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Oportuna búsqueda de inversión

La visita del Presidente a cinco países europeos quitaría toda sospecha de que es de carácter simbólico o solo diplomático. Hubo tres objetivos: atraer inversiones, lograr convenios de cooperación, y promover en Europa la demanda marítima.

/ 23 de noviembre de 2015 / 04:02

Tres visitas internacionales por parte de las máximas autoridades del país han marcado la agenda mediática en el último mes. Primero, el arribo del vicepresidente Álvaro García a China, en octubre, con motivo de anunciar una cartera de préstamos de más de $us 7.000 millones; segundo, la cumbre organizada en Nueva York junto al Financial Times titulada “Invirtiendo en la nueva Bolivia”; y, tercero, la gira europea del presidente Evo Morales del 2 al 11 de noviembre. A excepción quizá del tercer viaje, no se trataron de visitas diplomáticas, como tales. Lo que marcan es una clara voluntad de atraer inversiones al país.

Frente a las innumerables preguntas que comprensiblemente surgen (¿no cuenta Bolivia con suficientes reservas como para ir pidiendo plata prestada?, ¿la línea gubernamental no era rechazar la inversión extranjera?, ¿qué posibilidad de éxito en atraer inversiones tiene un gobierno que se declara abiertamente antineoliberal?), considero necesario un repaso de la lógica en la que se enmarcan estas visitas internacionales, en busca de algunas respuestas.   

CHINA. Para entender el viaje del Vicepresidente a China es necesario primero comprender por qué un país con altas reservas (en nuestro caso, de más de 15.000 millones de dólares, representando cerca del 50% del PIB) podría ver necesario sacar un crédito de este tipo. Existen varias razones, partiendo de que nada de inusual tiene este comportamiento; la mayoría de países sacan créditos al margen de su nivel de reservas.

La primera razón podría pensarse desde la racionalidad económica: una inversión que tiene retornos más altos que las tasas de crédito para realizarla se consideraría un buen negocio, independientemente de las reservas con las que se cuente. Segundo, nuestras reservas no son precisamente líquidas; gran parte se encuentran en fideicomisos, equiparables a depósitos a plazo fijo. Tercero, debido a nuestra política monetaria, es beneficioso mantener un alto nivel de reservas para respaldar la emisión de moneda, siendo éste un régimen de tipo de cambio fijo.

En nuestro caso, también responde a la percepción de que las empresas nacionales no tienen la capacidad técnica para la ejecución de grandes proyectos como la construcción de plantas petroquímicas o hidroeléctricas. Los créditos chinos vienen con tasas de interés preferenciales: oscilan entre 1% y 4%. Evidentemente, las condiciones crediticias del Eximbank (Banco de Exportación e Importación de China, estatal) vienen vinculadas a la adjudicación de contrataciones a empresas chinas. Esta condición coincide con la necesidad, precisamente, de buscar socios con capacidad técnica para implementar proyectos como estos. No se trata del dinero en sí, sino de conseguir la participación de quienes tienen experiencia en proyectos de esta naturaleza, con acceso a profesionales especializados y tecnología de alto nivel.

Para asombro de unos, paranoia de otros y curiosidad de casi todos, la cumbre “Invirtiendo en la Nueva Bolivia” se llevó a cabo en Nueva York el 26 de octubre con el fin de atraer inversiones al país. Este hecho parecería aún más extraño tratándose de un esfuerzo coordinado entre el Gobierno, el Banco Mundial, el Banco Iberoamericano del Desarrollo y la Cooperación Andina de Fomento; una inusual coincidencia en los objetivos de los bancos multilaterales de desarrollo y la agenda del Estado Plurinacional. ¿What?, vociferan algunos (digamos, en acento medio gringo) “¿no que la línea gubernamental era reacia a la inversión extranjera?” En un país mejor conocido por sus nacionalizaciones, ciertamente la apertura al capital extranjero podría parecer extraña. Pero ésta es, más bien, una oportunidad para matizar nuestra manera de comprender bajo qué condiciones puede operar el capital extranjero en el país. El Presidente recalcó que se protegerán las inversiones, pero también dejó en claro que la injerencia política por parte de estas empresas no sería tolerada. Se buscan socios y aliados, no inversiones de empresas que pretendan hacerse de los recursos estratégicos del país. Lo que se ha manifestado, entonces, son los parámetros dentro de los cuales este capital puede ingresar al país.

