En un momento político complicado y electoralizado, el senador Guillermo Seoane, jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, afirmó que hasta fin de año se consolidará un frente único de oposición.

Según el legislador, este bloque busca presentar una alternativa sólida y cohesionada al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.

“Estamos trabajando para que el país reciba una noticia esperanzadora de unidad en la oposición”, aseguró Seoane, en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Pese a la constante demanda de renovación, el senador reconoció que no ha emergido un “outsider” político que convenza a los bolivianos y represente un liderazgo joven. Sin embargo, Seoane enfatizó que la edad no debería ser el único criterio para evaluar a los candidatos.

“La política boliviana ha sido históricamente conservadora en este aspecto. Los líderes con experiencia y conocimiento profundo del país son quienes han predominado,” explicó.

Por ello, su alianza optó por un frente único compuesto por distintos actores para presentarse a las elecciones generales.

Según su planteamiento, el proceso de unión de la oposición incluye reuniones permanentes y propuestas como elecciones primarias abiertas para seleccionar al candidato presidencial. En este esquema, quien gane por un voto deberá contar con el respaldo incondicional de todos los integrantes del frente.

Seoane aseguró que la estrategia de unidad es fundamental frente a un MAS que, aunque aún relevante, parece atravesar un declive tras casi 20 años de dominio. “El ciclo político del MAS está entrando en una crisis, como ocurre con cualquier modelo que se extiende más allá de dos décadas”.

No obstante, para Seoane, el expresidente Carlos Mesa sigue siendo un referente por su trayectoria como periodista e historiador. Resaltó que Mesa ha sido un pilar en el diseño de políticas que abordan tanto la realidad nacional como las tensiones entre Oriente y Occidente, y entre el ámbito urbano y rural.

“Carlos Mesa evitó una crisis en 2005, impulsó la transición y logró hitos inéditos en la oposición, como el 36% en las elecciones de 2019 pese al fraude.”

Mesa renunció a su cargo como presidente de transición en 2005.

El expresidente ya había adelantado de resignar su candidatura en caso de lograr la unidad de la oposición con miras a las elecciones del 17 de agosto de 2025.

Lea: Seoane: Las elecciones judiciales blindarán a prorrogados como Hurtado y Espada

Luego de una reunión con los alcaldes del Trópico de Cochabamba y el Gobierno, se acordó que la Policía Boliviana regresará a la región a partir del 16 de diciembre.

Además, el acuerdo incluye la restitución de las tareas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y entidades financieras.

Habrá un acto de desagravio previo.

“A partir del día 16 de diciembre, la Policía Boliviana reanuda sus labores en el Trópico de Cochabamba para lo cual realizaremos un acto de desagravio, fortaleciendo así la coordinación entre la Policía y la mancomunidad”, dijo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que el acuerdo con las alcaldías del Trópico incluye otros cuatro puntos.

El segundo punto establece el mantenimiento de las “estructuras” policiales, para las que, además, se gestionará la transferencia del derecho propietario a nombre de la Policía Boliviana.

Otro de los acuerdos fue el mantenimiento de los vehículos y motocicletas de la Policía Boliviana desplegada en esa región “en función al presupuesto de los municipios”.

El cuarto punto contempla el incremento de efectivos policiales para los municipios del Trópico con base en un “diagnóstico situacional”.

Finalmente, el quinto punto establece el compromiso del Ministerio de Gobierno de realizar gestiones para que el Segip y las entidades bancarias reanuden sus funciones en esa región.

En la reunión también participó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, que destacó los alcances de las conversaciones con las autoridades regionales del Trópico.

Por su parte, el presidente de la mancomunidad de municipios del Trópico de Cochabamba, Limber Cossío, destacó la predisposición de los viceministros para garantizar el resguardo policial en esa región cochabambina.

“Esperemos que los acuerdos sean en beneficio de los habitantes del Trópico. La Policía volverá a la región del Trópico de acuerdo a la Constitución Política del Estado a resguardar y brindar seguridad y garantías a la población y se normalizará servicios del Segip y del sistema bancario”, celebró en la misma conferencia de prensa.

El 29 de octubre, la Policía determinó el repliegue de los efectivos por falta de garantías, en medio del bloqueo evista de 24 días.

En varias jornadas de esa protesta los bloqueadores, afines a Evo Morales, se enfrentaron con los efectivos policiales. Utilizaron piedras, petardos, dinamita, bombas molotov y hasta trampas cazabobos contra los efectivos, cuando intentaban despejar las carreteras.

Los hechos más violentos ocurrieron en la localidad de Parotani, Cochabamba y Mairana, Santa Cruz.

La anterior semana, la alcaldesa de Villa Tunari, Segundina Orellana, dijo que la Policía tiene la “obligación” de volver al Trópico.

En la misma línea el sector hotelero pidió a la Policía retornar a esa región ante la “inseguridad” que genera su ausencia.

Ante esa situación, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que, si los alcaldes del Trópico de Cochabamba quieren de vuelta a los efectivos policiales, deben, primero, garantizar su trabajo. Pero, además, “darles condiciones” para el ejercicio de sus funciones.

Son varios casos conocidos de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que hacen campañas desautorizadas e ilegales en las calles y en las redes sociales.

