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Monday 4 Mar 2024 | Actualizado a 21:48 PM

Elecciones judiciales: Asamblea buscará una vía constitucional que evite la prórroga

El Vicepresidente llamó a una reunión clave para las 09.00 de este viernes

La reunión de David Choquehuanca y los legisladores de oposición y oficialismo del 8 de agosto.

Por Rubén Atahuichi

/ 8 de diciembre de 2023 / 07:00

Ni prórroga del mandato de magistrados y consejeros ni sorteo de algunos de ellos, sino una salida que no malogre la Constitución. Ésa es la premisa que precede a la reunión crucial de legisladores en la Asamblea convocada para este viernes por David Choquehuanca.

A poco más de 20 días del final de las funciones de 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP) y Agroambiental, y tres miembros del Consejo de la Magistratura, el vicepresidente del Estado y a su vez presidente nato de la Asamblea Legislativa confirmó ayer a través de su cuenta de X esa cita, “para abordar la situación de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial”.

El miércoles, por encargo de Choquehuanca, el secretario general de ese despacho gubernamental, Juan Carlos Alurralde, anunció la reunión para este viernes, a las 09.00, en el Salón de Videoconferencia de la Vicepresidencia del Estado. Fueron convocados los presidentes de las cámaras de Senadores, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Israel Huaytari, además de los jefes de bancadas de senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, y los presidentes de distintas comisiones legislativas vinculadas al proceso.

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Asamblea

La iniciativa había sido planteada por Rodríguez, quien, en carta dirigida el martes a Choquehuanca, solicitó la promoción del diálogo político. Hay que “viabilizar una ruta constitucional para resolver el destino de la justicia luego del 31 de diciembre”, dice la parte central de la misiva.

Será un segundo intento de Choquehuanca, ante los fallidos acuerdos legislativos y los recursos judiciales y constitucionales, por salvar los comicios desahuciados para este año. El 8 de agosto, propició una primera reunión con los mismos actores cuyo acuerdo fue la conformación de una mesa técnica para la elaboración de un proyecto de ley único con el objetivo de salvar las elecciones.

Suspendido por dos recursos legales, uno de Miguel Ángel Balcázar y otro del diputado de Creemos Leonardo Ayala, el proceso previo a las elecciones judiciales no encuentra una vía expedita desde marzo de este año.

Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejara en cero el proceso, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que, al llegar a Diputados, pasó a consulta de distintos órganos e instituciones del Estado, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El TCP admitió la consulta del TSJ, cuya posición aún no fue conocida.

En medio de esa incertidumbre se propicia la reunión de hoy.

El 3 de diciembre, Rodríguez consideró que “la prórroga, autoprórroga o decretazo para ampliar o designar cúpula judicial en el país son inconstitucionales”.

En esa misma línea, el diputado de CC Enrique Urquidi dijo a los medios que su agrupación no va a aceptar “ninguna prórroga”.

El jefe de esa alianza, el expresidente Carlos Mesa, reivindicó en la red X la agenda legislativa que CC propuso el 6 de noviembre. Exigió que los magistrados y consejeros actuales deben dejar sus funciones el de enero de 2024 “sin prórroga ni interinato”.

Sin embargo, Carlos Alarcón había sugerido hace dos semanas la “declaratoria en comisión de los actuales jueces y vocales” de los distintos tribunales a través de un “sorteo público, transparente y aleatorio” para un mandato provisional de “seis meses máximo”.

Salida

Una salida posible al “vacío judicial” fue consignada en el proyecto de ley —sobre la propuesta del senador Hilarión Mamani (MAS)— aprobado por el Senado el 31 de agosto.

El documento proponía la suspensión de plazos procesales mientras sean elegidos los 23 magistrados y tres consejeros.

El miércoles, en entrevista con La Razón Radio, el expresidente del país y extitular de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez, coincidió con la propuesta y recordó que no sería la primera vez que se apele a la opción.

Los actuales magistrados y consejeros terminan su mandato de seis años el 2 de enero.

(08/12/2023)

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Vocal aclara que solo el delegado acreditado ante el TSE puede solicitar supervisión a un congreso

El viernes, el Pacto de Unidad afín a Arce, luego de un ampliado en La Paz, definió que del 3 al 5 mayo se realizará el congreso del MAS para la renovación de su directiva y elección de su candidato para las elecciones primarias.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, es entrevistado por la prensa.

