miércoles 14 abr 2021 | Actualizado a 08:53

Necesidad de crear un Alto Comisionado para la Justicia

Debe haber un sistema único de selección de autoridades a cargo de una Comisión Interinstitucio-nal de Alto Nivel y Transitoria, en la que el 70% sean representantes de entidades bolivianas  y el otro 30%, extranjeros.

Las causas de la problemática judicial boliviana son congénitas. Desde la independencia se han incorporado amalgamas normativas poco funcionales, emulando sistemas europeos que al cabo del tiempo no lograron adaptarse a una sociedad heterogénea como la nuestra, lo que provocó la formación de una justicia inalcanzable. El acceso a la misma estaba reservado a grupos específicos que, en resguardo de sus intereses, no permitieron una emancipación y mucho menos una autonomía jurisdiccional, por lo que el poder político y económico nunca concibió la existencia de un Órgano Judicial independiente.

En los últimos 30 años, esos grupos de poder ensayaron maquillajes poco consistentes. No obstante, accedieron de manera tenue a incluir instituciones como el Tribunal Constitucional, que inicialmente logró experiencias innovadoras y luego cayó en la inercia respecto a la no inclusión social y en el sesgo político dominante, por lo que no permitió una construcción autónoma de esta entidad del Estado.

El 7 de febrero de 2009 entró en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE). El texto define las líneas doctrinales de un nuevo modelo de justicia inclusiva, sustentado en un Sistema de Justicia Plural y caracterizado por la igualdad jerárquica de las diferentes partes del Órgano Judicial: las jurisdicciones Ordinaria, Agroambiental, Indígena Originaria Campesina y las especializadas. En esa normatividad operativa está la Ley del Órgano Judicial (LOJ) 025, que en un marco normativo subsiguiente (entre 2010 y 2011) comienza un proceso de transición con un desafío pendiente: la construcción de la institucionalidad del nuevo sistema de justicia.

A estas alturas de las transformaciones, la Ley Orgánica Judicial se hace inaplicable porque ya no responde al ascendente de cambio, proceso que requiere
de la constitución de un nuevo Órgano Judicial, quedando pendiente estructurar una funcionalidad consistente que responda a los
requerimientos de todos los justiciables.

PROPUESTA. A continuación, identificamos los ejes de análisis sustantivo-estructural de una propuesta de reforma judicial integral, orgánica y oportuna.
Universidades y reformas curriculares. Las carreras de Derecho de las universidades públicas y privadas deben asumir un real compromiso de corto plazo para encarar una reforma curricular, incluyendo materias transversales e imperativas como Sociología y Holística Social, Derechos Humanos, Derecho Judiciario, Derecho Procesal Constitucional, Relaciones Humanas, Ética y Axiología Social. Deberán incidir también en la aplicación de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, la Instrumentalización de la Mediación y la Conciliación en la controversia particular y social; Psicología Social y Normas Internacionales. Todo esto, generando estudios de posgrado.

A mediano plazo, reconfigurar los programas y redelinear los contenidos para hacer evidente una coherencia entre lo sustantivo y lo adjetivo de cada materia; efectuar un estudio minucioso de los postulantes a la Carrera, imponiendo un curso propedéutico, haciendo hincapié en la voluntad y los valores de servicio social, a cuyo efecto deberán ser sometidos a pruebas que materialicen dichas cualidades.

A largo plazo, diseñar una nueva currícula que modifique los contenidos de las materias sustantivas y adjetivas, incluyendo en transversal el Valor Justicia, de modo que los abogados respondan al perfil de constructores de la resolución de conflictos, con alto compromiso social de servicio.

Acreditación profesional. Los colegios de abogados y el Ministerio de Justicia deberán generar un sistema de acreditación en forma quinquenal para que los profesionales del Derecho presenten, de manera documentada y ante una comisión interdisciplinaria, los conflictos y controversias que hubieren resuelto con el fin de acreditar su ejercicio profesional, todo en base a la especialidad que asumieron y, los que no tienen funcionalidad operativa sino académica, deberán presentar sus contribuciones intelectuales inéditas. Por otra parte, el abogado deberá demostrar que no pesan denuncias fundadas que lo inhabiliten del ejercicio profesional.
Órgano Legislativo. Al momento de sancionar una ley, deben incluir en ella, imperativamente, un artículo de Reforma Financial, para garantizar el financiamiento de la operatividad de la norma aprobada. Asimismo, se deberá considerar en el debate de leyes inherente al Órgano Judicial la participación de jueces de la especialidad en el equipo asesor.

Reforma constitucional en la elección de altas autoridades judiciales. Siguiendo el procedimiento constitucional de reforma, se debe implementar un sistema único de selección de autoridades a cargo de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel y Transitoria, incluyendo entre sus miembros un 70% de representantes de entidades bolivianas (docentes de universidades públicas y privadas, colegios de abogados, Ministerio de Justicia) y una contraparte extranjera del 30%, con delegados de universidades destacadas de la región y escuelas judiciales. Éstos, una vez reconocida y probada su calidad meritocrática, recibirán la defensa de perfiles de programas de propuestas funcionales en base a cada especialidad a la que se postula. Los aspirantes,  deberán acumular un mínimo de 80% de calificación y los aprobados deberán ser elegidos por la Asamblea Legislativa. 

Ministerio de Finanzas. La responsabilidad de la justicia no es gasto público, es inversión social para vivir en paz o bajo los principios del vivir bien, por lo que se debe reponer el 3% del Presupuesto General del Estado (PGE) para el Órgano Judicial, implementando de esta manera la autonomía financiera judicial. Para la administración de estos recursos, debe crearse la Tesorería Judicial del Estado, emancipada de los sistemas clásicos de programación  presupuestaria centralizada, de modo que las finanzas judiciales queden garantizadas.

Ministerio de Justicia. Esta instancia debe velar por la correcta administración de justicia, en base a la intervención de profesionales especializados y combinar su labor con los sistemas de control social, conforme la previsión constitucional.

EDUCACIÓN. Ministerio de Educación. Debe implementar materias relativas al fortalecimiento de valores sociales vinculados a la ética y consignar talleres en formación de bachilleres con aplicación de principios sociales generales, tales como asumir conocimiento de los derechos fundamentales y obligaciones ciudadanas, la capacidad de tolerancia social y relaciones humanas, construyendo de esta forma una categoría social armónica.

