domingo 25 jul 2021 | Actualizado a 16:04

Juan Del Granado: El MAS es un ‘obstáculo’ para la reforma judicial

Vistos los resultados del referéndum, la posibilidad de la renovación de la justicia no recae en el Gobierno, es un desa- fío que se ha trasladado, después del 21 de febrero, a una etapa de transición de por lo menos cuatro años y en la que la ciudadanía debe ser protagonista.

/ 25 de abril de 2016 / 04:04

Abogado de carrera, Juan del Granado conoce el sistema de justicia de antes y después de la nueva Constitución. El diagnóstico que hace del mismo es negativo. Propone un diálogo ciudadano para refundarlo, ya que considera que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está inhabilitado para ser un actor en esto, al ser parte del problema.

— ¿Cómo evalúa al sistema judicial tras la nueva Constitución?

— Lamentablemente el dato no es positivo, el MAS y el Presidente han fracasado en su intento de formular soluciones estructurales para el sistema de administración de justicia. Ha sido una oportunidad perdida. Había grandes condiciones para implementar, después de casi 180 años, un proceso de construcción de un verdadero sistema de administración de justicia, esencial para la vida del país.

— Para la democracia

— La justicia significa cuatro cosas esenciales para la vida democrática. Primero, es el mecanismo pacífico institucional por el cual se resuelven los conflictos de la sociedad y se garantiza la paz social. Segundo, es el medio para asegurar la vigencia de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos; por tanto, se garantiza la proyección individual y colectiva de los bolivianos. En tercer lugar, otorga a la población seguridad jurídica; por tanto, da al país previsibilidad sobre sus problemas y soluciones; y, cuarto, es un mecanismo por excelencia para controlar y limitar el ejercicio del poder público.

— Pero eso es la expresión de un deseo…

— Son elementos esenciales para la construcción de la vida democrática. Creo que en este gobierno se ha malogrado una oportunidad histórica para hacerlo. Lamentablemente, debería decirlo como conclusión, yo no creo que en este gobierno pueda llevarse adelante un intento de verdadero proceso de reconstitución de un renovado sistema de justicia; creo que hoy el MAS, el Gobierno, es un obstáculo para llevar adelante un proyecto de renovación completa en la administración de justicia.

— ¿Por qué razones?

— Visto el resultado del referéndum, está claro que la posibilidad de renovación de la justicia no descansa en el curso de los próximos cuatro años de gobierno; es un desafío que, después del 21 de febrero, se ha trasladado a una etapa de transición de por lo menos cuatro años, fase en la cual el protagonismo debe corresponder a la sociedad. Es desde la comunidad, la ciudadanía, que se debe alentar un diálogo nacional que nos permita en este tiempo de transición crear las bases para refundar los pilares de una verdadera justicia. Está claro que la administración de justicia nunca ha estado bien en Bolivia. Es un problema centenario, crónico, de la construcción de nuestro país a lo largo de 200 años.

— Desde los ‘doctores de Charcas’…

— Sin duda. El MAS ha agravado peligrosamente. Hoy desde los niveles estatales carecemos de una verdadera estrategia, de un plan, de acciones que nos permitan mejorar y transformar la justicia. Fracasó la primera cumbre, realizada en diciembre en 2012, que había sido convocada por el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia.

— Fracasó, si vemos el presente de la justicia

— Sí, fracasó. Se hicieron mesas de trabajo, se abordaron cinco temáticas importantes y no pasó nada. Ese mismo año, en diciembre, el Ministerio de Justicia aprobó el Plan Sectorial de Justicia Plural 2013-2025. Un plan que está en el papel, elaborado por el Ejecutivo; se identificaron seis ejes estratégicos, pero en la práctica no se llevó adelante ninguna acción para implementarlo. Un plan generado no en el Poder Judicial, ni por el Poder Judicial, y mucho menos por la comunidad. Tiene elementos rescatables para ser discutidos en el diálogo ciudadano que propongo. Pero no esperemos nada del poder, motivemos en la ciudadanía un diálogo para generar las bases de una renovación. Hay una tercera propuesta que vino del Gobierno, formulada por el Ministerio Público, la Fiscalía General, data de abril de 2015.

— Muy reciente

— Más o menos reciente, el “Plan sectorial de 10 propuestas para una revolución de la justicia”, que tampoco hasta el momento tuvo ningún efecto ni resultado específico. Hay, entonces, una carencia de planes y estrategias después de 10 años. Además, en esta década se han agravado estructuralmente los problemas conocidos.

— ¿En qué aspectos en específico?

— Yo destacaría cinco elementos de agravamiento, que no corresponden a republicanos, neoliberales ni oligarcas, que sin duda fueron actores estatales en su momento, pero que tampoco lograron una transformación de la justicia. El agravamiento en mano de los neopopulistas, primero tiene que ver con la subordinación político partidaria del Poder Judicial, como parte de una estrategia de dominación, de poder. En segundo lugar, está la instrumentación del aparato de justicia para fines de persecución política. En tercero, se trata de la falta de idoneidad ética y profesional de los operadores de justicia. En cuarto, la extensión de la corrupción. Y quinto, la ineficiencia del sistema que está a punto de colapsar dada la carga procesal, la retardación de justicia. Son elementos propios de estos 10 años, de una gestión absolutamente equivocada. Reitero: el Gobierno actual está deslegitimado y descalificado para llevar adelante la labor histórica de resolver las tareas de la justicia, es un trabajo ciudadano para los próximos cuatro años.

— ¿Y carencias de siempre?

— Veo cinco, que son históricas pero que se han agravado en este gobierno. Primero, está la falta de independencia de los jueces, y no solo respecto del poder político; en los niveles más altos de la magistratura en su gran mayoría son absolutamente obedientes de las decisiones gubernamentales; las designaciones, fuera de la elección de jueces que fue partidaria, parten de un cuoteo entre las facciones que forman la estructura política, social y gubernamental del MAS. También está la dependencia interna: se mantiene la estructura jerárquica del Poder Judicial; los jueces departamentales, de materia, son absolutamente dependientes de los magistrados. La visión de la justicia tiene que estar acompañada de la independencia no solo respecto del poder político, sino también de las mal entendidas jerarquías judiciales. También persiste la dependencia de los jueces respecto de los poderes económicos vigentes en el país y que se han reforzado. La segunda carencia es de recursos. Ya en la primera cumbre de 2012 el Consejo de la Magistratura detectó el problema. Aquella vez se vio que el 0,3% del presupuesto nacional estaba destinado al aparato judicial, al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público. Subió décimas, hoy está en 0,39%. Esta falta de recursos impide la atención adecuada a la población. Tenemos no más de 1.000 jueces concentrados en las capitales de departamento para más de medio millón de causas. Necesitamos más jueces, pero también dignificarlos: buenos salarios, infraestructura, asignar un presupuesto fundamental a la defensa pública, generar condiciones mínimas tecnológicas para encarar la retardación de justicia. En la administración del presupuesto hubo retroceso. El Consejo de la Judicatura era el encargado de administrar el presupuesto, hoy no. Hoy lo administra la Corte Suprema de Justicia a través de una dirección, cuando los jueces deberían dedicarse a juzgar, no a hacer economías de escala y manejar sueldos. Una tercera es la falta de idoneidad personal, ética, de formación, de capacidad y experiencia de la gran mayoría de los operadores.

