Una institución para el desarrollo nacional
El rol de las fuerzas armadas
Walker San Miguel
Nuestras Fuerzas Armadas (FFAA) han tenido a lo largo de la historia patria diferentes etapas en su evolución y desarrollo institucional. En los campos de Aroma (noviembre de 1810), el pueblo organizado y armado escribió páginas de gloria frente al ejército realista. Era la semilla del ejército patriota que más tarde lucharía a las órdenes de Bolívar, Sucre y Santa Cruz.
Los primeros presidentes de la naciente Bolivia fueron generales bolivianos de los ejércitos liberadores: Velasco, Blanco, Santa Cruz y Ballivián. Estos dos últimos, mariscales, comandaron acciones victoriosas como en Iruya, Montenegro e Ingavi.
A lo largo del siglo XIX, con luces y con sombras, militares y abogados coparon la vida política nacional. Caudillos como Belzu y Linares marcaron las tendencias proteccionista y librecambista que perdurarían hasta las postrimerías de ese siglo. Mientras que Melgarejo, Morales y Daza fueron parte de típicos caudillos provenientes de las filas militares de un ejército aún no institucionalizado. Fueron los duros años de la expoliación de tierras indígenas y de la pérdida del Litoral boliviano.
Ante la ineptitud de los generales de ese siglo, empero, sobresalía la figura del soldado boliviano, valeroso y sacrificado, que afrontó la Guerra del Pacífico en condiciones extremas, con escasas armas y atendido por las mujeres que los acompañaban (las también heroicas rabonas). Los Colorados de Bolivia escribieron páginas de gloria en Pisagua y Alto de la Alianza.
En el siglo XX, los liberales —imbuidos de las ideas europeas— trasladan esas ideas a la organización y estrategia militar de Bolivia, cuya clase dominante era todo menos liberal, pues se asienta en la organización feudal de la tierra y en la explotación del indio considerado un siervo o pongo. Sin embargo, los generales Pando y Montes tuvieron el mérito de afrontar los conflictos bélicos en el campo de batalla. Dos veces presidente, Ismael Montes era veterano del Pacífico y del Acre, mientras que José Manuel Pando había encabezado las expediciones a las “tierras de colonias” en el noroeste boliviano y también afrontado la guerra contra Brasil. Hoy, el departamento más joven del país lleva su nombre.
Los liberales inauguraron la etapa del profesionalismo militar. Crearon la Escuela (hoy Colegio) Militar y estructuraron un ejército bajo las influencias europeas y lo equiparon con vehículos, armas y municiones, incluso aviones, con los que más tarde afrontaron la Guerra del Chaco, en la que brillaron con luz propia los generales Marzana, Bilbao Rioja y los jóvenes Busch, Toro y Villarroel (los tres, mas tarde, serían presidentes de la República e inaugurarían la etapa del “socialismo militar”).
La influencia del ejército en la vida política boliviana fue determinante antes, durante y después a la guerra con Paraguay. Los generales Blanco Galindo, Peñaranda, Quintanilla Zuazo y Hugo Ballivián alcanzan también el sillón presidencial, aunque bajo la venia de la oligarquía minero-terrateniente.
Pese a que la Revolución de abril de 1952 se lleva por delante al “ejército de la oligarquía”, de inmediato se reconstituye el Colegio Militar del Ejército con el nombre del presidente mártir, Gualberto Villarroel. En los años siguientes los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) crean la Fuerza Aérea de Bolivia y la Fuerza Naval (hoy Armada Boliviana), dando así al es-tamento militar una conformación moderna: tres fuerzas para el dominio de tierra, aire y agua en el espacio geográfico del territorio nacional.
Sin embargo, aunque las ideas del nacionalismo revolucionario se contraponían a las del coloniaje (como acuñó Carlos Montenegro) —y, por tanto, su cuerpo armado había sido formado en esa matriz ideológica— los influjos de la política norteamericana malograron tanto a los líderes políticos del partido dominante como a los nuevos generales que decidieron participar activamente en política. René Barrientos asume como presidente mediante golpe de Estado y luego se convertiría en presidente electo. Años más tarde, Hugo Banzer pasaría también como dictador en el septenio y como “demócrata” en el cuatrienio.
