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Los países tienden a buscar soluciones más allá de las convenciones

La conclusión de UNGASS es que los Estados afectados por la problemática de las drogas cambiarán sus políticas hacia una flexibilización por encima de las convenciones.

/ 9 de mayo de 2016 / 04:45

Se esperaba que la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS 2016) sobre la problemática de las drogas sería definitiva para cambiar el enfoque de “guerra total contra las drogas”; perspectiva ésta que, como se sabe, ha costado violaciones a los Derechos Humanos y una cuota de sangre (además de otros serios daños) pagada por los eslabones más débiles, como los habitantes de países de América Central, por ejemplo.

Tras una declaración con algún cambio de nomenclatura favorable a un futuro nuevo enfoque y cierta aceptación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la flexibilidad por parte de los Estados dentro de las normas del sistema, que no se pudo modificar, la conclusión de UNGASS es que los Estados afectados por la problemática de las drogas cambiarán sus políticas hacia una flexibilización por encima de las convenciones. Animal Político estuvo en Nueva York durante la reunión que en determinado momento se esperó sea histórica, y si bien lo fue, no lo hizo en el sentido en que la sociedad civil esperaba.

En la inauguración de UNGASS, el 19 de abril, Werner Sipp, presidente de la Junta  Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), defendió la arquitectura legal internacional, que consta de tres pilares: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971; y, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. En resumen, Sipp señaló que en ninguna parte en estas convenciones se dice que haya que iniciar una guerra, violar los derechos humanos, o encarcelar a los consumidores de estupefacientes…

CONVENCIONES. Hay que conceder que lo dicho por Sipp es cierto, sin embargo, no hay que olvidar que el espíritu de las convenciones alienta la estigmatización de los problemas relacionados a los estupefacientes, estigma que ha derivado en el enfoque de guerra, violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento a los consumidores, etcétera; es decir, han promovido que la problemática de las drogas sea tratada como si fuese un tema de seguridad y no de salud (la nueva declaración concede encarar el problema en “equilibrio” entre seguridad y salud).

Según el embajador de Uruguay en las Naciones Unidas, Milton Romani, el problema abordado desde una guerra se debe a una “interpretación sesgada” de las convenciones.

La declaración de UNGASS 2016 concede aceptar la flexibilización: “Reconocemos que existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, los cuales ofrecen a los Estados parte suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades, de conformidad con el principio de la responsabilidad común y compartida (noción que es la gran victoria de la segunda UNGASS en 1998) y con el derecho internacional aplicable”.

Lisa Sánchez —directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia y miembro de la delegación oficial de México en los tres años de preparación de UNGASS— juzga no sin ironía el reconocimiento a la flexibilidad de la declaración final: “Lo que pasa en el documento es dejar pasar la noción de flexibilidad dentro de los tratados, para decir: ‘mira, seguimos juntos, pero cada quien va a pasar a hacer lo que quiera por otros lados’. No es mi posición favorita, debimos tomarnos en serio la reforma del sistema y no que levantáramos las manos y que cada quien haga lo que quiera hacer. Es, no obstante, algo que intenta dotar de coherencia al hecho de que a niveles nacionales e infranacionales se están cambiando las cosas”.

En realidad, eso ya comenzó a suceder desde hace unos años y Uruguay es un ejemplo. En las intervenciones de UNGASS se vio que es precisamente lo que se seguirá dando: los Estados flexibilizarán sus enfoques contra las drogas de acuerdo con sus prioridades, dada la rígida estructura de la normativa de las Naciones Unidas, la cual para ser modificada milimétricamente requiere la fuerza de liderazgos gigantes.

ESTADOS. Luego de las palabras de los directores de las agencias competentes del sistema de Naciones Unidas, como la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (UNODC), la JIFE, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Presidencia de la Asamblea General, vino la aprobación de la propuesta de declaración (punto 8 del orden del día) y, en un desafío a toda la lógica de causalidad, se pasó recién al debate entre los Estados Parte (punto 7 del orden del día) del documento ya aprobado…

La omisión del documento final de una mención desaprobatoria a la pena de muerte por posesión de sustancias (aplicada en algunos países del Asia, como Indonesia, entre otros) estuvo presente en una mayoría de las intervenciones de los representantes de los Estados. Ésa es una prueba del débil consenso que existió en relación a una declaración que fue rubricada por los mismos Estados que luego reclamaron dicha omisión… Empero, es en las intervenciones de los representantes de diferentes Estados cuando se manifiesta lo que Sánchez mencionaba sobre la flexibilidad que admite la declaración y que resumía como “seguimos juntos, pero hacemos lo que queremos”, es decir, los cambios de enfoque por encima de las convenciones.

URUGUAY. El país oriental fue de los más ovacionados por el público de la sociedad civil. Uruguay es un ejemplo al momento de tomar medidas que van más allá de las convenciones prohibicionistas, al haber legalizado la producción y consumo del cannabis, lo que en su momento fue cuestionado por alguno de los 13 miembros de la JIFE.

En su breve intervención de poco más de dos minutos, el representante de Uruguay, Romani, lamentó que la declaración sea fruto de un consenso que no refleja todas las voces del proceso preparatorio; que el documento no incorpore la moratoria a la pena de muerte, que vulnera el primero de los derechos humanos, la vida; que no se haya incorporado la despenalización de la tenencia de sustancias hoy controladas para uso propio; que no hubo un balance serio de las metas; y la resistencia a adoptar el modelo de reducción de daños “que tantos beneficios ha tenido para contener realidades angustiosas”.

Tras una serie de intervenciones que no vale la pena reproducir,  vino Jamaica, que vive un caso similar al de Bolivia, pues defiende el consumo tradicional de una de las tres plantas prohibidas por las convenciones: el cannabis (las otras dos plantas prohibidas son la coca y la adormidera). En su intervención expresó que el documento no satisface sus expectativas porque no se reconoce el uso tradicional del cannabis.

GUATEMALA. Jimmy Morales, presidente de Guatemala (uno de los países que solicitó la realización de UNGASS 2016, golpeado por la violencia de las maras), hizo votos por una política de drogas “más humana” enfocada en la salud en lugar de la punición, una política “que ponga a las personas por encima de las sustancias”. Manifestó que debe darse el hecho de que cada Estado tenga su política que se ajuste a su realidad, lo cual, como se dijo, es lo que viene pasando y continuará sucediendo luego de que UNGASS no modificó la arquitectura de la normativa internacional.

MÉXICO. La verdadera sorpresa, con un discurso que no se esperaba sea tan progresista, la dio Enrique Peña Nieto, presidente de México (país herido por el enfoque actual y que como Guatemala solicitó la realización de UNGASS 2016). Peña Nieto asumió el liderazgo del cambio de la política de drogas, aspecto que hay que reconocer, aunque sea un político cuestionado por otras razones no menores…

Las intervenciones de la mañana del 17 eran más bien monótonas, con las excepciones registradas previamente. Los representantes celebraban el consenso y explicaban qué habían hecho en sus países y, con anterioridad, en la misma orientación de la declaración aprobada. Hubo movimiento en la sala con la llegada de Peña Nieto y su comitiva…

“Como pocos, conocemos las limitaciones y las dolorosas implicaciones del paradigma eminentemente prohibicionista (de la lucha contra las drogas)”, señaló el Mandatario mexicano una vez en la testera.

“Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los Derechos Humanos. (…) Este cambio de fondo, implica modificar el enfoque eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad, no a las sustancias ni a los procesos judiciales, en el centro de nuestros esfuerzos”, dijo al virar la atención desde la sanción hacia la regulación. Esto provocó una ovación a un mandatario poco acostumbrado a ser aplaudido. El no estar habituado a las aclamaciones, Peña no hizo la respectiva pausa del orador diestro para permitir el halago y siguió hablando, tal vez creyendo que era abucheado; esto se repitió en las varias ovaciones que los espectadores de la sociedad civil le regalaron.

“La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad”. Sucedió otra aclamación.

“En próximos días, el Gobierno de México expondrá las acciones específicas que se tomarán en esta dirección, en apego a los principios de salud pública y Derechos Humanos que hemos propuesto en esta Sesión Especial”, culminó entre aplausos un presidente cuestionado. Lo cierto es que no pasó un día y Peña Nieto mandó a su Congreso elevar la posesión legal del cannabis a 28 gramos y pidió la aprobación de la norma. Dicho y hecho, puede decirse.

COLOMBIA. Colombia, país que ha vivido de cerca los estragos del enfoque de guerra contra las drogas, es otro de los Estados que solicitó la UNGASS 2016. Si bien Juan Manuel Santos no pudo superar a Peña Nieto, quien le robó las cámaras, dio un discurso progresista —el 22 de abril— acompañándolo de hechos que van haciéndose realidad por encima de las convenciones y bajo la premisa de que una paz definitiva en Colombia fracasaría si no es acompañada de una nueva política de drogas.

“Debemos reconocer, con la mano en el corazón, que, así como no tenemos un mundo libre de alcohol ni libre de tabaco ni libre de violencia, no tendremos un mundo libre de drogas”. UNGASS 1998 se propuso un mundo libre de drogas para 2008; obviamente se fracasó y se fracasará en una meta de esa índole, por eso es importante el reconocimiento de Santos.

También habló de la regulación del consumo en sustitución de la penalización: “Las cárceles son para delincuentes, no para adictos, que, dicho sea de paso, en la cárcel se vuelven delincuentes. Sigue pendiente reconocer que las medidas represivas han recaído de manera desequilibrada sobre los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico”.

BOLIVIA. Al igual que Santos de Colombia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, no intervino sino hasta el día del cierre de la Asamblea General. La diferencia está en que Colombia fue líder activo durante todo el proceso preparatorio de tres años en Viena, y Bolivia no jugó ningún rol, lo que llama la atención, ya que el país vive la problemática y podría haber liderado el nuevo enfoque con su experiencia, al ser un país productor y de tránsito de cocaína.

El discurso de Morales tuvo un punto importante y en consonancia con todo el debate del proceso preparatorio en Viena y el de tres días en Nueva York: Bolivia, sostuvo el Mandatario, “considera la necesidad de un debate amplio y diverso (sobre el enfoque del problema de las drogas) basado en las realidades de cada país en el marco de la soberanía”.

El resto del discurso de Morales no se enfocó a lo que se vino discutiendo durante tres años, y parecía dejar de lado lo que se había hablado días antes en esta Asamblea General, ya que el Presidente se centró en el trasfondo geopolítico de la guerra contra las drogas, cuando el debate en esta UNGASS específicamente giró alrededor de la protección del derecho humano a la vida y a poner a las personas por encima de las sustancias, en un deseable nuevo enfoque, tal como se vino reflejando en esta nota.

Las recomendaciones de Morales fueron por el lado de que “la mal llamada guerra violentó la soberanía de los pueblos, siendo un mecanismo de intervención”. Tal vez un discurso exclusivamente político que aborde las preocupaciones del Mandatario en relación a Estados Unidos y su intervencionismo habría sido más auspicioso; sin embargo, se notó que leyó un discurso preparado por su equipo cuando enumeró una serie de estadísticas…

Recomendó: “disolver la DEA, cerrar bases norteamericanas, acabar con el intervencionismo, acabar con el secreto bancario”, todas cosas importantes, pero que hacían disonancia con todo lo debatido. Su protesta por la criminalización de la hoja de coca fue oportuna, no obstante.

No existió ningún rol de Bolivia en la fase preparatoria de UNGASS, no interesaron los problemas de los vecinos latinoamericanos que pagan con sangre y violencia el enfoque de la guerra contra las drogas. Mas, una alianza solidaria siempre es posible: a esas naciones les interesa disminuir los terribles daños del enfoque prohibicionista (de los que Bolivia no debería sentirse libre) y al país, lograr el reconocimiento del consumo tradicional no solo en Bolivia.

“La realidad es que Bolivia (…) no volvió a figurar de manera representativa, y cuando se le pide expresamente la opinión, es un país que sabe defender muy bien los usos tradicionales de la hoja de coca, pero que fuera de eso parece no entender que el panorama es mucho más amplio (…), pues afecta a América Latina de una manera muy desigual, de una manera muy aguda y muy violenta. En ese sentido, Bolivia tendría que tener una posición mucho más de avanzada y de solidaridad con países que han pagado tanto”, menciona  Sánchez, directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, que fue parte de los tres años preparatorios de UNGASS.

En todo caso, el balance de la Sesión Extraordinaria es claro: los Estados flexibilizarán sus políticas independientemente de las convenciones: Chile lo está haciendo con el uso medicinal del Cannabis, Colombia debate en su Congreso un proyecto de ley sobre la regulación de la marihuana medicinal, México lo hizo al día siguiente de hablar su presidente en UNGASS, Uruguay se anticipó unos años legalizando el cannabis, 23 de los 50 estados de Estados Unidos lo hicieron con el cannabis; Bolivia parecía que iba por ese camino al denunciar en 2008 la Convención de 1961, pero su retorno a la misma ciertamente representó volver a enmarcarse en la corriente tradicional de la guerra contra las drogas.

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El Mas se cohesiona, ¿cómo favorece a Arce?

El presidente Luis Arce y el MAS tendrían que convertir lo que dejó la marcha en acciones concretas de gestión pública.

El bloque nacional-popular, del que es parte el MAS, ha mostrado el alcance de su convocatoria; el problema es ¿cómo ayuda esto a su propio gobierno?