— Hay excepciones

— Hay excepciones, jueces independientes que se resisten al dictado gubernamental; hay casos patéticos de magistrados que no han obedecido y han sido echados de la justicia. En lo presupuestario también hay excepciones, hay jueces supremos que están pagados de acuerdo con su responsabilidad, pero la mayor parte son mal pagados. En idoneidad también, hay jueces honestos, preparados y con experiencia, pero son los menos. La cuarta carencia es la falta de acceso de la población a la justicia; la falta de universalidad de la justicia. De 1.000 jueces, el 60% está en las capitales de departamento, frente a una población que ha judicializado sus conflictos.

— Se hace juicios por todo

— Una pleitomanía de nuestra cultura jurídica. Pero es una justicia que no es gratuita; solo se puede acceder a través de abogados y si se agrega que es una justicia burocrática, discriminadora y corrupta, estamos frente a algo inaccesible para la mayoría. La quinta es la carencia de una propuesta estatal para encarar estos problemas; por tanto, falta de acciones. En la Constitución de 2009 se introducen elementos de cambio estructural que no han dado resultados, como la elección de jueces por voto, en lo que estuve de acuerdo.

— Se asumía que se iba a nominar por méritos…

— Sí, la falla garrafal fue la selección en la Asamblea Legislativa, lo que no decía la Constitución que se aprobó en Oruro, debió haber seleccionado el Consejo de la Judicatura con base en méritos.

— Si la refundación de la justicia se dará en cuatro años, ¿significa que estamos en una transición política?

— Creo que al MAS no le interesa en absoluto mejorar la administración de justicia, salvo que le produzca dificultades electorales. El Gobierno tal vez se anime a incorporar algunos elementos frente al repudio generalizado contra la justicia, por rédito electoral. Por eso está inhabilitado para ser un factor en la renovación de la justicia. Lo que se ha abierto después del 21 de febrero es un periodo en que las fuerzas políticas del país tienen que renovarse, y ese no es solo un problema de liderazgos, sino de visión de país. En ese proceso, que lo llamo de transición, el MAS puede salir exitoso, pero lo más probable es que no. La forma despótica de ejercer el poder ha agravado la crisis judicial, al instrumentar la justicia; contra eso se ha pronunciado la ciudadanía en el referéndum.

— ¿La tarea es de la oposición?, porque el MAS en instancias representativas está cómodo

— El MAS es una minoría electoral después del 21, pero tiene hegemonía institucional y gubernamental, esto va a marcar la transición. El Gobierno va a utilizar esa hegemonía institucional para revertir la derrota, ojalá para mejorar la gestión y dejar de lado el hegemonismo y recuperar las bases de lo que fue este proceso en sus inicios. La oposición debe renovarse, no se trata de volver a 2006, sino de la perspectiva de renovarse para ir más allá del neopopulismo y no retornar al neoliberalismo.

— ¿Sus perspectivas políticas?

— 2014 iba a ser la última vez que iba a estar en la línea de fuego. Ahora es tiempo de renovación. No es que me haya jubilado de la política, soy parte de la vida política, pero estoy en un segundo lugar, que no es el del protagonismo.

Datos

Nombre: Juan Fernando del Granado Cosío

Nació: 26 de marzo de 1953

Profesión: Abogado

Perfil

Juan del Granado se vinculó de muy joven a la política desde la izquierda. Fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); fue alcalde de La Paz por una década con su sigla Movimiento Sin Miedo (MSM), con
la que se postuló a la presidencia en 2014.

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OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS DE ADECUARSE A LA LEY

Todas las organizaciones políticas tienen hasta fin de año para reformar sus estatutos.

/ 18 de julio de 2021 / 18:18

El punto sobre la i

El Movimiento Al Socialismo (MAS) pareciera ser el único, pero al final tienen que hacerlo todos los partidos: hasta fin de año deben adecuar sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, la que fue promulgada el 1 de septiembre de 2018. Es esta misma ley que lo define así: en su Disposición transitoria tercera determina que “todas las organizaciones políticas deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2021”; o sea, los partidos tenían tres años y tres meses para proceder con dicha adecuación.

Y se trata de los estatutos, el documento que norma la vida orgánica del partido, porque precisamente el objeto de la Ley 1096 (que está en su primer artículo) es regular “la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En relación a la anterior norma que regulaba a las organizaciones políticas (la Ley de Partidos Políticos de junio de 1999) ciertamente lo nuevo de la Ley 1096 es el énfasis que esta norma pone en la “democracia interna” de los partidos, que con la nueva ley se regula este fundamento de la vida partidaria. En el artículo 1 de la antigua Ley de Partidos Políticos se definía que el “alcance” de la norma era regular “la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos; las fusiones y las alianzas que se conformen entre ellos; así como sus relaciones con la sociedad y el Estado”.

LOS ESTATUTOS. De los nueve partidos que a la fecha están inscritos en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que tienen alcance nacional (MNR, PDC, FRI, MAS, UCS, UN, FPV, PAN-BOL y DEMÓ- CRATAS), algo dice la fecha en que protocolizaron u oficializaron su estatuto, desde la cual está vigente.

Así, la última fecha de protocolización, ante el “notario de primera clase Carlos Huanca Ayaviri” del estatuto del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) es el 7 de marzo de 2012; y el 1 de junio de 2000 del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Por su lado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) registra que su estatuto fue aprobado en su VIII Congreso Nacional Ordinario efectuado en Cochabamba los días 25, 26 y 27 de marzo de 2012.

El Frente de Unidad Nacional (que es como figura su nombre oficial en su estatuto), lleva como fecha “actualización” el 28 de abril de 2014.

