A requerimiento del Estado boliviano, la Policía Internacional (Interpol) activó la notificación de sello azul contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, con el objetivo de identificar su paradero.

“A requerimiento del Fiscal General del Estado, Interpol realizó la solicitud pertinente ante la secretaría general de Interpol. En ese sentido, ya se ha publicado la notificación de búsqueda de Sebastián Marset”, indicó el coronel Marco Navia, director de Interpol en Bolivia.

De acuerdo con Navia, la notificación azul permite la ubicación y localización de la persona que es buscada por un determinado país.

“Así mismo, el Ministerio Público se está requiriendo la notificación roja del señor Marset, eso se encuentra en trámite en la oficina central de Interpol”.

El narco uruguayo reapareció el fin de semana en una entrevista pregrabada en el programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay. En la entrevista reiteró el mismo libreto tras su fuga del 29 julio. Indicó que le “avisaron” para que huya de su casa, que el “90% de todo lo que dicen es mentira” y que “la verdad lo cuente (Eduardo) del Castillo”.

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Marset es el hombre más buscado de Bolivia, desde que salió indemne de un megaoperativo policial para atraparlo en su lujosa casa de Santa Cruz el pasado julio. Escapó junto a su esposa, sus hijos y su equipo de seguridad.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo expresó que Marset ya no se encuentra en el territorio y posiblemente esté en la selva paraguaya.

La primera reaparición del prófugo uruguayo fue a través de un video el pasado 2 de agosto. Entonces, agradeció al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), sin especificar si era el nacional o departamental, de alertarlo sobre la orden de aprehensión en su contra.

Posterior a ello, el 15 de agosto en otro video difundido por las redes sociales aparece la cara de Marset apuntado al techo en el que defiende los documentos de su hermano Diego Marset e indica que son cien por ciento originales tanto los de Brasil, de Uruguay y de su residencia en Bolivia.

Días antes de difundir la entrevista con Canal 4 de Uruguay, Marset publicó un tercer video en el que increpa a Del Castillo y le dice que está “preocupado y con miedo”, esto en relación a las declaraciones de la autoridad, quien señaló que el uruguayo “se encontraría en Paraguay y que no estaría en territorio nacional”.

El juicio oral contra los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) ingresó en receso hasta el miércoles a las 08.15, con el objetivo de resolver los incidentes y las excepciones presentadas por la parte acusadora y demandados.

“Una vez revisados todos los antecedentes, a través de un análisis ponderado, la juez va a determinar si da por fundadas o infundadas las excepciones planteadas. No existe ningún impedimento para suspender, lo que ha hecho la juez es declarar un receso”, dijo Jonathan Revuelta, abogado de uno de los acusados, a Bolivia TV.  

Los sindicados son Yasir Molina, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Milena Soto y Luis Terán, que comparecerán por tres causas que se remontan a los conflictos de 2019 y 2020.

El Ministerio Público los acusa por delitos contra la salud pública, privación de libertad, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, porte y portación de armas. La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para cada uno.

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Los denunciantes de las tres causas, sumadas en un sola, son el exalcalde José María Leyes, el exdefensor del Pueblo en Cochabamba Nelson Cox, las exdiputadas Flora Noemí Quispe y Juana Quispe, además de la exgobernadora Esther Soria Gonzáles.

Según los antecedentes, en la crisis de 2019, un grupo de la RJC recorría la ciudad de Cochabamba en motocicletas agrediendo a todas las personas que identificaba como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) o, simplemente, por vestir pollera.

En noviembre pasado, Yassir Molina, uno de los líderes de la RJC, anunció que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”. El anunció lo formuló en el marco de su solicitud de someterse a un proceso abreviado por los hechos de violencia en puertas de la Fiscalía General del Estado, en 2020.

Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC surgió como grupo de choque en Cochabamba. Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia del presidente Evo Morales, por un supuesto fraude electoral.

Los medios de comunicación reflejaron cómo la RJC arremetía con golpes contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez. También agredieron físicamente y humillaron a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS.

El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI identificó a la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (grupo de choque del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales.

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista presentó este lunes un amparo constitucional contra la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que desestimó la recusación contra los vocales Tahuichi Tahuichi Quispe y Dina Chuquimia. 

“Hemos presentado una acción de amparo constitucional contra la resolución 369/2023 emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que ha desestimado la recusación contra el vocal Tahuichi Tahuichi y Dina Chuquimia. Pedimos que declare la nulidad de esa resolución en función de los derechos que han vulnerado y que el tribunal valore correctamente la prueba”, dijo el delegado del MAS ante el TSE, Diego Jiménez.