Por Iván Bustillos Zamorano

/ 5 de diciembre de 2021 / 21:08

El punto sobre la i

En verdad, la concentración en la plaza San Francisco y alrededores el 29 de noviembre, culminando la denominada Marcha por la Patria, debe ser, como dice el comunicador y politólogo Manuel Mercado, una de las más numerosas de los últimos 10 años. Sin embargo, hasta que no se pruebe de alguna forma el millón y medio de personas que se habría reunido, según el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, será un dato todavía incierto; pero, al margen de la cifra, lo que más valora Mercado es la capacidad que tuvo el “bloque nacional-popular” (que no se reduce al Movimiento Al Socialismo, MAS, insiste) de aglutinar a los sectores más diversos. “Es algo que no tiene que pasar desapercibido”, porque si hasta hace poco se hablaba mucho de las fisuras o fracturas en ese bloque, “hoy vemos que esas fracturas o no eran tan profundas o se están cerrando”, señaló Mercado en una entrevista junto a la socióloga Luciana Jáuregui en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta, del martes 30 de noviembre. “Vemos al Pacto de Unidad, junto a la COB, indígenas, al propio Instrumento Político y sectores urbanos” reunidos, ilustró Mercado la diversidad del MAS.

Para la socióloga Jáuregui, una de las finalidades no menores de la marcha ha sido establecer unas mínimas condiciones de gobernabilidad para el Gobierno nacional. “Materializar la fuerza electoral del gobierno de Luis Arce (el 55,1%), generar un escenario de gobernabilidad mínima para que pueda desempeñar sus funciones, frente a las amenazas de las oposiciones más radicales”, destacó la investigadora.

Calles. El MAS, coincidieron los analistas, necesitaba “recuperar las calles”, escenario que le habían arrebatado las oposiciones políticas, cívicas y de otros sectores, por lo menos desde 2019.

“Con esta marcha, el MAS recupera las calles, la marcha, la movilización, recupera la capacidad de convocatoria, y masiva”, señaló a este suplemento el politólogo Marcelo Silva.

Y he aquí el mayor reto que tiene el MAS tras la masiva marcha y concentración de la semana pasada, añadió Silva, y es el desafío de convertir esta muestra de unidad y cohesión que mostró en factores positivos para la gestión pública de su gobierno.

Ahora, si bien la Marcha por la Patria mostró capacidad de cohesión entre sectores, como apuntó Mercado en anteriores líneas, el otro problema, añadió Silva, es la cohesión y articulación, buena coordinación entre el trípode gobierno-partido-movimientos sociales, la mecánica básica de funcionamiento del MAS.

Hasta hace algunos meses parecía que estas instancias definitivamente no coordinaban.

Aquí hay un hecho clave que destacó Silva: que antes, cuando Evo Morales era presidente, esta articulación no era tanto problema, pues “Evo Morales capturaba las tres cosas, él era el Presidente, él era el jefe del partido y además era el líder nato de las organizaciones sociales”; ahora no hay ese escenario de coordinación.

Esta es la otra importancia de la marcha: al parecer es la forma de articular al gobierno, al partido y a las organizaciones sociales. Y al parecer también aquí Evo Morales puede cumplir un rol central: ser el articulador, el mediador entre esos tres ámbitos (gobierno, partido y organizaciones). Esto es una necesidad ya no solo del MAS, sino del propio país, insistió el politólogo: de cómo el actual partido en el poder logra hacerse eficiente en la gestión pública sobre la base de una productiva coordinación entre la burocracia, el partido político y los movimientos sociales.

Si el MAS logró este desafío, aseveró Silva, se verá “en el ámbito de la gestión, porque esta estructura de poder político tiene que transmitirse al ámbito de la gestión; veremos si el gobierno de Luis Arce, ahora aparentemente fortalecido, es capaz de transformar ese poder político, esa estructura de unidad en políticas públicas, en determinaciones gubernamentales”.

Ahora, si la marcha ha hecho ver cómo está la cohesión entre sectores sociales, la cohesión y coordinación entre el trípode gobierno-partido-organizaciones, también debería resolver la cohesión deseable entre tendencias políticas, de liderazgos, al interior del MAS, insistieron Mercado y Jáuregui.

RODWY CAZÓN

RODWY CAZÓN

RODWY CAZÓN

RODWY CAZÓN

RODWY CAZÓN

MOVILIZACIONES. El lunes 29 de noviembre, en realidad hubo dos grandes marchas: la más numerosa, que venía de Caracollo (Oruro) y era encabezada por Evo Morales, y la que partió de la Cumbre del camino a los Yungas de La Paz.

Tendencias. La marcha, provocó la socióloga Jáuregui, también se la puede ver como el nuevo mecanismo de articulación, de juego, entre las tres mayores tendencias políticas hoy en el MAS: las alas lideradas por Evo Morales, David Choquehuanca y Luis Arce.

“De algún modo se ha encontrado un nuevo mecanismo de gestión de lo político al interior del MAS, que antes recaía en el liderazgo de Evo Morales, ahora no es menos cierto que sigue siendo importante, pero da la impresión de que se está construyendo una suerte de trípode, en el que el liderazgo de Choquehuanca, de Arce y de Evo se articulan a través de sus bloques sociales. El bloque de Choquehuanca, que tiene una base más campesina de Los Andes; el de Morales, que cuenta con una base cocalera fundamentalmente; y la burocracia, con Luis Arce”, describió Jáuregui la otra compleja articulación a lograr.

Luego, otro problema de la marcha es su señal “hacia afuera”, lo que puede significar para el resto, tanto de los sectores sociales como de los partidos.

Desde una perspectiva más bien crítica, la socióloga cochabambina María Teresa Zegada observó que la Marcha por la Patria, con toda la legitimidad que pueda tener, “lamentablemente se ha visto contaminada” por la mezcla y confusión en que ha caído entre los intereses partidarios (de reorganización, posicionamiento, etc.) y los intereses propiamente estatales, entre el interés partidario y el interés público.

Esta mezcla o superposición de lo estatal con lo partidario antes que un beneficio para el MAS redundará en un perjuicio, apuntó Zegada: la dinámica de organización de su base social, por ejemplo, no es autónoma, netamente partidaria, sino más bien está contaminada por el poder desde el Estado.

Aquí, Mercado llamó la atención sobre una suerte de reposicionamiento del MAS. “La señal externa que envía esta marcha no es ‘somos mayoría’ [eso lo dice el propio 55,1%], sino que dice ‘estamos movilizados’, esto es lo que la marcha le dice al país; cosa que no podía decir, por ejemplo, en 2019, cuando te encontrabas a un bloque nacional-popular desmovilizado, desmoralizado, que no tenía el control y presencia en las calles”.

Para la socióloga Jáuregui, hacia lo externo, la marcha también muestra la posibilidad del MAS de replantear su proyecto político, de “irradiarse” hacia las clases medias.