Por su parte el Frente Para la Victoria (FPV) tiene como fecha de la protocolización de su estatuto el 8 de enero de 2014. En tanto que el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) lleva como fecha de protocolización el 10 de mayo de 2016.

Finalmente, la organización cuyo nombre completo (que figura en su estatuto) es “Movimiento Demócrata Social – ‘Demócratas’” señala que su documento fundamental “fue reformado por el Congreso Nacional el 5 de diciembre de 2015”, fecha desde la cual está vigente.

Del Frente Revolucionario de Izqierda (FRI) y de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), los otros dos partidos de alcance nacional reconocidos por el OEP, si bien en sus estatutos no figura la fecha de aprobación, la resolución de reconocimiento de su personería jurídica está fechada el 27 de julio de 1987 en el caso del FRI, y el 28 de septiembre de 1989 cuando se trata de UCS.

Hay que hacer notar que todos los estatutos son anteriores a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (2018); o sea, los documentos se enmmarcan en la antigua Ley de Partido Políticos de 1999.

Por la necesidad de ponerse a punto con la nueva Ley de Organizaciones Políticas, precisamente el 4 de agosto se prevé que tenga lugar el Congreso Ordinario del MAS. Su actual presidente, el exmandatario Evo Morales, resumió en tres las tareas del partido azul en dicho congreso: la “adecuación” del estatuto del MAS a las normas del TSE; “el aspecto disciplinario”, y “la parte económica”.

Si bien entre la Ley de Partidos Políticos de 1999 y los estatutos que se enmarcan en esa norma y la nueva Ley de Organizaciones Políticas de 2018, hay un similar objeto, la estructura de los partidos y su funcionamiento, no dejan de ser significativos algunos rasgos de la nueva norma a la que tendrán que adecuarse los partidos hasta este fin de año.

Cuando en la antigua Ley de 1999 el rol de la Corte Nacional Electoral se lo cita según la circunstancia y aspecto que corresponde, en la 1096 de 2018 hay todo un artículo (el séptimo) sobre las “atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional”.

Aparte de las tradicionales facultades de otorgar la personería jurídica, o “sustanciar los procedimientos y llevar registro del reconocimiento, otorgamiento, extinción y cancelación” de dicha personalidad, se especifica, por ejemplo, que la autoridad electoral podrá “validar y administrar el registro de militantes”; “supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos en la elección de sus dirigencias y candidaturas”; “vigilar y fiscalizar en todas las fases de los procesos electorales, el cumplimiento de las normas vigentes en relación a la participación de las mujeres en las candidaturas de acuerdo a lo establecido en la ley”; “vigilar el cumplimiento de los estatutos de las organizaciones políticas en relación a la equidad de género, la equivalencia de condiciones, principios de paridad y alternancia en los órganos e instancias dirigenciales”; o “considerar y sancionar los casos de acoso y violencia política que se den dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados o de conocimiento de esta instancia”.

En sus estatutos, las organizaciones políticas también deberán asumir su “acción diferenciada” en relación al tipo de democracia en que toque actuar, si en la representativa o en la directa y participativa (la comunitaria no es propia de la participación política a través de partidos).

En la norma de 2018 a la que tendrán que adecuarse las organizaciones políticas se especifica el “registro de militantes para constitución y actualización”, de lo cual destaca que ahora la base de la militancia es el padrón electoral, que la actualización del registro de militancia debe ser realizada “al menos una vez por cada periodo constitucional y hasta un año después de las elecciones subnacionales”; también se señala que los padrones de militantes de los partidos son públicos; por eso, el TSE “implementará un módulo de consulta personal en su portal web, para que las y los ciudadanos puedan acceder a los datos de su registro propio”; y habrá “un padrón biométrico único de militantes de las organizaciones políticas”.

Una de las mayores adaptaciones que deberán ejecutar los partidos ahora es el referido al “régimen de despatriarcalización”.

La despatriarcalización deberá correr en el hecho de que en los estatutos de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberá incorporarse “un régimen interno de despatriarcalización para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional”.

Asimismo, en el partido deberá haber una “instancia encargada de implementar el régimen de despatriarcalización”, la misma que por estatuto “deberá ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario”.

Luego, desde el estatuto, se deberá “establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política; acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos y procedimiento o reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia”.

Para las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se determina que éstas “garantizarán la complementariedad de hombres y mujeres”.

En la “declaración de principios”, la nueva Ley 1096, al margen de la orientación ideológica que tenga cada partido, establece un piso mínimo emergente de la nueva Constitución. Algunos de estos principios son:

– Reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de la democracia intercultural y paritaria en sus diferentes concepciones y prácticas.

– Respeto a la plurinacionalidad y la diversidad cultural, jurídica, económica, institucional y lingüística de la sociedad boliviana.

– Respeto a las cosmovisiones, sistemas, saberes, normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

– Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

– Rechazo al racismo y toda forma de discriminación.

– Rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y de manera particular al acoso y violencia política.

– Rechazo a toda forma de disgregación o separatismo que atente contra la unidad e integridad del Estado Plurinacional de Bolivia.

En lo relativo a la democracia interna, la mayor novedad de la nueva Ley de Organizaciones Políticas sin duda son las “elecciones primarias de candidaturas de binomio presidencial”.

Lo nuevo de la Ley de septiembre de 2018, como ya se adelantó en recientes elecciones, es lo que la norma llama “fortalecimiento público” a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

El fortalecimiento público es un fondo “administrado por el Órgano Electoral Plurinacional”, y consiste en “subvenciones indirectas en periodos electorales para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y para la formación y capacitación de sus dirigencias y militancia en años no electorales”.

Se aclara, sin embargo: “El fortalecimiento público que, por cualquier razón, no fuera utilizado por la organización política a la que corresponde, será debidamente informado en los estados financieros anuales del Tribunal Electoral correspondiente”.

En el uso que el partido haga del tiempo de promoción de las candidaturas, no deja de ser significativo el hecho de que si de un 100%, la mitad se destina a promocionar el binomio presidencial, el otro 50% será para la propaganda del resto de las candidaturas, pero, he aquí un detalle: “de este tiempo y espacio, al menos la mitad será destinada a candidatas mujeres, incluyendo mujeres indígena originario campesinos”.  

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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MOMENTO DE BIFURCACIÓN RESOLUTIVO

Urge un nuevo sentido común, que vea la inclusión como el elemento imprescindible de una sociedad justa. 

