La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Evo Morales, luego que se emitiera una orden de aprehensión contra el líder cocalero por los delitos de estupro y tráfico de personas.

Cerca de las 21.00, se conoció de una orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. La orden fue emitida por una comisión de fiscales de Tarija. Sin embargo, la exfiscal Gutiérrez aclaró que no se había ejecutado esta instrucción, porque también se dio una acción de libertad en Santa Cruz que dejó sin efecto esta orden.

“No sabemos cómo se ha filtrado, (pero) no se ha entregado absolutamente a nadie. Sin embargo, hoy, faltando una hora, se nos notifica con una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales”.

La exautoridad indicó que el delito se cometió en una de las provincias de Tarija, pero por respeto no se iba a dar más detalles de este caso, con el fin de no vulnerar derechos, ya que “existen menores de edad”.

“Para mí es una persecución y lo denuncio de como el fiscal Juan Lanchipa, que ha jurado defender la legalidad de las normas y la sociedad, pero tratándose de un exmandatario, de Juan Evo Morales, donde existe un delito de lesa humanidad que es trata y tráfico, la directora de género ha venido a deshacer esta conformación de fiscales y a parar las investigaciones que estábamos llevando adelante”, dijo la exautoridad.

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Gutiérrez indicó que llegó una nota de Lanchipa en el que indica que “deje este caso” y deje sin efecto la comisión de fiscales que la conformaba.

“(Dijo) que quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, que es la directora general, de la Fiscalía General del Estado. Qué es lo que me dice en este instructivo, debe dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva”.

Explicó que dejar sin efecto esta instructiva era cancelar la comisión conformada para este caso. “Hablé con ella y me dijo que venía a hacer una revisión del caso, hable con el fiscal general y él me dijo que solo estaban haciendo a hacer un análisis. Cuando vinieron acá, empezaron a sacar a todos y dijeron: ‘nosotros estamos a cargo del caso y no se va a hacer nada’”.

Explicó que se tenía un “montón de directrices” desde la Fiscalía General y además “del mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales y otras personas”. Gutiérrez indicó que se la volvió a llamar a la directora general en Razón de Genero y esta dijo que tenía órdenes específicas del “jefe”, en alusión a Lanchipa, “de no hacer nada”.

“El señor Juan Lanchipa de la forma grosera que me ha hablado a mí, indicándome: ‘te he dicho que dejes ese caso’. Yo no puedo dejar, el Ministerio Público, como va a creer entonces la sociedad, las víctimas si va a haber una intromisión por parte del jefazo”, señaló.

Asimismo, indicó que dejó de ser fiscal departamental de Tarija, sin embargo, aclaró que «nunca» renunció, pero que le llegó un memorándum de agradecimiento, firmado por el suplente del fiscal Lanchipa, ya que el titular está fuera del país.

La Justicia determinó el arraigo del dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) Juan Enrique Mamani, afín al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado.

El mandamiento fue librado el 27 de septiembre por la juez de Instrucción Penal Noveno de la ciudad de La Paz.

“Ordena a la: Dirección General de Migración el arraigo a nivel nacional de Juan Enrique Mamani Quispe. Por tenerse así ordenado, mediante resolución N 558/2024 de fecha 27/09/2024. Seguido por el Ministerio Publico”.

El dirigente intercultural acusó al Gobierno de una persecución política a los dirigentes que lo único que hacen “es luchar por su pueblo y levantar la voz”.

“Quiero decir a este Gobierno, no tengo miedo, con esta persecución y amedrentamiento a mí me fortalece porque yo no he robado al Estado, no he sido parte de este Gobierno corrupto”, dijo en una entrevista con radio Kawsachun Coca.

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Mamani también denunció la persecución contra todo el Pacto de Unidad y dirigentes que estaban encabezando el Estado Mayor del Pueblo, que marchó junto a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista de Caracollo hacia la ciudad de La Paz, en demanda de un pliego petitorio de 16 puntos.