“La pregunta es de qué forma la marcha impacta entre las clases medias, porque las clases medias es donde se juega el verdadero terreno de la lucha política, y aquí el desafío del MAS está en transitar del momento de la fuerza al momento de lo político, y esto quiere decir que no se trata solamente de ocupar el espacio físico, el centro físico (de la ciudad), sino de ocupar el centro político, y esto necesariamente tiene que pasar por la reactualización de su proyecto político, por el acercamiento a las clases medias; la contundencia de la marcha no tiene que significar una clausura para el MAS, al contrario, tiene que convertirse en un nuevo momento para pensar cómo se puede irradiar el MAS hacia los sectores medios”, verdaderamente provocó Jáuregui.

Para Mercado, es un problema de ubicación ya no solo del MAS sino del sistema político en general. “Todo el sistema político está rezagado respecto a una nueva realidad cultural, social y económica”

Desafío. El MAS, en particular, dijo el comunicador, “no está pudiendo entender cuáles son los nuevos vectores sobre los cuales se está moviendo la sociedad que el mismo MAS ha ayudado a generar [la bonanza de 14 años]: el reto del MAS es leer a esta nueva sociedad”.

En cuanto al futuro de la marcha, en el curso de la misma Marcha por la Patria, entre los marchistas, contó Evo Morales, surgió la idea de marchar lo mismo a Sucre para reclamar y apurar la aplicación de la justicia en los casos de las muertes y represión durante el gobierno de Jeanine Áñez.

Al respecto, tanto Silva como Zegada ven la peor perspectiva si es que el MAS empieza a abusar del recurso marcha. “Está bien eso de haber recuperado la calle, pero puede ser contraproducente hacer una constante de ello (la permanente marcha), una calistenia”, cuestionó el politólogo; peor por la época que se vive, cuando la gente está pensando ya en otras cosas “de fin de año”, aseveró.

De persistir en marchas para cualquier demanda, como es el caso de ir a Sucre a exigir celeridad, afirmó Zegada, es el camino al desgaste, no solo del partido sino de la sociedad misma, después de haber superado la crisis de 2019 y 2020. “El país quiere estabilidad política para poder enfocarse en los verdaderos problemas que está enfrentando la gente. Todo esto no deja de resonar como polarización política, cuando realmente se necesitan otras respuestas desde el poder público”.

Ya en una perspectiva más del MAS y del bloque nacional-popular, Mercado cuestionó: está bien que se haya logrado una masiva marcha, conseguido una mejor cohesión en los distintos niveles descritos, pero ahora ¿qué debe venir?

“Y la pregunta que hoy viene es: ¿y ahora qué? Porque no puedes reunir a más de medio millón de personas, generar una marcha de siete días que recupera la épica del proceso de cambio, de movimientos, organizaciones, sectores, regiones que han llegado desde diferentes lugares del país, para decirles, ‘bueno, gracias por la visita, nos vemos en las siguientes elecciones’. Tiene que condensarse esto en un hecho político que vaya más allá de la simple demostración de fuerza”, sentenció Mercado.

(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

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El complejo federalismo

Bolivia tiene un modelo de organización territorial que, más allá de su nombre, es más justo, liberador.

/ 5 de diciembre de 2021 / 20:47

DIBUJO LIBRE

Agotado su discurso coyuntural, hace unas semanas, el Gobernador de Santa Cruz lanzó, sin ninguna preparación ni reflexión, la antigua idea de discutir el federalismo como “una solución de fondo” ante el “centralismo del MAS”. “El masismo se ha hegemonizado en el Gobierno y juega con toda esa realidad, nos miente, nos divide y nos confronta solo para mantener ese poder en el centralismo”, dijo muy suelto de cuerpo, confundiendo organización del Estado con atribuciones de gobierno. Aquí unas reflexiones y datos históricos sobre cómo el tema del federalismo fue usado de pretexto para fines oscuros, mezquinos y sectarios, antecedentes que de seguro desconoce el atribulado gobernador.

Desde su fundación, sobre la base de las cuatro provincias altoperuanas que formaban la Real Audiencia de Charcas, Bolivia tuvo un tema irresuelto, que le acompañó durante los primeros 180 años de su vida republicana: la organización territorial del Estado; el fuerte debate entre centralistas y federalistas fue una constante durante casi dos siglos y fue usado como excusa para la movilización y la asonada militar en más de una ocasión. Basta recordar los debates entre Lucas Mendoza de la Tapia y Evaristo Valle en la segunda mitad del siglo XIX.

El federalismo fue utilizado por los liberales, encabezados por José Manuel Pando, para derrocar la hegemonía conservadora en la denominada Revolución Federal de 1899, una de las dos guerras civiles que vivió Bolivia. Bajo este argumento, Pando había hecho tres grandes promesas para conmocionar al país y lograr acabar con el conservadurismo del presidente Severo Fernández Alonso, las tres terminarían en graves traiciones. La primera promesa fue convertir al país en un Estado federal; concluido el enfrentamiento, Pando archivó la reforma en la Asamblea que se formó en diciembre de 1989, con el voto dirimidor de su afín Lucio Pérez Velasco. Los liberales se habían opuesto tenazmente a que los denominados Tratados de Transferencia suscritos con Chile en 1895, que eran favorables a Bolivia, entren en vigor; ellos planteaban la recuperación del litoral boliviano por la vía de las armas. Una vez en el poder, paradójicamente, fue el liberal Ismael Montes, sucesor de Pando, quien suscribió el ignominioso Tratado de 1904 con Chile; así se consolidó la segunda traición de los liberales. Pero, sin duda, la traición más grande fue a los indígenas dirigidos por Pablo Zárate Willca, que fueron utilizados para los fines políticos de los liberales. No se les concedió las reivindicaciones prometidas y, a más de ello, “Zárate, el Temible Willca” fue asesinado en su traslado de Oruro a La Paz, dizque en plan de fuga.

El 11 de enero de 1931 se dio en Bolivia un hecho sin precedentes. Por primera vez en nuestra historia, se llevó adelante un “referéndum popular”. En dicho acto democrático se aprobó, junto con otras ocho reformas, la descentralización políticoadministrativa del Estado; sin embargo, esta reforma fue la única postergada por el presidente Daniel Salamanca, supuestamente por la inminencia de la Guerra del Chaco. Nuevamente, Bolivia mantendría un sistema de organización territorial fuertemente centralista.

En la década de 1970, la lucha por las regalías petroleras departamentales, encabezada por el departamento de Santa Cruz, mostró una vez más la necesidad de modificar la organización territorial. Décadas más tarde, la reforma constitucional de 1995 aprobó un tímido y escueto cambio que establecía una falaz descentralización administrativa, de la cual derivó la Ley 1654, que hizo un remedo absurdo de descentralización, que no implicaba facultad legislativa para los departamentos, menos elección democrática de sus autoridades, manejo efectivo de sus recursos y peor competencias y facultades concretas.

Así planteadas las cosas, era obvio que este tema tendría una gran relevancia en el proceso constituyente refundacional que vivió Bolivia en 2006, y lo tuvo para bien de la nación. Empero, más allá del legítimo reclamo planteado, el tema fue abiertamente utilizado una vez más para enfrentar oriente y occidente con fines políticos poco claros de las élites que tradicionalmente habían gobernado la nación y que no aceptaban un cambio proveniente de un gobierno indígena. Así surgió el falso debate entre autonomistas y centralistas, no solo al interior de la Asamblea Constituyente, sino en todo el escenario político, cuando en realidad no había razón para ello. Bolivia iba a cambiar para bien su sistema de organización territorial.

