miércoles 25 nov 2020 | Actualizado a 13:27

Harvard y su incómodo informe

/ 1 de agosto de 2020 / 09:36

La universidad estadounidense entrevistó a al menos 220 personas entre octubre de 2019 y enero de 2020.

Este lunes 27 de julio, en Cambridge, Massachusetts, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por su sigla en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) hicieron público el informe “Nos dispararon como a animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia, sobre los “abusos y violación de derechos humanos” en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Un estudio donde se identificó “patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos”, según sintetizó el trabajo el abogado internacional en derechos humanos, Thomas Becker, uno de los profesores de la denominada Clinica de Derechos Humanos.

Difundida la presentación del Informe de Harvard, el miércoles 29, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado replicó al referido reporte, calificándolo de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.

En la semana, en castellano, se conoció solo el Resumen Ejecutivo del Informe; hasta donde se conoce, el documento completo (92 páginas) solo está en inglés, en el sitio http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/ uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf .

Claro que cabe no estar de acuerdo con el Informe y sus conclusiones, con su metodología, pero si hay algo que no se puede dejar pasar es que acaso su mayor riqueza sean los testimonios que recoge, los cuales —señala en su parte metodológica— fueron obtenidos en entrevistas con al menos 220 personas, entre víctimas, familiares, activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, abogados, fiscales, médicos, investigadores, funcionarios de ministerios, policías y militares. Un estudio que fue fruto del trabajo de campo en Bolivia, señala el texto, de un equipo y estudiantes del IHRC durante octubre y noviembre de 2019, y, luego, casi dos meses entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

TESTIMONIAL. Cierto, también cabe que, por ser testimonial, de entrevistas al calor de los hechos, algo de lo que se dice haya cambiado días o semanas después. Si buena parte de los declarantes son las víctimas y los afectados por la represión, donde vieron necesario los investigadores, está el punto de vista de las autoridades de gobierno. Aunque no dejan de señalar que “el equipo también envió cartas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando información sobre los asesinatos de Sacaba y Senkata” pero aseguran que “no recibieron respuesta”.

La información que levantaron en el país, en el informe está vertida en cuatro grandes secciones: los hechos de Sacaba y Senkata; los obstáculos para una investigación imparcial y justa; la persecución de la disidencia; y, la actuación represiva de grupos civiles paraestatales.

Cuando hay cierta variación en cuanto al número de muertos y heridos, el Informe de la Clínica de Harvard resume: En Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre murieron 11 personas y hubo 120 heridos; en Senkata (El Alto), el 19, hubo 11 victimados y al menos 50 heridos; en ambos casos, enfatizan, todos los fallecidos y heridos eran civiles.

Tanto en Sacaba como en Senkata, la Clínica dice que encontró “evidencia creíble” de al menos tres cosas: 1) que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados; 2) que policías y militares tuvieron una actitud racista y un lenguaje anti-indígena durante la refriega; y, 3) que las autoridades crearon una atmósfera de miedo en los hospitales, “lo que lleva a las víctimas a evitar buscar atención médica debido a su legítima preocupación por represalias del Gobierno”.

Por las entrevistas que hicieron, en Sacaba, el informe apunta que los disparos duraron dos horas: “El primer herido de bala recibió el impacto alrededor de las 16.30, y el último a las 18.30”.

El informe también registra la respuesta del Gobierno. Alude a que el 14 de noviembre la presidenta Áñez firmó el Decreto 4078, que liberaba de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en las acciones de represión; y la declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo (que luego generalizaron las demás autoridades): “La mayoría está muerta por una bala calibre 22 en la parte
posterior de la cabeza, o bien en la parte posterior (del cuerpo), o debajo del brazo ¿Qué significa esto? Que la gente del MAS, los que despertaron disturbios, mataron a estas personas para que las cosas marchen”.

Entre los obstáculos para una investigación imparcial, “el equipo del IHRC —asegura— ha documentado diversas formas de manipulación de evidencia que pueden socavar severamente la capacidad del Gobierno para realizar investigaciones precisas en Sacaba y Senkata”.

