miércoles 5 ago 2020 | Actualizado a 09:47

Educación virtual, un negocio

/ 24 de junio de 2020 / 07:41

Crítica al decreto que ‘crea’ la educación digital en el país

Hace unos días el Ministro de Educación hizo público el Decreto Supremo 4260, una norma que legaliza la educación virtual en el país. Salieron voces críticas, madres y padres de familia, maestros criticando dicha norma y afirmando, con razón, que les parecía insuficiente. Pero la pregunta que no nos hemos hecho todavía es, no tanto la relacionada con las falencias de esa norma sino con su funcionalidad. ¿Para qué se ha realizado? ¿A quién beneficia? Desde mi punto de vista, esta norma y las que vengan relacionadas con la educación virtual tienen la clara función de legalizar el suculento negocio que va a ser ese tipo de enseñanza. Esa es la razón del desfase entre lo que maestros, maestras, madres y padres esperaban y lo que contiene dicha norma, ya que no está dirigida a ninguno de ellos y mucho menos a sus hijos e hijas.

Todos los sistemas educativos del mundo se encuentran en estos momentos en modo de emergencia, pero aquí antes de pensar en restablecer el derecho a la educación de nuestros hijos (as), antes de planificar cómo podrá ser la reapertura de los colegios y universidades, se está abonando el campo lucrativo con dicho derecho. Con esa norma lo que se quiere es generalizar un nuevo tipo de enseñanza como negocio de manera burda e indignante. Es la lógica de la mercantilización que va de la mano de la lógica de la corrupción, que es la marca de este Gobierno de transición que tanto daño está haciendo a este país.

El cierre de los centros educativos está teniendo un impacto altamente negativo en muchos países, pero en Bolivia, en el que la situación ya era crítica, anteponer la mercantilización de la educación nos tiene que poner alerta, ya que las consecuencias pueden ser definitivas e irreversibles. La educación se convertirá en la fuente de mayores desigualdades y exclusión.

La pérdida de aprendizaje de los estudiantes se está dando tanto en los casos de aquellos que tienen la suerte de contar con los medios para realizar una educación a distancia como, de manera mucho más preocupante, en los que han sido totalmente abandonados durante esta pandemia (poniendo en peligro también su nutrición y salud física), ya que el déficit de aprendizaje no solo será mayor, habrá también mayor deserción. Así, aquellos que necesitan más educación para salir de la pobreza serán los más afectados.

“Dado el probable aumento en la pobreza de aprendizajes, esta crisis podría impedirle a toda una generación hacer realidad su verdadero potencial. Los estudiantes que deban abandonar la escuela o que experimenten reducciones significativas en el aprendizaje tendrán menores niveles de productividad y de ingresos durante toda su vida. La inequidad aumentará porque es probable que estos impactos sean mayores para los estudiantes provenientes de hogares pobres y vulnerables. Los niños que necesitan más educación para salir de la pobreza serán quienes, probablemente, estén más privados de ella debido a la crisis”. (COVID-19: Impacto en la educación y respuestas de política pública. Informe del Banco Mundial, mayo de 2020)

No se dejen engañar por las voces que insisten en las bondades de la educación virtual que viene a solucionar todos los problemas y que nos lo venden además como si fuera el gran salto a la modernidad educativa que se va a dar en este país. Eso sencillamente es mentira. La educación virtual es condición necesaria pero no suficiente. Una cosa es utilizarla (en este caso además por una minoría) en cuarentena para seguir adelante con el aprendizaje y otra utilizar la situación de crisis posterior que vamos a vivir para justificar su implantación definitiva en el sistema educativo. Esto sería un gran error.

Por ejemplo, en la educación primaria la educación virtual no funciona de manera tan eficaz como se quiere hacer creer y la educación presencial sigue siendo algo fundamental y por lo tanto necesario. Y esto, no solo porque los niños y niñas de primaria no pueden acceder de manera independiente a los contenidos de la educación virtual, sino porque el mismo proceso de aprendizaje en estas edades, marcado por la necesidad de motivación y socialización, hace que colocar a un niño delante de una computadora es un método deficiente y solo admisible de manera “complementaria” y, desde luego, no en todas las materias, ni mucho menos.

Empresas como Chegg, Coursera o 2U(TWOU) hoy día desconocidas para muchos, incluso también para la gran mayoría de la gente dedicada a la educación, van a ser los motores del nuevo tipo de enseñanza que se quiere generalizar como negocio, aquí con el descarado respaldo del Gobierno, inicialmente en las universidades y más adelante en la mayor parte posible del sector educativo.

Sabemos que una de las tareas pendientes del gobierno del MAS fue la democratización de la educación (y de la salud), sabemos de las deficiencias de la Ley 070, pero ahora sin duda alguna el peligro no es cómo mejorar un sistema deficiente, sino cómo no caer en el barranco de desigualdad y exclusión que va a marcar de manera totalmente injusta el destino de toda una generación.

Es urgente ir dando los pasos para crear sistemas educativos más inclusivos, eficaces y resilientes, mediante políticas públicas, no mediante decretos que mercantilizan nuestros derechos y los de nuestros hijos (as).