/ 18 de julio de 2021 / 18:04

DIBUJO LIBRE

El 12 de junio de 1964, las noticias daban a conocer que Nelson Mandela, el hombre que desafió el poder blanco en Sudáfrica, era conducido a prisión, pues había sido condenado a cadena perpetua bajo el cargo de traición. Una larga lista de leyes convertía a la población negra en hombres y mujeres con derechos restringidos o recortados. Ante la lúgubre discriminación de lo que era el inmisericorde apartheid, Mandela optó por apoyar la resistencia armada, fundó con otros luchadores de su tiempo “La Lanza de la Nación”, un grupo alzado en armas que hizo de los atentados contra militares y políticos que impulsaban el segregacionismo la forma de combatir el hecho excluyente. Aquel día, cuando era conducido a su encierro sin fin, “por encima del molesto zumbido del tráfico y el intermitente rugido de las motos de la escolta, Mandela pudo oír el griterío de fuera, las llamadas y respuestas de consignas y cánticos que se habían congregado a los incondicionales de la lucha a lo largo del tiempo. Una potente voz gritó ¡Amandla! (¡Poder! en xhosa, idioma bantú y una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica) y la gente respondió ¡Awethu! (¡Al pueblo!). Jamás en la lucha de la historia sudafricana existió nada tan elocuente como esas dos sencillas palabras para expresar la agonía de millones de personas y su determinación de cambiar radicalmente los siglos de opresión”. Mandela fue incansable en su activismo en pro de los derechos humanos, se entregó a su misión de buscar la reconciliación si retaceos y en el ánimo de que “el éxito de la reconciliación y la unidad de la nación esté en que todos los sectores de la sociedad reconozcan, al igual que el mundo, que el apartheid fue un crimen contra la humanidad cuyos viles actos trascendieron nuestras fronteras y sembraron las semillas de la destrucción”. Desde que alcanzó el gobierno de su nación, Nelson Mandela se desveló por afirmar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, para ello buscó persistentemente reconciliar a su pueblo por encima de odios eternos y diferencias despectivas.

La paz, la reconciliación y la pacificación son procesos de construcción social y política, nunca eventos de voluntades cortas y coyunturas breves. El sostener las lógicas de enfrentamiento permanente, donde la idea de hegemonía no es una reformulación de sentidos comunes extendidos y superadores de las formas matrices de generación de conflicto, sino un entender de primacía política, de imposición social, de instalación de grupos y sectores de poder dominante; todo ello sedimenta y afianza la distancia, los clivajes y la confrontación política.

2019 fue el año de la ruptura de un extendido tiempo de construcción democrática ininterrumpida. Expresa también un momento resolutivo entre los demócratas sedicentes y el movimiento popular articulado al espacio estatal. La profundización de la histórica polaridad social instalada en el país como consecuencia de los hechos sucedidos en noviembre de 2019 acrecienta diariamente las asimetrías de una sociedad que naturaliza el enfrentamiento y los grados de conflictología en espera del momento resolutivo. Hoy, las inmateriales corrientes sociales arrastran al país hacia un momento de bifurcación resolutiva, donde una tríada de resistencias fuertemente instaladas en la lógica política de los sectores conservadores de Bolivia hace que estos impulsos dirijan su trayectoria, infaliblemente, hacia un tiempo de inflexión. La resistencia a democratizar la democracia, esto como hecho de no aceptación de la inclusión generada por la conformación del Estado Plurinacional, lo cual empuja a la vieja intención de sobreponer las tradicionales clases dominantes sobre una realidad social diversa y plural que reclama y afirma su voluntad de estar. La resistencia a la aceptación del ciclo constitucional, ello a través del propósito constante de conseguir su abreviación mediante conductas de indiscutible inconsistencia democrática. Y un tercer elemento de resistencia, conectado a las otras dos, que se expresa en un rechazo a las formas institucionales de democracia electoral, validando metodologías de fuerza para la apropiación del poder político, ignorando intencionadamente la supremacía de la reconstitución de legitimidades y de la norma constitucional.

El momento de bifurcación resolutivo es un impulso social y político, una fuerza que avanza en una dirección como consecuencia de un hecho, y este es la no búsqueda de espacios dialógicos generadores de consensos y complementariedades indispensables que eviten la ruptura del tenue equilibrio de la tranquilidad social. El momento de bifurcación resolutivo ofrece dos vías diferenciadas y opuestas con eje ineluctable en la plurinacionalidad: la pacificación social y política en iniciativa y voluntad de construcción social; y, el hecho insurreccional armado y rupturista desde la diversidad social confrontada en rechazo y no aceptación del Estado Plurinacional.

La bifurcación resolutiva amenaza resolverse en alguna de las dos vías señaladas, ahí donde las formas republicanas y neoliberales propias de los sectores conservadores, de centro y radicales de derecha, chocan con las realidades de la corporatividad social y popular, expresión de una diversidad plural inacabada. Son dos modelos de democracia y Estado, miradas divergentes de las formas de gobierno y Estados que no consiguen acoplarse complementaria y simultáneamente: la república liberal y el Estado Plurinacional.

La plurinacionalidad de esta América del Sur, diversa en su racialidad y cultura, asienta su mirada en lo que hoy hace Elisa Loncón en Chile. Como presidenta de la Convención Constitucional de su país, reflexiona y dice: “Transformaremos a Chile en un Chile plurinacional, intercultural, en favor de la mujer y que cuide la Madre Tierra… construiremos un Chile inclusivo, ampliando la democracia y la participación”. La democracia boliviana, aquella que empezó en 1982, ya es una democracia agotada en sus viejas, tradicionales y excluyentes formas. La Bolivia de hoy es ya un Estado Plurinacional sin espacio al regresionismo, al exclusivo tiempo liberal. El momento de bifurcación resolutivo debe encontrarnos inexorablemente en la vía útil y constructiva de la pacificación complementaria y de un nuevo sentido común, ese que comprenda la inclusión como el elemento imprescindible de una sociedad justa e igualitaria.

(*)Jorge Richter R. es politólogo

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ARBITRAJE Y DEFENSA DEL ESTADO

Hay necesidad de mejorar la capacidad del Estado ante los arbitrajes, contar con unidades especializadas.

