sábado 12 jun 2021 | Actualizado a 12:55

La universidad pospandémica

/ 27 de julio de 2020 / 11:46

Las tareas de la universidad pública: democratizar, desmercantilizar, descolonizar y despatriarcalizar.

Para entender lo que podría pasar con la universidad es necesario recordar los principales ataques de los que la moderna universidad pública (UP) fue objeto antes de la pandemia. Hubo dos ataques globales. Provinieron de dos fuerzas que se pueden sintetizar en dos conceptos: capitalismo universitario y ultraderecha ideológica.

El primer ataque se intensificó en los últimos cuarenta años con la consolidación del neoliberalismo como lógica dominante del capitalismo global. La universidad pasó a concebirse como un área de inversión potencialmente lucrativa. Comenzó entonces un proceso polifacético que incluía, entre otras, las siguientes medidas: permitir y promover la creación de universidades privadas y permitirles el acceso a fondos públicos; invocar la crisis financiera del Estado para infrafinanciar las UP; devaluar los salarios del personal docente y flexibilizar su vínculo laboral con la UP para permitirles dar clases en universidades privadas, promoviendo así una transferencia de la inversión pública en la formación de profesorado al sector privado; establecer el pago de tasas de matriculación cuando antes la educación era gratuita e impulsar a las UP a obtener sus propios ingresos; introducir la lógica mercantil en la gestión de las UP, lo que se hizo en diferentes fases: las UP deben ser más relevantes para la sociedad, sobre todo mediante la formación de personal cualificado para el mercado; la condición de profesor e investigador debe flexibilizarse (es decir, precarizarse), siguiendo la lógica global del mercado laboral; los estudiantes deben concebirse como consumidores de un servicio y los profesores deben estar sujetos a criterios globales de productividad; las UP deben administrarse como una empresa más; las UP deben integrar sistemas de ranking global para medir “objetivamente” el valor mercantil de los servicios universitarios. En Europa, a pesar de toda la retórica en sentido contrario, el objetivo principal del proceso de Bolonia fue consolidar a nivel europeo el modelo de universidad neoliberal. En el caso portugués, este proceso implicó el fin de la elección democrática de los rectores.

Las razones más profundas del ataque del neoliberalismo a las UP residen en que éstas tradicionalmente habían sido las formuladoras de proyectos nacionales, proyectos sin duda elitistas y a veces muy excluyentes (racistas, colonialistas, sexistas), pero que buscaban dar consistencia a la economía capitalista nacional y a la sociedad en la que se asentaba. Resulta que para el neoliberalismo la idea de proyecto nacional, tal y como la idea del capitalismo nacional, era un anatema. El objetivo era la globalización de las relaciones económicas en términos de libre circulación de capitales, bienes y servicios (no de trabajadores). Como resultado, antes de la pandemia las UP ya estaban muy desfiguradas, sin ninguna visión de misión social, lidiando con crisis financieras crónicas. En general, los rectores reflejaron este panorama, convertidos en gestores de crisis financieras, incapaces de poner en práctica ideas innovadoras incluso si las tuviesen, situación que se hizo rara, sobre todo después de que dejaron de ser electos por la comunidad universitaria.

El segundo ataque, más reciente, vino de la derecha ideológicamente ultraliberal, que tiene una ideología extremadamente conservadora, cuando no reaccionaria, a veces formulada en términos religiosos. Esta derecha está apoyada socialmente por grupos radicales, de extrema derecha, de tipo neonazi o proselitistas religiosos. Esta ultraderecha ha llegado al gobierno en diferentes países, desde Hungría a Turquía, desde Brasil a la India, desde Polonia a Estados Unidos. Sin embargo, en algunos países, como Estados Unidos, hace mucho que venía influyendo en la política universitaria, a escala de los estados de la Federación y desde las estructuras de gobierno de las UP. Este ataque, a pesar de ser altamente ideológico, se presentó como antiideológico y se formuló de dos maneras principales. La primera fue que todo pensamiento crítico, libre e independiente, busca subvertir las instituciones y desestabilizar el orden social. La UP es el nido donde se crían los izquierdistas y se propaga el “marxismo cultural”, una expresión utilizada por el nazismo para demonizar a los intelectuales de izquierda, muchos de los cuales eran judíos. La segunda ha sido particularmente dominante en India y considera como ideología todo lo que no coincide con la comprensión política conservadora del hinduismo político. Tanto la Ilustración eurocéntrica como el Islam se consideran peligrosamente subversivos. En otros contextos, es el islam político el que desempeña el papel de guardián ideológico contra las ideologías.

Ambos ataques, aunque diferentes en la formulación y en su base de sustentación, convergen en el mismo objetivo: evitar que la UP continúe produciendo conocimiento crítico, libre, plural e independiente. Muchas de las críticas antiideológicas utilizaron la crisis financiera de las UP para reducir la educación a las materias básicas, supuestamente libres de ideología y más útiles para el mercado laboral. Muchas de las llamadas materias ideológicas se impartieron en cursos opcionales, en departamentos de literatura y de filosofía o en departamentos recién creados. El ataque consistió en eliminar las opciones y cerrar estos departamentos por supuestas razones financieras.

Durante la pandemia, estos ataques se atenuaron y las UP centraron sus prioridades en adaptarse a los cambios causados por la pandemia. Muchas vieron aumentar su visibilidad pública gracias al protagonismo de los científicos que investigan en áreas relevantes para el COVID-19. El periodo que seguirá no será un tiempo libre de pandemia y con la UP volviendo rápidamente a su normalidad. Va a ser un periodo de pandemia intermitente. Para proyectar lo que está en juego en el próximo periodo, deben responderse varias preguntas.

¿Cómo se comportó la universidad durante la pandemia? Es muy difícil generalizar, pero se puede decir que el centralismo se ha profundizado y la lógica burocrática que domina las relaciones intrauniversitarias en la actualidad no cambió un milímetro; se tuvo muy poco cuidado con los estudiantes más allá de breves momentos en línea o lidiando con las exclusiones que causó la supuesta ciudadanía digital; los maestros que dedicaron más tiempo a los estudiantes lo hicieron por iniciativa propia y espíritu de misión; la situación de los docentes fue totalmente descuidada, enfrentando cambios en la vida familiar, utilizando tecnologías de enseñanza con las que la mayoría estaba poco familiarizada, con una inmensa carga burocrática, con el deseo de innovar, casi por necesidad frente a los desafíos de la pandemia, pero bloqueados por el muro burocrático.

