El reciente caso de violencia física, verbal y psicológica contra la concejala Erenia Villca (44) del municipio de Tapacarí de Cochabamba, se suma a  muchos otros registrados en los últimos años. Villca recibió el 5 de mayo una brutal golpiza, propinada por el presidente del Concejo de ese municipio, Ignacio Mendoza Poma, quien incluso intentó agredirla sexualmente. La autoridad actuó junto con el Alcalde y una funcionaria de limpieza.

La Fiscalía activó una investigación de oficio contra el Alcalde y tres funcionarios ediles elegidos por el MAS en ese gobierno municipal.

Ante este tipo de casos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó en una entrevista con el Animal Político que el acoso político no pasa por endurecer la norma, sino porque se cumpla la Ley contra el Acoso y la Violencia Política. Empero, afirmó que hay muchas instituciones públicas que aún no tienen un reglamento para iniciar procesos administrativos contra estos hechos. Agregó que se debe vigilar el cumplimiento de las leyes aprobadas en favor de las mujeres.

— El mapa mundial de mujeres en la política refleja un “estancamiento” de su presencia en cargos públicos con poder de decisión. En 2016, hubo 730 ministras, cantidad similar que en 2015, según el reporte elaborado por la Unión Interparlamentaria y Naciones Unidas. ¿Qué pasa en Bolivia?

— Creo que Bolivia está en contrarruta de esa tendencia y creo que la presencia de mujeres en cargos públicos está en ascenso en todos los niveles del Estado. También hubo un cambio de la participación femenina en el sector privado y ahora están en cargos importantes, así como en el rubro de la microempresa. Con esto, Bolivia no solo demuestra que es posible avanzar en este rubro, sino que la paridad es otra forma de estructurar la democracia y esto el país lo logró gracias a la voluntad política de un proyecto político encabezado por el presidente Evo Morales.

— ¿Cómo está la participación de la mujer en el área política?

— En los últimos 11 años, la transformación de la participación política de la mujer ha sido sustancial y radical y esto está vinculado a los cambios constitucionales anotados. El principio de paridad de género —que es la participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y la toma de decisiones en los ámbitos político, económico y social— introducido en toda la legislación posterior a la vigente Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en 2009, como la Ley del Régimen Electoral y la Ley del Órgano Electoral han sido fundamentales. Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor participación femenina en su parlamento nacional y eso nos convierte en un ejemplo de participación política de la mujer no solo para la región, sino el mundo. Hemos logrado que esa participación se vea también en el ámbito municipal y departamental. Se ha establecido, además, a través de un reglamento específico que incluso en las circunscripciones uninominales se garantice una participación paritaria de las mujeres, lo cual en otros países incluso que tienen avances importantes no se ha logrado. Estamos abriendo brechas, se han emitido normas que garantizan la participación política de la mujer. (…) Hoy, en nuestro país, cualquier partido que no cumpla con el principio de paridad no puede registrar a sus candidatos y ése es un avance enorme. Cabe aclarar, que este tema no solo se trata de un número mayoritario de mujeres en el Legislativo, sino que ahora ellas presiden varias de las comisiones más importantes y el aporte que hacen a los proyectos de ley es esencial. No hay, en América Latina, un proyecto de ley del Código del Sistema Penal que esté tan empapado con la preocupación por los problemas como la violencia contra las mujeres, la violación de sus derechos fundamentales, entre otros. Ante esto, no solo se trata del número de mujeres que incursionan en el ámbito político, sino de la calidad de esa tarea.

— ¿Qué dificultades hay para que las mujeres ocupen cargos de decisión en los diferentes sectores?

— El patriarcado no es algo que se agote únicamente con la participación política de las mujeres, ya que es un mal estructural y endémico que está ligado a las formas de las organizaciones económicas en un estado y en una sociedad. Ahora, no porque se tenga más del 50% de mujeres como diputadas y más del 40% de senadoras no se elimina el patriarcado, pero su participación ha generado otro tipo de normas y eso tendrá consecuencias en las futuras generaciones de mujeres que  tendrán menos dificultades para acceder a espacios de decisión. (…)

— ¿Qué otros obstáculos hay?