Luego de Barrientos, el general Juan José Torres convivió con las tendencias de izquierda unánimemente antiimperialistas, pero perdidas en el laberinto de la división y la atomización. El general Ovando incorpora en su gabinete a lo más granado de la izquierda, como Almaraz y Quiroga Santa Cruz, que conciben y ejecutan la nacionalización de la Bolivian Gulf Co. (aunque ya el año 1936 David Toro había nacionalizado la Standard Oil y creado YPFB).
Una página negra de la historia boliviana la escribe Banzer con su política de represión, exilio y violación de los derechos humanos (es la etapa nefasta del Plan Cóndor inscrito en la Doctrina de la Seguridad Nacional de Departamento de Estado norteamericano).
Todas las contradicciones propias de una sociedad abigarrada como la nuestra (usando un término de Zavaleta Mercado) parecen haberse sintetizado en el Estado Plurinacional que vivimos en este siglo XXI y las FFAA así lo demuestran. En efecto, finalizada la última dictadura militar —y sancionados con 30 años de presidio sus principales protagonistas— esta institución fundamental del Estado se caracteriza por un absoluto respeto al orden democrático-constitucional. Desde que el general Guido Vildoso entregara el poder al electo por voto popular Hernán Siles Zuazo (octubre de 1982) la institución armada ha demostrado auténtica disciplina, subordinación al poder civil y un nuevo rol y una nueva doctrina que se encuentran en plena construcción.
En diciembre de 2005 se produjo un sustancial cambio político en nuestro país fruto del voto pacífico, democrático y popular. Asume Evo Morales como primer presidente indígena y se convoca a una Asamblea Constituyente que aprobaría finalmente una nueva superestructura jurídica. Durante ese proceso nuestras FFAA han coadyuvado con madurez, alto profesionalismo y auténtico sentido patriótico a la construcción institucional de las transformaciones sociales, políticas y económicas.
Una Fuerza Aérea Boliviana integradora de pueblos que transporta a importantes segmentos sociales en las alas del Transporte Aéreo Militar; una Armada presente en los ríos y lagos de Bolivia, ejerciendo soberanía en las fronteras aún despobladas y donde la presencia del Estado no es otra que la del puesto o unidad militar, y, por supuesto, un Ejército presente en todos los confines patrios, custodiando la riqueza petrolera en el Chaco, abriendo y construyendo caminos con sus comandos de ingeniería, aliviando infortunios en casos de desastres naturales, formando ingenieros en la EMI-Universidad Militar y hasta participando con eficiencia en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el Congo y en Haití.
Las FFAA del Estado Plurinacional han demostrado una gran lucidez institucional en el proceso de cambio. Estuvieron presentes activa y decididamente en el proceso constituyente. Una oficina de coordinación funcionó en Sucre durante las deliberaciones, aportando de manera efectiva al capítulo constitucional referido al régimen militar y a la seguridad del Estado.
Las FFAA hoy mismo cumplen un rol valiosísimo en el proceso de integración nacional y de movilidad social. Prestan servicios y rentas a los sectores más vulnerables. Propios y extraños reconocen ahora el éxito de las tareas de reducción de cultivos excedentarios de hoja de coca (sin muertes ni represión). El civismo marcial ha contagiado a bolivianas y bolivianos, quienes hemos recuperado la autoestima al son no sólo de himnos y canciones sino del ejemplo de trabajo, vocación de servicio y valentía demostrada por oficiales y suboficiales. Por todo ello y por haber tenido el honor de compartir con miembros de esta institución durante intensos cuatro años, me sumo a los homenajes del 7 de agosto, Día de las Fuerzas Armadas del Estado.
Las FFAA en el proceso de cambio
Loreta Tellería Escobar
El proceso de cambio implementado en Bolivia por el gobierno de Evo Morales, a partir de enero de 2006, ha mantenido a la Fuerzas Armadas (FFAA) como un actor protagónico. La institución militar, en los últimos años, ha sido parte de una reconversión funcional que la ha llevado a desempeñar un rol principal en tareas de apoyo al desarrollo nacional.
No obstante, aún no se ha logrado consolidar un proceso de modernización institucional que, más allá de recuperar la conciencia nacional, realice una profunda reforma de los ámbitos de defensa y seguridad que estén acordes con los procesos democráticos y de cambio que se viven en los escenarios nacional, regional y mundial.