FINANCIAL. La extraña indignación llega sobre todo al advertir que el anfitrión de dicha cita es nada menos que el Financial Times, emblema del pensamiento económico neoclásico; natural aliado de voces críticas a todo lo que tenga apariencia u olor a “populismo”. Este hecho parece producir una especie de cortocircuito entre analistas de corte reaccionario (“¡pero si el Financial era nuestro!”, habrán lamentado para sí), quienes no saben si descreer del hecho de que el Gobierno sea capaz de organizar con un mínimo de credibilidad un evento semejante, o descreer de la integridad editorial del periódico.

Uno lee el suplemento del Financial Times publicado en paralelo a la cita y pronto cae en cuenta de que no podría tratarse de una publinota editorializada por el Gobierno (más de uno se habrá detenido antes de acusar a dicho periódico de ser un medio paraestatal; “no, mejor no escribo eso”, habrán dicho para sí). En la decena de artículos que contiene el suplemento, encontramos una pluralidad de temas y perspectivas, desde una mirada al consumo hasta cuestionamientos acerca de la repostulación de Evo Morales. Pero la valoración de Financial Times de la situación en el país es, en balance, positiva. Y lo es indudablemente a regañadientes. Entonces, es comprensible que a tiempo de ponerle un par de medallas al país (digamos, por su desempeño deportivo), también se le reclama un par de cosas (por ejemplo, su corte de cabello). Una de las lecturas es escalofriantemente cómica: el Vivir Bien no es lo que aparenta (dicen, porque hay un boom de consumo), pero eso en realidad para ellos es algo positivo. Y bueno, a final de cuentas es nomás así el Financial Times.

Por último, la visita del Presidente a cinco países europeos durante nueve días (marcando quizá su ausencia más prolongada desde 2006, cuando se ausentó por once días), quitaría toda sospecha de que es de carácter simbólico o meramente diplomático. Se infieren tres objetivos bastante claros: atraer inversiones, lograr convenios de cooperación, y promover en Europa la demanda marítima.

En resumen, no hace falta esoterismo ni teorías conspiratorias para explicar este aparente viraje frente a la inversión y el capital extranjero. La postura y situación del país son compatibles, incluso, con la racionalidad económica del capital transnacional, por extraño que esto parezca. Las reglas del juego seguramente no son las que las empresas hubieran elegido (para empezar, los márgenes de ganancia son mucho más bajos que hace dos décadas), pero existe al menos un horizonte de certidumbre en base al cual tomar decisiones, viabilizando inversiones de mediano plazo que en situaciones de mayor incertidumbre serían inconcebibles (o se calificarían de alto riesgo, exigiendo un retorno proporcionalmente alto).

Paradójicamente, para algunos una eventual reelección de Evo Morales tan solo ampliaría el horizonte en base al cual, en su frialdad, el capital toma sus decisiones. Es plausible: al capital extranjero seguramente le agradaría más la idea de un gobierno liberal, pero, dada la historia reciente del país, también entenderá que un gobierno de estas características sería inherentemente inestable, siendo ésta la amenaza real para sus inversiones. Entonces, a la hora de invertir, los analistas de riesgo harán su cálculo correspondiente. Intuyo que optarán por una inversión con las reglas ya conocidas, antes que por un hipotético escenario ostensiblemente favorable, pero que ya todos sabemos cómo termina.