“Oficiales de Estado limpiaron sistemáticamente el área inmediatamente después de los asesinatos, destruyendo evidencia pertinente. Un testigo vio tanques con un cañón de agua enjuagar la sangre de las calles. Según otros testigos, las fuerzas de seguridad también plantaron armas entre los manifestantes para afirmar que estaban armados”. “También vi soldados buscando balas en el suelo y recogiéndolas. Los militares recogieron cosas como balas y limpiaron el área… La Policía trató de limpiar la evidencia”, detallan algunos testimonios.

“Otro manifestante declaró que vio a las fuerzas estatales destruir fotografías, evidencia de abusos estatales; incluso que un oficial hizo que un periodista borrara fotos que había tomado de fuerzas estatales golpeando a un detenido”.

IRREGULARIDADES. La investigación también encuentra “significativas irregularidades” en las autopsias de los muertos en Sacaba y Senkata. Aparte de que en algunas ocasiones se impedía la presencia de los familiares, el hecho más frecuente eran dificultados y tensión a la hora de la extracción de los proyectiles de los cadáveres. “El miembro de la familia que finalmente pudo observar la autopsia declaró que la bala tomada del difunto fue cambiada por una bala más pequeña”. Según él, el fallecido fue “asesinado con una bala más grande, pero intentaban decirle que era más pequeña… (Su) cabeza parecía una flor abierta; fue una gran bala pero la autopsia no dijo nada al respecto”.

En lo relativo al trabajo de los fiscales, el informe apunta que tuvieron al menos dos “barreras significativas”: 1) la falta de recursos; y 2) la negativa de las fuerzas de seguridad del Estado de cumplir con las solicitudes de información del fiscal.

“No tenemos asistentes, y no contamos con el apoyo de la Policía… [Los fiscales] incluso tuvieron que poner algunos de [sus] recursos propios para hacer el trabajo, como pagar el autobús y el taxi (en viajes de trabajo)”, recoge el testimonio de uno de ellos. Otro elemento que señala el informe es que las unidades policiales y militares no dieron o se resistieron a dar información, que no respondieron a requerimientos escritos, tanto de los fiscales como del Defensor del Pueblo (en Cochabamba).

“Cuando les solicitamos información, los militares básicamente dijeron: ¿quién es usted para pedirnos cosas? Orellana, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue [el único] quien respondió a nuestra solicitud”.

DEFENSORÍA. “Al igual que los fiscales, el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, envió una solicitud formal a la Policía y militares para obtener información sobre la operación de las fuerzas de seguridad en Sacaba, buscando identificar a los oficiales al mando, en particular las unidades desplegadas y las armas específicas llevadas por esas unidades. Sin embargo, ni la Policía ni los militares proporcionaron cualquier información al Defensor del Pueblo”, detalla el documento.

En cuanto a los testigos, un hecho significativo que relatan los investigadores (algunos de ellos estuvieron en medio de las movilizaciones) es que “muchas de las entrevistas realizado por el IHRC se llevaron a cabo en ubicaciones secretas, y con garantías de confidencialidad, porque los testigos y las víctimas temían represalias por parte del Gobierno”.

“Todos tenemos miedo de hablar contra el Gobierno o hablar sobre lo que pasó en Sacaba. Si lo hacemos, los militares o la Policía vendrá a por nosotros. El Gobierno está procesando a cualquiera que hable de lo que está sucediendo”, se detalla en una entrevista.

Luego, el informe anota que “las fuerzas de seguridad parecen haber adoptado una práctica regular de mirar a través de los teléfonos de los residentes locales para identificar testigos, o para alterar o destruir la foto o evidencia en video”.

“Pasamos por todo en nuestros teléfonos. Me pidieron mi contraseña. Ellos miraron mis fotos, WhatsApp, Facebook”. Los miembros del equipo de IHRC, cuenta el documento, sufrieron ellos mismos este tipo de acoso.