En resumen, la pandemia ha agravado las tendencias de degradación de la universidad que se iban notando durante mucho tiempo. ¿Cómo se posicionará la UP en la disputa de la narrativa? Tan pronto como pase la fase aguda de la pandemia, habrá un conflicto ideológico y político sobre la naturaleza de la crisis y los caminos de futuro. La especificidad de la UP es que debe responder a esta pregunta en dos niveles: a nivel de la sociedad en general y a nivel de la universidad en particular. Se diseñaron tres escenarios: a) todo volverá a la normalidad rápidamente; b) habrá cambios mínimos para que todo permanezca igual; c) la pandemia es la oportunidad de pensar en una alternativa al modelo de sociedad y de civilización en el que hemos vivido, basada en una explotación sin precedentes de los recursos naturales que, junto con la inminente catástrofe ecológica, nos lanzará a un infierno de pandemias recurrentes. ¿Cómo expondrá la UP los escenarios y se posicionará ante ellos?

¿Cómo responderá a los ataques que precedieron a la pandemia? La forma en que la UP interprete la crisis y responda a ella será decisiva para que se posicione ante los dos ataques precedentes: el neoliberalismo universitario y la ultraderecha ideológica. Creo que la UP solo se defenderá efectivamente contra ellos en la medida en que se enfoque en el tercer escenario. No es solo la institución que mejor puede resolver el tercer escenario y caracterizar el periodo de transición que implica. Es la única institución que puede hacerlo. Si no lo hace, será devorada por el vértigo neoliberal que ahora se ve reforzado por la orgía tecnológica de zoom, streamyard, webex, webinar, etc. Vendrán los vendedores del primer y del segundo escenarios. Y, para ellos, la UP del futuro es online: grandes ahorros en personal docente, técnico y en instalaciones; forma expedita de acabar con las materias “ideológicas” y con las protestas universitarias (no hay estatuas en línea); eliminación de procesos deliberativos presenciales disfuncionales. Finalmente, el fin de la crisis financiera. Pero también el fin de la universidad tal como la conocemos.

¿Cómo luchará la UP por su futuro? Como dije, el futuro de la UP está vinculado a la credibilidad del tercer escenario. La estrategia se puede resumir en las siguientes palabras clave: democratizar, desmercantilizar, descolonizar y despatriarcalizar.

Democratizar. La democratización de la UP tiene múltiples dimensiones. La UP debe democratizar la elección de sus rectores y autoridades. Las instituciones no democráticas para elecciones indirectas están históricamente condenadas. Son, en el peor de los casos, guaridas de compadrería y de cooptación y, en el mejor caso, espejismos de irrelevancia. Solo la comunidad universitaria en su conjunto tiene la legitimidad para elegir a los rectores y demás autoridades. La UP debe democratizar sus relaciones con la sociedad. La UP produce conocimiento válido que es tanto más valioso cuanto mejor sabe dialogar con los otros saberes que circulan en la sociedad. Una UP encerrada en sí misma es un instrumento fácil para los poderes económicos y políticos que quieren ponerla a su servicio. La UP tiene que democratizar sus relaciones con los estudiantes, a los cuales una pedagogía atrasada y rancia todavía ve como ignorantes vacíos donde los maestros mantienen el conocimiento lleno. La verdad es que se aprende-con y se enseña-con. Nada es unilateral, todo es recíproco.

Desmercantilizar. Las UP debe comenzar a evaluar a sus profesores de acuerdo con otros criterios de productividad que no excluyan la responsabilidad social de la universidad, especialmente en el campo de la extensión universitaria. No pueden privilegiar las ciencias y la investigación que generan patentes, sino más bien, la ciencia que contribuye al bien común de toda la población y crea ciudadanía. En este dominio, las humanidades, las artes y las ciencias sociales volverán a tener el protagonismo que alguna vez tuvieron. Los estudiantes nacionales y los que provienen de las antiguas colonias no deben pagar las tasas de matrícula. No pueden codiciar a los estudiantes extranjeros en la lógica de cacería de matrículas lucrativas. Esta es una estrategia central para la democratización discutida anteriormente y para la descolonización analizada a continuación.

Descolonizar. Las UP europeas y de inspiración eurocéntrica nacieron o prosperaron con el colonialismo y hoy continúan enseñando y legitimando la historia de los vencedores de la expansión europea. Son cómplices del epistemicidio que acompañó al genocidio colonial. Las estatuas (y mañana los edificios, museos, archivos y colecciones coloniales) son los objetivos equivocados de mucha revuelta justa. Lo importante es que el poder que representan sea deslegitimado y contextualizado en el aprendizaje universitario. Por eso los planes de estudio tienen que ser descolonizados. No se trata de destruir conocimiento, sino de aumentar conocimiento para que se haga evidente que el conocimiento dominante a menudo es una ignorancia especializada e intencional. Las UP necesitan urgentemente iniciar políticas de acción afirmativa para una mayor justicia cognitiva y etnorracial, tanto entre los estudiantes como entre los maestros.

Despatriarcalizar. En muchas universidades, las mujeres son la mayoría, pero los lugares de gobierno administrativo y científico siguen dominados por los hombres. Los planes de estudio siguen siendo misóginos y llenos de prejuicios sexistas. ¿Dónde están las científicas, las artistas, las escritoras, las luchadoras, las heroínas? Las relaciones entre el personal docente, técnico y estudiantil tampoco están libres de los mismos prejuicios. Estas y muchas otras iniciativas que surgirán de los procesos de democracia universitaria constituyen una pesada agenda de trabajo, pero la alternativa es escalofriante: sin ellas la universidad no tendrá futuro.

(*) Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez. como el Islam se consideran peligrosa

‘FRAUDE’, INFORME DE LA OEA, SOBRE TODO INDICIOS

Volvió a la agenda el debate sobre si en 2019 hubo o no ‘fraude’; aún está pendiente revisar lo que realmente pasó.

