Policía, tras la reforma estructural
33 policías implicados en hechos delictivos en dos meses y medio no puede dejar de alertar.
En dos meses y medio, según registro de La Razón (nota del sábado 16 de marzo), ya eran 33 los policías implicados en delitos de corrupción, violación y robo.
Con el debido cuidado que hay que tener con el promedio estadístico, eso significaría al menos tres policías infractores de la ley cada semana, y uno corrupto, uno violador y uno ladrón. De nuevo la Policía y, otra vez, su reforma en el ojo de la tormenta.
El punto está, como se sabe, en el calado, la profundidad de las acciones reformadoras; si algo tocan la estructura o apenas rozan lo formal. “Es importante recordar que en el pasado, desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía en 1985, existieron por lo menos ocho intentos de reforma policial, que en los hechos simplemente eran cambios en los altos mandos, depuraciones selectivas, adquisición de equipos y aumento salarial; todas medidas que mantenían intactos los problemas estructurales de la Policía”, recuerda Gabriela Reyes Rodas, criminóloga y hoy directora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas del Ministerio de Gobierno.
Por la misma razón anotada por Reyes Rodas, para medir la eficacia de la reforma acaso lo más útil sea determinar qué es lo estructural y qué lo complementario. Así, para el ya más de seis años ministro de Gobierno, Carlos Romero, uno de los nichos de corrupción sigue siendo el tema de los destinos, incluso a pesar de haber ya tomado medidas: “La matriz de la corrupción en la Policía nacional ha sido el manejo de los destinos; éstos han servido para extorsionar a la gente, para generar recaudadores; pese a que habíamos hecho ajustes desde el nivel nacional, cuando en su momento se han recurrido a otros mecanismos, como sorteos y calificaciones colegiadas, los destinos en el ámbito de los comandos departamentales son un tema que no ha sido suficientemente controlado por la respectivas inspectorías”.
Tal como apunta el investigador en temas de seguridad Samuel Montaño, la perversión del uso de los destinos está relacionada con la mayor o menor “rentabilidad” del puesto; aparte del reciente ejemplo del excomandante departamental de Oruro Rommel Raña (aprehendido el 7 de marzo por haber cobrado a oficiales y policías para que accedan a puestos de control de ingreso del contrabando en la frontera con Chile), Montaño da cuenta de un “coronel de policía que evadía todos sus destinos al interior del país porque tenía un enorme negocio de venta de hamburguesas en la zona de Miraflores; durante años el coronel se dedicaba en las noches a atender su negocio, evitando cumplir con sus destinos; la mayoría hace eso”, adecuar el destino al beneficio personal.
A lo anterior precisamente apunta la criminóloga Reyes Rodas, cuando dice que uno de los mayores problemas de la institución policial es la gestión de sus recursos humanos: “Todavía está pendiente la implementación de una política integral de gestión de recursos humanos, que aborde los ascensos, los destinos, cambios de destino, la evaluación basada en indicadores de desempeño, la sistematización de los recursos humanos policiales y una modernización del plan de carrera que se adecue a los retos y necesidades del presente”. En los últimos años, añade, se hicieron diferentes diagnósticos al respecto y hoy día el Ministerio de Gobierno y la Policía están “trabajando en una propuesta para hacer un cambio estructural en ese sentido”.
Ahora, “estructural” tampoco deja de ser lo elemental, lo básico, incluso lo cotidiano: “hasta la fecha —cuenta la Directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana— no se cuenta con un sistema de registro de denuncias de casos a la Policía, aún se sigue usando Excel para el conteo de los delitos; lo bueno en esto es que ya se ha avanzado con el Sistema Adela Zamudio de la FELCV, el que se implementará en abril”; será el primero, pues luego seguirán sistemas de registro en toda la entidad.
En esta misma línea habrá que ubicar el reciente anuncio del actual comandante de la Policía, general Rómulo Delgado, en sentido de informatizar el historial de los policías: “Es para establecer y saber quiénes son, qué especialidades tienen, qué méritos, qué deméritos; qué destinos han tenido, vacaciones, bajas médicas, comisiones y procesos”.