“Cuando el equipo estaba observando la reconstrucción de la escena del crimen en Sacaba en enero de 2020, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba acusó a un miembro del equipo de IHRC de tomar imágenes ilícitas”.

DISIDENCIA. En cuanto a la persecución de la disidencia, el informe de la Clínica de Harvard clasifica en tres los grupos que habrían sido objeto de este acoso: periodistas, defensores y activistas en derechos humanos, y militantes y simpatizantes políticos, especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En cuanto a los informadores, recoge el testimonio el Reporte, su “mayor preocupación” era que se “utilizaban clasificaciones como ‘sedición’ y ‘terrorismo’ como pretextos para perseguir a aquellos que criticaban al Gobierno interino”.

Cita el caso de Humberto Pacosillo, uno de los varios reporteros supuestamente en la lista de ‘sediciosos’ del Gobierno, que habría sido perseguido por ser crítico con el Gobierno. «Nuestro crimen ha sido informar sobre las cosas como son y para contrastar la versión de que el Gobierno actual usa”, testimonió a los investigadores.

Pero un sector especial de comunicadores afectado, apunta el informe, fueron los periodistas extranjeros. Primero, el Gobierno interino ha cesado —detalla— la transmisión internacional de canales de noticias como RT Spanish y TeleSUR. En segundo lugar, la Policía ha atacado a periodistas extranjeros, como la reportera de Al Jazeera, Teresa Bo, a quien la Policía gasificó directamente en la cara mientras reportaba en vivo. Otro periodista extranjero que ha cubierto en Bolivia durante décadas para medios como The Guardian y Al Jazeera dijo al IHRC: “Los periodistas tienen miedo por sus vidas… Esto es la peor violencia y represión que he visto a lo largo de mi carrera en Bolivia. Esto no es Bolivia”.

En cuanto al acoso a activistas de derechos humanos, entre los varios casos que cita, se puede mencionar el ejemplo del representante en Cochabamba del Defensor del Pueblo, Nelson Cox. “Asociados con el Gobierno
interino (grupos de personas) amenazaron con cometer actos de violencia contra miembros de la oficina del Defensor del Pueblo; los grupos civiles rodearon las oficinas y hogares del defensor Nelson Cox, amenazándolos”.

Sobre la represión a los militantes del MAS, el reporte describe varios casos de exautoridades que afirma que fueron acosadas (Carlos Romero, Gustavo Torrico, César Dockweiller, entre otros”; grafica la situación señalando que “a principios de 2020, más más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o enfrentaban cargos y casi 600 exfuncionarios y sus familias estaban bajo investigación. En marzo, The New Yorker informó que las Naciones Unidas encontró que al menos 160 funcionarios habían sido procesados o detenidos en el periodo postelectoral”.

Si hay algo que destaca el informe como una particularidad del conflicto en noviembre de 2019, es la presencia y actuación de lo que llama “grupos paraestatales”. “Las autoridades estatales no actúan solas como fuerza de represión en Bolivia. Los actores no estatales juegan un papel importante en hacer cumplir y mantener el ambiente de persecución que se ha producido desde las elecciones (20 de octubre de 2019). Actores estatales que se presentan como civiles y civiles que realizan funciones policiales bajo sanción estatal. Grupos paraestatales violentos políticamente alineados con el Gobierno interino, según los entrevistados, han creado un ambiente de vigilancia omnipresente y desenfrenada violencia”.

En este orden, especial atención cobró el grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Al respecto, el Informe de Harvard afirma que “los miembros de RJC a menudo se movilizan en motocicletas y han llegado a ser conocidos como “motoqueros”. Un entrevistado que vio a los miembros del grupo RJC en Sacaba dijo ‘parecían personas ricas, tenían ojos verde y motocicletas caras’. Durante los enfrentamientos, los miembros usan pasamontañas y chalecos antibalas como uniformes de combate improvisados. Supuestamente se armaron con palos, cañones caseros, bazucas, cócteles molotov, pistolas de perdigones y armas de fuego. Varios entrevistados percibieron un ‘vínculo y coordinación muy claros’ entre los motoqueros y la Policía”.