La Constitución boliviana creó un innovador sistema jurídico-político con cuatro niveles de autonomía, siendo la más importante la departamental, que importó en realidad la nueva forma de organización territorial del Estado. Por primera vez, el nivel central cedió poder a los departamentos, no solamente en cuanto a organización política, eligiéndose directamente a autoridades ejecutivas y legislativas a nivel departamental, sino también en cuanto a organización económica, a través de un catálogo de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, que fue la clave para generar una autonomía ordenada y racional para el Estado.

Los gobiernos municipales resultaron fortalecidos con la nueva Constitución por varias razones: su sistema democrático de conformación fue ampliamente mejorado, poniendo como ejemplo solo el hecho de la elección de alcaldes y concejales en listas separadas; adquirieron capacidad legislativa en el ámbito de sus competencias. En los hechos, los municipios, principalmente rurales, adquirieron un gran rol protagónico, no solo por el nuevo marco constitucional, sino porque se convirtieron en el eje de una serie de políticas sociales características de un Estado social.

La autonomía regional se tradujo en un acto de justicia, de equilibrio y de igualdad para sectores como el Chaco tarijeño, que desde hace más de un siglo pretendió con justeza y razón tener un mayor grado de autodeterminación. Sin dejar de pertenecer a la estructura de nueve departamentos, la autonomía regional con capacidades ejecutivas trajo paz y unidad a las regiones, ratificando la existencia solamente de nueve departamentos, como manda el texto constitucional. La autonomía indígena originaria campesina, aún en proceso de desarrollo, fue la base para que los municipios por voluntad propia puedan convertirse en autonomías indígenas, adquiriendo capacidad de autogobierno sobre la base de usos y costumbres como fuente del derecho indígena.

Finalmente, en el marco de esta nueva forma de organización territorial, adquirió gran importancia el referéndum como mecanismo de democracia participativa. Fue introducido para aprobar estatutos autonómicos, cartas orgánicas, la conversión de las autonomías y la decisión final sobre los conflictos limítrofes, entre otros.

Consecuentemente, lo que corresponde ahora no es hablar por hablar, no es tratar de confundir, no es hacer lo que se hizo tantas veces en Bolivia, usar un pretexto para fines espurios.

A la luz de la lógica, la razón y la verdad, hoy, Bolivia tiene un modelo de organización territorial que, más allá de cómo lo denominemos, es más justo, liberador, genera amplias capacidades para los departamentos y, lo más importante, nos hace una Nación más firme y unida. Lo que corresponde es continuar implementando este modelo adquirido por la voluntad del pueblo y, en todo caso, perfeccionarlo. El debate está abierto.

 (*)Héctor Arce Z. es abogado, actual representante de Bolivia en la OEA

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La Marcha

La marcha es el mayor ejercicio político de manifestación y de acción de los grupos sociales/políticos.

/ 5 de diciembre de 2021 / 20:42

DIBUJO LIBRE

Agosto de 1986. Interminables columnas de gente marchaban por el altiplano boliviano, cinco mil mineros acompañados por sus familias se dirigían hacia la ciudad de La Paz. La caída de los precios internacionales de los minerales un año antes encerró a la vieja Comibol en un callejón sin más opciones posibles que el final de actividades en tantísimas unidades no rentables. Una situación de colapso económico, el peso de la deuda externa lograda por el gobierno militar de Banzer y sucesores, la descontrolada hiperinflación y el valor inexistente del peso boliviano, sumado a las dificultades políticas del gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, condujeron a un escenario donde Víctor Paz Estenssoro, recién convertido en presidente, pronunció aquella sentencia: “Compatriotas, Bolivia se nos muere”. Sobre aquella angustiosa situación de crisis, la debacle del sector minero llevó a que el gobierno decidiera empujar a miles de trabajadores de las minas hacia el desempleo. En un desesperado esfuerzo por mantener sus fuentes de trabajo, los mineros cesantes, contados por millares, se lanzaron a una marcha que les permitía abrazarse a un hálito de esperanza. Durante días, hombres y mujeres transitaron sobre aquella carretera que en aquel entonces era de una vía de ida y otra de vuelta. No había alegría, no era el hecho místico el que guiaba el esfuerzo en cada kilómetro. Un mal presentimiento cruzaba las sensaciones de aquellas mujeres y hombres. Cuando estaban a 57 kilómetros de La Paz, en Calamarca, una acción militar los detuvo, los dispersó y venció la decisión de su marcha. Resignados y con el espíritu quebrado volvieron a sus poblados y desde entonces su vida cambió fatalmente. Fue, bien podríamos decir, uno de los esfuerzos más dramáticos del sector obrero del país.

Las marchas son un hecho colectivo/ social. Son también protagonistas en la historia reciente de la construcción de nuestra democracia como un símbolo y una forma de visibilizar un hecho de máxima tensión. En el tiempo tuvieron diferentes significados y expresaron distintos sentires y preocupaciones, a momentos políticos, otras veces como un clamor de dignidad, pero siempre, siempre fueron Marchas por la Vida y la Patria. Marchan los humildes, los que la historia busca rendirlos, amansarlos, disciplinarlos, subyugarlos, obligarlos y derrotarlos. Marchan para ser, para estar, para decir, para gritar, para resistir. Marchan para defender aquello que históricamente nadie debió arrebatarles.

Una marcha es una manifestación y una manifestación en la calle es una expresión colectiva con fines de incidencia sobre coyunturas y hechos de contexto. En la primera mirada, una visión horizontal, sus participantes se caracterizan por una homogeneidad en el interés compartido; sin embargo, los perfiles, como también las finalidades, son diversos. Los distintos niveles de implicación exigen también que haya un abordaje necesario de ellos. Unos son participantes, místicos de un proyecto político, otros son militantes de la acción política que buscan diferentes acercamientos y recomposiciones del poder. Entre ambos coexiste una mutua necesidad que determina su vigencia y sus posibilidades. Quien participa y se inmiscuye en una forma de manifestación realiza un acto de involucramiento, lo que inicia el proceso de construcción de pertenencias, pues la manifestación es la acción más decidida de ser parte “de”, es el inicio de la acción política y el compromiso. A diferencia de las concentraciones multitudinarias, precisas en tiempo y lugar, las marchas implican el ejercicio de la travesía, en el que el colectivo social en movimiento socializa y construye la aventura de la utopía, del misticismo y de la causa. La marcha es el mayor ejercicio político de manifestación y de acción de los grupos sociales/ políticos. Es el camino que transfigura el movimiento social hasta convertirlo en movimiento político con potencialidad de ejercicio pleno de poder.