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Regular las redes

Regular las redes no requiere tipificar nuevos tipos penales y san-ciones; el proyecto de ley presentado nos haría pensar que las redes son una dimensión paralela con sus propios delitos. Seguir en esa lógica nos llevaría a duplicar el Código Penal, reinventando cada ley para adecuarse a esta cosa (para nada) misteriosa llamada internet.

/ 7 de marzo de 2016 / 04:06

Mucho se ha dicho en las últimas semanas acerca de regular las —mal llamadas— redes sociales, herramientas acerca de las cuales la mayoría de nosotros seguramente podría autoproclamarse como experto. Sin embargo, nos inundan los lugares comunes y simplificaciones acerca de una serie de debates complejos que absurdamente nos posicionarían en dos bandos (onda plebiscito) acerca de si deberían o no ser reguladas.

Asumiendo con entusiasmo el riesgo de decir cosas que a muchos no les agradará leer, en los siguientes tres puntos argumentaré que las redes en definitiva son objeto legítimo de regulación, pero quizá no como se está planteando desde una falsa dicotomía entre control y libertad a secas.

ASIMETRÍAS. El paraíso perdido del ciberespacio: el primer punto tiene que ver con la naturaleza ostensiblemente libre y democrática de este plano digital. En nuestro ciberutopismo, a veces intentamos creer que las redes son espacios extraterritoriales donde reinan las voluntades de millones de ciudadanos soberanos, quienes con sus opiniones y debate constituyen una especie de ágora virtual libre de todo dominio.

Pero la mayoría del tiempo ignoramos que se vienen acrecentando las asimetrías en este plano: desde los términos y condiciones a los que estamos sujetos, pasando por la territorialización de nuestros datos (que no se encuentran en la “nube”, sino en enormes granjas de servidores, generalmente en Estados Unidos), y el acceso sigiloso que tienen a nuestra información personal agencias como la NSA (Agencia de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés, National Security Agency).

Es decir, le negamos fervientemente a un Estado lo que sin siquiera percibirlo le concedemos a las grandes corporaciones, e incluso a gobiernos de otros países. Nuestras redes ya están profundamente reguladas, y la más clara evidencia que tenemos de ello es nuestra pedestre ignorancia de este hecho.

Tampoco es cierto que internet es un plano horizontal donde todos (al fin, aleluya) somos “iguales”, basándose esta ilusión en un libertarismo profundamente conservador en la que la igualdad es meramente una potencialidad. Si bien es cierto que cualquier ciudadano puede crear una cuenta, compartir contenido y llegar a miles de personas, existen desequilibrios monstruosos en el alcance de las publicaciones debido al pauteo, o difusión pagada. El volumen de nuestra voz digital está cada vez más condicionada por nuestra capacidad de pago.

ANONIMATO. Los rostros camaleónicos de la anonimidad: el segundo punto de este análisis tiene que ver con el anonimato, que en la corta pero extensa historia del internet ha servido para que ciudadanos revelen información de interés público sin correr riesgos sobre su seguridad personal.

Sin embargo, a diferencia de los medios tradicionales (donde los medios y periodistas son responsables de la información que presentan), las redes permiten la difusión masiva de información de todo tipo de manera anónima, haciéndose cuando menos dificultosa una rendición de cuentas razonable.

Existen leyes vigentes en nuestro país respecto a la calumnia, el acoso político, la violencia de género, la protección de menores, así como en relación al racismo y toda forma de discriminación. Pero la mayoría de las veces no existen personas jurídicas o naturales a quienes se les puedan atribuir muchas de estas ofensas.

El mismo Facebook está consciente de los problemas que genera el no poder vincular a personas naturales con cuentas específicas y por ello ha impuesto la condición (no siempre cumplida) de que las cuentas deben llevar nombres y apellidos reales.

La policía en distintas partes del mundo hace pedidos de información a ésta y otras corporaciones con el fin de investigar y resolver crímenes de toda índole. La validez jurídica de estas evidencias es cada vez más reconocida por cortes y sistemas legales. La razón es que la preocupación por regular las redes no solo surge entre políticos, sino entre quienes son objeto de acoso sexual, político o víctimas de violencia digital.