Ante la Asamblea, el ministro Lima dijo que no hay una sola prueba. Un análisis sobre el contenido del estudio de la gestión Almagro

Por Iván Bustillos

/ 6 de junio de 2021 / 17:56

EL PUNTO SOBRE LA i

Volvió a la agenda la polémica del “fraude” en la elección de octubre de 2019; esta vez fue a raíz de la afirmación del ministro de Justicia, Iván Lima, en la Asamblea Legislativa, en sentido de que “no existe una sola prueba, ni un elemento que sostenga un fraude electoral” en dicha elección. Para respaldar su afirmación, el ministro aludió al sobreseimiento fiscal con que se beneficiaron los vocales de los tribunales electorales departamentales, que junto a los del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían sido acusados del ilícito desde noviembre de 2019. El sobreseimiento se hizo efectivo entre enero y marzo de 2021.

En ocasión de la absolución de los exvocales del TED La Paz, el 19 de enero de 2021, la Fiscalía en su resolución señalaba que se decidió el sobreseimiento al “no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘indubio por reo’ siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como en el presente caso de autos”.

Los delitos de los que se acusaba a los exvocales, y de los cuales se los liberó de culpa, eran “uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alternación y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, todos vinculados con delitos electorales”.

Como ya se informó anteriormente, el proceso a los exvocales del TSE, sin embargo, sigue abierto. El 6 de octubre de 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia informática sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019.

En esa oportunidad, Lanchipa refirió que si bien la base de la acusación sigue siendo el informe final de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), éste solo establece indicios; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, tener la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe”.

El 4 de diciembre de 2019, la OEA emitió un comunicado de prensa en el que anuncia la presentación del “informe final de la auditoría” de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. La conclusión, dice, “es que hubo una ‘manipulación dolosa’ e ‘irregularidades graves’ que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

La “manipulación dolosa”, continúa la OEA en su comunicado, se dio en dos planos: “alteraciones de las actas y la falsificación de firmas de jurados de mesas”, y que en el procesamiento de los resultados “se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas”.

En lo que sigue, se trata de mostrar los diferentes matices de lo que el informe de la OEA tiene como puntos críticos de la “manipulación dolosa”.

Como se conoce, el primer cuestionamiento que hace la OEA es el corte del TREP, que además de ser una “decisión arbitraria que atentó contra la integridad y transparencia del proceso electoral”, tuvo motivaciones “cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática a través del desvío del flujo del TREP hacia servidores externos” (p 14); o sea, el corte fue un acto intencionado para posibilitar el desvío de los datos hacia servidores ocultos, sospechosos de que podían cambiar los resultados, y esto, se señala, fue bajo la anuencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “que permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral (p 10).

Los dos “servidores ocultos” son el BO1 y BO20; el primero habría funcionado hacia las 19.40 del mismo día de la elección, el 20 de octubre; y, el segundo, al reanudar el TREP, el lunes 21.

De la declaración del gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, en noviembre de 2019 al Canal Universitario y de su “Informe consolidado de Producto 1 y Producto 2 Línea de Tiempo de la Consultoría al OEP”, sin embargo, destacan los siguientes hechos: la existencia del “servidor oculto” fue alertada por Ethical a las 19.30 del día de la elección, por el alto que estaba generando para verificar actas; a eso, los vocales se hicieron presentes en el centro de cómputo y, una vez que llega Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec (la empresa encargada de gestionar el sistema de cómputo) le piden explicaciones sobre el servidor “oculto” BO1; Guzmán de Rojas “indica que fue su error no avisarnos pero que lo hizo (crear el servidor BO1 y de ahí solicitar verificación de actas) para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”.

El problema es, dice la auditora Ethical, que dicho servidor no estaba monitoreado, y por eso no podía dar fe de lo que allí se hizo y por esta “violación del protocolo de seguridad” se perdía credibilidad en el proceso de conteo. Y, cuenta Andrade: “Para estos momentos la presidenta del TSE y los vocales, con excepción del Ing. Costas, empezaron a acusar a Marcel Guzmán de Rojas de hacer fraude (…) todos empezaron a gritar y a acusarlo de fraude, se habló de llamar al Fiscal General, a la Policía y en eso tuvimos que intervenir para calmar los ánimos”. En ese momento, cuenta Andrade, decidieron “verificar lo que pasó en este servidor (BO1) y ver si se realizó un ataque o no al sistema TREP”. Fue en esta circunstancia en que los vocales instruyeron “cortar la comunicación del TREP (…) hasta que se verifique qué fue lo que pasó”.

Luego de que Andrade y Guzmán de Rojas se tomaron varios minutos para revisar dicho servidor, se llamó nuevamente a reunión, y allí Ethical además de reclamar el proceder de Guzmán de Rojas y, de nuevo, aclarar que no da fe de la integridad de los datos; sin embargo, se vio que dicho servidor “no contenía software malicioso, estaba libre de crons y scripts que pudieran alterar posteriormente alguna información, que no existían usuarios adicionales a los que deberían existir, que las comunicaciones se realizan solo por certificado, etc.”

Aquí no hay que dejar de decir que el principal reclamo de Ethical a Enotec efectivamente es que Guzmán de Rojas intervenía en el sistema del TREP y en el cómputo oficial sin pedirles permiso o sin avisarles, aunque luego les informaba.

Por su lado, Marcel Guzmán de Rojas, en su Informe Final Elecciones Generales 2019, dirigido a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque el 28 de octubre de 2019, sobre la interrupción del TREP, expresa que no estuvo de acuerdo con dicho corte, aunque ratifica: “En ningún momento, incluyendo el periodo de suspensión del TREP, la base de datos del TREP estuvo comprometida, como tampoco se alteró”.

Específicamente sobre el hecho cuenta que como a las 20.15 del 20 de octubre recibió una llamada de los vocales del TSE, por la que se le “ordenó suspender el TREP” y se le convocó a una reunión en oficinas del TSE en San Jorge. En dicha reunión (a las 20.30) da cuenta de que los vocales “presentaron tres argumentos para la interrupción: 1. el uso de un servidor no monitoreado, BO1; 2. el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor BO1; y 3. el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC”. Pese a explicar la función del servidor BO1 y de lo normal de la evolución del conteo, concluye Guzmán de Rojas, “los vocales decidieron no continuar con el TREP, a excepción del vocal Antonio Costas”.