El Ministerio de Justicia, en su comunicado, señala que el Informe de Harvard tiene un “carácter tendencioso porque se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas”.

Entre sus errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que estudió su maestría en la universidad de Harvard afirmó a radio Éxito tras conocer el informe: “Yo conozco la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, es muy activa para apoyar los esfuerzos continentales en procura de resguardar los derechos fundamentales, apoyar con acciones amicus curiae (de terceros ajenos a un litigio) ante el sistema interamericano y otras en favor de los derechos humanos. De manera que cuando surge una información que está suscrita por un centro de tanto prestigio, uno debe preocuparse porque no es precisamente la imagen que nuestro país debería reflejar al mundo exterior”.

Canciller Rogelio Mayta: Áñez se alineó al gobierno de Trump a cambio de nada

La nueva autoridad, en entrevista exclusiva, explica las pautas de la política exterior en el gobierno de Luis Arce Catacora, a diferencia de lo sucedido en el mandato transitorio de Jeanine Áñez.

Foto: José Lavayén

/ 22 de noviembre de 2020 / 08:33

Si hubo un rasgo que distinguió al gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez, ello fue el giro de 180 grados que dio la política exterior con respecto a la “diplomacia de los pueblos” ejercida por los gobiernos de Evo Morales. Para la exministra de Relaciones Exteriores de Áñez, Karen Longaric, buena parte de dicho giro (romper relaciones con Cuba y Venezuela; cerrar las embajadas en Irán y Nicaragua; dejar la ALBA, Unasur y la Celac) no fue otra cosa que “desideologizar” las relaciones exteriores. No, lo que más bien hubo fue un alineamiento tras el gobierno estadounidense de Donald Trump y, lo peor, a cambio de que Bolivia sea ninguneada, critica el recientemente nombrado canciller, Rogelio Mayta Mayta.

—En estos días, usted firmó un convenio de cooperación espacial con la Celac. Para el gobierno transitorio, la Celac no existía.

—En este tiempo es muy importante construir bloques regionales, en especial para un país como Bolivia, demográficamente pequeño, con una economía en desarrollo. Necesitamos unirnos, y en ese esfuerzo ha sido importante la iniciativa de Unasur, que fue duramente bombardeada, más que por un interés regional por posiciones ideológicas recalcitrantes, que no han pensado en la región y se han alineado a los intereses de alguna potencia extranjera. La Celac es parte de esas iniciativas,  un proceso en desarrollo y que debemos hacer esfuerzos por consolidarla. La firma de hace unos días trata de que Latinoamérica tenga cierta soberanía aeroespacial. Cada país tiene sus iniciativas por separado, tenemos que unirnos; los pocos recursos que poseemos en conjunto, en comparación con grandes potencias, tenemos que articularlos para sacar mejor provecho, en resguardo de nuestras propias soberanías. La Celac es muy importante inclusive en temas como la lucha contra el COVID-19, tiene iniciativas importantes, a las cuales a Bolivia le conviene adscribirse.

—¿Cuánto ha afectado a Bolivia este alejamiento de la Celac y otros organismos y países?

—Desde el 10 de noviembre de 2019, Bolivia ha enfrentado una situación complicada en la comunidad internacional; hubo gobiernos que no reconocían al gobierno de Áñez porque consideraban que no había una sucesión constitucional; nosotros hemos señalado que hubo un golpe de Estado, que se había roto la institucionalidad. El posicionamiento (internacional) del gobierno transitorio fue demasiado recalcitrante, en términos ideológicos; y terminó peleándose con varios países importantes en la región y enfriando las relaciones con otros importantes en el orden mundial. México tiene un peso específico en Latinoamérica y en el mundo, y el gobierno de la transición golpista tuvo un vocero [Jorge Quiroga] que vociferó contra su Presidente. Eso ha generado reacciones muy diplomáticas del Gobierno de México, pero de forma airada por parte de la población mexicana. Ellos no concebían cómo alguien insultaba a uno de los presidentes más populares del último tiempo en México. Igual pasó con Argentina, hubo impasses. El gobierno de Áñez se fue aislando solito. En escenarios como Naciones Unidas, la OEA y otros trataba de seguir alineamientos con la política de Trump, rompiendo alianzas que Bolivia había construido en años anteriores.