Y ahora una pregunta fundamental: ¿Un Estado que deja de ser social sigue siendo Estado? Yo creo que no. No solo nos encontramos ahora con la falta de hombres y mujeres de Estado que tengan conciencia de la responsabilidad que supone la gestión de lo público, nos encontramos con hombres y mujeres que están vendiendo nuestros derechos impunemente, que se están lucrando con el dinero de todos, y lo hacen delante de nuestras narices sin ningún pudor, ni control, ni gota de vergüenza.

Necesitamos con urgencia recuperar el espacio institucional robado a la fuerza mediante un golpe de Estado orquestado para justificar el ansia de poder de un grupo de hombres y mujeres que ni se acercan a entender lo que es la política, lo que es la gestión de lo público, lo que son los derechos sociales, lo que es la democracia.

Si no lo hacemos, las consecuencias serán catastróficas para este país y todos los que apoyaron el golpe de Estado tendrán una deuda histórica con las futuras generaciones de este país, una deuda que nunca pagarán.

Ixtaso Arias es investigadora social

Acceso igualitario a la vacuna

La del COVID-19 tendría que ser una ‘vacuna democrática’, contra los derechos monopólicos de autor.

/ 1 de agosto de 2020 / 10:42

Para poner fin a la pandemia, el mundo necesita una vacuna. Los primeros resultados de las pruebas de la desarrollada por la Universidad de Oxford indican que estamos cada vez más cerca de descubrir una. Los datos publicados recientemente en la revista académica The Lancet demuestran que la vacuna de Oxford produjo anticuerpos y células T en unos 1.000 pacientes. La empresa farmacéutica AstraZeneca posee la licencia para producir esta vacuna desde principios de 2021 y ha firmado un acuerdo para producir a fines de ese año, junto al Instituto Serum de India, 1.000 millones de dosis para países de ingresos bajos y medios.

Pero esto está lejos de ser lo que el mundo necesita. Para que la vacuna llegue a toda la población mundial, se necesitan unos 7.800 millones de dosis, y lo antes posible. Si la vacuna que resulta exitosa requiere más de una dosis, o si se tiene que suminitrar anualmente —como parece probable—, la cifra será aún mayor. El mundo necesitará un abastecimiento casi permanente de vacunas. Solo entonces podremos tener el COVID-19 bajo control.

Una vez que se descubra una vacuna segura y efectiva, el único obstáculo para proveer las dosis necesarias debería ser la capacidad productiva del planeta. Sin embargo, existen otros obstáculos artificiales. Las leyes de propiedad intelectual que les otorgan a las grandes farmacéuticas los derechos exclusivos para producir un medicamento específico durante cierta cantidad de años están hechas para premiar la inversión y la innovación que logran medicamentos nuevos.

A menudo se abusa de estos derechos de propiedad intelectual y se generan monopolios y, en el caso de la vacuna contra el COVID-19, estos monopolios amenazan con restringir el abastecimiento, causando demoras innecesarias y una escasez que puede resultar mortal.

Si una sola empresa obtiene los derechos exclusivos sobre la ciencia, el conocimiento y la propiedad intelectual de la vacuna contra el coronavirus, eso impedirá que el mundo reciba los miles de millones de dosis que necesita. Ninguna empresa privada, al margen de cuán comprometida esté con la distribución de la vacuna, debería tener el monopolio de este recurso público. Una pandemia mundial no es el momento para racionar artificialmente un medicamento en base a fallidas ideas sobre lo sagrado de la propiedad intelectual. Tampoco se debería proteger al mercado simplemente en beneficio de los intereses de las grandes empresas farmacéuticas.

También es importante remarcar que AstraZeneca no ha descubierto esta vacuna. El desarrollo y la producción de la vacuna contra el COVID-19 se están logrando gracias a miles de millones de euros que vienen de los impuestos. AstraZeneca ha recibido 1.000 millones de euros solo del Gobierno de Estados Unidos y, al menos, 92 millones de euros del Gobierno de Reino Unido. La empresa tampoco está corriendo sola con los riesgos de la innovación: los gobiernos ya se han comprometido a comprar la vacuna incluso antes de que sea producida.

En la carrera por resolver el desafío mundial de encontrar una vacuna contra el COVID-19, los líderes de los países ricos parecen confiar en la buena voluntad de las empresas farmacéuticas y en un enfoque caritativo hacia los países pobres, haciendo la vista gorda respecto de los obstáculos que representan la propiedad intelectual y otros monopolios. Parecen suponer que la única opción posible es un enfoque privado y de mercado, dirigido y controlado por las grandes corporaciones farmacéuticas. Esto sería un grave error, como lo dejaron claro el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, cuando recientemente se unieron a otras 140 figuras públicas para reclamar una “vacuna democrática”.

Los actuales planes de distribución de la vacuna de Oxford son un alarmante recordatorio de lo que sucede cuando se deja un recurso público en manos de una sola empresa.

A los países en desarrollo se les han prometido unos 300 millones de dosis hacia fin de año, algo que ha sido bien recibido pero que se queda corto en comparación con los 400 millones de dosis que recibirán Estados Unidos y el Reino Unido. Los Países Bajos, Italia, Francia y Alemania se han asegurado 400 millones de dosis entre ellos. La Unión Europea y otros países ricos también están dando codazos para ponerse primeros en la fila. Muchos países de ingresos medios, como los de América Latina — donde la escala del brote es aterradora—, podrían quedarse completamente excluidos de estos acuerdos.