/ 18 de julio de 2021 / 17:58

DIBUJO LIBRE

La crisis en Grecia en 2011 sirvió para animar a empresas y consorcios jurídicos a usar el arbitraje para defender o mejorar sus mermadas ganancias. Es una estrategia empresarial usada hábilmente ante una situación económica desfavorable. Sobre Grecia, el bufete extranjero Luther dijo que: “el sucio comportamiento financiero de Grecia ofrecía fundamento sólido para que los inversores descontentos reclamaran una indemnización, algo que en última instancia se pagaría con los impuestos de los ciudadanos”.

Algo parecido sucede en muchos países de Latinoamérica, y principalmente en Bolivia, donde el contexto económico caracterizado por la caída de los precios internacionales de los commodities y la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID 19 parecen haber afectado no solo las finanzas públicas, sino también el ingreso de varias empresas radicadas en territorio nacional.

En este contexto, las empresas adoptan diferentes decisiones: algunas se declaran en quiebra o cierran operaciones, otras incluyen políticas de recorte presupuestario (despidos), otras buscan interesantes alianzas empresariales, y otras, asesoradas y animadas por consorcios jurídicos, inician demandas internacionales.

Es el caso de algunas entidades o empresas públicas que fueron notificadas por diferentes foros o centros administradores de arbitraje con el inicio de un arbitraje internacional.

Frente a las solicitudes de arbitraje, autoridades y responsables de la defensa jurídica de las instancias públicas adoptaron, al menos, dos posiciones: a) desconocer ab initio la competencia y jurisdicción del Tribunal Arbitral para decidir sobre los reclamos o controversias plateadas; o b) llevar adelante la defensa legal de su institución a través de sus propias instancias técnicas y jurídicas. En el primer caso, muchas incurren en una clara indefensión, que podría derivar en responsabilidad por la función pública si no se toman las acciones oportunas; en el segundo, la defensa termina siendo insuficiente o al menos precaria. El arbitraje requiere de profesionales idóneos que cuenten con la experiencia y conocimientos en arbitraje internacional.

Pero ¿a qué se debe esto? Principalmente a que la estructura de los ministerios se encuentra definida mediante el Decreto 29894, que dispone la existencia de una Dirección General de Asuntos Jurídicos, que a su vez se estructura en una Unidad de Análisis Jurídico, que tienen las funciones de análisis jurídico, emisión de opinión legal y elaboración de proyectos de ley; y una Unidad de Gestión Jurídica que tiene las tareas de patrocinar y atender procesos judiciales así como sustanciar procesos sumarios, elaborar proyectos normativos de la institución y atender y procesar los aspectos jurídicos de la Ley Safco. En cambio, en el caso de las empresas públicas, éstas definen dicha estructura en el marco de sus propias normas de creación, que no difiere sustancialmente de las señaladas bajo el referido decreto.

Como se evidencia, esta estructura no fue pensada para la gestión de procesos extrajudiciales o arbitrales. Nada dice la norma vigente sobre la existencia de abogados especializados en materia de arbitraje en la estructura jurídica de una entidad o empresa pública, a pesar de que los contratos suscritos con empresas privadas incluyeron cláusulas cuyo mecanismo principal de resolución de controversias es el arbitraje.

La existencia de la Ley 708 de Arbitraje, que permite a las empresas públicas suscribir contratos que incluyan cláusulas de arbitraje en tanto se produzca la migración a la Ley 466 de la Empresa Pública, tampoco motivó modificar dicha estructura.

Sin embargo, las cláusulas arbitrales fueron activadas y estas entidades y empresas públicas se encuentran repentinamente como parte demandada en un procedimiento arbitral administrado por foro o centro administrador del arbitraje; sujeto a un Reglamento de Arbitraje que rige los aspectos procesales y administrativos del arbitraje, y; con un Tribunal Arbitral (conformado por árbitros no nacionales) que decidirá sobre los reclamos o controversias planteadas.

El arbitraje, y específicamente el arbitraje comercial internacional, al que están sometidos contractualmente los diferentes organismos públicos, es una materia altamente especializada y compleja que requiere de determinadas condiciones para llevar adelante una adecuada, idónea y oportuna defensa legal.

Inicialmente, y sin que esto signifique una “estrategia de defensa”, cualquier entidad o empresa pública que se encuentre sujeta a una cláusula arbitral en el marco de un contrato, administrativo o comercial, debe garantizar, al menos, tres condiciones:

i) Proveer una estructura interna mínima, que sea responsable, específicamente, de la parte operativa del arbitraje (análisis, elaboración de informes y gestión jurídica); y de la parte administrativa que exige el arbitraje (gestión de pagos administrativos al foro arbitral, pagos por honorarios profesionales de los miembros del Tribunal Arbitral, pagos destinados a reuniones procesales o audiencias). Dicha estructura ya está prevista en el mismo Decreto 29894.

ii) Contratar un consorcio jurídico o bufete de abogados (nacional o extranjero) especializado en arbitraje internacional que lleve adelante la representación, patrocinio y asesoramiento de la entidad o empresa pública; esto debido, principalmente, a la igualdad procesal o “igualdad de armas” que debe ser garantizada en el desarrollo del procedimiento arbitral. Asimismo, debe tomarse en cuenta la relevancia de la cuantía de la demanda, que en la mayoría de los casos afecta significativamente el presupuesto de la entidad.

iii) Incluir la contratación directa para que la institución cuente con celeridad en los procesos de contratación de servicios relacionados con el arbitraje, ya que la tendencia de los reglamentos de arbitraje vigentes es incluir instancias o etapas simplificadas y plazos procesales abreviados, que no condicen con la dinámica administrativa pública. La contratación directa tiene una relación directa con una defensa efectiva; es imposible que un organismo público pueda cumplir con los actuados procesales o exigencias administrativas si no garantiza un mecanismo que facilite y agilice la contratación de diferentes servicios necesarios para el arbitraje.

Lo señalado no constituye reglas que deben ser cumplidas de forma obligatoria, son apenas sugerencias o recomendaciones iniciales que pueden contribuir a una mejor gestión jurídica del arbitraje, que generalmente dura entre dos y tres años.

Finalmente, es inevitable referirse al rol que cumple la Procuraduría General del Estado en los arbitrajes sujetos a contratos administrativos o comerciales. Esta institución tiene la atribución de promover, defender y precautelar los intereses del Estado; en este sentido, actúa como sujeto procesal de pleno derecho en procesos judiciales (penales, civiles, coactivos fiscales), en arbitrajes internacionales en materia de inversión (cuando hay un tratado bilateral de protección a la inversión vigente), en procesos de derechos humanos, y en litigios o controversias Estado-Estado.