Ministerio de Comunicación. Debe implementar una política de Estado que garantice el Derecho a la Comunicación y la Información (DIC) y, en ese marco, aplicar un programa de pedagogía social, imponiendo que todos los medios de comunicación destinen un tiempo específico en divulgar valores sociales, de justicia, tolerancia, cultura ciudadana y otros principios que permitan construir una sociedad de paz social y vivir bien.

Ministerio de Gobierno. Debe implementar un verdadero sistema penitenciario (infraestructura, condiciones y programas de readaptabilidad) con administración civil especializada, asumiendo esto como política de Estado. Se debe evitar la habitualidad y la reincidencia con una inserción laboral material post-condena penal. Esta instancia del Órgano Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la inserción laboral y la obligatoriedad de las empresas de contratar a personas que hubieren vencido los programas de reinserción, bajo vigilancia del sistema de control.

Alto Comisionado para la reforma judicial. Será necesario convocar a una comisión de alto nivel interinstitucional (órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo; universidades públicas y privadas; colegios de abogados, especialistas en el área judicial y constitucional) para que procesen los ejes temáticos planteados y motiven la reforma constitucional y de la normativa orgánica y ordinaria, conforme al procedimiento establecido en la norma fundamental.

El Alto Comisionado deberá suscribir un acta que involucre los ejes estructurales de la reforma denominada “Pacto Social para la nueva justicia boliviana”, que deberá ser implementado como política de Estado, plasmada en una norma jurídica de rango constitucional.

Asimismo, propondrá el proyecto de una nueva Ley de Organización Judicial (LOJ), que deberá ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la nueva norma se debe declarar un periodo transitorio de no más de dos años para la aplicación de la reforma judicial, derogando la actual LOJ y, en ese marco, generar un espacio previo de vigencia real de las nuevas normas aprobadas, en un lapso de dos años, entretanto se divulgue, capacite y concuerde dichas normas con el orden constitucional y se promulguen los códigos sustantivos, así como se institucionalicen los cargos judiciales.

La primera fase de vigencia de la nueva Ley de Organización Judicial deberá disponer la inmediata implementación de la Tesorería Judicial del Estado, para su operatividad y programación presupuestaria, a cuyo efecto los miembros del Alto Comisionado deberán acudir a colegios de auditores y economistas para sustentar una formulación de programas financieros autónomos en el Órgano Judicial.

POLÍTICA. Es necesario asumir como política de Estado la promulgación de un Código Penal Juvenil, con singularidades propias de la temática; despenalizar los conceptos sociales transversales de conflictividad menor, que puedan ser resueltos por la vía administrativa y conciliatoria, y la conformación de tribunales de conciliación interdisciplinarios a cargo del Ministerio de Justicia.

Policía. Se debe funcionalizar la profesionalización de la policía de investigaciones, como especialidad en la Universidad Policial, cuyos miembros, además de ser abogados, deben ser licenciados en Investigación en   diversas subespecialidades, tener una remuneración diferenciada por su formación profesional. Esta policía será dirigida por un equipo interdisciplinario (civiles y policiales) que conforme un Consejo Superior de la Policía de Investigaciones, designado por la Asamblea Legislativa, en un proceso meritocrático, con facultades de administración autónoma de la misma, para que sus miembros generen elementos objetivos y consistentes en el proceso investigativo.

Ministerio Público. Instaurar la profesionalización de la carrera fiscal, creando el Centro de Altos Estudios del Ministerio Público, como especialidad con validación universitaria. Formación que además de académica debe ser focalizada en el área penal, incluir materias de Axiología Social, Relaciones Humanas y Convenios Internacionales. Para acceder a esta instancia, los postulantes deben ser sometidos a un curso y posterior prueba propedéutica exegética en los valores y principios sociales. Asimismo, se deberá  institucionalizar la carrera fiscal, con garantía de estabilidad laboral y que sus integrantes sean sometidos a una normativa reglamentaria que en su caso imponga sanciones a los que transgredan normas internas. Este Tribunal Administrativo estará conformado por exfiscales con alta experiencia y validación ética moral y académica, que no ejerzan la profesión.

La nueva LOJ debe enfatizar la formación de funcionarios de apoyo jurisdiccional con un curso propedéutico con potencialidades de servicio social y capacidad de ejercer valores y principios, sin cuyo curso y aprobación no podrán ser elegidos por la instancia departamental.

Hacia una Universidad Judicial

Se debe crear la Universidad Judicial como una instancia de capacitación para el ingreso de nuevos jueces a la carrera judicial. Éstos deberán contar con una formación de especialidad, con énfasis en el perfil profesional requerido por la sociedad boliviana. Esta Universidad deberá tener a su cargo la evaluación permanente de los jueces, con un número de horas académicas mínimas semestrales, debiendo incluir imperativamente las materias señaladas en la reforma curricular para las carreras de Derecho. Asimismo, debe compatibilizar esta evaluación con el Observatorio Judicial.

Una vez ingresada a la carrera judicial, desde el rango de vocales hasta jueces, debe implementarse la estabilidad laboral y esta garantía debe ser material. Régimen de faltas. Se debe aplicar un sistema de comités administrativos de procesos internos, constituidos por experimentados abogados en la actividad judicial que ya no estén en ejercicio, para lograr una objetiva resolución y, en su caso, sanción de los jueces transgresores.

Vicepresidencia del Estado. Deberá crearse una instancia interestatal, bajo la dirección de la Vicepresidencia. Esta Comisión Judicial Permanente, con intervención de los tres órganos del Estado, deberá identificar temáticas recurrentes e innovadoras en cuanto a las leyes sustantivas y, particularmente, a las adjetivas; su labor debe ser de coordinación y seguimiento mediante una sola estructura legislativa.

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EL IPSO FACTO Y LA ASAMBLEA

Dos temas para entender 2019: el funcionamiento de la Asamblea y el comunicado del TCP

Por Iván Bustillos y Susana Rivero Guzmán

/ 7 de abril de 2021 / 13:45

EL PUNTO SOBRE LA I

Si la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta fue o no constitucional es un debate de mucho tiempo todavía. Buena parte de la discusión jurídica, sin embargo, según nuestros entrevistados, se concentra en dos hechos: la fuerza legal que tuvo o no el  comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 12 de noviembre de 2019, y la existencia o no de un vacío de poder y la forma en que se lo “llenó” en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Antes, urge tener clara conciencia, reclama el ministro de Justicia, Iván Lima, de que la condición del debate jurídico sobre la sucesión-posesión de Áñez en 2019 fueron las acciones de hecho, la violencia que se usó en esos días para presionar a dar determinada salida jurídica a la crisis.