La marcha deja una agenda inextinguible a cumplir en el próximo tiempo: justicia ante lo sucedido en noviembre 2019, y deja también un mensaje: Bolivia será democrática y plurinacional o no será. Como se viene intentando desde la Corporación Mediática Empresarial, se quiere acostumbrarnos a pensar que son, quienes allí estuvieron, los miles de marchantes, nuestros abuelos caminando sobre el altiplano, las mujeres de pollera recorriendo el asfalto bajo la lluvia y el frío de la planicie, los jóvenes indestructibles a la fatiga del camino, todos ellos invisibles y en su lacónica mirada, un excedente demográfico que perturba su ideal de sociedad inmaculada y liberal. La agenda de La Marcha señala que Bolivia debe trabajar por la justicia. Una labor que en lo inmediato demanda reconstruir la memoria histórica de los hechos sucedidos aquel mes hace dos años, señalar las responsabilidades de quienes abrieron paso a la muerte, a la tragedia y al dolor de bolivianas y bolivianos. Pero la esencia mayor de esta agenda está en haber dejado una rúbrica a fuego de aquello que, estando irresuelto, impide la convivencia pacífica.

Justicia quiere decir terminar con el odio y con la mentira. El odio expresado por las viejas oligarquías a la diversidad de una sociedad abigarrada en miles de formas y colores de piel. Justicia no puede entenderse como abrir unas prisiones y cerrar otras. La justicia consiste en superar el estado de odio y de mentiras que lo sustentan. El odio es, en esencia, una mentira con rostro cambiado. Albert Camus hablaba de una filiación casi biológica entre odio y mentira, cual una máscara que se usa para actuar. La mentira transita hoy por las redes sociales y los medios que abandonaron la imparcialidad para ser maquinarias deformadoras de la noticia, una portavocía permanente del desprecio. A mayores expresiones de odio, mayores volúmenes de mentiras. Todos dicen ser justos y defensores de un humanismo acabado, ser también miembros del club de la democracia civilizada sin conocer qué expresa ello. Justicia no es una tregua necesaria y a momentos histórica, es la decisión urgente de terminar con las relaciones sociopolíticas racializadas, es un cambio estructural en las miradas societales, reconocer nuestras contradicciones de sociedad e intentar conciliarlas. Justicia es dejar de hablar y empezar a actuar, casi como un tiempo en el que las palabras se agotan y las acciones lloran por reemplazarlas.

La marcha fue reptando por toda la carretera desde Caracollo hasta La Paz, en todo su largo recorrer fue dejando un mensaje político evidente y una fuerte estela cargada de simbología, decía a cada paso que la patria es plurinacional, es diversa en su formación social, entonces también decía que las bolivianas y los bolivianos debemos ser compasivos con ella. La compasión tiene su mejor atributo en la imaginación, en el hecho de suponerse en el lugar del otro, sufriendo y padeciendo el desprecio cuando color de piel y origen condenan anticipadamente y excluyen. La comprensión ineludible y obligatoria de la plurinacionalidad, de parte de aquellos que la resisten política y socialmente, conduce a superar un pensamiento reducido a simples enunciados ante la realidad incómoda. Nadie puede pretender un modelo social y político en el que indios, campesinos, pueblos originarios, pero también asalariados, obreros e informales, deban mantenerse en una resignada condición de subalternidad.

(*)Jorge Richter R. es politólogo, actual vocero presidencial

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Lora, artífice del sóviet del 71

Reseña del libro ‘Guillermo Lora, el último bolchevique’, de Ricardo Zelaya. Un tema recurrente: la Asamblea Popular.

/ 5 de diciembre de 2021 / 20:36

SALA DE PRENSA

El libro Guillermo Lora, el último bolchevique, del periodista Ricardo Zelaya, narró, en 20 entrevistas y dos ensayos, la existencia de un hombre que entregó toda su vida por la revolución anticapitalista. Lora fue odiado y amado por muchos. Quizá por ello esta obra desató, una vez más, pasiones entre periodistas de medios escritos y digitales, quienes dieron un tratamiento ligero al tema.

Algunos aprovecharon el texto para justificar sus posiciones antigubernamentales. Otros lo usaron para etiquetar a periodistas que presuntamente militaron y simpatizaron con el Partido Obrero Revolucionario (POR). Incluso un comentarista, al final, tuvo que disculparse y “rectificar” públicamente sus opiniones a priori. Todo eso demostró la fragilidad con la que se encaró la obra inspirada en el también ideólogo de la “revolución permanente” en Bolivia.

Datos. Más allá de esas estériles apreciaciones, la publicación de Zelaya incluyó significativos sucesos que pueden y deben ser ampliados con información de hemeroteca y documentos de archivos.

Entre sus 444 páginas, por ejemplo, reveló el sospechoso accionar del exlíder de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Lechín en varios procesos revolucionarios y sus posibles vínculos con agencias de inteligencia, hechos descritos igualmente por el periodista Andrés Soliz Rada.

Además, presentó datos sobre la redacción de la Tesis de Pulacayo (1946); las masacres de Catavi (1942) y Sora Sora (1964); la ausencia de Guillermo Lora en la revolución de 1952 y la creación de la COB; la red de células poristas en la mina Siglo XX; las detenciones, torturas y confinamientos de luchadores de izquierda; los asesinatos, comandados por el capitán Zacarías Plaza, de César Lora (1965) e Isaac Camacho (1967); la huelga de hambre que derrocó al dictador Hugo Banzer (1978); las jornadas de marzo de 1985, y otros hechos históricos.

Asamblea.Un tema de indagación recurrente, en 15 de las 20 entrevistas del libro, fue la sangrienta derrota de la Asamblea Popular, en 1971. Varias de las fuentes primarias coincidieron en que la organización del también denominado “sóviet boliviano” comenzó tras la victoria de la huelga general decretada por la COB, que permitió el ascenso al poder de Juan José Torres, el 7 de octubre de 1970.

El POR, en esa coyuntura, era un grupo “pequeñísimo” pero con gran influencia ideológica. “No había mucha militancia, pero sí dirigentes mineros (…)”.

En la Asamblea, el universitario Víctor Sosa era buen orador, pero “no tenía mucho chance por ser de clase media”. Jorge Lazarte era un buen cuadro, pero “muy oportunista”. Quien más participó e “influyó” en la Asamblea fue Filemón Escobar. “Guillermo (Lora) casi no habló”.

Mineros. “En esa época escuchábamos a Filemón con respeto; para nosotros el obrero de Siglo XX era una enciclopedia, porque no te imaginas cómo eran esos mineros (…) no como los de ahora: tenían una lucidez, una forma de hablar y discutir, mejor a la de un catedrático. Cualquiera de esos obreros era maravilloso. Bastaba que dijeran que eran de Siglo XX y todos retrocedían. Sabían que estaban frente al jefe, que iba a decidir las cosas. Y ahí estaba Filemón y él aprovechó muy bien esa situación”, recordó una de las entrevistadas.

