La época del libro y la práctica de la lectura atraviesan por un momento complicado, difícil y desafiante por la invasión de los dispositivos móviles, redes sociales, la crisis económica, abandono del Estado, ausencia de incentivo y nuevas tecnologías y costumbres.

Dichas afirmaciones fueron expuestas por Fernando Barrientos (editor y fundador de Editorial El Cuervo), Claudia Peña (poeta, cuentista y ensayista) y Diego Loayza (escritor, pintor, fotógrafo) en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Barrientos lamentó que “los tiempos han cambiado” para la industria del libro por la incursión de la era digital e Inteligencia Artificial (IA). Reclamó que, en Bolivia, por ejemplo, la industria no ha sido acompañada por el Estado, ni en inversión, ni en legislatura.

“Tenemos un Ley del Libro que lleva 11 años sin aplicarse”, añadió.

Afirmó que, pese a contar con muchos escritores nacionales, el Estado no explota el potencial literario que afecta a la industria. En su criterio, el futuro del libro es incierto; pero si se aplicara la ley habría un fondo de fomento para potenciar la escritura y lectura.

“Debería haber convocatorias públicas para que se lleven las producciones a colegios fiscales como pasa en países de toda la región”, añadió.

Explicó que, en Bolivia, el Estado es editor y, por ende, competidor. “No es una competencia de iguales”. Según Barrientos, un libro subvencionado no es lo mismo que una producción propia en términos económicos.

“Su rol de editor no lo hace bien porque hay errores y se pierde dinero”, señaló.

Develó que la Biblioteca del Bicentenario hizo 50 libros en ocho años. “No tienen claro el tema de costos y no se desarrolló como debería”.

Reclamó que, desde 2020, con el cierre del Ministerio de Culturas bajo la administración de la expresidenta Jeanine Áñez se anularon los premios nacionales, entre ellos el Premio a la Novela. Desde entonces, no se han reanudado los incentivos a las producciones intelectuales en ninguna categoría.

“No hay premio de novela, es algo terrible para los escritores y afecta a la identidad cultural. Es una perdida lamentable”, indicó.

En coincidencia, Peña también lamentó que no se hayan retomado los incentivos, debido a que —según dijo— son maneras de construir una carrera como escritor porque sirve como respaldo de currículum.

A su vez, cuestionó la aplicación de la Ley del Libro, la cual establece el fomento de la lectura para niños y población en general. “Los libros deberían estar a disposición de los niños”, cuyo escenario no se ve en las bibliotecas públicas.

Por su parte, Loayza, quien es escritor, pero vive de la docencia, aseguró que no se puede vivir siendo escritor por las precarias condiciones de la industria y porque el Estado “no se da cuenta” de la importancia del lector y escritor para el acervo cultural y la pedagogía nacional.

“Es un oficio que se ejerce por amor”, aseguró.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrolla desde el 23 de abril al 13 de mayo. Barrientos, quien se encuentra en el evento, lamentó que hubo un 25% de reducción de producción de libros y que los precios son altos por la crisis económica.  

El costo de los libros bordea los $us 25 y $us 30. “Esos precios son pocos competitivos y la gente piensa antes de comprar o, finalmente, se va porque los sueldos son bajos y los costos son altísimos”. 

Explicó que la industria del libro es un negocio complicado porque, bajo su experiencia, la editorial se queda con un 22% de las ganancias y el autor apenas llega a un 10%. “Es una industria difícil en un momento difícil”.

Sin embargo, los tres invitados auguraron un futuro esperanzador. Peña aseguró que, mientras los humanos seamos sensibles a la belleza, el libro tiene el futuro asegurado. Loayza afirmó que el libro va a trascender la era digital porque no es efímero como el contexto actual. Por último, Barrientos dijo que el libro va a sobrevivir a esta época.

“El libro quizá tenga un bajón, pero persistirá y el conocimiento se quedará en el libro más que en una plataforma digital”, puntualizó Loayza.

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El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, criticó el “mal desarrollo y planificación” del proceso de la impermeabilización en el proyecto de piscinas en la Planta Industrial de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni, Potosí. 

“Estaba muy consolidado el proyecto de las piscinas, pero el objetivo de la denuncia es el mal desarrollo de la impermeabilización”, aclaró en entrevista con La Razón Radio.