La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, por ejemplo, recuerda el ministro, se produce a la misma hora en que su hermano “era torturado y que casi lo matan en la plaza de Potosí”. Con este antecedente, por decir algo, se puede cuestionar lo “voluntario” de dicha renuncia, si en rigor se la puede considerar como tal.

Para Lima, el vacío de poder es una figura forzada, pues, tal como señala la exdiputada Susana Rivero en estas mismas páginas, en el día crítico, el 12 de noviembre, ella fungía como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados. Y, aplicando el artículo 169 de la Constitución, ya renunciada la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Rivero era la depositaria automática de la sucesión, pues “ella sí representaba a la fuerza de mayoría”; en ella “terminaba la sucesión”: y, como último eslabón en la cadena de sucesión, no le quedaba sino convocar a la Asamblea, discutir las renuncias de los mandatarios y llamar a elecciones.

Por el contrario, en la perspectiva del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aparte de que hubo un vacío de poder, éste tuvo que ser resuelto con la sucesión en el mismo Senado, con base en el Reglamento General de la Cámara: “No es verdad el argumento de que siempre la presidencia del Senado debe recaer en alguien de la mayoría, porque claramente el Reglamento dice que cuando no hay la presidenta ni la primera vicepresidenta en el Senado, la que reemplaza, en calidad de presidenta, es la segunda, de manera automática” (artículo 41 del Reglamento).

MAYORÍA. Lima remarca que la sucesión dispuesta en el artículo 169 de la Constitución prevé precisamente que el cargo debe mantenerse en manos de la mayoría de la Asamblea: “cuando asume como presidenta alguien que solo tiene 4% de apoyo de la gente, estamos hablando de que no se ha respetado el derecho. Áñez jamás podría haber sido elegida presidenta de la Asamblea” (según los artículos 33 del Reglamento de Diputados, y 35 del de Senadores, apunta).

Otro tema central en el debate de la constitucionalidad o no de la posesión de Áñez, es la contundencia legal del comunicado del TCP.

Alarcón insiste en que si bien el comunicado no tiene fuerza legal por sí mismo (no es ni sentencia ni declaración ni auto constitucional), sí la tiene la norma a que hace referencia: la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001. En lo principal, el considerando III.3, que cita el referido comunicado del TCP, dice: “Frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia”. Alarcón no deja de señalar que apelar a la carencia legal del comunicado del TCP es una inconsecuencia del MAS, que en el pasado usó, dice, también un comunicado para instaurar juicios de responsabilidades por los petrocontratos a Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Aquí, para Lima, “el TCP no ha avalado nada, un comunicado no es una sentencia y el Tribunal ya lo ha aclarado (se refiere a la declaración del magistrado Petronilo Flores ante una comisión de Diputados, en febrero de 2020, que dijo que el referido comunicado “no tiene ninguna relevancia jurídica”).

En lo relativo a la Declaración Constitucional 0003/01, Lima es enfático al afirmar que la misma, por estar enmarcada en la Constitución anterior, no es aplicable hoy. “Esa jurisprudencia está basada en la Constitución de 1995, por tanto la posibilidad de aplicarse a hechos de la Constitución de 2009 no es válida, no es posible”, destacó.

VIGENCIA. La discusión va para largo, pero he aquí que recobra vigencia jurídica y política. En el plano jurídico, por la instauración en la Fiscalía del llamado caso “golpe de Estado”, y en lo político, por el planteamiento que hizo Comunidad Ciudadana (CC) en su reciente comunicado “Bases para la reconciliación nacional”.

“Nosotros hemos dicho que hay que trascender esta polémica; es una polémica que a estas alturas de lo que necesita el país resulta un lastre, es estéril; entonces no queremos alimentarla, por el contrario, la queremos trascender, ir más allá para tener un escenario de paz en el país, lo que no quiere el MAS, éste quiere un escenario de guerra”, defiende Alarcón el comunicado de CC.

Insistiendo en que la propia elección del presidente Luis Arce es consecuencia “de un proceso electoral encauzado y desarrollado por el gobierno de la señora Áñez”, dice el diputado de CC, el “elemento superador político y jurídico de todo eso han sido las elecciones de 2020”.

Para Lima, por el contrario, la posesión de Áñez es una cuestión pendiente: “El momento que se ha cometido un delito es cuando la señora Áñez sesiona ante una Cámara vacía, en el Senado, luego baja a la de Diputados y se proclama a sí misma Presidenta. Ese es el hecho que debe explicarle al país, por qué lo ha hecho y con el respaldo de quién lo ha hecho; esas son las preguntas que se deben resolver en un juicio penal”.

En cuanto a que la posesión de Áñez sea un hecho superado, Lima apela a que esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas solo son un acto de justicia; que luego la democracia se haya podido reencauzar solo expresa lo que se tuvo que hacer para reparar el daño, pero que hubo delito, lo hubo. Cuando se comete un delito, los actos de reparación, de desagravio, de restablecimiento a la víctima, no se pueden considerar como actos que eliminan el ilícito, concluye.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

LA NO SUCESIÓN CONSTITUCIONAL DE 2019

Por Susana Rivero G

El 10 de noviembre de 2019 hubo renuncias públicas y bajo presión —pedidos de renuncia por parte de altos mandos policiales y militares, vejaciones físicas, cercos y quemas de viviendas propias y de familiares— de Víctor Borda que estaba en Potosí, Evo Morales y Álvaro García en Cochabamba, Rubén Medinacelli en Oruro y Adriana Salvatierra en La Paz, en ese orden.

Ese domingo por la noche escuchamos a la senadora Jeanine Áñez, de Demócratas, desde Trinidad afirmar por teléfono a Unitel: “Hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos, las renuncias del presidente, del vicepresidente y hemos visto muchas otras renuncias de quienes acompañaban al presidente Morales… y obviamente, lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando han renunciado la presidenta del Senado, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, yo obviamente funjo como oposición y como lo establece nuestro Reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, yo estoy en la segunda vicepresidencia y en ese orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar el país y que todo vuelva a la normalidad. Espero que podamos convocar a una asamblea”… “tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración las renuncias de los primeros mandatarios”.

Veamos si la norma se cumplió, si la Constitución fue respetada a través de la aplicación de los reglamentos del Senado y de Diputados.