Cuando se le preguntó al virólogo estadounidense Jonas Salk quién sería el dueño de la patente de la vacuna contra la polio que él inventó, dio una respuesta que se hizo famosa: “No hay patente. ¿Acaso se podría patentar el sol?”. La Universidad de Oxford debería prestar atención a esta respuesta y demostrar su liderazgo, aportando su conocimiento y su propiedad intelectual al Fondo de Acceso a la Tecnología sobre el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, donde se comparten tecnologías y tratamientos para beneficio de todos. De la misma forma, los gobiernos y las organizaciones benéficas que están financiando prometedores proyectos de vacunas deberían insistir en que el conocimiento y la propiedad intelectual de los productos que financian se compartan en el Fondo de la OMS.

También son esenciales los intentos de la OMS de organizar un sistema global donde los tratamientos sean repartidos de forma igualitaria. Estos esfuerzos deberían ser apoyados por una infraestructura que ponga la distribución igualitaria en el epicentro de todas las decisiones, incluyendo el momento en el que las empresas firman los primeros acuerdos de financiación con gobiernos y agencias sanitarias. Pero para que la OMS triunfe sobre el nacionalismo de las vacunas, también debemos hacer todo lo posible por maximizar el abastecimiento. Además de insistir en que se comparta el conocimiento y la propiedad intelectual, los países ricos deberían financiar urgentemente la expansión de la capacidad que tienen los países en desarrollo de fabricar vacunas de forma segura.

En este momento extraordinario, hace falta un enfoque mejor que el actual régimen de derechos monopólicos. Solo entonces seremos capaces de descubrir y producir, lo más rápido posible, una vacuna democrática.

(*)The Guardian/elDiario.es

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Cuarentena con el agresor

Tortura es lo que siente una niña cuando es víctima de violencia sexual en su propia casa.

/ 1 de agosto de 2020 / 10:25

Tortura, esa es la palabra que quizá mejor exprese el horror que padece una niña o una adolescente cuando es víctima de violencia sexual en su propia casa, una agresión sistemática, por meses, por años, perpetrada por un familiar o conocido y que se reproduce en medio del silencio, la amenaza y la impunidad. En esa situación se encuentran muchas niñas y adolescentes bolivianas, en los nueve departamentos, sin excepción, encerradas hoy con sus agresores debido a la pandemia y al aislamiento por COVID-19.

Los datos de la Fiscalía General, entre marzo y mayo, meses de cuarentena, dan cuenta de 118 casos de violación a niñas, niños y adolescentes, al menos uno por día. Esta cifra reporta solo aquellos delitos sexuales que fueron denunciados, que suelen ser los menos cuando de violencia sexual se trata. Sin duda, la pandemia ha agravado la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban las niñas y adolescentes. Las epidemias exacerban las desigualdades existentes para las mujeres y las niñas. Así, la pandemia por COVID-19 transcurre en medio de otra pandemia de más larga data: la violencia de género.

Pero el suplicio para las niñas no termina en la agresión sexual; en muchos casos, fruto de esa violencia, se producen embarazos forzados. Diversos estudios realizados en el país y en la región evidencian que la mayoría de los embarazos en menores de 15 años es resultado de la violencia sexual. En los primeros cinco meses del año, el Ministerio de Salud registró 663 embarazos en menores de 15 años, es decir, cuatro embarazos en niñas por día. Entre los casos de violencia sexual denunciados hasta mayo, niñas de 9, 10 y 11 años presentaban embarazos de sus agresores, lo que no solo implica graves consecuencias psicológicas para ellas, sino que las pone en una situación de alto riesgo porque sus cuerpos no están preparados para una gestación y un parto a tan temprana edad.

La ley permite que en casos de violencia sexual, las niñas puedan recurrir a la interrupción legal del embarazo; sin embargo, no siempre se aplica la norma, sea por procesos administrativos burocráticos, sea por oposición de quienes no comprenden los derechos de la niña y la gravedad de su situación y que ese embarazo es producto de una agresión cobarde de un sistema patriarcal. Lo cierto es que muchas de ellas terminan dando a luz, a costa de su niñez, su desarrollo y su propia vida.

Esta violencia está muy naturalizada y socialmente no se la considera un delito. La primera menstruación es casi una condena a una iniciación sexual forzada. De igual forma, un embarazo a esa edad tampoco es motivo de alarma. Se piensa más en cuidar la “honra” familiar que en el bienestar de la niña. Esta cadena de sufrimiento para las niñas agredidas sexualmente, que deriva en embarazos o uniones forzadas, es parte de un sistema patriarcal, que pone en situación de desigualdad a las mujeres de todas las edades. Hace unas semanas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, presentó el informe del Estado Mundial de la Población 2020, en el que se identifica al menos 19 prácticas nocivas hacia niñas y adolescentes, en todo el mundo, entre ellas, la violencia sexual y los matrimonios y embarazos infantiles forzados, la preferencia por los hijos varones, la mutilación genital femenina, entre otras.