Las principales células poristas estaban concentradas en la Universidad Mayor de San Andrés y Siglo XX.

Durante la Asamblea Popular, las reuniones del POR se realizaban en una casa de la avenida Montes, propiedad de Beatriz Pérez. Ella, quien fue pareja de Lora durante casi tres décadas, contó: “Guillermo ahí hablaba. No había militancia organizada (…) se reunía gente que a la larga no le reportó mucho al partido. Además, no había tiempo, se vinieron muy rápido los acontecimientos”.

Ideólogo. Todos los entrevistados, sin excepción, coincidieron en que Lora —quien entró a la Asamblea como delegado de los artistas y pintores, junto a Alandia Pantoja— “ingresaba a las reuniones pequeñas y ahí manejaba todo”. Era el “artífice”, “teórico”, “redactor” de documentos y “organizador” de la Asamblea. Él estaba tras bambalinas.

Entre los mineros, además de Escobar, asistieron al cónclave obrero Cirilo Jiménez, Dionisio Coca, Arsenio Álvarez y otros.

Según testimonios, el momento de constitución del sóviet boliviano fue “extraordinario”: “El pensamiento del POR y el de la gente eran una sola cosa”. “Era un escenario radical”. “Estábamos en el hervor de esa sociedad que está queriendo nacer y que está queriendo morir. Ahí estás dispuesto a dar tu vida”. Pero vino el golpe y “desmoralizó y desubicó a todos”.

Armas. En ese marco, cuando se precipitó el golpe de Estado banzerista, el 21 de agosto de 1971, varios militantes poristas fueron a atacar a los marines, a una casa en Sopocachi, porque allí había armas. Pero un grupo de paramilitares los esperó y los ejecutó.

Lora fue con otros militantes a asaltar “La Victoria” —una tienda en la calle Socabaya, donde vendían conservas finas—, pues ahí tenían armas de caza. “Guillermo estuvo en la refriega y peleó con una escopeta que se llevó de ahí”.

El texto, además, incluyó contraparte. Filemón Escobar, acusado de “foquista” (seguidor del foco guerrillero), contó su versión de la fallida entrega de armas de Cuba a Bolivia.

Viborita. En la entrevista, Escobar advirtió a Zelaya: “Así vas a escribir, mierda, lo que estás grabando” y relató: “Yo fui a Cuba, cuando (gobernaba) Torres, y eso sabía Guillermo. Negociamos la entrada de armas”. “(…) Él me dio indicaciones de cómo entrar a las pistas de las minas (…) en aviones carniceros. A Fidel (Castro) le entregué eso y aceptó mandarnos armas. ‘Operación viborita voladora’ se llamó eso”.

Todo ese plan secreto fue frustrado por el cuartelazo de Banzer, el 21 de agosto de 1971.

Zelaya, en “Aporte de Guillermo Lora y el trotskismo a la comprensión de la formación social boliviana”, concluyó que “la Asamblea —inaugurada el 1 de mayo del 71 y truncada menos de cuatro meses después por un golpe militar preventivo enmarcado en la Operación Cóndor de matriz continental— no fue tan solo una circunstancia histórica excepcional, sino el desenlace y validación práctica de un amplísimo trabajo político y programático previo desarrollado durante más de un cuarto de siglo por Lora y el POR”.

(*)Miguel Pinto P. es periodista

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Piden que la OEA se haga cargo de su secretario Luis Almagro

Desde la diplomacia y la academia exigen un mayor papel de la Asamblea General y del Consejo Permanente.

Tras la elección del 20 de octubre de 2019, encontrar material electoral usado para muchos era ‘prueba del fraude’

Por Iván Bustillos

/ 28 de noviembre de 2021 / 17:37

El punto sobre la i

El “caso boliviano” en la Organización de Estados Americanos (OEA), la controversia que hay sobre el rol que tuvo el organismo en la crisis electoral y política de octubre de 2019 en el país, debe llevar a revisar ya no solo el papel del secretario general Luis Almagro, sino también de las propias Misiones de Observación Electoral (MOE), propuso Silvina Romano, politóloga, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

“Es importante que dentro de la OEA presionemos para que se haga un proceso de investigación de lo sucedido, ir por vías legales a ver cómo se puede generar un proceso de investigación no solamente de Almagro, sino de las misiones de observación electoral, para tener un precedente, cómo sabemos que esto no va a volver a suceder”, afirmó la investigadora en entrevista desde Argentina, el jueves 25, en el programa por streaming de La Razón, Piedra, papel y tinta.

Una de las secciones más emblemáticas de la OEA son las Misiones de Observación Electoral. Según informa el propio organismo, desde 1962 se desplegó más de 240 MOE en 27 países del continente. A la tarea básica de observación de determinado proceso electoral, de último señala su sitio web, “las misiones han ampliado el alcance de su trabajo” a “aspectos clave del ciclo electoral como la equidad de género en la contienda, los sistemas de financiamiento político, el acceso a medios de comunicación y la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes”. Durante la gestión de Almagro, desde 2015, se realizaron 71 misiones.

MÉXICO. Desde lo ocurrido en octubre de 2019 en Bolivia, es marcado el descontento de países como México y Argentina con la transparencia que ha mostrado el organismo sobre su actuación en el país hace dos años.

Específicamente sobre las MOE, el Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cancillería) de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, en un artículo en el periódico mexicano Excelsior (mayo de 2021) señalaba: “Hoy día, el secretario general sobrepasa su mandato, subordina la institución a intereses ideológicos y usa el peso institucional de la OEA como vehículo para posicionamientos parciales.

Este hecho afecta el funcionamiento de la organización y se refleja especialmente en las Misiones de Observación Electoral (MOE), las cuales se han desvirtuado para convertirse en instrumentos políticos y de injerencia en asuntos internos de los Estados miembros”.

Reyes Zúñiga cita el caso de Bolivia en 2019, “en donde la misión se convirtió en un actor político y electoral de facto, con incidencia directa en el lamentable curso histórico por todos conocido”. Si bien aboga por una reforma, por “recobrar la imparcialidad que les daba su carácter técnico”, ve difícil esta tarea “mientras persista una Secretaría General que obedezca a intereses propios”; aunque no deja de recordar un principio de la OEA: “Son los Estados miembros y no la Secretaría General los que deben decidir el rumbo de la organización y rescatar la valía de las Misiones de Observación Electoral, antes de que sea demasiado tarde”.

Tal como anunciara el representante boliviano ante el organismo, Héctor Arce, la posición de Bolivia es que se investigue el rol de la OEA en Bolivia en 2019 tanto en el seno mismo del organismo, con los mecanismos que se cuenta, como que se explore la posibilidad de acudir a una indagación “desde afuera”.

Para el Celag, el tema en primer lugar es desde dentro; impulsar a que la OEA se investigue y evalúe a sí misma; empezando por el caso boliviano.