—En su Memoria Institucional, la excanciller Karen Longaric reivindica que su labor ha sido desideologizar la política exterior.

—El gobierno de Áñez en su política exterior ha tenido un alineamiento muy poco soberano con la política exterior del gobierno de Trump. Y Trump, como todos sabemos, ha sido un desastre, no solo para su país, sino en el terreno internacional. Realiza una ejecución extrajudicial, el asesinato del general Soleimani, de Irán; se sale de los tratados de freno del cambio climático; de los tratados sobre armas nucleares de mediano alcance, y luego de repente Trump trata de encerrarse en sí mismo, deshacerse de las relaciones internacionales y atizar una guerra comercial con China que hizo tambalear la economía global. Y el gobierno de Áñez alineado ahí, y además, para colmo de males, ninguneado. Bolivia no solamente que ha tenido una posición poco soberana, sino que en ese alineamiento con Trump fue ninguneada; y eso para los bolivianos que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra ha sido indignante.

—¿O sea, no se consiguió algo a cambio?

— No. Ese alineamiento ha sido casi por nada. En la evaluación que hicimos, vimos que, por ejemplo, en comercio exterior, tratar de abrir mercados, en todo el tiempo del gobierno de Áñez, el resultado de ese trabajo ha sido cero. Pueden haber habido algunas conversaciones, pero el resultado es cero. No es, como señalan, que se ha desideologizado, ni mucho menos, sino inclusive se habían seguido algunas prácticas que no eran las más apropiadas; prefiero no entrar en detalles en relación a su política de contrataciones de funcionarios; lo único que puedo decir es que se ha reproducido males muy patentes en tiempos de los gobiernos neoliberales, donde se producían escándalos en ese ámbito.

—Estaba en tratativas la reposición de embajadores. ¿Avanzó algo en el gobierno transitorio, dada la cercanía…?

—No, contrariamente. Este periodo ha sido anodino. Llama la atención que ni siquiera en la relación con el gobierno de Trump, hacia quien uno podía advertir que existía un alineamiento, al extremo de que un confeso agente de la CIA era el asesor personal de Áñez, no hayan podido avanzar más. Se avanzó más en años anteriores. [Tras la mutua expulsión de embajadares] la relación entre Bolivia y Estados Unidos tuvo una tensión, durante un tiempo, pero se empezó a reconstruir, se negoció la posibilidad de tener un acuerdo marco que permita un relacionamiento entre nuestros Estados en base al respeto mutuo, de soberanía, pero ni siquiera ese acuerdo avanzó.

(Lea la entrevista completa en nuestra edición impresa de este domingo, en el suplemento Animal Político)

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La tarea ahora es pacificar el país

Lo que impide concertar, dicen los expertos, es alentar los radicalismos, olvidando el bien común del país

Por Iván Bustillos

/ 18 de noviembre de 2020 / 15:38

El nuevo gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo han dicho el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca en sus discursos de posesión, ante todo buscará concertar, “sanar las heridas”, pacificar el país, en fin de cuentas. El MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como ya se dijo, solo tiene mayoría absoluta (50% más 1), y pese a que sustituyó los dos tercios de votación por la mayoría absoluta en el debate parlamentario (y en el ascenso de los altos jefes de las FFAA y la Policía, y la designación de embajadores), para algunas decisiones clave (pocas, pero importantes), tendrá que concertar.

¿Cómo lograrlo? Al margen de las consideraciones estrictamente políticas (lo que debiera hacer como partido), existe todo un desarrollo teórico y práctico sobre la conflictividad y cómo arribar a acuerdos; un desarrollo de “técnicas de negociación” que no es menor, pues surge de experiencias bien concretas, como, por ejemplo, los procesos de paz para frenar conflictos armados.