El informe señala que pese a que el matrimonio o unión infantil está prohibido en casi todo el mundo, cada día se producen 33.000 matrimonios infantiles, vulnerando derechos fundamentales de más de 12 millones de niñas cada año. Se calcula que de las niñas y mujeres vivas en la actualidad, 650 millones se casaron siendo niñas y en 2030 estarán casadas otras 150 millones menores de 18 años. Como señala la directora ejecutiva de UNFPA, Natalia Kanem, estas prácticas nocivas que afectan a las niñas ocasionan un trauma grave y duradero que les roba el derecho a desarrollar todo su potencial.

En noviembre de 2019, durante la Cumbre de Nairobi “Adelantando la promesa”, representantes de 173 países se comprometieron a erradicar estas prácticas nocivas para 2030. Este año comienza la “Década de Acción” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de sus metas (5.3) busca, precisamente, poner fin a todas las prácticas nocivas hacia las mujeres. Con la pandemia, los avances para el logro de estos objetivos y metas están en riesgo.

Como UNFPA hemos expresado, en reiteradas oportunidades, nuestra preocupación sobre la gravedad de esta condición de las niñas y hacemos un llamado para que las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalezcan sus esfuerzos de prevención y protección durante la pandemia. Es importante que, pese a las limitaciones y la demanda de atención de los casos de COVID-19, no se deje de lado el funcionamiento de servicios de salud sexual y reproductiva y los servicios de atención y prevención de violencia hacia niñas y adolescentes. Es importante que la respuesta a la emergencia incluya intervenciones focalizadas para garantizar los derechos de todas las personas, en especial de las niñas y adolescentes. Las necesidades de protección de las mujeres y las niñas deben estar en el centro de los esfuerzos de respuesta.

Debemos pasar del discurso de cuidado y protección de la niñez a la acción efectiva de protección desde el Estado, la comunidad y la familia para que ninguna niña, adolescente y mujer siga padeciendo la tortura de estar en cuarentena con su agresor.

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Eliminar la ‘mora procesal’

Experiencia exitosa para disminuir la retardación de justicia en el país.

/ 1 de agosto de 2020 / 09:54

La “dilación judicial” es un mal congénito de la República. Cuando en diciembre de 1825 —apenas a cuatro meses de haberse fundado Bolivia— el mariscal Antonio José de Sucre creó por decreto el Tribunal del Distrito Judicial de La Paz, lo hizo para encarar la ya existente “retardación”. Entonces, La Paz tenía 400.000 habitantes, cuatro jueces y un fiscal, insuficientes para atender una sociedad con rasgos de conflictividad.

Desde entonces, la sombra de la “mora procesal” ha minado la imagen del sistema judicial boliviano como un mal crónico. En 2015, esa carga llegó a 850.000 causas en los nueve tribunales departamentales, donde trabajaban poco más de 1.000 jueces. En materia familiar y de la niñez, una jueza enfrentaba la dura responsabilidad de atender hasta 3.500 trámites judiciales.

Cuando fui presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, los poco más de 200 jueces que operaban en las 20 provincias del departamento recibieron 300.000 causas durante 2015. Esto significaba un incremento de más de 15.000 en relación a 2014 y 87.000 respecto de 2013; quiere decir que en los últimos tres años, los trámites crecían en 54%, sobrepasando toda capacidad humana, técnico-jurídica y económico-administrativa.

Con todo, en promedio, los TDJ resolvían poco más de 50% de esa carga procesal, dejando una mitad como causas remanentes para la próxima gestión. Hasta aquí, lo que se hizo fue evitar que el sistema colapse y siga funcionando un sistema judicial precario pero que ofrecía un mínimo de seguridad jurídica.

¿Será una utopía enfrentar y eliminar la mora procesal? Al preparar mi propuesta como candidato al TSJ vi que no era imposible y prometí eliminar ese mal para comenzar a cambiar la imagen de la Justicia.

En los últimos 20 años vi cómo la “retardación” se convertía en un instrumento dilatorio que la parte perdidosa usaba para impugnar e impugnar hasta que la causa haga turno y el trámite se demore por más de dos años, obteniendo una resolución que en el peor de los casos era una “nulidad de obrados”, quebrándose así los principios de justicia pronta y oportuna, con gran perjuicio para los sujetos procesales.

Frente a esto, se hizo un diagnóstico para conocer el estado de: a) la carga pendiente, b) la jurisprudencia trascendental y c) la mecánica laboral. Los resultados fueron negativos: 1) Excesiva mora procesal, 2) Ausencia total de una visión y misión actualizadas y certeras, y 3) Técnica de gestión de despacho inexistente. Se definió una nueva visión: “Resolver todas las causas remanentes e ingresadas, de manera que el TSJ se convierta en un real y correcto intérprete de la Ley. Uniformador de jurisprudencia tendiente a limitar el instituto de la nulidad procesal a los casos estrictamente necesarios y delinear de manera clara en qué casos procede el recurso extraordinario de casación”.

Para alcanzar esos objetivos, la Sala Civil planteó estrategias a corto plazo: sortear una mayor cantidad de procesos pendientes y resolverlos máximo en 30 días. Y para cumplir con los plazos legales, la jornada laboral de los equipos de trabajo sobrepasó las ocho horas, llegando a 12 o más horas al día, incluyendo sábados y domingos. A mediano plazo, se emitió el Auto Supremo AS 633/218-RI de 10 de julio, acorde a las finalidades que nace del recurso de casación, determinando las causales de improcedencia de dicho recurso; clasificándolas en objetivas y subjetivas.