Explicó que, en medio del proceso y en función al conocimiento de tecnología actual, el Gobierno tomó la decisión de implementar una nueva tecnología en el proceso de industrialización del litio.

La semana pasada, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una denuncia en contra de exfuncionarios y de una empresa contratista por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato que dejaron inoperables 18 piscinas industriales de evaporación del complejo industrial.

La denuncia es el resultado de una auditoría e investigación especializada que estableció un daño económico al Estado por más de Bs 425 millones.

Arnez informó que el objetivo del proceso en contra de 11 personas es “recuperar el dinero para reinyectarlo para las inversiones de YLB”. Además, aclaró que, desde 2021, la estatal lleva adelante trabajos técnicos para reparar las piscinas dañadas y alcanzar la capacidad de producción de las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio.

Asimismo, explicó que uno de los “grandes errores” es que hubo “mala planificación” por parte de las anteriores administraciones. “Las geomembranas fueron dañadas por los rayos del sol, eso afectó el estado de las piscinas”.

Informó que, en total, son 96 piscinas, de las cuales 78 están en funcionamiento y 18, en pausa por reparación. Confirmó que se hizo el arreglo de cinco de las 18 piscinas para proveer la materia prima a la planta de carbonato de litio.

Ratificó que no se abandonó el trabajo con tecnología de evaporación, como denunciaron algunos políticos, sino que se incursionó en paralelo en la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).

“El EDL es una política de Estado que se ejecutó desde el 2020”, añadió.

El proceso está en plena investigación y hasta la fecha un exfuncionario fue enviado a la cárcel y otros tres, entre ellos el exministro de Minería Luis Alberto Echazú, están con detención domiciliaria. La polémica aumentó con la muerte de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Recursos Evaporíticos de YLB.

Sin embargo, pese a la polémica por presunta corrupción en la Planta de Litio en Uyuni, Arnez afirmó que Bolivia puede ingresar al ranking de los países productores y exportadores de litio en 2025.

Prevé que, hasta 2024, el país exporte 4.000 toneladas de carbonato de litio para ingresar al mercado mundial. Con esa cantidad, el Gobierno prevé entrar al ranking de los 10 países productores de litio y superar a Brasil en 2025.

En 2023, Australia fue el líder mundial en producción de litio con un volumen de 86.000 toneladas (t) métricas. Chile contó con un volumen de 44.000 t; China, con 33.000 t; Argentina, con 9.600 t; Brasil, con 4.900 t; Zimbabue, con 3.400 t; Canadá, con 3.400; y Portugal, con 380 t.

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El secretario de Comunicación de la CSUTCB de la facción arcista, Efraín Mollo, anunció que el congreso, previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, reunirá a más de 100 organizaciones sociales y pactos urbanos.

En entrevista con La Razón Radio, exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a avalar el congreso impulsado por el ala arcista. En su criterio, esa facción cumple con el estatuto interno, debido a que la convocatoria fue con previa coordinación con las organizaciones matrices (CSUTCB, Bartolinas e Interculturales).

“No puede el TSE darles la espalda a las organizaciones. Siete personas (vocales) no pueden definir la historia del Estado Plurinacional”, reclamó.

El TSE debe definir si acompañará o no el encuentro arcista. No obstante, también debe aceptar o rechazar el congreso evista previsto para el 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba. Según los vocales del Órgano Electoral, ambas facciones incumplen el artículo 13 de su normativa interna.

El artículo 13 establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

La dirección nacional del partido también se encuentra divida y ninguna de las facciones cuenta con las 14 firmas de la directiva. Por ende, ningún congreso goza de legalidad plena.

Sin embargo, Mollo anunció que el encuentro se llevará adelante en la fecha prevista. Aunque todavía no cuentan con el aval del TSE, indicó que en el encuentro se definirá el rumbo histórico del partido y del país.

“El 3, 4 y 5 (de mayo) vamos a discutir cómo vamos a caminar hacia adelante”, añadió.

Afirmó que el Pacto de Unidad espera que sea una reunión multitudinaria con la participación de organizaciones sociales y pactos urbanos. “A los hermanos que son del otro lado también los convocamos a participar”.