EXPERTOS

Ofrecemos a continuación la reflexión sobre la actual conflictividad boliviana de tres expertos en conflictos, aprovechando su reunión virtual en un curso de diplomado: el antropólogo y cientista político guatemalteco Carlos Sarti, director de la Fundación Propaz (organismo que promueve la cultura de paz en el país centroamericano que sufrió una guerra interna de 36 años, de 1960 a 1996); el abogado-mediador, especialista en gestión de conflictos sociales, y ex Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, argentino Alejandro Nató; y, el comunicador social, sociólogo y conflictólogo boliviano César Rojas Ríos. P

ara la pacificación del país, tras los traumáticos hechos de octubre noviembre de 2019, la pandemia, la crisis económica que trajo ésta y la problemática gestión del gobierno transitorio, sin duda el primer gran paso fueron las elecciones del 18 de octubre. El problema ahora es cómo salieron de las mismas las fuerzas contendientes, sociales y políticas, o, dicho de otro modo, cuánto realmente logró aplacar la elección la conflictividad en el país.

RESULTADO

Una muestra de que los comicios no sirvieron de mucho para ciertos sectores, fueron, por ejemplo, las movilizaciones contra el resultado de la elección, arguyendo ‘fraude’ sin más “pruebas” que supuestos.

Para el boliviano Rojas Ríos, “hay dos hechos de cara a la conflictividad: el MAS asume el gobierno con un pasado de 14 años en el poder, positivo para sus partidarios, negativo para sus detractores; y Arce-Choquehuanca tomarán el gobierno en medio de una recesión económica y pandemia que se alimentan mutuamente”. En lo primero, dice, masistas y no masistas “están instalados en una percepción selectiva, donde cada parte se reparte la realidad negándose a ver todo el panorama, lo que dificulta los puntos de consenso”.

Esto es, por ejemplo, que la posibilidad de diálogo o concertación se podrá materializar solo cuando de ambos lados haya un reconocimiento crítico de las luces y sombras del gobierno del MAS de 14 años; en nada ayuda, pongamos, la clásica estigmatización de los “14 años de corrupción, de autoritarismo”, muy frecuente por parte de la oposición al MAS durante la campaña electoral; y, del otro lado, que el proceso de cambio fue todo revolución sin peros.

Y en lo segundo, Rojas advierte que “cuando la economía está bien, los actores políticos y sociales permanecen estables y todo se hace previsible, pero cuando está mal y prosigue agravándose (esto es crucial), los actores políticos y sociales reevalúan sus alineamientos, las alianzas resultan espurias y el escenario se torna inestable. Nada resulta definido y definitivo. Hasta las lealtades y apoyos más sólidos pueden desvanecerse en el aire”. Estos dos hechos, apunta, “se deberán tomar con pinzas, pues para el nuevo gobierno será como caminar sobre vidrios rotos”.

¿Cuáles pueden ser los focos de tensión del nuevo Gobierno?

Para el guatemalteco Sarti, el gobierno del MAS desarrollará su gestión “en una coyuntura estratégica de alta tensión”, que se inicia en 2019 y continuará durante su administración. “La victoria del MAS diluye la fase crítica y legitimará al nuevo Poder Ejecutivo, pero las corrientes polarizadas siguen, y seguirán actuando y definiendo nuevas fases de la conflictividad. El abrumador triunfo del MAS no soluciona la conflictividad histórica, ni la derivada de los enfrentamientos 2019-2020, que hace emerger nuevo espacios y temas de confrontación (discurso del odio, racismo, uso de símbolos religiosos y otros)”.

