Rusia expresó su respaldo a la necesidad de que Bolivia se parte del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y fustigó el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

«Rusia apoya las aspiraciones de Bolivia de unirse a los BRICS», afirmó Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, en medio de la visita de su colega de Bolivia, Celinda Sosa, en Moscú.

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BRICS

Los BRICS representan casi el 45% de la población mundial y aspiran a convertirse en potencia económica mundial.

El grupo surgió como un intento de hacer frente a organismos “occidentales” que responden, consideran, a los intereses “imperialistas” de Estados Unidos.

De acuerdo con Lavrov, el grupo pretende que la mayor cantidad posible de países se acerque al “bloque”, sea “para convertirse en miembros o para establecer asociaciones estables y permanentes”. En este sentido, la presencia de Bolivia sería más que bienvenida.

Sosa, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, reafirmó la intención boliviana de integrarse a los BRICS. «Nuestro hermano presidente, Luis Arce, ha expresado el interés de pertenecer a los BRICS, el cual ha llevado a sostener reuniones con todos los países que son parte (…), tenemos la esperanza de que pronto seamos socios», afirmó.

OTAN

Asimismo, ambos cancilleres condenaron a la OTAN, alianza militar internacional liderada por Estados Unidos y la Unión Europea.

Además, la canciller boliviana destacó el papel de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). En su criterio, se postula como una alternativa al “bloque agresivo” de la OTAN.

“Alba es una alternativa de unión, para fortalecer la autodeterminación de los pueblos” que busca evitar “injerencias y la división de los países”, expresó.

El canciller ruso, por su parte, consideró que los países latinoamericanos son conscientes de las “intenciones” de la OTAN en sus regiones. Afirmó que buscan una alternativa para desarrollarse sin injerencia.

Rusia se encuentra inmersa en un conflicto bélico con su país vecino, Ucrania, desde febrero de 2022. La comunidad internacional se refiere a la situación como una “guerra”, mientras que Rusia afirma que se trata de “un operativo”.

El conflicto estalló cuando Ucrania informó su intención de adherirse a la OTAN, lo que autorizaba que en este territorio se instalasen bases militares cerca a Moscú.

El médico, empresario, pastor y político coreano, nacionalizado boliviano, Chi Hyun Chung, comenzó a hacer campaña electoral para las elecciones generales del 2025, utilizando al K-Pop para atraer votantes.

“Estoy en oficina central de K-Pop de Corea (…), estoy acá para conversar sobre instalación de la visita de K-Pop y sus grabaciones de la música coreana en Bolivia y que podamos tener esa alianza Corea con Bolivia”, expresó a través de un video en sus redes sociales.

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El K-Pop atraviesa un momento de euforia y de popularidad a lo largo del mundo y también en el país.

Un claro ejemplo de esta moda se ve en la plaza Camacho, en La Paz, donde grupos de jóvenes se reúnen para imitar los bailes y canciones de los cantautores coreanos.

“¡Chi puede!”, exclamó el postulante junto con el presidente de la oficina de música coreana con quien se encontraba en el video.

En 2019, Chi emergió en el escenario político nacional con un discurso bastante conservador. Junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo el 8,78% de los votos, quedando en tercer lugar.

Sin embargo, en las elecciones de 2020, ahora con el Frente Por la Victoria (FPV) apenas obtuvo el 1,55% de los votos.

Su postura radical contra las comunidades LGBT o el derecho al aborto le significaron muchas críticas y pedidos para que se inhabilite su candidatura.

El pasado 29 de noviembre de 2023 anunció que se presentará como candidato presidencial en las elecciones del 2025, pero no comunicó, por el momento, si hará una alianza con una sigla ya existente o formará una propia.

Pasados 71 días desde que se inició el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa tiene nueve días más para presentar la lista de los candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi teme que el plazo no se cumpla y la Asamblea Legislativa quede sin competencias para tratar la preselección. Es que, una vez terminados los 80 días calendario fijados para la Asamblea Legislativa y la entrega de la lista de 192 candidatos, corresponde la tarea siguiente al TSE, organizar las elecciones judiciales.

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“La ley es taxativa, señala que el Órgano Legislativo tiene 80 días para poder hacer la labor de preselección; tiene competencia, tiene autoridad en ese lapso (…), un día posterior podría perder competencia; esas actuaciones podrían caer en el ámbito (sic), no causarían efecto jurídico, se perdería competencia. Ese es el gran riesgo que corre este proceso”, informó Tahuichi en conferencia de prensa.

