La asambleísta departamental de Santa Cruz Paola Aguirre cuestionó ala “pasividad” del ministerio de Gobierno para aprehender al expresidente Evo Morales que fue declarado rebelde por su incomparecencia ante la Justicia.

Asimismo, criticó que se dediquen a la captura de actores de oposición con “toda la fuerza pública”.

“Llama la atención la pasividad del Ministerio de Gobierno, que cuando se trata de otros ciudadanos, que son precisamente actores de oposición al Gobierno usa toda la fuerza pública para ejecutar ordenes de aprehensión o de arresto o de otra naturaleza”, dijo en entrevista con DTV.

Evo Morales

La asambleísta de Creemos se refirió de esa manera a la orden de aprehensión contra el exmandatario, que se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba. Dirigente, comunarios y simpatizantes de esa región cerraron filas por su líder, para evitar su captura.

“En el Chapare no existe ni Dios ni ley. Evo Morales, en su condición de líder cocalero y expresidente boliviano ha dado lecciones de lo que significa violar la ley”, agregó la legisladora departamental cruceña.

Morales y su equipo de defensa jurídica calificaron de “político” el proceso por trata de personas y aseguraron que se trata de una “persecución” por parte del Gobierno.

Orden de Aprehensión

Sin embargo, el presidente Luis arce y sus ministros negaron el extremo y lo invitaron a que demuestre su inocencia ante las autoridades judiciales.

“En el caso de Evo Morales tenemos la prueba más clara de que no existe una Justicia igualitaria para todos y que el Chapare está fuera del ejercicio de control gubernamental”, complementó Aguirre.

En un pronunciamiento por los 100 años de la Ley de Imprenta, la Defensoría del Pueblo pidió a los gobiernos municipales a promover la conformación de sus tribunales de Imprenta.

“Llama la atención que no todos los departamentos del país cuenten con un Tribunal de Imprenta, siendo esta instancia la responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de imprenta, por lo que, desde la Defensoría del Pueblo, exhortamos a los Gobiernos Autónomos Municipales a promover la conformación y/o actualización de estas instancias”, señala un pronunciamiento de la Defensoría, publicado este lunes.

Defensoría del Pueblo

Liderada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó la vigencia de la mencionada norma y la calificó como un “pilar” de la democracia boliviana en el país, al tener como fundamento el derecho a la libertad de expresión, libertad de información y opinión ciudadana.

“Esta herramienta normativa no solo protege los derechos de los periodistas, sino que también extiende su alcance a garantizarle al ciudadano su derecho a acceder a información oportuna y veraz”, añade el documento.

Asimismo, el pronunciamiento de la Defensoría destaca la “adaptabilidad” de la centenaria norma “a nuevos contextos, atravesando por diferentes desafíos como los que diariamente transitan los trabajadores de la prensa en cumplimiento de sus funciones”.

Ley de Imprenta

La Ley de Imprenta data del 19 de enero de 1925. Entró en vigencia durante el gobierno del presidente Bautista Saavedra. Sin embargo, hubo suspenso durante los diferentes gobiernos dictatoriales por los que atravesó el país.

La norma tiene 71 artículos que regula el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas a nivel nacional.

El dirigente campesino Vicente Choque, afín al expresidente Evo Morales, afirmó este lunes que, si el Gobierno decide intervenir el Trópico de Cochabamba para aprehender a su líder, debe asesinar al menos a 1.000 personas de esa región.

Choque abordó el tema en entrevista con Erbol, cuando fue consultado por la eventual detención de Morales, declarado rebelde por su incomparecencia ante la Justicia de Tarija en un caso de trata de personas.

“Si hubiera una intervención, por lo menos el Gobierno tendrá que asesinar a más de mil compañeros queriendo hacer eso”, advirtió Choque.

Vicente Choque

Dirigentes, comunarios y simpatizantes de Morales cerraron filas por el exjefe del Estado e instalaron una vigilia para evitar su captura.

Según afirmó el entorno de Morales, el Gobierno alista una intervención policial-militar para cumplir con la detención de su líder y calificaron el caso como una “persecución política”.

“Los hermanos han dicho: no importa si vamos a dar nuestras vidas, pero lo vamos a defender (…). Lo vamos cuidar (a Morales) las 24 horas y aunque nos persigan, arrinconen, vamos a estar presentes en todo momento”, agregó.