Por Boris Góngora

/ 4 de marzo de 2024 / 21:03

Ante el anuncio del Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce sobre la realización del X Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en la ciudad de El Alto para mayo, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi señaló este lunes que, de acuerdo a la normativa electoral, solamente el delegado o representante acreditado de una organización política ante el Órgano Electoral puede solicitar la supervisión a un congreso.

“Cualquier organización política, previo a realizar un congreso o una asamblea, tiene que solicitar la supervisión al Órgano Electoral y a partir de esa solicitud la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral o la Sala Plena de cualquier Tribunal Electoral Departamental realiza una valoración para ver si acepta o rechaza la solicitud de supervisión”, dijo a DTV.

Añadió que “la solicitud debe ser realizada por los delegados o representantes acreditados de la respectiva organización política. Esa acreditación de los delegados tiene que estar registrada en el Órgano Electoral”.

Lea más: El congreso del MAS arcista elegirá a su nueva directiva y al candidato para las primarias

El viernes, el Pacto de Unidad afín a Arce, luego de un ampliado en La Paz, definió que del 3 al 5 mayo se realizará el congreso del MAS para la renovación de su directiva y elección de su candidato para las elecciones primarias.

Vidal Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) señaló este lunes que se remitió cartas de invitación al expresidente Evo Morales y a los miembros de la directiva elegida desde 2016.

“El congreso se llevará adelante con (la participación del) 50% más 1 del directorio del compañero Evo Morales”, dijo en La Razón Radio.

En octubre, el TSE desconoció el congreso realizado en Lauca Ñ, en el Chapare de Cochabamba, donde se había ratificado el liderazgo del expresidente Evo Morales y se lo nombró como “único candidato” con miras a las presidenciales 2025. Por ello, dispuso que se realice otro encuentro que tome en cuenta a las organizaciones fundadoras del frente político.

Dispuso que la directiva actual del MAS, registrada en 2017, adopte todas las medidas para emitir una nueva convocatoria a un congreso dentro de las determinaciones de su propio estatuto y las del TSE.

La Dirección Nacional del MAS, que respalda a Morales, aclaró la semana pasada que cualquier llamado a un cónclave debe ser hecho por el presidente de esta instancia, por lo cual restó valor a las determinaciones del Pacto de Unidad que apoya a Arce.

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A seis días del cierre de postulaciones a las judiciales, hay 31 abogados inscritos

La etapa de presentación de postulaciones tiene una duración de 20 días, para luego ingresar a la verificación de requisitos comunes y específicos por un periodo de cinco jornadas, los cuales deberán ser aprobados por dos tercios de los miembros de cada comisión.

Jhonny Teodoro Canaviri Quispe de 63 años de profesión abogado presenta su postulación al Tribunal Agroambiental.

/ 4 de marzo de 2024 / 20:17

A seis días del cierre de las postulaciones para la preselección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural registraron a 31 aspirantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las demás instancias del Órgano Judicial.

El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, indicó que los postulantes para el TCP son nueve, entre ellos tres mujeres. “Lo que llama la atención es que no tenemos representación a los departamentos de Tarija y Pando”.

Añadió que para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hay 13 registrados. En tanto, para el Tribunal Agroambiental (TA) hay cuatro y cinco para el Consejo de la Magistratura (CM). 

“Consideramos que en estos días va a haber bastante afluencia para participar en estas instituciones”.

La Ley 1549 “Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024” establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria campesina.

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En tanto, la Comisión Mixta de Justicia Plural deberá elevar un informe a la Asamblea con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el TA. Para el CM, el mínimo de postulantes es 10 y el máximo 20, también a cargo de esta comisión. 

Las inscripciones se reciben de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00 de lunes a viernes; los sábados, domingos y feriados, el horario es de 08.00 a 12.00 en el antiguo hemiciclo de las cámaras de Senadores y de Diputados. 

La etapa de presentación de postulaciones tiene una duración de 20 días, para luego ingresar a la verificación de requisitos comunes y específicos por un periodo de cinco jornadas, los cuales deberán ser aprobados por dos tercios de los miembros de cada comisión.

Posteriormente, se llevarán a cabo las impugnaciones, la revisión de éstas, las evaluaciones orales y de méritos, y se emitirá un informe por parte de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural al pleno de la Asamblea.

El proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial se realizará en un plazo máximo de 230 días.

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Jáuregui señala que Diputados no perdió competencia para el tratamiento de la 073 y 075

El viernes, en la sesión de Diputado, se conoció que el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez (MAS), remitió una carta a Choquehuanca, en la cual le informa que la Cámara Baja perdió su competencia para debatir las normas antiprórroga.