Plazo

El 16 de febrero comenzó el trabajo de la Asamblea Legislativa con la aprobación de la convocatoria para que los postulantes presenten su documentación. Desde entonces corre el plazo de 80 días, establecido en la Ley 1549, el cual concluye el próximo domingo 5 de mayo.

“Esa ley es explícita y da dos fases, dos responsabilidades que involucran a la Asamblea Legislativa, por un lado, en la preselección, y al Órgano Electoral, por el lado de la administración del proceso electoral”, explicó el vocal.

De acuerdo con la ley a la que hace mención Tahuichi, una vez finalizado el proceso de preselección, la Asamblea Legislativa tiene dos días para remitir la lista de los candidatos al TSE, para que esta instancia se encargue de llevar a cabo el proceso electoral.

“Sería una preselección fallida”, afirmó Tahuichi en caso de que no se cumpla con el plazo.

Proceso detenido

Actualmente, el proceso se encuentra detenido y en incertidumbre debido a que una serie de amparos frena la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes.

Se debe evaluar a más de 404 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura.

La ley prevé que este proceso puede realizarse en máximo14 días; quedan solo nueve hasta el cumplimiento del término.

Además, la evaluación no es la última etapa del proceso de preselección. La Asamblea Legislativa debe presentar informes y resoluciones, con dos tercios de votos, para validar a los candidatos preseleccionados.

Senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron el miércoles un proyecto de ley para modificar la Ley 1549. El objetivo es establecer un nuevo cronograma y, así, ampliar los plazos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en la Cámara de Senadores.

Los plazos, los amparos constitucionales y las acciones populares ponen en vilo, una vez más, a las elecciones judiciales. En caso de que la Asamblea Legislativa logre cumplir con los plazos y remita la lista de candidatos preseleccionados al TSE hasta el domingo 5 de mayo, este órgano tendrá un plazo de 150 días para realizar el proceso de elección.

Una acción popular en contra de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, podría detener no solo parcialmente la fase de preselección, sino todo el proceso de forma definitiva, debido a que no denuncia una vulneración a un derecho del postulante, sino atropellos e irregularidades contrarias a lo establecido en la ley.

Esa conclusión la expresó en conferencia de prensa el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui.

“Es un poco más complejo, porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante. Se está hablando, alegando, que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no estuviese permitiendo que en el caso de algunos departamentos puedan sus postulantes tener las mismas oportunidades (…), esa acción popular sí es para preocuparse”, explicó.

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Acción popular

La acción popular a la que hizo mención Jáuregui fue presentada por la abogada Yeny Dury Bautista a mediados de abril en Pando.

Dicha acción enfatiza la vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originario campesinos en general. Pero remarca en particular el caso de Pando, donde, por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo se observa cuatro postulantes mujeres habilitadas, sin representatividad de “plurinacionalidad”.

De acuerdo con la acción popular, estas irregularidades son contrarias a lo que establece la Ley 1549.

El artículo 4 de dicha ley enfatiza claramente: “Equidad. Garantiza una preselección equitativa de hombres y mujeres” y la “plurinacionalidad. En la presentación de postulaciones, supone el acceso y participación de ciudadanos de naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades interculturales y afrobolivianas”.

Proceso

El miércoles, la Cámara de Senadores aprobó una resolución que frena toda “decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna” de las elecciones judiciales.

Sin embargo, la norma no es retroactiva. El 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental determinó la paralización del cronograma de preselección de postulantes, como respuesta a la acción popular presentada por la abogada pandina.

“En realidad, la determinación de esa acción popular podría determinar la continuidad o la paralización definitiva del proceso”, insistió Jáuregui.

El proceso de elecciones judiciales se encontraba en la etapa de evaluación oral y escrita de los postulantes, cuando el 16 de abril un amparo constitucional en Santa Cruz detuvo todo el proceso. Desde entonces, se conocieron otros amparos. Se trató algunos en audiencias y otros se suspendieron.

La acción popular todavía no fue resuelta y se espera que en las próximas horas se pueda tratar el tema. Para así determinar el destino de las elecciones judiciales.

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

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Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.