Entonces teniendo un norte, para entender en qué casos deben o no admitirse los recursos de casación, la comisión de admisión de esta Sala en ejercicio del Art. 277 de la Ley 439 (Código Procesal Civil) y art. 400 de la Ley 603 (Código de las Familias y del Proceso Familiar), actuó de forma más efectiva admitiendo casos que merecen un análisis de fondo.

Ese avance jurisprudencial fue de vital importancia porque permitió no solo tener una idea rectora para el trabajo de la comisión de admisión, sino que fue un elemento vital para que los tribunales de apelación tengan una herramienta jurídica para tener certeza al momento de conceder o no los recursos. Los abogados, por el contenido del mismo fallo, ya tenían presente si su recurso sería o no admitido, entonces admitiendo simplemente los procesos que van a merecer una respuesta de fondo, disminuyó una parte de la carga procesal.

Los resultados de esta nueva ecuación jurídica fueron alentadores. Para muestra un botón. A julio de 2020, la Sala Civil Especializada del TSJ a cargo de los magistrados Berríos Alvizú (La Paz) y James Molina (Oruro) presentaron, por segunda vez consecutiva en la historia de la justicia boliviana, un cuadro estadístico con “cero mora procesal”. De las 61 causas remanentes que heredaron de la gestión 2019, todas fueron resueltas conforme a ley. De las 181 causas nuevas ingresadas entre enero y julio de 2020, todas fueron resueltas hasta el 6 de julio de esta gestión.

Este es un ejemplo paradigmático digno de imitar por las otras salas del TSJ y por cada una de las salas y juzgados de los tribunales departamentales de justicia. Si continuamos por esta ruta habremos abierto el sendero expedito para que Bolivia, luego de haber convivido casi 200 años con “retardación”, comience a resolver con eficiencia y dejar, cada gestión, con “cero mora procesal” para beneficio de la población litigante, el mejoramiento de la imagen de la Justicia y el fortalecimiento de la seguridad jurídica que, finalmente, repercute en la calidad de la vida democrática.

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Harvard y su incómodo informe

La universidad estadounidense entrevistó a al menos 220 personas entre octubre de 2019 y enero de 2020.

/ 1 de agosto de 2020 / 09:36

Este lunes 27 de julio, en Cambridge, Massachusetts, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por su sigla en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) hicieron público el informe “Nos dispararon como a animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia, sobre los “abusos y violación de derechos humanos” en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Un estudio donde se identificó “patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos”, según sintetizó el trabajo el abogado internacional en derechos humanos, Thomas Becker, uno de los profesores de la denominada Clinica de Derechos Humanos.

Difundida la presentación del Informe de Harvard, el miércoles 29, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado replicó al referido reporte, calificándolo de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.

En la semana, en castellano, se conoció solo el Resumen Ejecutivo del Informe; hasta donde se conoce, el documento completo (92 páginas) solo está en inglés, en el sitio http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/ uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf .

Claro que cabe no estar de acuerdo con el Informe y sus conclusiones, con su metodología, pero si hay algo que no se puede dejar pasar es que acaso su mayor riqueza sean los testimonios que recoge, los cuales —señala en su parte metodológica— fueron obtenidos en entrevistas con al menos 220 personas, entre víctimas, familiares, activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, abogados, fiscales, médicos, investigadores, funcionarios de ministerios, policías y militares. Un estudio que fue fruto del trabajo de campo en Bolivia, señala el texto, de un equipo y estudiantes del IHRC durante octubre y noviembre de 2019, y, luego, casi dos meses entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

TESTIMONIAL. Cierto, también cabe que, por ser testimonial, de entrevistas al calor de los hechos, algo de lo que se dice haya cambiado días o semanas después. Si buena parte de los declarantes son las víctimas y los afectados por la represión, donde vieron necesario los investigadores, está el punto de vista de las autoridades de gobierno. Aunque no dejan de señalar que “el equipo también envió cartas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando información sobre los asesinatos de Sacaba y Senkata” pero aseguran que “no recibieron respuesta”.

La información que levantaron en el país, en el informe está vertida en cuatro grandes secciones: los hechos de Sacaba y Senkata; los obstáculos para una investigación imparcial y justa; la persecución de la disidencia; y, la actuación represiva de grupos civiles paraestatales.

Cuando hay cierta variación en cuanto al número de muertos y heridos, el Informe de la Clínica de Harvard resume: En Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre murieron 11 personas y hubo 120 heridos; en Senkata (El Alto), el 19, hubo 11 victimados y al menos 50 heridos; en ambos casos, enfatizan, todos los fallecidos y heridos eran civiles.

Tanto en Sacaba como en Senkata, la Clínica dice que encontró “evidencia creíble” de al menos tres cosas: 1) que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados; 2) que policías y militares tuvieron una actitud racista y un lenguaje anti-indígena durante la refriega; y, 3) que las autoridades crearon una atmósfera de miedo en los hospitales, “lo que lleva a las víctimas a evitar buscar atención médica debido a su legítima preocupación por represalias del Gobierno”.