Entre ellos estaba el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ de 2023, que determinó como único candidato a Morales para las elecciones generales de 2025.

“Tengo conocimiento que este Gobierno está buscando cualquier pretexto para descabezar a las organizaciones sociales y meter presos a los dirigentes sindicales”, denunció Mamani.

La denuncia contra Mamani fue interpuesta por el ejecutivo nacional de la CSIOB, Esteban Alavi, afín al presidente Luis Arce, quien es acusado de utilizar sellos y papel membretado falsificados de la organización, así como hacer pasar por dirigente nacional.

Según la denuncia, Mamani presentó una acción legal el 26 de enero de esta gestión ante la Sala Constitucional Segunda, pero esta fue rechazada por falta de acreditación legal.

También, el 15 de febrero, el dirigente evista envió una carta al presidente Luis Arce y le invitó a un evento a nombre de los interculturales, utilizando documentos falsificados.

La Vicepresidencia recibió este miércoles el proyecto de “Ley de distribución de Escaños entre departamentos” para su tratamiento, luego que el Tribunal Supremo Electoral revelara que Chuquisaca perdió un diputado plurinominal y Santa Cruz ganó otro, tras la evaluación y análisis de los datos del Censo de Población y Vivienda 2024.

El documento, dirigido al presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, fue recibido a las 15.00 de este miércoles para su respectivo tratamiento. 

La norma tiene un único artículo con modificación de los artículos 56, parágrafo I y del artículo 57 parágrafo I de la Ley 026 de Régimen Electoral, además de una disposición derogatoria que “deroga todas las disposiciones contrarias a la presente ley”.

De acuerdo con la propuesta del TSE, se definió de acuerdo a una fórmula matemática que los departamentos tengan la siguiente distribución. La Paz y Santa Cruz 29 escaños, respectivamente, le sigue Cochabamba, con 19; Potosí, con 13; Chuquisaca, con 9; Oruro con 9; Tarija con 9; Beni, con 8 y Pando con 5.

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El proyecto de ley también, modifica el artículo 57 sobre “la distribución de escaños uninominales, plurinacionales y especiales en cada departamento del país”. Principalmente, de Santa Cruz y Chuquisaca que pierde un escaño plurinominal y la región oriental gana uno. Los demás departamentos mantienen su distribución. 

Asambleítas de oposición, principalmente de Santa Cruz, rechazan esta nueva redistribución y consideran que los datos del Censo de Población y Vivienda fueron un “robo” para esa región.

En tanto, el senador por Comunidad Ciudadana, Santiago Ticona, rechazó ese resultado y anunció que su brigada no aprobará ninguna ley que perjudique a su departamento, cuando llegue a la Asamblea Legislativa.

El 16 de agosto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que si hasta diciembre no se aprueba el proyecto de redistribución de escaños, este no se aplicará para las elecciones generales del 2025.

“Si la Asamblea no aprueba por ley esta nueva distribución de escaños hasta diciembre, el Órgano Electoral no garantiza la implementación de los resultados del nuevo Censo en el venidero proceso electoral presidencial 2025”.

Ante la denuncia de inicio de acciones judiciales para paralizar las elecciones judiciales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, pidió este miércoles a las autoridades del Órgano Judicial cumplir con el principio de preclusión.

“No tenemos conocimiento de ningún amparo que se hubiera presentado contra el Tribunal Supremo Electoral. Lo que debe entender la ciudadanía y los actores políticos es que un proceso electoral se rige bajo un principio y es el principio de preclusión. Qué significa este principio, que ninguna etapa del proceso electoral se puede revisar ni repetir”, indicó.

Añadió que ya se está en etapa de proceso electoral y se tiene que ser respetuosos de la norma, por lo que “cualquier elemento que atente contra este proceso (electoral) no le está haciendo daño al Órgano Electoral, sino le está haciendo daño a la democracia”.

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“Les pediría a las autoridades judiciales que tomen en cuenta este principio, el principio de preclusión es categórico y se debe cumplir, ninguna etapa del proceso electoral se puede revisar, ni se puede rebatir”, sentenció Ávila.