Opción 1: Permitir que cada una de las cámaras considere las renuncias de Adriana Salvatierra y Víctor Borda, y en caso de rechazo, cualquiera de los dos podía haber asumido la conducción del país, pues sus renuncias verbales para tener validez debían ser presentadas por escrito en sesiones de sus cámaras para consideración del pleno, como lo mandan los artículos 28 y 31 de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Estas renuncias no fueron ni leídas y menos tratadas hasta después del 12 de noviembre en que se produjo la autoproclamación de Áñez.

Opción 2: Convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, como última autoridad de la fuerza mayoritaria en la línea sucesoria, para admitir o negar las renuncias de Morales y García:

Artículo 161 CPE: Las cámaras se reunirán para: 3. Admitir o negar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado. Áñez, sin competencia alguna, interpretó y cesó en sus mandatos a Morales y García escogiendo de entre las cinco formas de cesación contempladas en el artículo 170 de la Constitución, la ausencia o el impedimento definitivo, bajo la especulativa argumentación de que ya habían salido del país, inobservando que no habían transcurrido los 10 días de ausencia permitidos por el artículo 173 de la CPE.

Artículo 170 CPE: El Presidente cesará en su mandato: por “muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y por revocatoria de mandato”. Artículo 173 CPE: “El Presidente podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa, hasta un máximo de 10 días”.

Por otro lado, ¿con qué facultad jurídica podía Áñez instalar una sesión de la Asamblea, sin el quórum necesario en la directiva y en el Pleno, desconociendo los artículos 9 y 73 del Reglamento de Diputados? Artículo 9: “La Asamblea y la Cámara de Diputados sesionarán con la mayoría absoluta de sus miembros”. Artículo 73: “Toda sesión plenaria se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Opción 3: Convocatoria a sesión en cámaras separadas, para la elección del presidente o vicepresidente o vicepresidenta del Senado, carteras a ser ocupadas por representantes de la mayoría. Y para la ratificación de la presidencia en ejercicio o nueva elección en Diputados, pues en este caso la vicepresidencia sí estaba ocupada por la fuerza de mayoría. En estricto apego a los artículos 35 y 33 de los reglamentos del Senado y Diputados, respectivamente. 

Artículo 35: (Senado): II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría. Artículo 33: (Diputados): La Presidenta o el Presidente, la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente, la Primera y Segunda Secretarias o el Primer y Segundo Secretarios, corresponderán al bloque de mayoría; la Segunda Vicepresidenta o el Segundo Vicepresidente, la Tercera y Cuarta Secretarias o el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de minoría.

Como se puede ver, el reglamento del Senado no permitía a la minoría hacerse de la presidencia de la Cámara, menos instalar sesiones sin quórum de mayoría absoluta para el Pleno camaral y de tres miembros en el quórum de la directiva.

Artículo 75: (Senado): “Para instalar válidamente una sesión del Pleno es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Artículo 76: (Senado): “I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva. II. Previa verificación del quórum, el Presidente de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. III. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. IV. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida”.

Opción 4: Aplicar textualmente el artículo 169 de la Constitución y permitir que la presidencia en ejercicio de Diputados convoque a sesión de Asamblea para discutir las renuncias y convocar a elecciones en el plazo máximo de 90 días, tomando en cuenta que ella sí representaba a la fuerza de mayoría y que según el artículo 169 de la CPE con ella termina la sucesión en esta instancia, obligando a llamar a elecciones cuando se llega a este punto. No habla de volver arriba a recomponer directivas y elegir presidente o presidenta.

Artículo 169 CPE: “I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”.

Como se puede ver, existían varias alternativas legales, independientes e incluso combinadas entre sí que pudieron y debieron aplicarse; sin embargo, a ellas se antepuso el asalto irregular tanto del Senado como de la Asamblea Legislativa y hasta hoy los únicos argumentos para refutarlos o anteponer otra línea interpretativa son un comunicado de prensa sin firmas del Tribunal Constitucional Plurinacional y que Evo y Álvaro ya habían partido con asilo a México.

(**) Susana Rivero G. es abogada

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INJERENCIAS

Es absurdo que siendo un sistema de naciones iguales y soberanas, aún haya gobiernos entrometidos

/ 7 de abril de 2021 / 13:41

SALA DE PRENSA

Comunicado: “El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra profundamente preocupado por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático en Estados Unidos, cuya expresión más descarnada pudo verse en vivo en pantallas de todo el mundo el 6 de enero pasado, cuando una turba de manifestantes armados irrumpieron violentamente en el edificio del Capitolio con la intención de detener el proceso legal de certificación de votos de las elecciones nacionales. Fue especialmente preocupante constatar, en ese terrible suceso, que los manifestantes erigieron una horca donde pretendían colgar al Sr. Mike Pence, vicepresidente en funciones en ese momento; que la mayoría de ellos declararon actuar bajo las instrucciones del Sr. Donald Trump, quien no aceptaba los resultados de las elecciones y pretendía evitar que el proceso democrático siga en curso; y que, además, las fuerzas del orden llamadas a proteger la infraestructura del Congreso y la vida de los congresistas allí reunidos, actuaron con sorprendente moderación y permitieron desmanes tan graves como el robo de objetos personales de las oficinas e incluso que algunos se atrevieran a defecar en los pasillos y paredes, en llamativo contraste con la forma en que se comportan las fuerzas de seguridad cuando se trata de ciudadanos de raza negra o de origen latino que reclaman sus derechos o simplemente se desplazan por las calles.

Los bolivianos celebramos junto al pueblo norteamericano el triunfo democrático de las elecciones de noviembre, a la vez que expresamos nuestras felicitaciones al gobierno del presidente Joe Biden, con quien deseamos una relación robusta y de respeto mutuo. Por ello, nos preocupan profundamente las 253 leyes que se están discutiendo en 43 estados de su país con el objetivo de limitar el derecho al voto de los ciudadanos norteamericanos afrodescendientes. Añadimos nuestra voz a las muchas declaraciones de organizaciones de defensa de los derechos civiles y humanos, que han hecho público su cuestionamiento a medidas que consideran un retorno al periodo oscuro de la historia norteamericana, cuando los ciudadanos negros se contaban como 60% de una persona blanca y estaban impedidos de votar. Estas iniciativas legislativas injustas y discriminatorias no están en consonancia con los ideales democráticos de Estados Unidos y le quitan mérito a los extraordinarios esfuerzos de votantes, candidatos y servidores públicos que hicieron que la Elección de 2020 en Estados Unidos haya sido la de mayor participación de las últimas décadas.