En cuanto al segundo servidor “oculto”, el BO20, que se detectó tras la reanudación del TREP, el lunes 21 de octubre, la OEA además de protestar porque tampoco estaba monitoreado, deplora que en el mismo también se registró y verificó actas del TREP. “Esto resulta extremadamente grave y afecta la transparencia del proceso”, reclamó. (p 29)

Al respecto, la versión de Guzmán de Rojas es como sigue: “La noche de la elección, en la reunión de las 20.00, el TSE decidió reemplazar el servidor BO1 por un nuevo servidor, BO20. Este servidor se creó y configuró en el espacio de servidores en Amazón AWS del TSE. Al igual que el servidor BO1, el nuevo es una simple pasarela, un reverse proxy mediante Nginx. Los servidores perimetrales actúan como pasarela entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones, validando que la solicitud enviada por el navegador corresponda a un servicio expuesto en la pasarela así como la integridad de la solicitud http. Es una buena práctica de seguridad, usar servidores pasarela (perimetrales) en un servidor distinto al servidor de aplicaciones”, destaca en el Informe Complementario al Informe Final Elecciones Generales 2019, en el capítulo “Aclaración Servidores BO1 y BO20”, dirigido a la presidenta del TSE el 4 de noviembre de 2019, cuando ya estaba en curso la auditoría de integridad electoral de la OEA.

En lo relativo a las actas y las supuestas falsificaciones, en el comunicado de prensa de la OEA del 4 de diciembre de 2019, cuando el organismo presentó el Informe Final de auditoría, no deja de destacar el volumen del texto: “96 páginas de análisis y más de 500 páginas de anexos”. Dichos anexos contienen, asegura la OEA, “pericias caligráficas a más de 220 actas de escrutinio; documentos suscritos por funcionarios del órgano electoral; referencia a 37 listas de índice de ciudadanos habilitados para votar; registro de la recepción de más de 200 denuncias y comunicaciones con información recibida por parte de la ciudadanía; y, 11 solicitudes de requerimientos de información”. Se trata de un total de nueve anexos.

El anexo más ampuloso es del número 8, “Hallazgos de la pericia caligráfica”. Allí se muestra la fotografía de las 226 actas que habrían sido “completadas por una misma persona”; este “procedimiento altamente irregular” se habría dado, dice la OEA, en 86 centros de votación de 47 municipios del país, adelantando su evidente sospecha: “todas estas mesas corresponden a 38.001 votos válidos, de los cuales el partido político MAS obtiene el 91%”.

La OEA también incluye anexos actas en que detalla supuestas falsificaciones de firma de los jurados electorales.

Como señala la Fiscalía General del Estado, lo que hay en el Informe Final de auditoría de la OEA, en rigor, son indicios de acción dolosa e irregularidades, que por eso está en curso una pericia internacional acerca de si hubo o no manipulación informática de los resultados.

 (*) IVÁN BUSTILLOS es periodista de La Razón

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LA DERECHA INSUSTANCIAL

La derecha ya no busca el poder por un fin filosófico o ideológico, sino por el beneficio que da desmantelar el Estado.

/ 6 de junio de 2021 / 17:39

DIBUJO LIBRE

Lo que asfixia a la derecha boliviana no es el largo tiempo de una vida política errabunda, vacía de pensamiento y sin miradas propias del país que ambicionarán construir. El fondo de ese extravío se explica en la carencia de una identidad propia y nacional y en el alejamiento casi natural de dos factores sustanciales que concluyen siéndoles extraños: las injusticias instaladas en la sociedad y su incomprensión de las formas construidas y necesarias de libertad e igualdad social.

Agustín Tosco, aquel dirigente sindical argentino que tributó su vida, infatigablemente, por los derechos de las clases trabajadoras, protagonista determinante en la gesta conocida como el Cordobazo, (protesta obrero-estudiantil, acaecida en Córdoba, Argentina, los días 29 y 30 de mayo de 1969, en oposición a la dictadura militar presidida por Juan Carlos Onganía) dejó un pensamiento y una reflexión de compromiso infinito: “…Hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien yo nací en una familia de pequeños propietarios y no he experimentado la injusticia que sufre tanta gente, tantos trabajadores, sé que no solo lucha contra ella quien la padece, sino también quien la comprende”. Sin un sentido de las injusticias que inciden determinantemente en la vida y dignidad de hombres y mujeres, no es posible transitar el camino de la demanda interminable, la urgente profundización de la democracia. El conservadurismo nacional padece de ello.

En noviembre de 2019, los grupos conservadores, los de radicalidad extrema y aquellos contemporizadores con el centro político, articularon esfuerzos para componer, tras largos años de ausencia en la administración del Estado, la ofensiva antidemocrática. Los ejes discursivos utilizados en referencias constantes a “recuperar la democracia”, a “retornar a la libertad y la institucionalidad del Estado” y al “fin del autoritarismo” solapaban la pretensión última: un desembarco en el Estado con fines de urgencias personales, de grupo y corporativas siempre económicas y nunca en perspectiva histórica transformadora. El concepto de Estado no tenía sustancia ideológica, se simplificó exclusivamente en una mirada utilitarista de vaciamiento económico. Las estructuras ocultas en la lógica policial que construyó el noviembrismo, con perfiles propios de crimen organizado e internacionalizado, develan la esencia de una derecha que rastreó el poder y la administración del Estado en una perspectiva de posibilidades eventuales de apropiación y uso personal. Albert Camus expresó una máxima de dimensiones inagotables en el tiempo y que aplica al interés en referencia al poder: “Se trata de servir a la humanidad con medios que sigan siendo dignos en medio de una historia que no lo es”.