El pasado martes, la Policía federal brasileña arrestó al vicepresidente de Facebook para América Latina porque la empresa se rehusó a revelar datos de WhatsApp (adquirida por Facebook en 2014) ligados a un caso acerca del tráfico de cocaína.

Pero ésta y otras empresas globales en algunos casos ofrecen mecanismos para la liberación de información: en la primera mitad de 2015 (último periodo para el cual se dispone de datos), 91 países realizaron pedidos de información a Facebook un total de 38.946 veces; casi la mitad por Estados Unidos. Al mismo tiempo, 20.568 contenidos han sido restringidos a pedido de gobiernos en base a sus leyes locales (por ejemplo en Francia, donde se han restringido contenidos 295 veces, es ilegal cuestionar la existencia de crímenes contra la humanidad como el Holocausto).

Bolivia no se encuentra en esa lista. Y no es necesariamente un motivo para celebrar. Si el Estado boliviano no ha solicitado este tipo de información hasta el momento, quizá sea por inoperancia investigativa o por deficiencias en nuestras leyes al no poder hacer uso judicial efectivo de evidencias de esa naturaleza.

La posibilidad del anonimato ciertamente tiene usos loables en las redes, pero también abre la puerta a una serie de problemas. Partiendo de una acepción básica del bien común, el anonimato en la red no es valioso porque nos permite decirle ‘chusma’ al vecino sin ser descubiertos, sino más bien porque puede salvaguardar o promover otros derechos que sí son de interés público, como la filtración a WikiLeaks por parte de Chelsea (née Bradley) Manning de documentos clasificados acerca de las guerras en Irak y Afganistán en 2010.

REGULACIÓN. Nuestra realidad es virtual: esto me lleva al tercer punto, que trata de la inevitabilidad de la regulación de las redes. Una regulación extrema, como la que existe en China, sería inviable sin un sistema de vigilancia masivo que atente contra la libertad de expresión y asociación garantizados, no solo por nuestra Constitución, sino por una serie de tratados y convenciones a los que estamos sujetos como país.

Considero que la ofuscación conceptual parte de que este plano no termina de definirse entre la esfera pública (como los medios tradicionales) y la privada (como las conversaciones entre amigos en un café). Pero caer en este debate sería una distracción.

Es mentira que las redes no estén reguladas hoy en Bolivia, stricto sensu. Todo acto que tiene lugar en la esfera pública (y muchos actos, como la violencia doméstica, que a veces se pensaría pertenecen a la esfera privada) son objeto de las leyes de nuestro Estado. Solo sucede que en 2016 no existen los mecanismos para efectivizar un cumplimiento de las leyes cuando los hechos suceden en internet. Es decir, la recolección y validez de evidencias obtenidas en las redes hoy por hoy no están normadas.

El posibilitar esta tarea en mi opinión no requiere tipificar nuevos tipos penales con sus respectivas sanciones; el proyecto de ley presentado nos haría pensar que las redes son una dimensión paralela con sus propios delitos. Seguir en esta lógica nos llevaría a duplicar el Código Penal, reinventando cada ley para adecuarse a esta cosa (para nada) misteriosa a la que llamamos internet.

Las redes no pertenecen a una esfera etérea y desterritorializada en la que a veces, en nuestro ciberutopismo, quisiéramos creer. ¿Por qué debería ser legal difamar a alguien en la red mientras que hacerlo offline es una ofensa penada por ley? La pregunta de fondo es si estos espacios digitales pueden ser regulados de forma razonable y proporcionada, de tal manera que no se infrinja sobre la privacidad, libertades de expresión, asociación y (en algunos casos) el anonimato de los usuarios. Ningún país en el mundo ha encontrado aún una respuesta convincente a esta pregunta.

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