Por las entrevistas que hicieron, en Sacaba, el informe apunta que los disparos duraron dos horas: “El primer herido de bala recibió el impacto alrededor de las 16.30, y el último a las 18.30”.

El informe también registra la respuesta del Gobierno. Alude a que el 14 de noviembre la presidenta Áñez firmó el Decreto 4078, que liberaba de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en las acciones de represión; y la declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo (que luego generalizaron las demás autoridades): “La mayoría está muerta por una bala calibre 22 en la parte
posterior de la cabeza, o bien en la parte posterior (del cuerpo), o debajo del brazo ¿Qué significa esto? Que la gente del MAS, los que despertaron disturbios, mataron a estas personas para que las cosas marchen”.

Entre los obstáculos para una investigación imparcial, “el equipo del IHRC —asegura— ha documentado diversas formas de manipulación de evidencia que pueden socavar severamente la capacidad del Gobierno para realizar investigaciones precisas en Sacaba y Senkata”.

“Oficiales de Estado limpiaron sistemáticamente el área inmediatamente después de los asesinatos, destruyendo evidencia pertinente. Un testigo vio tanques con un cañón de agua enjuagar la sangre de las calles. Según otros testigos, las fuerzas de seguridad también plantaron armas entre los manifestantes para afirmar que estaban armados”. “También vi soldados buscando balas en el suelo y recogiéndolas. Los militares recogieron cosas como balas y limpiaron el área… La Policía trató de limpiar la evidencia”, detallan algunos testimonios.

“Otro manifestante declaró que vio a las fuerzas estatales destruir fotografías, evidencia de abusos estatales; incluso que un oficial hizo que un periodista borrara fotos que había tomado de fuerzas estatales golpeando a un detenido”.

IRREGULARIDADES. La investigación también encuentra “significativas irregularidades” en las autopsias de los muertos en Sacaba y Senkata. Aparte de que en algunas ocasiones se impedía la presencia de los familiares, el hecho más frecuente eran dificultados y tensión a la hora de la extracción de los proyectiles de los cadáveres. “El miembro de la familia que finalmente pudo observar la autopsia declaró que la bala tomada del difunto fue cambiada por una bala más pequeña”. Según él, el fallecido fue “asesinado con una bala más grande, pero intentaban decirle que era más pequeña… (Su) cabeza parecía una flor abierta; fue una gran bala pero la autopsia no dijo nada al respecto”.

En lo relativo al trabajo de los fiscales, el informe apunta que tuvieron al menos dos “barreras significativas”: 1) la falta de recursos; y 2) la negativa de las fuerzas de seguridad del Estado de cumplir con las solicitudes de información del fiscal.

“No tenemos asistentes, y no contamos con el apoyo de la Policía… [Los fiscales] incluso tuvieron que poner algunos de [sus] recursos propios para hacer el trabajo, como pagar el autobús y el taxi (en viajes de trabajo)”, recoge el testimonio de uno de ellos. Otro elemento que señala el informe es que las unidades policiales y militares no dieron o se resistieron a dar información, que no respondieron a requerimientos escritos, tanto de los fiscales como del Defensor del Pueblo (en Cochabamba).

“Cuando les solicitamos información, los militares básicamente dijeron: ¿quién es usted para pedirnos cosas? Orellana, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue [el único] quien respondió a nuestra solicitud”.

DEFENSORÍA. “Al igual que los fiscales, el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, envió una solicitud formal a la Policía y militares para obtener información sobre la operación de las fuerzas de seguridad en Sacaba, buscando identificar a los oficiales al mando, en particular las unidades desplegadas y las armas específicas llevadas por esas unidades. Sin embargo, ni la Policía ni los militares proporcionaron cualquier información al Defensor del Pueblo”, detalla el documento.

En cuanto a los testigos, un hecho significativo que relatan los investigadores (algunos de ellos estuvieron en medio de las movilizaciones) es que “muchas de las entrevistas realizado por el IHRC se llevaron a cabo en ubicaciones secretas, y con garantías de confidencialidad, porque los testigos y las víctimas temían represalias por parte del Gobierno”.

“Todos tenemos miedo de hablar contra el Gobierno o hablar sobre lo que pasó en Sacaba. Si lo hacemos, los militares o la Policía vendrá a por nosotros. El Gobierno está procesando a cualquiera que hable de lo que está sucediendo”, se detalla en una entrevista.

Luego, el informe anota que “las fuerzas de seguridad parecen haber adoptado una práctica regular de mirar a través de los teléfonos de los residentes locales para identificar testigos, o para alterar o destruir la foto o evidencia en video”.

“Pasamos por todo en nuestros teléfonos. Me pidieron mi contraseña. Ellos miraron mis fotos, WhatsApp, Facebook”. Los miembros del equipo de IHRC, cuenta el documento, sufrieron ellos mismos este tipo de acoso.

“Cuando el equipo estaba observando la reconstrucción de la escena del crimen en Sacaba en enero de 2020, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba acusó a un miembro del equipo de IHRC de tomar imágenes ilícitas”.