La urgente inclusión social en la construcción de una sociedad equilibrada que diluya las formas de discriminación a sectores sociales marginados históricamente, condenados a vivir en la periferia de las decisiones políticas y la vida social, prueba que las clases dominantes resisten en formas que generan nuevos antagonismos. El conservadurismo en Bolivia ha desarrollado un imaginario de democracia que tiene en el concepto solo un beneficio discursivo, actuando en la práctica con métodos sobrecargados de autoritarismo e intenciones regresivas a las viejas lógicas del Estado noventista, esto es, una clase media radical y dominante como única articuladora de la administración de Estado y sectores sociales y populares con representaciones marginales.

La ofensiva antidemocrática. Lo que la derecha conservadora hace en el país es cuestionar el Estado Plurinacional, las formas de inclusión social y la capacidad lograda por los movimientos sociales de articular un enorme bloque con toda la corporatividad popular en conductas electorales homogeneizadas hasta consolidar una potencia electoral casi invencible. La negación del país plural y diverso, su desprecio racializado por la gente campesina, originaria e indígena en un maltrato que llega a las culturas ancestrales y a las nuevas identidades ya hoy politizadas, los convierte en representantes de la intolerancia y la hostilidad sempiterna.

Los procedimientos de poder expuestos por el noviembrismo en 2019 evidenciaron el ánimo de implementar un Estado Policía a partir del cual se reconfiguraron las intervenciones del mismo, disminuyéndolas para favorecer las prácticas neoliberales. El nuevo neoliberalismo se exaspera con las formas manifestadas por los movimientos sociales, las identidades y las maneras colectivas de comprender la libertad. La ofensiva antidemocrática es la presencia del neoliberalismo impaciente, la exaltación de la libertad individual extrema que estando carente de posibilidades democráticas y electorales recurre a los inéditos formatos que sugiere el neogolpismo. La libertad ultraindividualizada fragmenta el movimiento popular. En palabras de E. Hayek, “la democracia es esencialmente un medio, un instrumento utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual”. El sentido de Hayek apunta a un retorno de las formas duras de un capitalismo de mercado que desprecia la conformación de Estados fuertes; Robert Nozick con su planteamiento del Estado mínimo, restringido únicamente a funciones de orden y establecimiento de la ley; Brzezinski y la sugerencia de “separar el sistema político de la sociedad y empezar a concebirlos como entidades separadas”. Los actuales teóricos de la nueva derecha en el mundo que interpelan, en un extremo preocupante, el sufragio universal. Alain de Benoist se expresa al respecto diciendo que “la democracia pone a todos los individuos en un mismo plano haciendo caso omiso de las importantes diferencias que existen entre ellos. Siendo el resultado una uniformización y masificación de los ciudadanos, lo que revela el carácter necesariamente totalitario de la democracia”. En suma, un vasto desarrollo de quienes construyen sus ideas en el lado derecho del pensamiento político.

Carente incluso de estas ideas, el conservadurismo boliviano se ve comprimido a una voz en el vacío mientras aguarda un error histórico del movimiento popular. Pero cuando ya su paciencia se reduce a grados no administrables, opera en la subversión, la desestabilización y la gesta rupturista. El por qué busca el poder del Estado ya no es una cuestión filosófica e ideológica, sino el enorme atractivo de los beneficios que concede la desmantelación de la estructura estatal.

 (*)JORGE RICHTER R. es politólogo, actual Vocero presidencial

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EL DISCURSO NEOLIBERAL, SIN ASIDERO

La oposición, al no poder plantear un pleno programa neoliberal, hipoteca toda su esperanza a la división del MAS

/ 6 de junio de 2021 / 17:35

DIBUJO LIBRE

La sociología trata los fenómenos sociales como son, no como deberían ser. Preguntarse desde el lado del oficialismo, por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si no se convocaba al referendo del 21 de febrero de 2016?, ¿por qué el MAS no hizo una renovación de liderazgos oportunamente?, ¿por qué el MAS plantea un balotaje habiendo ganado en primera vuelta en octubre de 2019? o ¿por qué no se enjuició a los golpistas al inicio de la gestión de Luis Arce?; o desde el lado de la oposición, ¿por qué en noviembre de 2019 se impuso el gobierno de facto como salida a la crisis?, ¿por qué la clase media política de oposición no pudo establecer una alternativa de centro o centro derecha? o ¿por qué la oposición, al final, tuvo que ser representada por alcaldes y gobernadores no deseados ni por ellos mismos? Las respuestas a estas interrogantes pueden servir para el diagnóstico, la autocrítica y reflexiones de ética y moral, pero no para cambiar los hechos, éstos se dieron de una manera y no de otra, y son de esos hechos de los que se ocupa la sociología.

Por de pronto, vivimos las secuelas de la victoria contundente del MAS en las elecciones del 18 de octubre de 2020 y la victoria relativa de la oposición del 7 de marzo de 2021, relativa porque gana en seis gobernaciones y los municipios capitales del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), pero sin mayoría de asambleístas y concejales, exceptuando El Alto; por lo demás, pierde en tres gobernaciones y nada menos que en 70% de los municipios del país gana el MAS.

A más de seis meses de haber recuperado el proceso de cambio, la correlación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición aún no establece una resultante; sin embargo, el año de interrupción del proceso descartó la vía neoliberal por mucho tiempo y la intervención del Estado en la política se hace imprescindible en los ámbitos económico- financiero y social-cultural, particularmente sobre la pandemia, en la que el Estado es rector, gestor y articulador de los esfuerzos subnacionales y privados contra el cambiante y recurrente COVID 19.

Hablando de hechos sociales, con Sergio Almaraz Paz quedó establecido que cada país tiene su Revolución, (Francia, México, Rusia, China, Cuba, etc.) y la nuestra fue la Revolución Nacional de 1952, que ésta no era un escaparate del cual uno podía escoger lo bueno y desechar lo malo, y que, como todo fenómeno social y político, tuvo sus luces y sombras, pero que a partir de un punto (1964) todo se perdió. Del mismo modo, René Zavaleta Mercado demostró que en un país de capitalismo atrasado como el nuestro solo el Estado puede cumplir las tareas asignadas a la burguesía y que las clases subalternas se representan dominantemente en organizaciones sociales y no así en partidos políticos.