Bajo el actual sistema de defensa legal del Estado, las direcciones, unidades jurídicas o instancias a cargo ejercen la representación y defensa de sus propias instituciones; son, en pocas palabras, “la primera línea de defensa legal de la institución” ante litigios o controversias nacionales o internacionales. En ese sentido, las decisiones que tomen las autoridades en la etapa inicial del arbitraje serán determinantes para una defensa efectiva en el desarrollo del procedimiento arbitral, así como para la consecución de un laudo arbitral favorable.

 (*)Ariel Flores es abogado, docente universitario

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LA UMSA Y EL MAGNICIDIO DE 1946

Inédito: luego del derrocamiento de Villarroel, se ofreció la presidencia al rector de la UMSA.

/ 18 de julio de 2021 / 17:54

DIBUJO LIBRE

Los términos “colgamiento”, “linchamiento”, “inmolación” para calificar lo que sucedió con el presidente Gualberto Villarroel, el 21 de julio de 1946, son muy ambiguos. En realidad, fue un asesinato. Un magnicidio, de manera más rigurosa, propiciado por la rosca minero-feudal. En ese proceso histórico participaron también algunas fracciones de la clase media y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), bajo la batuta del rector Héctor Ormachea Zalles. En el artículo El almuerzo al periodista Julio César Canelas fue un homenaje al valor y a la libertad del país, publicado en El Diario, el 4 de agosto de 1946, la maestra María Teresa Solari Ormachea —dirigente de la Unión Cívica Femenina, prima hermana del rector y activista antivillarroelista— relató que, en junio de 1945, Ormachea fue nombrado nuevamente rector de la UMSA y que ese suceso fue el primer paso para la victoria de la “Revolución de 1946”.

Junio. El matutino La Razón, en El movimiento del 13 de junio dio origen a la revolución libertadora, publicado el 22 de julio de 1946, contó que “el levantamiento de junio de 1946, que tuvo conexiones con universitarios y obreros, precipitó los acontecimientos que culminaron con las acciones gloriosas en que el pueblo, con sus propias manos, sin armas, con el pecho vibrante de indignación, recuperó su libertad”.

“El pueblo de La Paz había destruido un nido de resistencia del nazismo al dar fin con el gobierno de Villarroel. Precisamente la prensa adicta al nazismo, que aún la hay en algunos países vecinos, trata de sostener ahora que gente del hampa fue armada por los Estados Unidos para acabar con este régimen (…)”, comentó, a su turno, Última Hora, el 27 de julio, en Niños, universitarios, obreros, fabriles, mujeres y artesanos hicieron la Revolución.

En La revolución frustrada del 13 de junio fue planeada por un grupo de jóvenes valientes, El Diario, el 3 de agosto de 1946, informó que el subteniente Antonio Soliz Gamarra —uno de los autores del “fracasado” levantamiento del 13 de junio— reveló que “entre los conjurados no faltó un delator. La revolución la denunciaron y fueron encarcelados los dirigentes (periodistas, catedráticos, universitarios, obreros y oficiales). Pero, este proceso iba a tener éxito el 21 de julio de 1946”.

Julio. Última Hora, el 1 de agosto, en Cómo se gestó la revolución en el seno del Universitariado de La Paz (sic), hizo su cronología de los hechos. Contó que la rebelión fue retomada el 10 de julio, cuando los maestros acordaron con la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSA su “efectiva cooperación” en su paro de labores. Al culminar la sesión, los asistentes se dirigieron a la plaza Murillo, donde fueron reprimidos. Ahí cayó herido el estudiante Bengel Gamberos, quien luego murió. Al día siguiente, la juventud “enardecida” se declaró “en sesión permanente” y enterró a Gamberos.

El 17, la universidad fue apedreada por “áulicos del Gobierno”. El 18, “200 universitarios marcharon entonando el Himno Nacional”. Ese acto generó una “represión”, donde murieron tres estudiantes. Luego, los manifestantes desarmaron a dos soldados, “conquistando una ametralladora liviana y un fusil del Ejército”.

Dos días después, la FUL logró el respaldo de otros sectores de la población. El sábado 20, se posesionó al nuevo Gabinete Militar, que “el tirano Villarroel había organizado ‘a su entera satisfacción’”. El 21 de julio, los universitarios “asaltaron” la Alcaldía y, luego, el Palacio de Gobierno, añadió Última Hora.

Ormachea. Los generales René Gonzales y Luis Iriarte, en Villarroel, mártir de sus ideales y el atisbo de la Revolución Nacional, revelaron que Villarroel, el 18 de julio, “preocupado por encontrar solución a los hechos de violencia”, recibió en su despacho al rector Ormachea. Él se comprometió a “poner fin al desorden, (…) previa exigencia de una crisis ministerial, imponiendo la salida de los ministros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Víctor Paz Estenssoro, Germán Monroy Block y Julio Zuazo Cuenca”.

El 19, el presidente Villarroel, “en la confianza del convenio que tuvo con Ormachea, jefe de la subversión; y concedida que fue la renuncia de los ministros del MNR, se acogió a reorganizar su gabinete netamente militar, parece que de una parte el Presidente fue engañado; de otra, la medida no se ajustaba a los términos de prioridad, puesto que la contrarrevolución no solo buscaba un simple cambio de hombre, sino la caída del régimen revolucionario”, agregaron.

Así, entre el 19 y 20 se logró “el retiro del MNR, impusieron un gabinete que convino en retirar a los soldados y carabineros de las calles y exigieron la renuncia de Villarroel, con lo que el Ejército acabó por dividirse”, concluyó José Fellman Velarde en Historia de la cultura boliviana: fundamentos socio-políticos.

UMSA. Tras la “victoria de las armas, empujadas por maestros, universitarios y el pueblo (…), fue solicitada clamorosamente la presencia del rector de la UMSA en el Palacio de Gobierno para asumir, provisionalmente, la suprema jefatura de la nación, conjuntamente con ciudadanos destacados y representativos de los distintos sectores del pueblo; pero él (…) se negó a aceptar el elevado sitial que se le ofrecía”, informó La Razón el 25 de julio de 1946.

En esa misma oportunidad, Ormachea Zalles “expresó que el movimiento había sido gestado en la UMSA en defensa de las leyes y para imponer el respeto a las instituciones patrias (…)”.

En su texto Culpables, el periodista Carlos Montenegro describió al rector Ormachea como “millonario”, “militante” del Partido Liberal, “adicto de las finanzas de (Simón) Patiño, el monopolio de los ferrocarriles y los bancos particulares” y responsable del asesinato del Presidente.