DISIDENCIA. En cuanto a la persecución de la disidencia, el informe de la Clínica de Harvard clasifica en tres los grupos que habrían sido objeto de este acoso: periodistas, defensores y activistas en derechos humanos, y militantes y simpatizantes políticos, especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En cuanto a los informadores, recoge el testimonio el Reporte, su “mayor preocupación” era que se “utilizaban clasificaciones como ‘sedición’ y ‘terrorismo’ como pretextos para perseguir a aquellos que criticaban al Gobierno interino”.

Cita el caso de Humberto Pacosillo, uno de los varios reporteros supuestamente en la lista de ‘sediciosos’ del Gobierno, que habría sido perseguido por ser crítico con el Gobierno. «Nuestro crimen ha sido informar sobre las cosas como son y para contrastar la versión de que el Gobierno actual usa”, testimonió a los investigadores.

Pero un sector especial de comunicadores afectado, apunta el informe, fueron los periodistas extranjeros. Primero, el Gobierno interino ha cesado —detalla— la transmisión internacional de canales de noticias como RT Spanish y TeleSUR. En segundo lugar, la Policía ha atacado a periodistas extranjeros, como la reportera de Al Jazeera, Teresa Bo, a quien la Policía gasificó directamente en la cara mientras reportaba en vivo. Otro periodista extranjero que ha cubierto en Bolivia durante décadas para medios como The Guardian y Al Jazeera dijo al IHRC: “Los periodistas tienen miedo por sus vidas… Esto es la peor violencia y represión que he visto a lo largo de mi carrera en Bolivia. Esto no es Bolivia”.

En cuanto al acoso a activistas de derechos humanos, entre los varios casos que cita, se puede mencionar el ejemplo del representante en Cochabamba del Defensor del Pueblo, Nelson Cox. “Asociados con el Gobierno
interino (grupos de personas) amenazaron con cometer actos de violencia contra miembros de la oficina del Defensor del Pueblo; los grupos civiles rodearon las oficinas y hogares del defensor Nelson Cox, amenazándolos”.

Sobre la represión a los militantes del MAS, el reporte describe varios casos de exautoridades que afirma que fueron acosadas (Carlos Romero, Gustavo Torrico, César Dockweiller, entre otros”; grafica la situación señalando que “a principios de 2020, más más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o enfrentaban cargos y casi 600 exfuncionarios y sus familias estaban bajo investigación. En marzo, The New Yorker informó que las Naciones Unidas encontró que al menos 160 funcionarios habían sido procesados o detenidos en el periodo postelectoral”.

Si hay algo que destaca el informe como una particularidad del conflicto en noviembre de 2019, es la presencia y actuación de lo que llama “grupos paraestatales”. “Las autoridades estatales no actúan solas como fuerza de represión en Bolivia. Los actores no estatales juegan un papel importante en hacer cumplir y mantener el ambiente de persecución que se ha producido desde las elecciones (20 de octubre de 2019). Actores estatales que se presentan como civiles y civiles que realizan funciones policiales bajo sanción estatal. Grupos paraestatales violentos políticamente alineados con el Gobierno interino, según los entrevistados, han creado un ambiente de vigilancia omnipresente y desenfrenada violencia”.

En este orden, especial atención cobró el grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Al respecto, el Informe de Harvard afirma que “los miembros de RJC a menudo se movilizan en motocicletas y han llegado a ser conocidos como “motoqueros”. Un entrevistado que vio a los miembros del grupo RJC en Sacaba dijo ‘parecían personas ricas, tenían ojos verde y motocicletas caras’. Durante los enfrentamientos, los miembros usan pasamontañas y chalecos antibalas como uniformes de combate improvisados. Supuestamente se armaron con palos, cañones caseros, bazucas, cócteles molotov, pistolas de perdigones y armas de fuego. Varios entrevistados percibieron un ‘vínculo y coordinación muy claros’ entre los motoqueros y la Policía”.

El Ministerio de Justicia, en su comunicado, señala que el Informe de Harvard tiene un “carácter tendencioso porque se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas”.

Entre sus errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que estudió su maestría en la universidad de Harvard afirmó a radio Éxito tras conocer el informe: “Yo conozco la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, es muy activa para apoyar los esfuerzos continentales en procura de resguardar los derechos fundamentales, apoyar con acciones amicus curiae (de terceros ajenos a un litigio) ante el sistema interamericano y otras en favor de los derechos humanos. De manera que cuando surge una información que está suscrita por un centro de tanto prestigio, uno debe preocuparse porque no es precisamente la imagen que nuestro país debería reflejar al mundo exterior”.

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Una nueva clase: Los trabajadores en las redes

Quizás nunca lo haya pensado, pero… cada vez que accedemos a internet también trabajamos.

/ 1 de agosto de 2020 / 09:05

La estructura jerárquica y explotadora de la era feudal parece haber reaparecido hoy en Internet en la era digital. A pesar de cualquier Constitución y Estatuto de los trabajadores, ni la política ni las organizaciones sindicales intervienen. Se acepta que globalización rima con glebalización.