En base a estas evidencias, se entiende que en varias oportunidades el pueblo boliviano trató de restablecer el ciclo de liberación nacional: primero, durante los cortos gobiernos de Alfredo Ovando y Juan José Torres (1969-1971); segundo, el también breve gobierno de Henán Siles (1982-1985); para finalmente rematar en el ‘proceso de cambio’, de largo aliento (2006-actual), interrumpido un año (2019-2020) por el gobierno de Jeanine Áñez.

En el momento actual el discurso neoliberal no tiene asidero; es decir, la narrativa del libre mercado, la mano invisible, exportar o morir, reducción del gasto público, achicar el Estado y la inversión extranjera como la única posibilidad de desarrollo, ya no puede ser sostenida por la oposición, ni siquiera por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Ellos recurren más bien a instrumentalizar y dirigir las legítimas demandas de defensa del medioambiente, la equidad de género, el cambio de la matriz productiva, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el centralismo, atribuyendo la mayoría de estas contradicciones (producto del capitalismo salvaje), paradójicamente, al gobierno nacional popular, despectivamente catalogado de populista.

La oposición, tan diversa y extrema, abarca desde la clase media profesional, disminuida en su poder de influencia política durante 14 años (direcciones de partidos de centro derecha, organizaciones no gubernamentales y universidades privadas, secundadas por las jerarquías de la Iglesia, comités cívicos, colegios de profesionales y otros), hasta el verdadero poder económico hegemonizado por la burguesía agraria, financiera y comercial (agroindustria, banca y grandes importadores-exportadores) en un extremo, y en el otro, están los grupos irregulares de la “Resistencia Cochala” y “Unión Juvenil Cruceñista”; todo este conjunto, unido solo por el antievismo, perdió en la elección nacional; sin embargo, ganó fuerza en las elecciones subnacionales, con una política antimasista, es decir, específicamente antiproceso estatal nacional.

La oposición, al no poder plantear abiertamente un programa neoliberal, hipoteca todos sus recursos a la división del MAS, magnificando las diferencias entre David Choquehuanca y Luis Arce primero, luego agrandando el liderazgo disidente de Eva Copa, para finalmente sobredimensionar la brecha generacional de antiguos y nuevos militantes del MAS y de sus aliados.

El oficialismo, tiene a su favor la prosecución de un modelo de estabilidad económica, redistribución de los ingresos de base ancha, industrialización, sustitución de importaciones y soberanía alimentaria, establecido en la Agenda 2020-2025, naturalmente afectado por la recesión económica mundial y la pandemia. Si bien el MAS tiene la militancia política más grande del país, el apoyo de las organizaciones sociales sigue siendo la garantía de la continuidad del proceso. Este colectivo es abigarrado como el país: en el partido hay tendencias tradicionales y modernas y en las organizaciones sociales subyacen intereses particulares de gremio muy diversos. De cualquier forma, el reto es el de restablecer la unidad del bloque de poder de las clases sociales subalternas de defensa y profundización del proceso nacional popular frente al modelo neoliberal, que apuesta su sobrevivencia exclusivamente a la fragmentación del MAS y de sus aliados.

 (*)DANILO PAZ B. es sociólogo, investigador del CESU-UMSS

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DEBATE: EL ‘GOLPE’ DE 2019 DESDE LA GEOPOLÍTICA

Libro sobre la crisis política de fines de 2019, publicado por Clacso y la Universidad Nacional de México

/ 6 de junio de 2021 / 17:29

DIBUJO LIBRE

Aun cuando estamos presenciando una reversión del proceso golpista en Bolivia, lo cual es invaluable para los pueblos de Nuestra América, sigue siendo importante leer, analizar, contar lo sucedido en el golpe de Estado de 2019. Con este espíritu, compartimos el lanzamiento del libro Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado que tuvimos el privilegio de coordinar junto a Mónica Bruckmann y Óscar Ugarteche en el marco del Grupo de Trabajo “Geopolítica, integración regional y sistema mundial” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), publicado en coedición entre Clacso y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (IIEc-UNAM).

Retomando lo expuesto por Atilio Boron en el prólogo: “Esta obra parte de una premisa irrefutable, a saber: no se puede comprender la historia boliviana desde la revolución de 1952 en adelante sin evaluar debidamente la importancia geopolítica y geoeconómica de ese país.”

El texto contiene aportes académicos y ensayos elaborados por autoras y autores de diversas latitudes del continente y desde diversos ángulos de análisis, que se unen bajo la certeza de que Bolivia es un territorio, pueblo y proyecto clave en la reconfiguración geopolítica de un capitalismo en crisis. En conjunto, ofrece un panorama esclarecedor a contrapelo de las narrativas que justifican y naturalizan la usurpación del poder. Más que nunca, la geopolítica debe ser ubicada en el marco de una disputa real y material por recursos, mercados y territorios que requiere de un relato que lo legitime, en un contexto de (des)información y bombardeo de noticias falsas y opiniones infundadas, donde es cada vez más complejo discernir entre lo que sucede y lo que se dice o calla sobre lo que sucede. Como una materialización más de la desigualdad del orden internacional, el relato con fuerza de verdad (considerado como verdadero) suele ser aquel pronunciado por gobiernos, voces expertas y medios de comunicación concentrados y redes sociales proyectados desde los países centrales y reproducidos por sectores políticos y líderes de opinión afines en la periferia.

Es fundamental aclarar que la obra fue gestada al calor del golpe, en diciembre de 2019 y concluida en julio de 2020. En el proceso de convocar a los y las autoras nos encontramos con actores que experimentaron de modo directo la violencia y el miedo desatados por el golpe y tuvieron que exiliarse (en suelo propio o en el exterior). Enfrentándose a esta coyuntura, algunas y algunos no lograron condiciones para escribir, pero sus pensamientos están de algún modo representados en la obra. Están presentes. Otros, decidieron escribir bajo seudónimo debido a la implacable persecución política, en algunos casos planteada oficialmente como “cacería a sediciosos y terroristas”. Es el caso de Juan Ramón Quintana, exiliado (y por momentos preso) en la Embajada de México en La Paz, que escribió un potente relato bajo el seudónimo de Ernesto Eterno.