— Hay barreras de todo tipo aún. Las mujeres que son cabeza de familia tienen más dificultades para dar parte de su tiempo y energía para hacer política, que aquellas que comparten esa responsabilidad con su pareja. Ahora, también se están venciendo las barreras del nivel educativo, hay varias regiones como Santa Cruz en donde hay una mayor cantidad de mujeres que obtienen sus títulos profesionales que los hombres y en algunos casos hay niveles similares. Además, se mejoró el nivel de educación primaria y secundaria para las mujeres incluso en el área rural. (…)

Asimismo, hay barreras vinculadas con la violencia y por eso fuimos uno de los primeros países en aprobar la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres. Hay niveles de violencia ejercida contra autoridades mujeres ya electas sobre todo en el ámbito municipal, quienes impulsaron esta norma. Esta ley se está convirtiendo en un modelo para la región. Ante esto, se debe proteger a las mujeres que ya ejercen un cargo en el proceso de la elección o la designación porque muchas veces son víctimas de violencia y acoso para que sean obligadas a renunciar bajo amenazas. (…) La actual norma no se hubiera consolidado sin voluntad política, pues el proyecto de ley fue planteado hace más de una década, pero antes no hubo voluntad para aprobarlo. Esto no sucedería si no hubiera un proyecto político como el Movimiento Al Socialismo (MAS) que decidió llevar esta agenda junto con las organizaciones sociales, no solo de mujeres, sino de otras para que asuman esta agenda como propia.

— ¿Debe endurecerse más las sanciones contra el acoso político? Es un tema complejo en los municipios, como el tema de Tapacarí.

— Lo que necesitamos es que se cumpla la Ley contra el Acoso y la Violencia Política. La norma establece la vía penal y la vía administrativa sin dejar de lado la vía constitucional para procesar un caso de violencia o acoso político. Sin embargo, hay una gran cantidad de instituciones públicas que aún no tienen un reglamento para realizar un proceso por vía administrativa para resolver estos temas y es un mandato de ley. Lo que se tiene que vigilar es que las leyes consolidadas en favor de las mujeres se cumplan. La Ley 348 Integral para una Vida Libre de Violencia contra las mujeres es una de las más avanzadas en términos de protección a la mujer porque contempla las áreas de prevención, la sanción y la reorientación, pero estas áreas no están siendo aplicadas plenamente. (…) El Órgano Judicial, la Fiscalía, la Policía y otros todavía no generaron las condiciones suficientes para que esa ley se aplique y el proyecto de ley del Código del Sistema Penal ha asumido todas esas decisiones de política pública de la Ley 348 para que se mejore su operativización (…).

— ¿Cómo se debe mejorar la participación de las mujeres y su liderazgo en la nueva Ley de Organizaciones Políticas?

— Es una ecuación compleja, pues cuando surge un liderazgo femenino desde la sociedad civil y se asienta en la política se requiere que la sociedad civil reconstruya ese tejido para generar otro liderazgo al interior de su propia estructura y pueda sostener y reemplazar esos liderazgos. Si ésta ecuación no tiene continuidad se rompe el hilo y se puede generar que en algunas instancias se reduzca el número de mujeres en la política. Por ello, debemos ser celosos vigilantes para tener una democracia de mejor calidad (…).

— ¿Qué se debe incluir para mejorar la participación política de las mujeres en la nueva Ley de Organizaciones Políticas?

— El MAS es uno de los partidos en la región con mayor participación de mujeres en sus estructuras y esto no ocurre en la oposición y lo que deberíamos intentar es que en la Ley de Organizaciones Políticas que se está construyendo se asuma como un reto que al interior de los propios partidos se garantice la misma lógica de paridad que hoy se asegura para las autoridades electas. Si la democracia paritaria no llega a la propia estructura de los partidos políticos por voluntad propia de los mismos, como ocurrió en el MAS, tendrá que consolidarse a través de la ley que obligue a los partidos políticos a que la democracia paritaria llegue también a sus estructuras internas de decisión. (…)

— ¿Cuál es el principal argumento para plantear la aplicación de la cadena perpetua a los violadores de niños cuando termine en sus muertes?

— Para que se pueda efectuar esta modificación no solo se debe cambiar el proyecto de ley del Código del Sistema Penal por lo que se requiere una modificación de la Carta Magna que hoy dispone que la pena máxima para la violación de menores seguidos de muerte es de 30 años sin derecho a indulto. En este caso se debe hacer una modificación parcial. En mi criterio personal, creo que junto con el endurecimiento de sanciones, que es algo muy sentido en la población que pide que en estos casos se maximice las penas, se deben implementar medidas de prevención, educación y transformación de la sociedad en sus propios valores. (…) Existe una división en la sociedad que se debe analizar y se debe dar soluciones y no solo mediante el endurecimiento de sanciones, sino también de la prevención, la educación y la transformación.