“Desde Celag venimos trabajando e investigando las vías legales, dentro de la misma Carta de la OEA [el documento constitutivo del organismo], dentro de la normativa de cómo funciona la secretaría general, y que se puedan generar mecanismos de investigación de estas actuaciones”, destaca la politóloga del Celag.

CONSEJO. Ahora, tal como apunta el subsecretario mexicano Reyes Zúñiga, acaso el más llamado a emprender la revisión del rol de la OEA sea el Consejo Permanente (la reunión de los representantes o embajadores de los 35 países miembros), remarca Romano.

“Hay mecanismos. Tendría que verse la posibilidad, por ejemplo, que a través del Consejo Permanente se abra una investigación o a través de la Asamblea [General, la reunión de los Jefes de Estado] y el Consejo Permanente, que se busque la manera de modificar ciertas normas, lo que permita una auditoría del trabajo de las misiones de observación electoral, porque eso es lo que está en duda”, asevera la estudiosa del Celag.

El embajador Arce (en la misma entrevista con Romano en Piedra, papel y tinta) a tiempo de ratificar que “no se tiene que abandonar la OEA”, apunta directamente hacia el secretario general Almagro: sin ningún ánimo personal, dice Arce, “Almagro es la peor persona que puede representar a un organismo de esta naturaleza”.

Arce cuenta cómo él, durante la presidencia de Evo Morales, tuvo que trabajar de cerca con el secretario general, excanciller chileno, José Miguel Insulsa. Ahí la OEA sirvió mucho al país: ayudó a encarar la tensión de los referendos autonómicos en la llamada Media luna, acompañó el proceso constituyente de 2006-2008.

Era una OEA diferente, una secretaría general “que no subordinaba a los Estados, que más bien se subordinaba a los Estados. Con el señor Almagro, lamentablemente lo que ocurre es todo lo contrario; ha dividido a la OEA entre quienes están con el señor Almagro y quienes no están con él; la secretaría general es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos”.

Así, concluye Arce, “una primera señal para reconstruir la OEA es obviamente ver el tema de Luis Almagro”.

El problema es, reconoce el embajador, que aún hay muchos países que todavía apoyan a Almagro; “estamos ante poderes muy fuertes, poderes fácticos, muy poderosos”, aseveró.

Al respecto, Silvina Romano llama la atención sobre que en algún momento los países se verán impelidos a dicidir: o salvar la institucionalidad de la OEA, lo que implicaría que Almagro deje la secretaría general, o dejar que empeoren las cosas; por esto mismo, dice “la misma OEA tiene que hacerse cargo, exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

En esta suerte de evaluación de la OEA, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que también estuvo en el Piedra, papel y tinta del jueves, apunta más bien a la responsabilidad de Almagro y la OEA en lo que pasó “el año siguiente”, 2020 en Bolivia, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“La OEA y el señor Almagro tienen que asumir la responsabilidad por lo que sucedió el año siguiente, porque prácticamente gracias a esa denuncia de un supuesto fraude se legitimó la presencia de un gobierno militar, que era un gobierno militar, así hubiera una cabeza civil, y que durante un año ejerció una represión absolutamente desconocida en Bolivia desde hace muchos años”, destacó el exmandatario colombiano.

ESTADOS UNIDOS. El expresidente Samper no dejó de quejarse también del rol desestabilizador que Almagro jugó en las relaciones entre Colombia y Venezuela, en detrimento de este último país. “Y podría mencionar otros casos (más) en los cuales la intervención de Almagro ha sido claramente en función de los intereses de la política exterior de Estados Unidos en América Latina”.

Para Samper, el sistema interamericano “hace aguas, porque Estados Unidos lo utiliza como un instrumento para su política exterior, no para una política de integración, como quisiéramos todos”, deplora. Un ejemplo de ello, dice, fue la toma que hizo la administración de Donald Trump de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una presidencia que durante 60 años la ocupaba un latinoamericano; todo con el objetivo, dicho por el “amigo de Trump”, de “sacar a China de América Latina”.

Más todavía, Samper afirmó que pese a que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están “personas muy prestigiosas”, “allí no pasan sino los casos que le interesan a Estados Unidos”.

En una mirada más bien estructural, el expresidente Samper encuentra en Almagro y la actual OEA la expresión de una crisis de relación entre Latinoamérica y Estados Unidos.

“De alguna manera, la OEA y su representante Almagro, en este momento, son la más clara demostración de que hay una crisis muy profunda en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos”. Por esta razón, continúa Samper, los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México) y Alberto Fernández (Argentina), enfatiza, “han propuesto que hagamos una especie de OEA sin Estados Unidos, lo que sería la Celac; es decir, que encontremos un mecanismo en el cual nos podamos entender los 34 países, sin pedirle permiso a Estados Unidos, sobre cuáles deben ser las prioridades de nuestra integración”.

La pandemia del coronavirus mostró como nunca al importancia de la integración, sentenció Samper. Pasa que como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se venía desarrollando un Instituto especializado en epidemias (en Río de Janeiro, Brasil), el cual había logrado un “banco de precios de medicamentos que nos permitía negociar conjuntamente, como sudamericanos los precios de las vacunas infantiles”. Así, de haberse mantenido este avance, los países sudamericanos, como región, habrían podido comprar las vacunas contra el coronavirus “a un precio menor, por lo menor en 40 o 50% a lo que estamos comprando separados. Mientras tanto, nuestra relación interamericana con Estados Unidos a través de la OEA no nos sirvió absolutamente para nada” en dichas compras, deplora Samper.

La OEA, según su sitio web, tiene al menos tres instancias de gestión: la Asamblea General, el “órgano supremo”, que se reúne una vez por año, pudiendo tener sesiones extraordinarias por temas urgentes; por lo común asisten a ésta los Jefes de Estado; el Consejo Permanente, conformado por los embajadores de los países miembros, conoce y ejecuta las decisiones de la Asamblea General; y, la Secretaría General, que es el “órgano central y permanente de la OEA”; cumple los encargos que le encomienden la Asamblea General y el Consejo Permanente.

LA MISMA OEA TIENE QUE HACERSE CARGO

Silvina Romano, politóloga del Celag

“La misma Organización de Estados Americanos (OEA) tiene que hacerse cargo de Luis Almagro; exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó que se descabezara un gobierno”.

CONTRA EL COVID LA OEA NO NOS SIRVIÓ

Ernesto Samper, expresidente de Colombia

“Con Unasur habríamos podido comprar vacunas contra el COVID-19 a un precio de 40 o 50% menos a lo que estamos comprando separados.

Nuestra relación interamericana con EEUU a través de la OEA no nos sirvió para nada”.

LA SECRETARÍA SE HA VUELTO UN PAÍS MÁS

Héctor Arce, representante de Bolivia ante la OEA

La Secretaría General de la OEA es un órgano que debería estar al servicio de los países, pero bajo Luis Almagro esa secretaría se ha convertido en un país más, por llamarlo así, que además es el más conflictivo de todos.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón.

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