Asimismo, seguimos con atención el juicio que esta semana se ventila contra Derek Chauvin, oficial de Policía acusado de asesinar al ciudadano negro George Floyd arrodillándose en su cuello durante nueve minutos, mientras él gritaba que no podía respirar y un grupo grande de testigos filmaban y miraban. Nos permitimos dudar de la imparcialidad del sistema de justicia norteamericano, dados numerosos casos anteriores en que policías blancos, haciendo un uso excesivo de la fuerza, asesinaron a ciudadanos negros desarmados y fueron consecuentemente hallados inocentes y liberados.

Hacemos, por tanto, un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que deje en claro su apoyo por la paz, la democracia y la reconciliación nacional, hallando culpable a Derek Chauvin en el juicio que se ventila en cortes de Mineápolis. Llamamos también a todos los estadounidenses —tanto autoridades como manifestantes— a actuar con respeto y pacíficamente, para que no se repitan escenas de violencia y dolor como las que el mundo presenció durante el ataque al Capitolio el 6 de enero pasado. El Estado Plurinacional de Bolivia está al lado de sus amigos y vecinos estadounidenses en nuestra común búsqueda de sociedades más pacíficas, prósperas y democráticas”.

Absurdo ¿no? Si la Cancillería de un país cualquiera se atrevería a redactar un comunicado tan paternalista y entrometido, dándose ínfulas de juez y señor, atreviéndose a opinar y dictar sentencia en un caso de la justicia ordinaria interna de otro país, sería un escándalo.

Llama a la risa pensar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia redactara y publicara un comunicado de esta naturaleza. Y, sin embargo, esta es una traducción casi exacta del Comunicado que emitió el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken, el 27 de marzo pasado en relación a la democracia y la justicia bolivianas. Solo se cambiaron los asuntos internos que se tomó la atribución de comentar: el tono hipócrita, las críticas veladas y la actitud soberbia están todas en el original.

Parece absurdo que casi cien años después de la firma de tratados y convenios que sostienen un sistema de naciones iguales y soberanas, incluida la Carta de las Naciones Unidas, sigan habiendo gobiernos que se atrevan a inmiscuirse de una manera tan descarada en asuntos que no les incumben. Y no son solo gobiernos: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha ido incluso más lejos. No solamente intervino de forma nefasta en los eventos que precedieron al golpe de Estado de 2019, utilizando de manera oscura la Auditoría Electoral que el Gobierno boliviano ingenuamente le confió. No solamente calló ante las masacres y los abusos a los derechos humanos que llevó a cabo el gobierno de facto, instaurado en mucho gracias a su manipulado Informe Preliminar. No solamente le dio apoyo incondicional a personajes como Luis Fernando Camacho y Arturo Murillo, con quienes se reunió a puertas cerradas y se fotografió sonriente. Encima de todo ello, tiene ahora el cinismo de proponer aún mayor injerencia: quiere crear una “comisión internacional” para investigar la corrupción en Bolivia, quiere ser parte de la reforma a nuestro sistema de justicia y quiere llevar al Estado boliviano ante la Corte Penal Internacional. En otras palabras: quiere erigirse como Virrey de unas nuevas colonias.

Bolivia es un Estado soberano, libre y autodeterminado. Puede que las acciones del gobierno de facto hayan dado una idea equivocada durante algunos meses, pero ya es tiempo de que se rectifiquen las cosas. La respuesta de nuestra Cancillería al despropósito de Blinken ha sido un buen comienzo.

(*) Verónica Córdova S. es cineasta

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TRAS LA ELECCIÓN DEL 7M

El 7 de marzo no cerró heridas; el reto hoy es sostener lo mínimo: la ley, la democracia y la paz

/ 7 de abril de 2021 / 13:38

CARA Y SELLO

Foro de la Fundación Friedrich Ebert (FES): “Fin del ciclo electoral: ¿qué nos deja? ¿qué sigue?”

En mi hipótesis, tres rasgos caracterizan la elección del 7 de marzo. Primer rasgo: la tendencia a la polarización tradicional. La polarización tradicional —y el ánimo de cambio— gatillaron el voto en esta elección. Se trata de la vieja polarización entre las dos visiones bolivianas sobre la convivencia.

Por un lado, está la visión nacional popular, que es la más fuerte en nuestra historia. Hoy es una visión en manos del MAS y de algunas de sus escisiones. En parte, la hegemonía del MAS en el campo nacional popular explica su fuerza y sus victorias. Y, por otro lado, está la visión antagónica a lo nacional popular.

La visión nacional popular nace en el Chaco, se consolida el 52 y de ahí, hasta aquí, la cosa va de repetir (o negar con timidez) esa visión. 

La visión antagónica a lo nacional popular no constituye un bloque orgánico, ni una propuesta de ideas y creencias uniforme. Pero la formulamos como una categoría de análisis a partir del momento en que sus componentes —por muy diversos que sean entre ellos— pueden disputar poder a las fuerzas nacional populares. 

La tal polarización se nota en la geografía: oriente más lo urbano son menos favorables a lo nacional popular, y occidente más lo rural son más favorables. 

Esta polarización no solo ayuda a explicar las muchas victorias del MAS, también ayuda a ver varias de la oposición. Arias en La Paz es un ejemplo. Perfil humano de carácter popular, pero opuesto al MAS. Camacho y muchos otros opositores que ganaron, también son ejemplos de la polarización como beneficio al lado opositor.

Confesión. Siempre tuve la esperanza de que estas dos visiones puedan conciliarse. Tres razones. 1. En lo teórico no son proyectos incompatibles: ambas visiones son proyectos complementarios de modernización. 2. Ambas visiones ya se han conciliado varias veces en nuestra historia. 3. Esa conciliación es clave para que haya democracia.

Segundo rasgo: la tendencia al cambio. Muchos electores querían cambio en esta elección.

En esta hipótesis, dos preguntas: ¿qué tipo de cambio quería la gente? y ¿quiénes representaban mejor ese cambio que la gente quería?

En mi hipótesis, la gente quería cambiar el tiempo de la pandemia y sus crisis. Y por eso hubo una tendencia a no votar por candidatos que se asociaban con el tiempo/pandemia.

Esa tendencia generó dos tipos de voto. El castigo contra candidatos o partidos que administraron o administran durante la pandemia. Y el rechazo a un tiempo trágico. 

Hay algo de este ánimo de cambio en el voto que se le niega a varios candidatos del MAS. Pues a estas alturas —tras cuatro meses de gobierno del MAS—, muchos electores indecisos, en los estudios, asociaban su malestar con el manejo actual de la economía y la salud.