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos denunció que magistrados de Beni y Pando presentaron tres amparos contra el TSE para bloquear las elecciones judiciales.

“Se han presentado ya tres amparos en contra el Tribunal Supremo Electoral, dos de ellos en una sala de Pando que controla el magistrado René Espada y uno de ellos está en Beni, sala controlada por el magistrado autoprorrogado Gonzalo Hurtado. Esa situación nos está poniendo en riesgo la elección judicial”, denunció la legisladora. 

Barrientos advirtió a los magistrados “autoprorrogados” que si siguen con la idea de paralizar la elección, iniciarán las medidas legales, jurídicas y legislativas para su inmediata cesación de funciones.

Luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informara sobre la pérdida de un escaño para Chuquisaca y la ganancia de otro para Santa Cruz, los departamentos de La Paz y Santa Cruz igualan con 29 diputados, entre uninominales, plurinominales y uno especial.

Ambas regiones concentrarían 58 de 130 diputados, es decir, el 45% de la representación de la Cámara Bajara estaría en manos de Santa Cruz y La Paz.

“Santa Cruz y La Paz están empatados en número de escaños, en número de diputados. Ambos tienen 29 diputados”, dijo el vocal del TSE, Tahuichi Tauchi Quispe, a La Razón. 

El vicepresidente del TES, Francisco Vargas. informó este miércoles que el Órgano Electoral ya envío el proyecto de “Ley de Distribución de Escaños entre Departamentos” para su tratamiento en la Asamblea Legislativa, con el fin de que éste pueda ser aplicado en las elecciones generales de 2025.

El proyecto de ley tiene un solo artículo y una disposición derogatoria. En su artículo único, “Modificaciones a la Ley 026 de 30 de junio de 2021”, señala que “se modifican los artículos 56, parágrafo I y 57 parágrafo I de La ley N° 026…, Ley de Régimen Electoral, según el siguiente contenido”.

“El artículo 56, ‘Composición de la Cámara de Diputados’, la Cámara de diputados de la Asamblea se compone de 130 miembros, de acuerdo con la siguiente distribución departamental”.  La Paz tiene 29 escaños y tiene la misma cantidad Santa Cruz, con 29. Le sigue Cochabamba, con 19; Potosí, con 13; Chuquisaca, con 9; Oruro con 9; Tarija con 9; Beni, con 8 y Pando, con 5.

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Así también, el proyecto de ley modifica el artículo 57 sobre “la distribución de escaños uninominales, plurinacionales y especiales en cada departamento del país”. Principalmente, se modifica el de Santa Cruz y Chuquisaca, este último pierde un escaño plurinominal y la región oriental gana uno. Los demás departamentos mantienen su distribución. 

El 29 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que Bolivia cuenta con 11.312.620 habitantes y el departamento con mayor crecimiento es Santa Cruz, con 3.115.386, luego que se realizó el 23 de marzo el Censo de Población y Vivienda.

Tahuichi Tahuichi explicó que lo único que se hizo “fue someter” los datos que envío el Órgano Ejecutivo sobre el censo y el indicador de desarrollo humano.

“Lo único fue someterlo a la fórmula matemática. Y la fórmula matemática no deja duda alguna, es exacta y nos da esos resultados técnicos. No debería haber otro análisis”, dijo.

Explicó que toda esta fórmula deviene del artículo 146 de la Constitución Política del Estado, que señala que la distribución de escaños es producto del último censo.

“Hay tres criterios, el de población, de desarrollo económico y el criterio de proporcionalidad. De estos criterios tenemos los datos… y sometemos a una fórmula matemática, esa fórmula arroja como resultado la nueva redistribución de los 130 escaños entre los nueve departamentos, previendo de los 130, hay siete departamentos que tienen circunscripciones especiales, menos Chuquisaca y Potosí”.

Parlamentarios de oposición, principalmente de Santa Cruz, no aceptan la nueva distribución y consideran que se “robó” más de un millón de habitantes a esa región.