Estructural también ve Montaño la cuestión de la “desmilitarización” de la Policía, desde el concepto: “el militar es para la guerra; en cambio el policía es un civil de uniforme cuya función es proteger a la ciudadanía”; la lógica militar, afirma, debería ser excluida incluso en la formación de los llamados grupos de élite (contra diversas formas de terrorismo o delitos de mayor daño). “En Estados Unidos el grado policial máximo es comisionado, porque responde a los requerimientos civiles, no se conoce de coroneles o generales, porque no corresponde; debería ser un servicio civil de seguridad, como poco a poco se está haciendo en la mayor parte de los países. Desmilitarizar la Policía porque su trabajo o ámbito es otro, trata con un civil, no con un enemigo uniformado”.
Ahora, la criminóloga Reyes Rodas llama a diferenciar lo que propiamente es una reforma de la modernización de la Policía. Es en esto último en que se hizo énfasis en los últimos años, apunta: “Las prioridades han estado centradas principalmente en la modernización de la Policía, en el mejoramiento de su infraestructura, de sus medios de trabajo como ser vehículos, drones, laboratorios, tecnología, con el enfoque de poder brindar un mejor servicio”. Se ha priorizado las cámaras de seguridad en coordinación con municipios y gobernaciones. En este marco, señala, hay que ver el proyecto Sistema de Comando y Control para Seguridad Ciudadana, con una inversión de 105 millones de dólares en dos años; empezó a fines de 2017.
Un tema de especial sensibilidad, que lo mismo se puede comprender como estructural en la Policía es el de la violencia hacia las mujeres. Una cosa es la corruptela en la frontera por contrabando y otra que una ciudadana presa sea violada por sus propios custodios, como se denunció recientemente. Tal como hizo notar esta semana, mediante comunicado oficial, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): “La Oficina expresó su profunda preocupación frente a denuncias recientes de violencia contra las mujeres, que involucran a servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia”.
“Un reto adicional que considero importante es la necesidad de que los policías sean sensibles en los temas de género, de violencia contra la mujer; el machismo sigue muy enraizado en la Policía y ese es un reto que aún tenemos que trabajar con la institución Verde Olivo”, remarca la responsable del Observatorio.
Reyes Rodas añade que no se puede dejar de lado algunos cambios hechos en el gobierno del presidente Evo Morales, que de todos modos modificaron el quehacer cotidiano de la Policía:
– La Academia Nacional de Policías, por ejemplo, se insertó en el sistema público de universidades, “por lo que hoy el policía sale siendo licenciado o técnico superior, lo que les permite avanzar de manera institucionalizada en sus estudios superiores”.
– Un cambio no poco significativo fue la expulsión de la DEA de Bolivia, “se puede decir que hubo una recuperación de la soberanía policial y es que antes la injerencia de Estados Unidos sobre la Policía era muy fuerte; es de conocimiento público que era la embajada la que decidía los cargos de Comandante General de la Policía y del Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Hoy ya no pasa eso”.
– De todos modos hay un cambio de orientación hacia un “enfoque más humano” de la Policía, tratando de aminorar su faz represiva.
– Es provechoso que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana disponga que las entidades territoriales autónomas establezcan 10% del IDH “exclusivamente para fortalecer a la Policía”.
– También es valorable “la desconcentración de servicios policiales a través de las Estaciones Policiales Integrales (EPI), es un modelo integral de gestión de la inseguridad; siendo bien implementado, demostró ser eficaz”.
– Una acción muy efectiva ha sido la creación del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (CERIAN), con base en Santa Cruz. “Este centro ha cualificado el trabajo de inteligencia, de cooperación regional, de intercambio de información y de operativos sincronizados con otros países. El CERIAN en poco tiempo ha logrado la captura de peces gordos del narcotráfico que contaban con orden de captura internacional”.
En Tránsito, una de las secciones más grandes de la Policía, concluye, Reyes Rodas, su vulnerabilidad a la corrupción se hace especialmente potencial por el estrecho contacto con la población. La solución pasa, afirma, por “hacer cumplir la norma, pero a corto tiempo dotarla de medios tecnológicos para un control transparente”.