¿Quiénes representaban mejor el cambio en esta elección?

La oposición, a pesar de su debilidad estructural frente al MAS, hizo bien la estrategia del cambio. 

Para representar el cambio, la oposición, por un lado, ofreció renovación de líderes, pero guardando el mensaje tradicional opositor. El caso de Camacho es el ejemplo más notable.

Además de renovación, la oposición —a fin de ofrecer cambio—, reactivó liderazgos veteranos. Tres claves para que estos candidatos con veteranía fueran creíbles como liderazgos del cambio: 1) El tiempo transcurrido desde que gobernaron; 2) Que no estuvieran ligados al manejo de la pandemia; y, 3) Que sus liderazgos tuvieran carácter popular y no elitista. Los ejemplos más destacados: Manfred Reyes Villa, Óscar Montes y Jhonny Fernández.

Tercer rasgo: La ofensiva política y judicial del MAS en el tiempo poselectoral. Mi hipótesis: tras el 7 de marzo, el Gobierno toma una decisión audaz para ganar poder frente el propio MAS y frente a los opositores electos. Cinco elementos de esta estrategia:

• Recuperar terreno. El MAS no obtiene malos resultados el 7 de marzo: sigue siendo —de lejos— la principal fuerza del país, un proyecto de poder con mucho futuro y un relato cultural e ideológico muy sólido.

A pesar de ello, el MAS lee sus propios resultados con cierto pesimismo. A partir de esa lectura pesimista, muy probablemente, el MAS decide ir a la vía judicial para recuperar terreno.

• La polémica judicial. El camino judicial genera una fuerte polémica nacional e internacional. Voces sólidas cuestionan esa estrategia. Hoy por hoy varios observadores piensan que si el Gobierno no maneja el tema con cuidado, la tal polémica puede pasarle una factura en prestigio y legitimidad de cara al futuro.    

• Se reactiva la polarización extrema. Es una polarización que tiende hacia la lógica amigo/enemigo, que es la lógica de Lo Político. O sea, es la lógica de la pura lucha por el poder, donde la victoria se logra al eliminar al enemigo. La lógica del pacto —al revés— es la lógica de La Política, donde se ve al contrario como “el rival”: alguien a quien debes vencer, pero con quien —al final de la batalla— debes acordar o pactar la vida pública.

• ¿Qué gana el MAS? Gana en la pura relación de fuerzas. Con su estrategia judicial, probablemente el gobierno del MAS manda más y mejor. Tiende a neutralizar —en un solo movimiento judicial— a todos los que le disputan campos de dominación e influencia. Por ejemplo, podría neutralizar a sus principales opositores electos en el Eje. Además, el MAS gana en cohesión interna. Y sus líderes ganan en legitimidad ante el público partidario.

• ¿Qué gana la oposición? La oposición, igual que el MAS, gana en cohesión interna. Y probablemente, en prestigio moral. De momento, gran parte de la opinión nacional e internacional parece reconocer legitimidad moral a los argumentos de la oposición. Eso, normalmente, es un arma con potencia en el medio plazo.

Conclusión: el 7 de marzo no cierra heridas. Y por eso, quizá, hacia adelante, el reto político boliviano más importante es sostener lo mínimo: la ley, la democracia y la convivencia pacífica.

(*) Manuel Suárez es politólogo

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DIVERSIDAD E INERCIA POLÍTICAS

Lo novedoso es la gran complejidad del voto. El llamado ‘voto cruzado’ ha sido muy elevado

/ 7 de abril de 2021 / 13:36

CARA Y SELLO

Foro de la Fundación Friedrich Ebert (FES): “Fin del ciclo electoral: ¿qué nos deja? ¿qué sigue?”

Con los comicios subnacionales termina un largo ciclo electoral que ha reconfigurado la distribución del poder y la representación política. Hay bastantes continuidades con relación a las tendencias observadas desde hace 15 años, pero también se perciben cambios importantes en los actores del sistema y una mayor inestabilidad en el apoyo de los votantes a las fuerzas que lo conforman.

En estos días, se ha estado discutiendo sobre quiénes serían los derrotados y vencedores de las elecciones municipales y departamentales. Las respuestas no son únicas y hasta pueden resultar contradictorias, pues dependen del criterio de evaluación que se use en cada caso.

Un primer equívoco consiste en comparar sin contexto las cifras de las elecciones nacionales con las obtenidas a nivel local, pues se trata de procesos con ofertas partidarias de diferente naturaleza y en las que importa mucho la personalidad de cientos de candidatos y su enraizamiento en la comunidad.  

Los oficialistas sostienen que el resultado habría sido positivo debido al 43% de votos agregados que consiguieron en la primera vuelta de los comicios para gobernadores, levemente por encima de lo que obtuvieron en 2015, el control de 7 de las 9 asambleas departamentales y el incremento del número de alcaldías en las que se impusieron: 240 de 335 (72%), 13 más que en 2015.

Por su parte, los opositores afirman que el MAS fue derrotado por el bajón en su votación municipal, de 39% en 2015 a 33% en este año, la probable pérdida de varias gobernaciones y la ratificación rotunda de su gran debilidad en las urbes más pobladas.

Hay que anotar las paradojas que produce la aplicación del sistema electoral de mayorías simples en alcaldías y de mayoría calificada en gobernaciones (victoria con el 50% más uno o con una gran diferencia): el MAS mejoró su voto para gobernadores, pero controlará menos gobernaciones al final del día, aunque obtendrá más alcaldías con menos votos que hace seis años debido a la fuerte división de sus contrincantes.

Complejidad del voto y renovación. En general, se ratifican tendencias ya vistas en 2010 y 2015: el masismo nunca ha logrado mantener sus votaciones nacionales y sus retrocesos siempre fueron grandes a nivel municipal, ratificando que existen problemas de fondo en ese partido para seleccionar candidatos locales y particularmente en entornos muy urbanizados. Con todo, siendo la única fuerza con presencia nacional, su capacidad para ganar la mayoría de las alcaldías y asambleas legislativas departamentales no tiene rival. Por su lado, las oposiciones se han fragmentado en liderazgos locales aislados y se percibe una cuasi desaparición de los referentes partidarios nacionales.