Desde su ubicación fija o móvil, un día la Sra. X o el Sr. Y abren una cuenta en YouTube, Facebook u otra comunidad digital y comienzan a “cargar contenido” de forma gratuita. (Hay más de 2 mil millones de cuentas en todo el mundo, de las cuales más del 30% son “verdaderamente activas”) . El servidor remoto y frío de la red social da la bienvenida a los nuevos contenidos en el silencio infinito de sus terabytes y los almacena en sus recuerdos, así como el señor feudal acumuló en sus almacenes los productos del trabajo anónimo de los siervos, que llegaron a él a través de la mediación de vasallos. De la misma manera, en el pasado, el Dominus consideraba a los habitantes de su territorio como “sujetos poseídos”, hoy el nuevo “Dominus” considera que el nuevo trabajador digital es su propio “prosumidor”, es decir, “productor- usuario”.

Como tal, lo captura en sus “términos y condiciones de uso” y lo lleva a firmar una serie de “Acepto/Acepto” en curso, bajo pena de exclusión; se apropia de su Copyright en nombre de un “uso justo” ambiguo, que excluye el uso comercial entre los miembros de la Comunidad, pero que en cambio autoriza a Dominus a insertar espacios publicitarios; comienza a monitorear las actividades del prosumidor y (especialmente) a recopilar sus datos. El socio-registro y aquellos relacionados con elecciones, gustos, relaciones privilegiadas, los suministra a los centros de investigación de la Asociación Internacional de Publicidad (cartel publicitario multinacional que opera desde 1938); los relacionados con el consenso político o la disidencia los pasa a los Servicios Secretos de Estados Unidos, en conformidad con la Ley Patriótica establecida por Bush Jr. , mientras que, en cambio, guarda para sí la información (de cantidad) proporcionada por el counter (mostrador).

El counter (ese desconocido) es una de las herramientas más poderosas disponibles para el Dominus de la era moderna. Gracias a él, el Dominus lleva a cabo un “censo” continuo en su territorio: remotamente “cuenta”, a muy alta velocidad, cada persona presente en los diferentes roles: número de cuentas, lectores o espectadores, suscritos a canales o a diferentes páginas, me gusta, número de comentarios y compartir, tiempo de estadía y atención de los espectadores, frecuencia de publicaciones, etc. La herramienta, inaccesible desde el exterior, le permite mejorar el éxito de su prosumidor o minimizarlo gracias a la práctica sutil de “prohibición de sombras”, gracias a lo cual los contactos activos de los prosumidores están limitados sin que se den cuenta. Obviamente, el contador se acredita como la “fuente autorizada más alta”, nadie pensaría en impugnarlo y, por lo tanto, le permite medir también las ganancias debidas a los prosumidores y dirigir administrativamente la temporada feudatoria digital.

En realidad, el prosumidor no tiene lo que él considera su “jardín digital”; solo se le permite trabajar de forma gratuita, posiblemente pedir “donaciones” de sus semejantes y organizar promociones comerciales, siempre que su contenido no moleste a los anunciantes o al propio Dominus, quien si esto ocurre, suspende o cierra la cuenta unilateralmente y a veces, sin aviso.

Quizás nunca lo haya pensado, pero… cada vez que accedemos a Internet, desde un PC, tableta o smart phone (teléfono inteligente), también TRABAJAMOS para algún tema más o menos oculto: fabricantes de dispositivos digitales, productores de software y aplicaciones, compañías telefónicas, empresas de publicidad e instituciones promovidas por ellos, Servicios Secretos, Oficinas de Prensa e Investigación Política, etc.

De forma muy hábil, usando herramientas efectivas e invisibles, ya no con acciones “restrictivas” sino más bien gracias a la seducción, algunos seres humanos han dominado la creatividad, el talento de un par de miles de millones de personas en el Planeta Tierra, reduciéndolo a una mercancía. Ellos, quizás extraterrestres de sangre azul, “sociópatas”, o simplemente capitalistas liberales sin ninguna empatía hacia los explotados, se agrupan en Consejos de Administración (Bords) de sociedades con acrónimos atractivos y bien promovidos; y después de atraer a sus “usuarios” con falsas promesas de libertad, se van apropiando de nuestra capacidad para producir contenido y nuestros “cuerpos digitales” compuestos por un Big Data que nos registra los detalles más íntimos.

De manera que hoy nos “mantienen en el triturador”: nos usan, nos apiñan desde una edad muy temprana frente a las pantallas de PC y teléfonos inteligentes, nos organizan en comunidades de todo tipo y naturaleza, nos venden y nos compran como “audiencia” en un mercado deliberadamente desprovisto de reglas, nos lanzan el uno contra el otro o contra sus antagonistas durante sus guerras privadas, atribuyen la responsabilidad de las fake news (noticias falsas) cuando ciertas verdades se vuelven demasiado incómodas para la realización de sus proyectos de control hegemónico y masivo.

Un ejemplo: debido a la pandemia, está de moda censurar toda la información y opiniones que son contrarias a las pautas proporcionadas por la “farmacocracia”.

Este aspecto apocalíptico, destinado a ser exaltado trágicamente con el advenimiento de 5G, es un segmento relevante de la gran escena en la que nos movemos, que se define de varias maneras: Revolución Digital, IV Revolución, Transhumanismo, Era Cibernética, Democracia de Control, Democracia, etc.

Todo esto sucedió, en gran parte, gracias a la explotación intensiva de una práctica, definida en el origen (primero con el nacimiento de los motores de búsqueda y luego de las Redes Sociales) Contenido Generado por el Usuario o WEB 2.0 (User Generated Content o WEB 2.0) , que es interactivo y participativo.

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