Evo Morales

Las versiones de una supuesta intervención cobraron fuerza desde el viernes, luego de la declaratoria de rebeldía contra el exjefe de Estado.

Incluso, el domingo Morales denunció el supuesto “avance de agentes extranjeros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos” en el Trópico de Cochabamba, así como el incremento de militares expertos en inteligencia, además de francotiradores.

El líder cocalero aseveró que el 27 de octubre de 2024, cuando “intentaron matarle”, operaron agentes extranjeros de la CIA, junto a policías y militares bolivianos. Además, advirtió de un “acuartelamiento” de los uniformados.

“No solo quieren encarcelarme. Quieren asesinarme porque el gobierno de (Luis) Arce y (David) Choquehuanca, busca agradar a la derecha boliviana y cumplir su acuerdo secreto con EEUU”, dijo.

Intervención

Por su parte, el ministro de Defensa Edmundo Novillo, ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó de manera rotunda que se haya instruido el acuartelamiento de unidades militares en el Trópico de Cochabamba con la finalidad de “detener” y “acosar” a Morales.

“De manera falsa y calumniosa se acusa que mi persona habría instruido el acuartelamiento de las unidades militares en el Trópico de Cochabamba, con la finalidad de acosar y detener al expresidente Evo Morales. Quiero desmentir de forma categórica”, escribió la autoridad desde su cuenta de X.

El exministro de Justicia Iván Lima sugirió este lunes indulto para la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, de Santa Cruz y Potosí respectivamente.

Las declaraciones de la exautoridad coinciden con un llamado del presidente Luis Arce para trabajar en un “gran pacto social” en puertas del Bicentenario del país.

“Si uno quiere reconciliarse, quiere un pacto, lo más adecuado es que no haya personas que estén actualmente con detención preventiva o condenadas en un momento donde se busca paz, donde se busca establecer reconciliación y todo lo que ha dicho el presidente”, dijo en entrevista con Fides.

Iván Lima

Actualmente, Áñez cumple una condena de 10 años por el caso Golpe de Estado II, que se ventiló en la jurisdicción ordinaria.

En el caso de Camacho y Pumari, ambos enfrentan el juicio oral en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

Camacho, ahora gobernador electo de Santa Cruz, está detenido preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha; meintras que Pumari, en el penal de Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí.

Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”. La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.

Crisis

Morales renunció el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, la entonces senadora Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y, luego, la Presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa; sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa.

El oficialismo calificó esos hechos como un “golpe de Estado”.

Lima resaltó que el Bicentenario del país ofrece un “escenario histórico” para reflejar “voluntades políticas importantes” que ayuden a conseguir esa armonía social.

Luego de un proceso de fiscalización, la Alcaldía de La Paz multó con Bs 12 millones a la empresa inmobiliaria Kantutani, por el movimiento irregular de tierras que derivó en la trágica mazamorra del 23 de noviembre de 2024 en la zona de Bajo Llojeta.

El subalcalde del macrodistrito Cotahuma, Gonzalo González, explicó que la fiscalización se inició por la ocupación indebida de los márgenes del río Pasajahuira, que atraviesa ese sector y que generó problemas en la parte baja de dicha zona.

“Evidentemente, una vez ocurrido el evento (de la mazamorra), la Subalcaldía de Cotahuma en el área que le corresponde ha iniciado un proceso de fiscalización por haber ocupado los márgenes del río y haber ocasionado estos problemas en la parte baja. Ya se ha emitido la resolución, su multa es de 12 millones de bolivianos”, aseguró González, citado en una nota de la Agencia Municipal de Noticias.

Por su parte, el subalcalde del macrodistrito Sur, Fabricio San Martín, aseguró que, como hizo su par de Cotahuma, fiscalizará a la cuestionada empresa.

“Tal como se ha mencionado, igual la Subalcaldía Sur tiene previsto iniciar el proceso de fiscalización, esto en torno a estabilizar la zona de forma segura e integral, toda vez que deben aplicarse medidas para lograr este hecho”, aseguró la autoridad edil este lunes.

El caso de la inmobiliaria sigue causando repercusiones, luego de la investigación abierta para esclarecer las causas del deslave que provocó el fallecimiento de una menor de cinco años y afectó a unas 60 familias y al menos 40 viviendas.