Sin embargo, lo más novedoso ha sido la gran complejidad y diversidad del voto y la notable renovación de actores del poder territorial. El denominado “voto cruzado” ha sido muy elevado: el MAS tuvo, por ejemplo, casi medio millón de votos más en sus listas de candidatos para gobernadores con relación a lo que obtuvieron sus postulantes a alcaldes. Ese comportamiento ha producido fenómenos extraños, como el gran número de cochabambinos que optaron, al mismo tiempo, por Manfred Reyes Villa para alcalde y por Humberto Sánchez del MAS para gobernador. Algo similar pasó en la ciudad de El Alto, donde los electores de Eva Copa se dividieron, en la votación para gobernador, entre el Tata Quispe, Franklin Flores y el candidato de Jallala. O en la ciudad de Sucre, en la que muchos optaron por el candidato del MAS para el municipio, pero por Damián Condori para el gobierno departamental.

Estas combinaciones, algunas improbables, tienen mucho que ver con la aparición de fuerzas alternativas autónomas que surgen del seno del MAS. Mientras las derechas tradicionales, divididas, han mantenido mayormente sus posiciones y plazas fuertes, la ciudad de La Paz o el departamento de Santa Cruz, son esas nuevas organizaciones las que lograron triunfos emblemáticos frente a la maquinaria azul, en El Alto o en los departamentos de Chuquisaca, Beni y Pando.

Equilibrios y fuerzas alternativas. Muchos dicen que en estos comicios se habría buscado equilibrar el poder nacional masista, pero en varios lugares los electores han equilibrado también mayorías regionales. Es el caso de Santa Cruz, donde la victoria de Luis Fernando Camacho ha venido acompañada del triunfo de los azules en 28 de sus 56 municipios y de una numerosa bancada del MAS en la asamblea departamental.

Ha sido también una oportunidad para jubilar a un gran número de líderes y fuerzas que habían hegemonizado varios territorios por más de 15 años. Eso sucedió con Rubén Costas y Percy Fernández en Santa Cruz, con los herederos de Juan del Granado en La Paz o con la vieja elite adenista en Beni y Pando.

Estas postales de la contienda ilustran la lenta evolución del sistema de partidos boliviano hacia un escenario más pluralista y complejo, si se lo ve desde un lente optimista; pero que podría augurar también más desorden e ingobernabilidad, en el cual se mantiene la predominancia del MAS, con ciertas señales de agotamiento si no hay renovación y un campo político no-masista que se ha diversificado con la aparición de fuerzas que escapan a la polarización. Han sido los propios electores los que están definiendo estos nuevos equilibrios, obligando a los partidos a funcionar en contextos menos dicotómicos de lo que suponen sus elites dirigenciales.

Hay pues mucho por reflexionar. El mayor error sería hacerlo aplicando marcos analíticos caducos, pues el juego político se está diversificando. El MAS tiene el gran reto de manejar su diversidad interna con mayor inteligencia y enfrentar a fuerzas que se le parecen mucho y que pueden competirle el favor de los votantes nacional-populares. Los nuevos llegados al tablero tienen un potencial pero que debe ser aún confirmado y consolidado, sin que en el camino pierdan su identidad política. Y las oposiciones de derecha deberán resolver su fragmentación y la ausencia de un hilo común que no sea solo el rechazo del masismo.

(*) Armando Ortuño Y. es economista. Magíster en Econometría en la Universidad de Ginebra, Suiza. Fue investigador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD.

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Almagro y la fractura de la OEA

La reelección del uruguayo como secretario general de la OEA fue por voto dividido; hoy, esta tensión persiste

Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA

Por Iván Bustillos

/ 31 de marzo de 2021 / 15:01

EL PUNTO SOBRE LA I

Esta semana, en una declaración conjunta, los presidentes de Bolivia y México, Luis Arce Catacora y Andrés Manuel López Obrador, reclamaron de la Organización de Estados Americanos (OEA) una misión electoral sobre todo técnica y una actuación no intervencionista en los asuntos internos de los países por parte de su actual Secretaría General (o sea, de Luis Almagro Lemes).   No es poco lo que demandan los mandatarios en su comunicado.

Coinciden en la importancia, dicen, que tiene para el continente “promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de las misiones de observación electoral de la OEA”; y si algún rol político que estas misiones deban desarrollar, insisten, es el empeño por el diálogo y la concertación: “deben ceñirse a los principios de no intervención, el respeto a la autodeterminación, el diálogo, la negociación, la búsqueda de consensos y la solución pacífica de controversias”, afirma la declaración.

Luego, aunque sin nombrar al actual secretario general (Luis Almagro Lemes), los mandatarios le señalan directamente: existe la “necesidad”, reclaman de que “la Secretaría General de la OEA se limite a actuar dentro de su propio marco institucional y (deba) abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros”. Tras recordar que el Gobierno mexicano “exhortó a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia”, ambos jefes de Estado coinciden —advierten— “en no tolerar injerencias en asuntos internos de los países”.

JUICIO. Hay que recordar que el 16 de marzo el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno boliviano analiza el encausar judicialmente al secretario Almagro, tanto por sus acciones que considera injerencistas en asuntos internos de Bolivia, como por el incumplimiento en 2019 de lo convenido entre el Estado boliviano y la OEA en lo relativo a la auditoría “Análisis de Integridad Electoral de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”.

El distanciamiento entre los dos Estados parte (Bolivia y México) y la actual Secretaría General de la OEA, con todo, no es nuevo: la propia  reelección de Almagro en el cargo fue dividida; en vez de aminorar esta confrontación, la misma persiste.

Pese a que Luis Almagro alcanzó a ser elegido secretario general de la OEA con 33 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el 18 de marzo de 2015, en su reelección (ocurrida el 20 de marzo de 2020) no logró repetir el respaldo de hace cinco años. Como no sucedía antes, su reelección el año pasado tuvo como principal característica la votación dividida de los países miembros: de 33 asistentes, 23 lo hicieron a su favor y 10 por su contrincante, la excanciller de Ecuador María Fernanda Espinosa Garcés.

La votación, que es secreta, se realizó pese al pedido de postergación planteado por México y la Comunidad del Caribe (Caricom) dada la emergencia sanitaria por el coronavirus que empezaba a galopar en la región a principios de 2020.

Mientras que la candidatura de Espinosa había sido respaldada por Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas —naciones caribeñas cercanas al presidente venezolano Nicolás Maduro—, además de México y Argentina, la de Almagro contó con el respaldo de Estados Unidos. El propio exsecretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, había discursado en la OEA, en enero de ese año, apoyando la reelección del uruguayo.