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui es entrevistado.

Por Boris Góngora

/ 4 de marzo de 2024 / 18:55

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, señaló este lunes que la Cámara Baja sigue teniendo competencia para tratar los proyectos de ley 073 sobre la suspensión de plazos procesales y la 075 del cese de funciones de los actuales magistrados del poder judicial.

“La semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, (Israel) Huaytari no ha postergado (el tratamiento de ambas leyes), (por lo que) no ha perdido competencia. Lo que ha dicho es aplazamos el tratamiento del día de hoy, porque necesito que este tema que está en controversia entre el Senado y Diputados y el presidente nato de la Asamblea (David Choquehuanca) se resuelva”, dijo Jáuregui.

El viernes, en la sesión de la Cámara de Diputado, se conoció que el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez (MAS), remitió una carta a Choquehuanca, en la cual le informa que la Cámara Baja perdió su competencia para debatir las normas antiprórroga, ya que pasaron los 30 días para que esta instancia se pronuncie, por lo que corresponde su consideración por parte del pleno del Legislativo.

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Desde el martes, las diputadas del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos tomaron la testera del hemiciclo, exigiendo que se dé prioridad a las leyes 073 y 075. Incluso el jueves, las pugnas con el ala arcista del oficialismo derivaron en enfrentamientos, con golpes y forcejeos entre los legisladores.

Al final, el presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, reinstaló la discusión e impuso el orden del día con los restantes seis créditos demandados por el Gobierno como primeros puntos a tratar (un proyecto ya fue aprobado el anterior viernes 23 de febrero). Tras el aval brindado a esos documentos, se esperaba la discusión de las normas antiprórroga, pero la exposición de la carta de Rodríguez provocó la suspensión de la sesión.

Jáuregui reiteró que la Cámara Baja no perdió la competencia y tendrá que tratar los proyectos de ley 073 y 075, pero que la “génesis del problema de estos primeros tres meses de gestión 2024, emergió el 2 de febrero, cuando el bloque de oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) que sufre de dislexia, no entendió lo que leyó y dentro del convenio lo que señala es tratar y aprobar la agenda económica, distinto de lo que sucede con la 073 y 075 que solo se queda en tratamiento. La garantía no es aprobar”.

El 2 de febrero, las tres fuerzas políticas (Movimiento Al Socialismo, CC y Creemos) alcanzaron un acuerdo para garantizar la ley de las judiciales. En este documento se establece que, tras la aprobación de la norma, los proyectos de ley 073 y 075 serán tratados por tiempo y materia, en la sesión siguiente de Diputados.

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Régimen Penitenciario aguarda informe sobre traslado de Camacho a Santa Cruz

El Tribunal 8 de Sentencia de la Capital de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que Camacho sea trasladado a la cárcel de Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio del caso Decretazo.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en audiencia al cese a sus medidas cautelares.

Por Boris Góngora

/ 4 de marzo de 2024 / 17:58

A ocho días del inicio del juicio oral del gobernador Luis Fernando Camacho dentro el caso Decretazo, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que aún se aguarda el informe de Inteligencia para el traslado del privado de libertad desde el penal de Chonchocoro hacia Santa Cruz. Añadió que en esta semana se tendrá la información. 

“Hemos solicitado vía informe formal al director de este centro penitenciario para que informe algunos aspectos respecto a la solicitud que ha realizado. Esperemos que, en estos dos, tres días, ya tengamos la información. Vamos a hacer conocer respecto a los resultados y obviamente esos resultados se harán conocer solo por tema informativo a la autoridad competente”, dijo Limpias.

El Tribunal 8 de Sentencia de la Capital, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, a través de un auto de apertura, dispuso que Camacho sea trasladado a la cárcel de Palmasola para que participe de manera presencial en el juicio del caso Decretazo, cuyo inicio es el 11 de marzo a las 13.00.

Limpias aclaró que este informe no solo se realiza en este caso, sino en todos los casos de relevancia que genere algún tipo de inseguridad tanto para el privado de libertad o para los policías que lo van a custodiar.

“Nosotros no decidimos, (solo) ponemos en conocimiento y obviamente si hay algún tipo de riesgo con cualquier privado de libertad y con el equipo de seguridad representamos con un informe a la autoridad competente. Ya verá la autoridad competente cuáles son las determinaciones que asuma de acuerdo a la información”, mencionó.