El objetivo del golpe y las diversas estrategias para evitar el retorno del MAS a la política boliviana obedece en buena medida a que el proceso de cambio iniciado en 2005 demostró ser una vía alternativa posible al neoliberalismo (con diversas limitaciones, pero con significativos logros) en uno de los países más pobres del continente. Anclada en este precepto, la primera parte del libro explora los logros socioeconómicos de la administración de Evo Morales a través de la planificación del Estado en la economía y asentada en la construcción de un Estado soberano como construcción contrahegemónica.

La segunda parte del libro reúne trabajos que dan cuenta de la importancia de Bolivia en la geopolítica y la economía mundial. Elementos como la posición estratégica del país andino y amazónico en el corazón del continente, sus vastos recursos naturales (principalmente litio e hidrocarburos) y biodiversidad hacen que el territorio boliviano se posicione en el centro de la disputa intercapitalista contemporánea. A este respecto, los y las autoras sostienen que el proyecto boliviano de industrialización del litio fue intolerable para Estados Unidos, siendo uno de los factores que confluyó en el proceso de desestabilización y golpe. Asimismo, el Estado Plurinacional asumió un rol en la esfera internacional sin precedentes en la historia del país, transitando el camino de la multipolaridad emergente, liderando nuevas dinámicas en las relaciones extrarregionales y protagonizando distintas experiencias integracionistas (Unasur, Alba, Celac) promotoras de dinámicas y procesos alternativos al neoliberalismo.

Los trabajos de la tercera parte abordan el entramado golpista conformado por la derecha autóctona e internacional, las fuerzas de seguridad colonizadas, grupos irregulares y comités cívicos; permeado por el clasismo, racismo y fundamentalismo religioso arraigados en los sectores conservadores de la sociedad boliviana. Se lleva a cabo un significativo esfuerzo por identificar actores (ponerles nombre y apellido) y dinámicas que permitan esclarecer este complejo episodio.

Agradecemos profundamente a todas y todos los que colaboraron de diferente manera para concretar este libro, en particular a los y las colegas bolivianas (o que residían en Bolivia en la coyuntura del golpe) —Rebeca Peralta Mariñelarena, Loreta Tellería, Juan Ramon Quintana, David Choquehuanca, José M. F. Delgado, Ximena Campos, Carlos Silvestre— que aceptaron este desafío en contextos cotidianos de violencias y de numerosas dificultades materiales y afectivas.

Se trata en síntesis de un aporte con el ánimo de sumar a la construcción de una memoria colectiva desde el hoy, con la emancipación como presente y horizonte de lucha, sin olvidar el pasado. ¡Nunca más! El libro puede ser descargado de manera gratuita en:

CLACSO

https://www.clacso.org.ar/librerialatinoamericana/ libro_detalle.php?orden=& id_libro=2344&pageNum_rs_li bros=0&totalRows_rs_libros=1508&o rden=IIEc/UNAM https://libros.iiec.unam.mx/tamara_ silvina_monica_oscar_bolivialas- implicaciones-geopoliticas-delgolpe- de-estado

(*)TAMARA LAJTMAN / SILVINA ROMANO son cientistas social y política, respectivamente

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MURILLO ACUSADO EN EEUU, POSIBLE ‘CASTIGO MENOR’

En comparación con las masacres de Sacaba y Senkata, por ejemplo, el caso en el país del Norte es relativamente menor.

Lavado de dinero y soborno, delitos por los cuales Murillo puede ser condenado en EEUU. ¿En qué quedarían sus casos en la Justicia de Bolivia?

Por Iván Bustillos

/ 30 de mayo de 2021 / 19:41

EL PUNTO SOBRE LA i

Entre el viernes 21 y sábado 22 de mayo, en los estados de Florida y Georgia de Estados Unidos fueron detenidos, primero, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de la presidenta Jeanine Añez, Sergio Méndez; y, luego, el propio exministro Arturo Murillo. Luego vino la detención de los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld. A los cinco se les acusa por lavado de dinero y soborno utilizando el sistema financiero estadounidense. “El exministro de Gobierno y otro funcionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano, y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, señala el comunicado de prensa del 28 de mayo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tras identificar a los cinco detenidos, el referido comunicado de prensa revela que el “plan de soborno” ocurrió entre noviembre de 2019 y abril de 2020. “Durante ese tiempo, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro funcionario del gobierno boliviano”, destaca el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Específicamente, complementa el comunicado, “las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”.

El jueves 27, el abogado de la víctimas de Octubre de 2003, Thomas Becker, que coadyuva en el caso abierto contra Murillo y otros, informó que los acusados Bryan Berkman y Luis Berkman pagaron una fianza conjunta de $us 850.000 para defenderse en libertad; en tanto que a Philip Lichtenfeld y Sergio Méndez se les impuso detención preventiva; en el caso del exministro Murillo la audiencia en que se definirá su situación será recién el lunes 7 de junio. Becker adelantó que es muy posible que también se le ponga en detención preventiva “por el riesgo de fuga” del acusado.

Becker señaló al programa de La Razón por internet, La Razón Radio, que si bien el delito de lavado de dinero puede llegar a 20 años de prisión y el de soborno a 15, generalmente no se llega a dichos topes, pues mucho depende de la negociación que pueda haber entre la Fiscalía y la defensa del acusado.

En el presente caso, dada la evidencia que el Departamento de Justicia tiene contra Murillo y otros, lo más seguro es que se les abra causa, pero el curso del proceso ya dependerá de “otros factores legales”, advierte el abogado Becker: El juez “tiene que analizar si hay suficiente prueba para avanzar con un juicio; yo creo que hay bastante prueba, tiene información directa, llamadas de WhatsApp con palabras directas, tiene la transferencia de fondos a bancos. Hay bastante prueba. Lo que puede pasar es que el gobierno, el fiscal puede negociar con el demandado, y decirle que ‘si tú mañana dices que eres culpable, no vamos a pedir 15 años por soborno, vamos a pedir 3 años”. Si el acusado no acepta, se va a juicio y allí se decide la sentencia, detalló el abogado estadounidense al programa La Razón Radio.

Pero he aquí lo que pasa en la práctica: “La verdad es que es muy raro que alguien reciba 20 años por el lavado de dinero o 15 años por soborno; es lo máximo (dichos topes), pero generalmente no pasa”.