Si bien se trató de un triunfo por una mayoría que superaba incluso los dos tercios de los países electores, rompió con la tradición de las anteriores reelecciones, cuando el Secretario General que asumía por segunda vez el cargo era reelecto con el apoyo unánime o casi unánime de los países miembros. Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la mayor parte de los secretarios generales de la OEA habían cumplido las dos gestiones continuas.

Tal era el contexto de la victoria de Almagro en 2020, lo que ya dejaba entrever la división persistente y futura en la OEA con el excanciller uruguayo dirigiendo el organismo.

Fuente: OEA

DIFERENCIAS. Venezuela fue una de las cuestiones que mayor división produjo en el organismo interamericano. Fue el 27 de abril de 2017 que el gobierno de Nicolás Maduro anunció que se retiraba del foro regional a causa de que se convocó una reunión de cancilleres para tratar, precisamente, la situación en Venezuela, cita con la que el país de Bolívar no estaba de acuerdo; por procedimiento, esta salida debía durar dos años, la cual concluyó el 27 de abril de 2019. Según registros de ese momento de la prensa internacional, el 10 de abril de ese mismo año, el Consejo Permanente de la OEA (la reunión de los representantes de los 34 países miembros) decidió admitir como delegado de Venezuela al funcionario enviado por la Asamblea Nacional venezolana (su Parlamento), entonces controlada por la oposición a Maduro, “hasta que haya elecciones en ese país”. La resolución fue aprobada por 18 de los 34 representantes, 9 votaron en contra, 6 se abstuvieron y uno estuvo ausente.

En el “caso boliviano”, como se conoce a la tensión que ya había por la “cuestión venezolana” entre la Secretaría General de la OEA y el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), luego se vino a sumar el rol de la Misión de Observación Electoral del organismo y el secretario Almagro en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y la posterior crisis política que terminó con la salida del gobierno del expresidente Evo Morales, el papel que jugó la auditoría de la OEA sobre dichos comicios, que luego fueron anulados.

Luego de que al menos ocho informes de instituciones de investigación pusieran en duda los documentos de la OEA (que señalaban “irregularidades” y “manipulación dolosa” del proceso electoral de 2019), empezaron a surgir los cuestionamientos desde los estados mismos.

Entre julio y septiembre de 2020, congresistas de Estados Unidos exigieron a su gobierno (en manos del republicano Donald Trump por entonces) informes acerca del papel de la OEA en las elecciones bolivianas fallidas de 2019. Una de las mayores manifestaciones en este sentido fue la del 22 de septiembre de 2020, cuando el senador Bernie Sanders y una veintena de congresistas demandaron al Departamento de Estado que el trabajo de observación electoral de la OEA en Bolivia sea evaluado de forma independiente, tras la polémica por el rol del organismo en los anulados comicios de 2019.

En enero de 2021, dos organismos parlamentarios, el Parlamento del Mercosur, Parlasur (que reúne a legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y el Parlamento Andino (que integran parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) anunciaron pedir cuentas de lo hecho por la OEA en la elección de 2019 y su rol en la crisis política poselectoral.

Mientras el Parlasur, en voz de su presidente, el legislador argentino Óscar Laborde, anunció que llevará adelante una investigación sobre el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA y el rol del Secretario General en la narrativa del “fraude electoral”, el Parlamento Andino, a fines de noviembre de 2020, resolvió “solicitar la realización de una auditoría del informe de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 y exhortar a las representaciones diplomáticas de los países miembros del Parlamento Andino en la Organización de Estados Americanos (OEA) a motivar su tratamiento”, informó a este medio su actual presidente, el diputado supranacional boliviano Adolfo Mendoza.

Al respecto, en un último contacto con Animal Político, el viernes 26, el diputado Mendoza informó que hasta la semana pasada (luego de tres meses y medio) la Secretaría General de la OEA aún no había respondido a la solicitud hecha por los parlamentarios andinos. “Inicialmente, no nos contestaron; la anterior semana hemos reiterado nuestro pedido, con oficio ante la OEA”.

Pero la solicitud ya no es solo del Parlamento Andino, reveló Mendoza: “ya tenemos a diez países que han pedido que dé respuesta inmediata el señor Almagro”. Si bien no se puede indicar qué países están demandando el referido informe sobre la auditoría de la OEA, “porque es algo interno del organismo”, señaló Mendoza, “lo que sí puedo decir es que entre los petición antes está incluido el Senado de Estados Unidos”.

Una vez que la presión sobre Almagro aumenta, en sentido de revisar la auditoría que el organismo hizo de los comicios bolivianos, Mendoza adelantó que se espera alguna respuesta por parte de la Secretaría General “máximo hasta principios del siguiente mes” (abril). 

PROCESO. Al momento de anunciar que se analiza la mejor vía de abrir una causa judicial contra Almagro, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que una posibilidad es sumarse a la denuncia que ya presentaron el 15 de octubre de 2020 la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy día presidida por la expresidenta de Chile, Michele Bachelet.

Se trata de una denuncia formulada “contra el Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los informes preliminares e informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia, por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral, el cual no han podido probar”, según detalla la organización en su sitio web.

Asimismo, destacan, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme “un grupo de expertos para que lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Para las elecciones del 18 de octubre de 2020, cuando el MAS ganó con 55,1%, arribó al país la Misión de Observación Electoral de la OEA presidida por la misma autoridad que lo había hecho en 2019, el excanciller de Costa Rica Manuel González.

En su informe preliminar, hecho público el 21 de octubre de 2020, la MOE/OEA “felicita a la ciudadanía y a las autoridades por la celebración de unos comicios exitosos que transcurrieron de manera pacífica. La Misión felicita, asimismo, al presidente electo Luis Arce y al vicepresidente electo David Choquehuanca Peña por su triunfo en las urnas”.

El 7 de marzo, día de las elecciones subnacionales, fue notoria la ausencia del presidente Luis Arce en el acto de inauguración del sufragio. Horas después, luego de emitir su voto, el mandatario dejó en claro no solo por qué no asistió al acto protocolar, sino cuál aún es el distanciamiento de su gobierno con la OEA: “Mientras esté la OEA, nosotros no vamos a acudir a ninguna invitación del Órgano Electoral”, señaló el Jefe de Estado. Cuando se le preguntó sobre el motivo de esta decisión, Arce, escueto dijo: “por razones obvias, ustedes saben el papel nefasto que tuvo la OEA en las elecciones de 2019; no hay credibilidad en la OEA”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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