Lea más: Acusan al Gobierno de impedir llegada de Camacho a Santa Cruz

Al ser consultado sobre si un informe policial está por encima de la resolución de un juez, Limpias dijo que “no”, pero que hay una disposición judicial que la administración penitenciaria tiene que cumplir y se esperará que “el juez disponga si ratifica, suspende o cambia su decisión. Eso va a ser una decisión y vamos a tener que cumplir”.

La autoridad cruceña cumple su detención preventiva en la cárcel de Chochocoro de La Paz, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo.

La autoridad es acusada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el Vicegobernador. Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien dijo que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.

Este extremo fue considerado ilegal por los asambleístas opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro digital del decreto y anunció una investigación.

Actualmente, Aguilera es el gobernador suplente, tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su posesión ante la imposibilidad de Camacho para dirigir la Gobernación. Esto fue cumplido a regañadientes por la Asamblea Legislativa Departamental y la alianza política Creemos.

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Comunidad Ciudadana quitará la representación a “diputados tránsfugas”

De acuerdo con la Alianza, fueron 11 los diputados por Comunidad Ciudadana que votaron a favor de los proyectos de ley para la aprobación de créditos del Movimiento al Socialismo (MAS).

/ 4 de marzo de 2024 / 15:41

A través de un comunicado, Comunidad Ciudadana manifestó su postura respecto a los hechos sucedidos en la Cámara de Diputados la semana pasada. Se aprobaron varios proyectos, pero no se trató el tema de los magistrados prorrogados. En el comunicado, se señala que algunos diputados se vendieron al oficialismo y advirtieron de medidas contra los tránsfugas.

“Repudiamos la actuación del gobierno de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo que, para mantener su acuerdo con los Consejeros y Magistrados autoprorrogados, ha pervertido al extremo la institucionalidad de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa”, establece el comunicado.

Desde que se retomó la sesión en la Cámara de Diputados el pasado martes, los bochornos continuaron hasta el viernes. Los diputados de oposición intentaron tomar la testera para que se dé prioridad a los proyectos de ley 073 y 075, sobre la suspensión de plazos procesales y el cese de magistrados y consejeros, respectivamente.

Pese al tumulto, se aprobaron cinco proyectos de ley de los siete que se tenían agendados. El primero fue el 079, destinado a la construcción del tramo Confital-Bombeo, en la doble vía Caracollo-Colomi, en Cochabamba; el segundo fue el 156, Programa de Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19; el tercero fue el 255, destinado a la construcción del pavimento en la carretera Faja Norte, en el municipio de Yapacaní, en Santa Cruz; el cuarto fue el 254, para el Programa de Electrificación RuraI; y el quinto, el 45, crédito para la ampliación a ocho carriles en la carretera La Paz-Oruro en el tramo entre Senkata y Apacheta.

Lea más: Tras la aprobación de cinco créditos, Huaytari suspende debate de las leyes antiprórroga

Tránsfugas

Una de las diputadas de CC, Luciana Campero, denunció que los arcistas deberían tener 45 votos, pero la mayoría de créditos se aprobaron con 66. Señaló que los votos restantes venían de “diputados vendidos y disidentes” de su partido o de Creemos, la otra fuerza política.

“Expresamos nuestra decepción e indignación por el transfugio de un grupo de diputados y diputadas de Comunidad Ciudadana, elegidos en 2020 con los votos de la Alianza y de su candidato presidencial, que hoy han decidido traicionar la confianza ciudadana y sumarse a proyectos políticos ocultos y siniestros que les ordenan apoyar las leyes del MAS”, manifiesta el comunicado.

Dentro de la lista de diputados tránsfugas se encuentran 11 nombres: Krupskaya Oña, Mónica Torres, Daniel Prieto, Lucía Condori, Erick Pedrazas, Roxana Vidales, Rosario Torrez, Ana María Saavedra, Doris Torrez, Ronald Huanca y Herbert Taboada.

Los diputados Guillermo Seoane y Enrique Urquidi consideran que la lista podría ascender a 18 diputados de CC que votaron a favor de los proyectos.

Consecuencias

“Nuestra Alianza, en cumplimiento de las leyes y por respeto a los ciudadanos que votaron por un liderazgo y unos principios determinados, va a demandar ante las instancias que correspondan que se les despoje de la representación parlamentaria que irrespetaron y mancillaron al transar sus conciencias y su voto por intereses mezquinos”, advirtieron.

Comunidad Ciudadana concluyó su comunicado con el compromiso de “fortalecer la lucha contra quienes quieren destruir el orden constitucional y democrático”.

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