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El 6 de noviembre, el MAS evista recusó a los dos vocales bajo el argumento de que emitieron por anticipado una “posición política” en torno a la decisión del TSE que rechazó el registro y las determinaciones del congreso Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.

El 22 de noviembre, la Sala Plena del TSE desestimó la recusación debido a que “no existe la correspondiente prueba pertinente e idónea que respalde lo afirmado” por la parte acusadora.

Jiménez indicó que espera que la Sala Constitucional Tribunal 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz actúe con justicia y anule la resolución 369 y además declare que los dos vocales “sean recusados” para que “el TSE vuelva a emitir una nueva resolución respecto al congreso de Lauca Ñ”.

“Sabemos que estamos en la adversidad. Sabemos cómo el tribunal electoral ha actuado políticamente. Creemos que este tribunal (Sala Constitucional) puede actuar en esa medida, sin embargo, no se puede esconder la vulneración de derechos y tenemos la certeza jurídica de nuestro lado, por eso vamos a agotar la instancia constitucional para lograr tener una tutela”.

El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó este lunes que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a través de los tribunales departamentales y del TSE, recibió 48 solicitudes de revocatoria de mandato. 

“Nuestra legislación establece que todas nuestras autoridades electas por voto popular a excepción de aquellas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional pueden ser revocados de su mandato. La revocatoria de mandato se activa por iniciativa popular una vez concluida la mitad de su gestión”, remarcó la autoridad.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Cámara del TSE, existen 48 solicitudes de revocatoria de mandato y dos que cursaron para autoridades del nivel nacional.

A la fecha, en el departamento de Beni se presentaron 19 solicitudes de revocatoria de mandato, 11 en Santa Cruz, cinco en Oruro, tres en Tarija, dos en Cochabamba y una en Potosí. En los departamentos de Pando y Chuquisaca no se registraron solicitudes.

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“En Santa Cruz, de estas 11 solicitudes algunas han sido observadas. Siete han sido autorizadas y en los municipios en el que están solicitando el revocatorio de mandato son Warnes, Portachuelo, Santa Cruz de la Sierra y San José de Chiquitos”, manifestó.

Vagas señaló que de acuerdo al calendario que se tiene, estas solicitudes se empezaron a activar a partir del 6 de noviembre y existe un plazo de 90 días para que los promotores “puedan hacer la recolección de firmas y huellas dactilares. Esto sería hasta el 14 de febrero”.

Agregó que el tribunal competente tiene un plazo de 60 días para verificar la cantidad de firmas y huellas dactilares. “En caso de no cumplirse dichas solicitudes serán rechazadas y rechazadas”.

“Se tiene hasta el 15 de junio para concluir este proceso de solicitudes de revocatorio de mandato, luego el Tribunal Supremo Electoral con todos los antecedentes remite a la Asamblea Legislativa para que se emita la convocatoria. Este tipo de referéndum y revocatoria de mandado se hace en la misma fecha para todos los municipios que cumplan los requisitos”, mencionó.

La Justicia determinó este lunes la detención preventiva del excívico potosino Marco Pumari por cinco meses en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, investigado por el caso golpe de Estado I.

“A la insistencia de la probabilidad de autoría… por la comisión de los delitos de terrorismo en grado de complicidad, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos se determinó la detención preventiva”, informó el abogado Víctor Nina.

El 12 abril, el Ministerio de Gobierno solicitó a la Fiscalía ampliar los delitos en el caso Golpe de Estado I, para también procesar al encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho, Pumari y el abogado Eduardo León, por su ingreso irregular al Palacio de Gobierno en noviembre de 2019 y el 18 de agosto, el Ministerio Publicó procedió a la imputación formal.

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El cívico ya cumple la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de Potosí, es acusado por la quema del Tribunal Electoral Departamental durante la crisis de noviembre del 2019.

El caso Golpe de Estado I también se refiere a los hechos ocurridos el 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Dentro de este caso, ya se encuentran detenidos el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, dos exministros, además de exjefes jefes militares.

A finales del 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales, en 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El miércoles pasado, dentro el caso golpe de Estado cuatro exaltos jefes militares fueron condenados a dos y tres años de presidio para cumplir en las cárceles de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz.

Dentro de este mismo caso, aún se investiga a Áñez, Camacho., Williams Caliman y Fernando López, entre otros, por los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 que derivaron en el derrocamiento del entonces Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.