Un “caso criminal”, que no “civil” como fue la demanda contra Gonzalo Sánchez de Lozada, la causa contra Murillo y otros, prevé Becker, máximo puede durar dos años, aunque, revela, es “una prioridad” para el actual gobierno estadounidense. “Yo creo que es una prioridad, porque es un caso especial, que fue comenzado por el Departamento de Seguridad Nacional. Es una prioridad para los Estados Unidos. También ellos entienden que afecta las relaciones con Bolivia y otros países: una persona involucrada vivía en Argentina, algunos acusados supuestamente están involucrados en tráfico de armas; es un caso que afecta a muchas personas y otros países, y yo creo que puede ser una prioridad para este gobierno”, detalló el abogado.

Una prioridad, pero para el interés boliviano, apenas “un paso”, de los menores, en la justicia que se debe ejercer contra Murillo y otras autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, remarca Becker, coincidiendo con el actual ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

A momento de anunciar, el viernes 28, que Bolivia busca el retorno del exministro, su extradición desde Estados Unidos, a través de dos conductos: Interpol o la cooperación “entre Estados”, Del Castillo remarcó la importancia de los “otros delitos” de Murillo y compañía.

“Estamos siguiendo dos conductos regulares. Si bien es cierto que ha cometido delitos en Estados Unidos por lavado de dinero al haber usado fondos de corrupción en cuentas de bancos en Estados Unidos, en Bolivia ha cometido una serie de delitos. Estamos solicitando dos caminos alternos: uno a través de Interpol y otro a través de la vía de cooperación entre Estados”, dijo la autoridad.

El abogado Becker ratifica que habiendo comenzado los procesos por lavado de dinero y soborno en Estados Unidos, “en Bolivia hay muchos más delitos, en que lo más importante son las masacres, pero están conectados; yo creo que el Gobierno (de Estados Unidos) entiende esto, entiende que el Gobierno de Bolivia va presentar un exhorto suplicatorio pidiendo la extradición (de Murillo y otros); en este momento todo es muy delicado, no es un caso normal”.

El jueves 27 de mayo, en conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló que el trámite de extradición de Murillo ya fue iniciado por el Ministerio Público el 21 de enero de 2021, como parte del caso denominado Gases lacrimógenos, precisamente por el supuesto sobreprecio del material de represión no letal por el que hoy día Murillo y cuatro personas están acusados en Estados Unidos.

Aún más, Lanchipa anunció que también se dispuso llevar a cabo “todas las acciones procesales destinadas a las recuperación y repatriación, en favor del Estado boliviano, de todos los activos, dineros y valores que se hubieren generado como resultado de actos ilícitos”.

El caso del sobreprecio de los gases lacrimógenos avanzó en el país. Hay que recordar que en enero de 2021 el ministro de Gobierno Del Castillo informó que tras realizar varias auditorías se evidenció un sobreprecio de más de Bs 7 millones en la compra de dichos gases, de equipos de seguridad así como hechos de corrupción en la contratación de empresas proveedoras de insumos para la Policía durante las gestiones de los exministros Arturo Murillo y Fernando López (de Defensa).

En anteriores gestiones, un proyectil de largo alcance CAL37/38 MMCS costaba Bs 189, dijo, pero durante las gestiones de Murillo y López, ese mismo artículo fue adquirido a Bs 270, o sea, con un sobreprecio por proyectil de Bs 81.

Las auditorías, señaló entonces Del Castillo, detectaron direccionamiento en las contrataciones a la empresa Bravo Tactical Solutions (la implicada en la acusación del Departamento de Justicia contra Murillo) y un sobreprecio total de Bs 7.150.000.

En cuanto a los “otros casos” contra Murillo, aparte de los Gases lacrimógenos, en su conferencia el fiscal general Lanchipa precisó que hasta el momento hay nada menos que nueve procesos investigativos abiertos contra el exministro Murillo.

“El Ministerio Público activó nueve procesos en contra del exministro de Gobierno Arturo Murillo, que tienen que ver con delitos relacionados a uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros”, detalló la Unidad de Prensa de la Fiscalía.

Fuente. Ministerio Pùblico

En una recopilación hecha por La Razón (y publicada el viernes 28), se precisa que los casos abiertos son:

1. Acusación a una inocente por el robo de la bebé Samantha.

2. Persecución contra el comandante de la Policía (cuando no lo era) Jhonny Aguilera.

3. Robo y quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales.

4. Muertes en Sacaba y Senkata.

5. Compra de material antidisturbios (caso Gases lacrimógenos).

6. Golpe de Estado.

7. Manipulación informática en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

8. Desaparición de droga de una incautación que se produjo en 2019.

9. Impedimento de la extradición a Brasil del procesado por narcotráfico Jesús Einar Lima Lobo.

Pese a que en Bolivia ya está en curso la preparación de la acusación fiscal contra Murillo y López por el sobreprecio de los gases lacrimógenos, y trata, desde otro ángulo, lo mismo que la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, en perspectiva es un caso menor en relación al de las masacres, por ejemplo, destaca el abogado Becker.

En teoría, destaca el abogado estadounidense, Bolivia puede argumentar esta supremacía de los delitos más graves para posibilitar la extradición, pero hay que considerar la dinámica y tradición de la Justicia de su país.

“En teoría (Bolivia) puede pedir la extradicción en cualquier momento. Pero en la práctica lo que generalmente pasa aquí, lo que creo que va a pasar es que el Gobierno (estadounidense) va a avanzar con el caso, porque está en territorio estadounidense; avanza en el caso y cuando termina o hay una resolución, decide si va a extraditar de inmediato o si (el sentenciado) va a la cárcel por algunos años y después recién extraditar”, describe el abogado lo que generalmente ocurre en estos casos.

Bolivia tiene un interés sobre otros “delitos muy fuertes”, como la violación de los derechos humanos, las masacres, “crímenes de lesa humanidad”, destaca Becker. Si hay un interés tan fuerte, el Gobierno de Bolivia puede pedir la extradición, “pero yo creo que es difícil, generalmente los gringos quieren procesar aquí en gringolandia primero”, reconoce.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón    

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