Policía. El entonces universitario Guillermo Lora —en Manifiesto de la Liga Universitaria Socialista, incluido en sus Obras completas (1942- 1947)— puntualizó que “Ormachea hizo de la universidad autónoma un feudo rosquero”, camarilla que es algo así como un “apéndice de la masonería”.

Después del magnicidio de 1946, según el “Comunicado N° 4 de la policía universitaria” firmado por Luis Ramos y Arturo Vilela, publicado en La Razón del 22 de julio, los estudiantes sublevados se ocuparon de la seguridad de la “Revolución del Pueblo”.(*)Miguel Pinto P. es periodista

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EXMINISTROS: FFAA Y POLICÍA, IDENTIFICAR SIN PREJUZGAR

El problema es determinar la forma de ‘insubordinación’ o rebelión que hubo en la crisis de 2019, y asumir esa decisión.

El Alto Mando de las Fuerzas Armadas, cuando daba la ‘sugerencia’ de renunciar al entonces presidente Evo Morales

Por Iván Bustillos

/ 11 de julio de 2021 / 20:51

El punto sobre la i

La historia nunca deja de ser implacable; como dicen los mayores, al final, siempre se sabe la verdad. El dirigente de Soberanía y Libertad (Sol.bo) José Luis Bedregal, en varias oportunidades, propuso que para esclarecer lo que pasó en la crisis de octubre-noviembre de 2019 acaso lo mejor sea esperar a que pase el tiempo, a que se calmen los ánimos y que los hechos se puedan ver con mayor objetividad. Es una posibilidad. Pero cabe preguntarse: ¿alguna vez se habría conocido “la verdad de los militares” si es que la Fiscalía no les convocaba y se tenga por lo menos la versión de uno o dos comandantes? Mejor saber así que nunca saber, se dirá. Y si algo tiene de ventaja la “verdad judicial” (“la verdad y nada más que la verdad” con la mano en la Biblia) es que causa Estado, por ella la gente va a prisión o sale libre. Siempre habrá una versión distinta de otra, diferentes puntos de vista, de un mismo hecho. Pues bien, acaso lo que toca a la actual generación sea ordenar los hechos y determinar qué versiones se acercan más o menos a los mismos.

En lo que sigue (es necesario reiterarlo) se anota la mirada y testimonio de dos ministros del último gobierno de Evo Morales, el de Defensa, Javier Zavaleta, y de Gobierno, Carlos Romero (más del primero), a propósito de la referida “verdad de los militares”.

El punto es si hubo, y cómo, insubordinación o un acto consecuente de rebelión (legítima, según las oposiciones al MAS), y en últimas quiénes fueron los responsables y, también, quiénes no.

“Cuando se habla de Fuerzas Armadas, siempre hago una diferencia; si bien se habla de un acto de insubordinación y un golpe de Estado, no hablamos de todas las Fuerzas Armadas, sino de un grupo de oficiales”, remarcó Zavaleta en el programa de La Razón por internet Piedra, papel y tinta del jueves 8; en ese momento hubo, dice, “oficiales responsables y leales a la Constitución y al régimen establecido”, esos que, por ejemplo, alertaron que en el occidente del país estaban sobrevolando aviones caza sin que ni el Presidente ni el ministro lo hubieran ordenado; peor cuando luego se supo que en la frontera entre Oruro y Potosí habrían disparado a manifestantes. La explicación que dieron los militares, cuenta Zavaleta, fue que se trataba de “vuelos de rutina”.

Y aquí, el exministro propone identificar quién se insubordinó, algo que debe esclarecer la actual investigación fiscal: “hay que determinar quién es el responsable, si los pilotos se insubordinaron, si el comandante del grupo aéreo o el comandante de la Fuerza Aérea, ¿quién tomó la decisión?”

Y como una forma de relativizar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la insubordinación, Zavaleta insiste en dejar sentado que, por ejemplo, no se constató movimiento de tropas terrestres: sobre unas imágenes (de video) del ejército por tierra que se difundieron luego, afirma el exministro, “no hay evidencia de eso; no hemos encontrado evidencia de que se haya movilizado tropa; por eso, cuando sale este comunicado (en que las FFAA anuncian que saldrán a reprimir cualquier movilización en que se use armas), verificamos si alguna unidad militar iba a salir, y ninguna lo hizo”.

Un hecho que reitera Zavaleta es que “hasta el último momento” los jefes militares le decían que estaban a sus órdenes y a las del Presidente, y que desconocían o no eran responsables de ciertos hechos, como el referido comunicado de que las FFAA iban a salir a reprimir a la gente armada: “Hablamos con (Williams) Kaliman sobre este comunicado y él responsabilizó al jefe de Comunicaciones, que lo habría hecho sin autorización…”

“Hasta el final, en todas las conversaciones que yo he tenido con ellos, ellos insistían en que no fueron parte del golpe; que fueron otros que lo hicieron, o que lo que hicieron no era un golpe, sino simplemente, como dice el general Jorge Terceros en su declaración, hacer quedar bien a las Fuerzas Armadas en un momento de quiebre”.

Luego de que a Morales se le negara el uso del avión presidencial para ir a Chimoré, otra vez hubo la actitud de eludir la responsabilidad, detalla. Después de que el oficial a cargo le dice que él ya no recibía órdenes ni del ministro ni del Presidente, Zavaleta indaga con Kaliman y Terceros: “Ahí es donde me dicen que ellos no habían dado ninguna orden, que no sabían de ese incidente y que no tenían nada que ver con eso, dándome a entender que eran otras las personas que estaban tomando decisiones por ellos; eso dijeron Kaliman y Terceros”.

Y, claro, esto ya toca el plano personal, del honor, cuestiona Zavaleta: “Es una falta de seriedad para con tu propio cargo, con tu uniforme y con tu institución”. Para este momento, recuerda, se había instruido a la guardia presidencial “tener las armas cargadas”, por si la situación empeoraba. “No podíamos permitir ningún tipo de agresión contra el Presidente ni contra nadie, e íbamos a reaccionar también; y se lo planteé yo a ellos y finalmente no sé quién da la instrucción para que ese oficial transporte al Presidente para llevarlo a Chimoré”.