El inciso a) del parágrafo 1, del artículo 82 de la Ley 026, de Régimen Electoral, prohíbe “efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda orientada a solicitar el voto, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, digitales o espacios públicos”.

Sin embargo, pese a esas restricciones, algunos nombres de postulantes son promovidos a pocos días de las elecciones judiciales parciales del domingo 15 de diciembre.

La Razón constató una campaña, especialmente en la zona Sur de la ciudad de La Paz, a favor de Gregorio Merlo Chura, postulante al Consejo de la Magistratura.

Afiches

Afiches con su fotografía fueron pegados en postes de energía eléctrica y muros en distintas calles y avenidas. Incluso propone un eslogan.

En las redes sociales circula un video que hace campaña por Félix Orlando Rojas Alcón, candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Puede leer: ¿Qué pasará con el resto de las elecciones judiciales? Mercado propone tres opciones

En la grabación, editada con sus fotografías y ambientada con música nacional, se escucha voces de mujer y varón que habla de su carrera profesional.

Una cuenta a su nombre en la red social Facebook incluso difunde una papeleta electoral marcada a su favor.

En Oruro, el periodista Jorge Huanca denunció propaganda móvil y callejera de otro candidato al Consejo de la Magistratura.

También, en Facebook y WhatsApp, hay contracampaña contra otros postulantes.

Inhabilitaciones

Hasta la fecha, no se conoció de alguna sanción a postulantes en campaña por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que tiene la competencia exclusiva de difundir los méritos de los postulantes a través de distintos medios.

El artículo 83 de la Ley de Régimen Electoral dispone que el TSE, “de oficio o a solicitud de parte, dispondrá la inhabilitación inmediata de un postulante mediante resolución fundamentada”.

El domingo, 7,3 millones de ciudadanos bolivianos acudirán a las urnas para elegir magistrados y consejeros, titulares y suplentes, de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura.

El exlíder cívico de Potosí Marco Antonio Pumari hizo una emotiva publicación en sus redes sociales. Con dos efectivos como escoltas, el protagonista de la crisis poselectoral de 2019 asistió este miércoles a la graduación de su hija.

«Gracias, Señor, por permitirme estar presente en este día tan significativo en la vida de mi hija Melani. Hoy veo el fruto de su esfuerzo y de las bendiciones que siempre nos has dado. Te alabo por guiarla, fortalecerla y permitirnos compartir este momento de alegría y orgullo como familia», escribió en sus redes sociales.

El acto se desarrolló en instalaciones del colegio Sagrados Corazones de Jesús y María, en la capital potosina, al que también dedicó un agradecimiento.

Pumari fue aprehendido en diciembre de 2021, acusado por destrozos y quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, durante los conflictos poselectorales de 2019.

Marco Antonio Pumari

Es investigado en el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I.

Precisamente, en septiembre de este año, comenzó el juicio oral contra el cívico potosino y Luis Fernando Camacho, que lideró las protestas desde la presidencia del Comité pro Santa Cruz.

Actualmente, Pumari guarda detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí.

“Me siento inmensamente feliz y orgulloso; muchas felicidades mi querida Mel, mis lágrimas son de alegría y de agradecimiento por tan noble gesto. ¡Somos Pumari y no nos rendimos! ¡Gracias familia!”, agregó en una segunda publicación, que acompañó con la foto de su hija.

La emotiva publicación del exlíder cívico generó una serie de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores; todos describen el acto de amor hacia su hija.

Puede leer: Pumari: Son tres años de mi secuestro y he decidido continuar de pie por mis hijos y nuestra patria

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane, cuestionó la ejecución de las elecciones judiciales parciales previstas para este domingo 15 de diciembre.

En el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el senador consideró que este proceso electoral es complejo, debido a los “intentos” del Gobierno por moldearlo a su favor y blindar a ciertas autoridades como Gonzalo Hurtado e Yván Espada, que permanecerán en sus cargos hasta al menos 2027.

“Estas elecciones, tal como están planteadas, no buscan renovar el sistema judicial, sino blindar a las autoridades actuales. Este mecanismo es preocupante, especialmente de cara a las elecciones nacionales de 2025”, advirtió.

A su vez, recordó los esfuerzos de la Asamblea Legislativa para viabilizar las elecciones judiciales a pesar de las interferencias gubernamentales y las irregularidades. “Hemos trabajado arduamente para que el país tenga elecciones judiciales únicas y transparentes, pero el Gobierno ha maniobrado constantemente para evitar un proceso imparcial”.

Seoane también lamentó que el proceso ha generado desconfianza en los ciudadanos, especialmente entre profesionales capacitados, quienes temen postularse para no ver sus nombres manchados por intereses políticos.

Además, criticó al Tribunal Constitucional por decisiones que han fragmentado las elecciones, dejando a cinco magistrados “autoprorrogados” en el poder.

“El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han actuado de manera genuflexa ante el Ejecutivo. Esto demuestra que el poder judicial no es independiente, sino un instrumento del Gobierno para consolidar su control”, denunció.

El TSE, obligado por dos decisiones del Tribunal Constitucional, se apresta a organizar elecciones judiciales parciales el domingo 15 de diciembre. Todavía no se sabe cómo se completarán los comicios restantes.

Lea: Hurtado y Espada, los magistrados del TCP que en días removieron la arena política