El dirigente prevé que el encuentro comience el viernes por la tarde y concluya el domingo al mediodía, aunque dependerá de la dinámica de las reuniones y comisiones. “El debate tendrá su tiempo”.

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El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que la Asamblea Legislativa, “indudablemente”, deberá ampliar el plazo de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, debido a que los plazos están “desfazados”.

En entrevista con La Razón Radio, explicó que las comisiones encargadas de la preselección requerirán más tiempo para tomar la evaluación oral a los aspirantes, para defenderse de los amparos presentados por inhabilitados y para resolver la acción popular interpuesta por la abogada Yeny Dury Bautista en Pando.

Dicha acción considera la vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originarios campesinos. Pero remarca en particular el caso de Pando, en el cual, para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solo se observa cuatro postulantes mujeres habilitadas, sin representatividad de plurinacionalidad.

Por otro lado, explicó que el 90% de los amparos busca una nueva evaluación de méritos. “La acción va en otro camino, (busca garantizar) el principio de igualdad”.

Afirmó que, el martes 30 de abril, la comisión asistirá a la audiencia para expresar su posición y buscar su resolución. La acción popular todavía no fue resuelta y se espera que en las próximas horas se pueda abordar el tema para determinar el futuro de las elecciones judiciales.

Jáuregui calificó la acción de “anticipada y extremista” y, en su criterio, el proceso de preselección no vulnera el principio de igualdad establecido en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Respecto al tiempo, aseguró que la Asamblea prevé que todos los amparos y la acción popular se resuelvan hasta el 30 de abril. Luego, la instancia deberá reunirse y analizar la ampliación de plazos. “Se tiene que tomar una decisión en el pleno”.

Según la Ley 1549, el proce4so de preselección debe concluir el 4 de mayo para, posteriormente, pasar la posta al TSE.

No obstante, manifestó su preocupación por el “silencio” de las entidades que se encargaron de realizar las preguntas para los postulantes. “Lo llamativo es que se han difundido preguntas que serían parte del banco de preguntas”.

Indicó que, tras conocerse la presunta filtración, no pude continuar el proceso sino se esclarece el hecho. “Vamos a tener que solicitar que se lleve adelante un proceso investigativo”, sentenció.

En su criterio, “sería penoso” que exista una similitud entre las preguntas difundidas en redes sociales y el banco de preguntas que se encuentra precintado en la Asamblea.

“Hay riesgo por la probable filtración de las preguntas en escenarios previos a la Asamblea Legislativa”.

Esta última denuncia se suma a los procesos que estancan las elecciones judiciales. Los comicios están asechados por amparos constitucionales, el riesgo de filtración de preguntas y una acción popular.

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El concierto “Pink Floyd Sinfónico” se presentará el sábado 4 de mayo en el Campo Ferial Chuquiago Marka de La Paz. El espectáculo comenzará a las 20.30 y durará tres horas, aproximadamente.

En entrevista con La Razón Radio, el músico Alexis Trepp contó que se interpretará distintas canciones de los discos más icónicos de la banda de rock. Todas las interpretaciones contarán con una producción visual. El espectáculo contará con 60 músicos de la Orquesta Boliviana de Ópera. 

Por su parte, el productor Flavio Machicado destacó que en anteriores presentaciones se agotaron las entradas. Por ello, invitó a la población a adquirir sus boletos al 7627775 y 77778834.

Se trata de un homenaje sinfónico al universo de la banda de rock británica Pink Floyd, fundada en Londres en 1965. Es considerada como un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes, exitosas y aclamadas en la historia de la música.

La Orquesta Boliviana de Opera nació el 2016 con el objetivo de recuperar la pasión del público paceño por la ópera. Bajo la dirección de su fundador el maestro Andrés Fernández Alípaz se conforma un grupo de jóvenes intérpretes de instrumentos sinfónicos que componen una orquesta especializada en ópera, pero capaz de abordar diferentes géneros musicales.

Luego de dos exitosas temporadas con cuatro ciclos de conciertos por año, continuaron bajo la producción de Macondo con la ópera «La Traviata» el 2017, «Rigoletto» el 2018 y «Cosi fan tutte» el 2019 bajo su propia productora.

En diciembre del 2022 incursionaron en el repertorio barroco interpretando «El Mesías» de Handel.