Zavaleta también propone sopesar el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía en el derrocamiento del gobierno del MAS; la que verdaderamente cambió el rumbo de la historia fue la Policía, sostiene: “Yo creo que el papel de las Fuerzas Armadas en todo este golpe, si bien ha sido importante, no ha sido ni definitivo ni desequilibrante; si se evalúa lo que desde hace días estaba pasando, lo desequilibrante es el motín policial; ese es el momento en que la movilización (de sectores sociales) toma otras características”; ya no se trata solo de ciudadanos movilizados. Es más, el motín policial ya no es solo el clásico motín, el acuartelamiento, encerrarse y exigir que se les cumpla alguna demanda; sino que “de civiles y, como se ha visto en algunas imágenes, salen con sus uniformes y con sus armas de fuego, y emitiendo declaraciones amenazantes contra el presidente Evo Morales”.

En lo relativo a la conferencia de prensa del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, el domingo 10 de noviembre (cuando Morales y García Linera renuncian), en la que “sugieren” al Presidente que renuncie, el general Terceros en su declaración ante la Fiscalía da a entender que se trató de una idea del general Kaliman, que a las 15.30 ya sabía que Morales iba a renunciar, y “para hacer quedar bien a las FFAA”, había que elaborar una nota de prensa, y, otra vez la práctica de delegar, se encomendó su redacción al director de Comunicación y a un abogado. Luego de que se cambió “pedir” por “sugerir”, Terceros de nuevo deslinda responsabilidad, suya y la de los jefes que acompañan a Kaliman en la lectura del comunicado: (Kaliman) “nos ordenó que salgamos afuera, que él daría lectura a ese comunicado de prensa; ya estando afuera, él ordena que nos pusiéramos detrás de él y dio lectura al comunicado”. Y como “solo el Comandante de Fuerza (Kaliman)” puede emitir tal comunicado, remarca Terceros, “no hubo reunión, no hubo deliberación, simplemente fue el criterio del comandante”.

Para Zavaleta, sugerencia o demanda es irrelevante. Es aquí cuando el exministro ubica la insubordinación ya pública del Alto Mando. “Lo cierto es que ahí tomaron una decisión política; todos los de la foto, Kaliman y su Estado Mayor y los tres comandantes de Fuerza tomaron una decisión política y la hicieron pública”. Esto implicaba dos hechos punibles, acusa: deliberaron, “tomaron posición política”; y, convocaron a conferencia de prensa sin la debida autorización del Ministro o del Presidente, “siempre ha sido así, en este caso no lo hacen, saltan la cadena de mando, se insubordinan; son dos actos por los cuales tienen que dar cuenta”.

Otro espacio de insubordinación, destaca el exministro, fue el aeropuerto de Chimoré, específicamente la terminal militar y el intento de retener a Morales en la misma. La pregunta es, dice, “¿qué objetivo tenía llevarlo al Presidente en ejercicio, porque no había renunciado todavía, contra su voluntad a una unidad militar, insubordinada, además?; si eso no es un secuestro, qué es”.

En cuanto a la demora del permiso para que ingrese el avión mexicano, el general Terceros en su declaración a la Fiscalía en una larga relación señala que el problema era que en la misión escrita de la aeronave estaba “Transporte de militares y personal de Cancillería de México”, y que por eso él no podía autorizar su ingreso, que eso estaba reservado a la Asamblea Legislativa Plurinacional… Y, claro, como la Asamblea no estaba reunida, la solución que dio Terceros, dice, es que la Embajada de México cambie la misión a “Apoyo humanitario”.

Pero he aquí que ante la demora, según Terceros, surgió aquello de la “amenaza” de Morales y García de que si no autorizaba al avión mexicano, él sería “culpable de que los 15 mil compañeros que estaban bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad” (Evo), a lo que Terceros le habría respondido: “Por favor no hagan eso, cómo va a hacer eso, ordéneles que se vuelvan, que no cometan eso…”

“En definitiva, había una intención de demorar el vuelo”, cuestiona Zavaleta. Y toca a los comandantes, aclararlo. Pero he aquí un hecho que Terceros sugiere en su declaración: otros “oficiales superiores querían desconocer al Mando Militar”, que presionaban a que las Fuerzas Armadas “salgan a las calles a defender al pueblo, que se estaban enfrentando unos a otros, que rebasaron a la Policía” (declaración a la Fiscalía).

Si Terceros fue quien quería demorar el vuelo del avión mexicano, debiera decirlo, fustiga Zavaleta, pero “si no fue, porque yo tengo información de que había otros oficiales por detrás que presionaban a los comandantes para hacer una u otra cosa (o incluso si eran civiles, como Luis Fernando Camacho o Tuto Quiroga), que lo diga también”.

El exministro de Gobierno Carlos Romero, por su parte, de plano afirma que no es cierto lo que dice Terceros en su declaración, de que él (Romero) estaba a cargo de 2.000 personas para intevenir los bloqueos callejeros en La Paz.

Para el exministro, la insubordinación en la Policía fue de más largo aliento y más extendida.

“La Policía dejó de obedecer muchos días antes del motín, no podría decir que se involucraba a toda la institución, pero sí a algunos organismos y unidades”, destaca la exautoridad.

Más extendida geográficamente; siendo su labor la de preservar el orden público, la insubordinación se la llevó adelante bien por acción, bien por omisión.

Se trató de hechos recurrentes. “Se pudo ver que sospechosamente en algunos lugares los policías fueron rebasados por grupos de choque que tomaron tribunales electorales, que los incendiaron; que no se prestó auxilio oportuno a autoridades agredidas, como la exalcaldesa de Vinto; que hicieron una protección a Camacho sin pedir autorización absolutamente a nadie, lo hicieron por cuenta propia; que cuando quemaron casas de autoridades del MAS en Potosí no hicieron nada para preservar el orden; que efectuaron la escolta a un bus de cooperativistas mineros que se dirigían a La Paz para reforzar la movilización contra el gobierno del MAS”, entre otras acciones, detalla Romero.

El exministro de Defensa Zavaleta concluye que dos hechos completaron la insubordinación militar y policial. Lo nuevo, asegura, fue (ciertamente con buena dosis de ingenuidad) la creencia en el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que no creían que “iba a tomar posición, y decir que hubo fraude, actuar como un interventor, violento, amenazante en el país”, cuando como diplomático lo único que le correspondía era apaciguar, esperar al resultado final oficial del cómputo.

Lo segundo que deplora es la actuación de Kaliman, un general muy cercano a Evo Morales, “trabajó 10 años con Evo; a veces confiaba más en él que en el ministro de Defensa”. 

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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