta de cupo indígena entre las candidatas de Pando hacia el Tribunal Constitucional. De ser adverso, podría paralizar definitivamente el proceso”.

Preselección

Jáuregui se refirió al recurso de acción popular presentado por la abogada Yeny Dury Bautista, que denunció la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección a las judiciales.

Ese recurso fue presentado por la profesional el 18 de abril, en Cobija, Pando, ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Solicitó la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

Según la denuncia, no existen candidatas pertenecientes a los pueblos indígena originario campesinos de Pando habilitadas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como dispone la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Jáuregui indicó que la audiencia para la resolución de ese amparo está programada para el martes y la calificó de “clave” para la continuidad o no del proceso.