La actual gestión de gobierno supo ganarse la confianza y el respeto de las FFAA, primero, porque valoró su trabajo como una de las instituciones fundamentales de la democracia; segundo, respetó, en el marco del control civil, la institucionalidad militar; y, tercero, fortaleció dos de los valores más intrínsecos de los militares: el nacionalismo y la defensa de la soberanía. Por otra parte, para consolidar este apoyo, se inició un proceso de modernización en la infraestructura de las unidades militares, a lo que se sumó una política de dotación de equipos, vehículos y recursos económicos a las tres fuerzas, lo que mejoró su capacidad operativa.
Si en el pasado las Fuerzas Armadas fueron utilizadas en tareas de orden público y lucha contra el narcotráfico a través de su prebendalización vía gastos reservados, desde el año 2006 se han convertido en coprotagonistas de los procesos de cambio, devolviendo a la institución militar su carácter soberano, perdido en anteriores gestiones gubernamentales a través de una categórica dependencia externa. Este coprotagonismo, hizo que la subordinación se transformara en apoyo explícito, reflejado en continuas declaraciones de los comandantes, que expresan su adhesión a las medidas de cambio del Gobierno y su rechazo a medidas separatistas o desestabilizadoras planteadas por grupos regionales y cívicos.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas participan activamente de tareas ligadas al desarrollo. El pago de bonos, la administración de empresas estatales, el control de ilícitos como el contrabando y el narcotráfico a través de la creación de los comandos conjuntos, el cuidado de parques naturales, la construcción de caminos, etc., suponen una reconversión funcional que hace de la institución un pilar fundamental de los planes de desarrollo del Gobierno.
Frente a esta realidad quedan planteadas dos consideraciones importantes: la primera, relacionada con establecer el difuso límite entre la subordinación y alineamiento político de las Fuerzas Armadas en relación al Gobierno; y la segunda, referente al efecto que tienen, tanto para la propia institución como para la institucionalidad democrática, las tareas de apoyo al desarrollo asignadas a la entidad castrense.
La respuesta a la primera consideración, sin duda, depende de la perspectiva política de donde surja. Sin embargo, si algo se ha consolidado en estos años de gobierno, es el pleno sometimiento militar al poder político, sin que medien, como en el pasado, relaciones informales que distorsionen este tipo de vínculo. No obstante, pese a este acatamiento explícito de las Fuerzas Armadas a las políticas del actual Gobierno, el gran tema pendiente es la reforma institucional. No se puede negar que la institución militar ha sido parte de un cambio de roles que adolece de un proceso de modernización y profesionalización, que abarque ámbitos de doctrina, organización, estructura y formación, lo que predispone el carácter coyuntural y pragmático de su actuación y posterga la definición de una nueva política de defensa nacional.
Por su parte, en el tema de apoyo al desarrollo y su efecto en la institución militar, se puede ver que este involucramiento supone la subutilización de las capacidades militares, lo que puede traducirse en un proceso de desinstitucionalización. El empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de desarrollo mantiene el vacío institucional por el cual fueron usadas, es decir, pospone la necesidad de crear organizaciones civiles capaces de desarrollar estas tareas y presupone la orientación militar hacia ellas, lo que sin duda trastoca su necesario carácter temporal. Dicho de otra manera, mientras no se resuelva el vacío institucional en temas de desarrollo, las Fuerzas Armadas seguirán siendo un instrumento eficaz para este tipo de actividades, pero al mismo tiempo serán una entidad con enormes rezagos institucionales.
En el tema de institucionalidad democrática, el problema es mucho más complejo, pues exige una doble lectura: la primera, respalda la necesidad de construir una entidad castrense moderna y profesional dedicada expresamente al ámbito de defensa; mientras que la segunda implica un escenario diferente, y vuelca la mirada hacia una organización que responda a las demandas sociales, principalmente si se trata de países donde la falta de institucionalidad es una enfermedad crónica. Ambas defienden la necesidad de profesionalizar a los militares, pero difieren en el tipo de profesionalización que debiera dárseles. Posiblemente la primera esté más acorde con la construcción de un Estado de derecho, pero no se puede negar que la segunda está más a tono con los procesos de cambio que la ciudadanía reclama. En el caso de Bolivia, ésta es todavía una discusión pendiente.
Sea cual fuere el futuro profesional de las Fuerzas Armadas, no cabe duda que la actual política gubernamental fortalece la autoridad civil sobre lo militar y hace que los militares hoy se sientan más legitimados que nunca ante la sociedad, y que ésta se sienta más cerca de los militares. No obstante, temas como modernización, reforma y democratización institucional, de ámbitos tan importantes como la defensa y la seguridad, todavía son una agenda pendiente e ineludible.