Para el antropólogo centroamericano, hoy día en el país hay dos “focos articuladores de tensión”: el primero, la tensión entre el Gobierno y la ciudadanía. “A pesar de la legitimidad que da haber triunfado en primera vuelta y con el porcentaje que lo hizo, el nuevo Gobierno debe hacer una propuesta y un plan de gobernanza del país. La expectativa ciudadana sobre el nuevo Gobierno es positiva, pero satisfacer las demandas de diversos sectores en un solo proceso generará tensiones, desacuerdos y, eventualmente, conflictos. Se trata de la difícil tarea de construir hegemonía en condiciones de crisis y crispación social”.

SECTORES

Y la segunda tensión: la relación entre el nuevo Gobierno, el MAS y los sectores populares. “El nuevo Gobierno debe orientarse por las visiones y las estrategias actuales del MAS y actualizar el espíritu y los postulados fundantes de la ‘revolución democrática y cultural’. Esperamos que en esta confrontación política e ideológica prevalezca la sensatez, tanto en el Gobierno como en la dirección del MAS. La figura del vicepresidente (Choquehuanca) resulta clave, y debería ser el articulador de la relación partido-Gobierno”.

Un punto importante de esta tensión, señala el estudioso guatemalteco, y que ya lo está viviendo el Gobierno con el pedido de El Alto de hasta tres ministerios por haberle dado el triunfo al MAS en esa ciudad con 78% de la votación, “es la conciencia de los sectores sociales de ser los artífices de la resistencia al golpe y de la victoria electoral. Ejercerán control político sobre el Gobierno, a partir de su autogestión y autonomía, que profundizarán en esta nueva etapa. Esta es la veta clasista de la conflictividad”. 

El ex defensor del pueblo de Buenos Aires Nató añade que la presión de la crisis económica es central en la conflictividad: “La necesidad de obtener recursos puede llevar al Gobierno al dilema de encontrarse exigido para viabilizar la expansión de la frontera agroganadera y el extractivismo, lo que podría  representar una importante contradicción con los postulados de la protección a lo socio-ambiental y al vivir bien”.

Tampoco es de desdeñar, insiste, “el resquebrajamiento del tejido social a partir de las diferentes polarizaciones: entre las áreas rurales y las urbanas; en la  política que devino de un proceso electoral —con mucha ebullición— de más de un año de duración; y, en los vínculos interpersonales, con la presencia de determinados sectores radicalizados, poseedores de narrativas de enfrentamiento, odio y racismo”.

Rojas Ríos añade que “la recesión económica puede tratarse de un brebaje letal, si no se revierte la tendencia; o puede ser un brebaje vitaminizador, si se logra retomar el crecimiento económico”. En cuanto a la actual polarización, destaca, “se trata de un fenómeno bicéfalo y ambidiestro, dos polos con miradas contrapuestas que, en cuanto pueden, se agreden. Este es un fenómeno desestabilizador y tóxico que mi país debiera dejar atrás”.

Por esto, el comunicador y sociólogo boliviano afirma que para llegar a concertar es imperioso “un viaje al corazón de los extremos; allí anidan por igual falsedades, equivocaciones, verdades parciales y anhelos legítimos; se trata de erradicar las falsedades, reconocer las equivocaciones, complementar las verdades y valorar los anhelos legítimos”.

Desde otro punto de vista, se debe “pasar del dato electoral (55%/45%) al hecho político: en Bolivia tenemos dos bloques, y el arte de la política consistirá en buena cuenta en saber modular ese balance de poder sin convertirlo en una medición de fuerzas. Esto significa desradicalizar posiciones y saber calibrar las iniciativas políticas tanto desde el Gobierno como desde la oposición”.

POLARIZADOS

Ya desde la técnica de la resolución de conflictos y de las posibilidades que da la reciente crisis política, Sarti afirma que “un primer paso es analizar el debate polarizado, para determinar los sectores clave, sus discursos articuladores y las tensiones históricas y coyunturales. Este conocimiento es fundamental para trazar las estrategias de desescalamiento de las conflictividades”.

La mayor conflictividad boliviana hoy es la “sociopolítica, exacerbada por la crisis de 2019-2020”, apunta el académico guatemalteco. “Ante esta crisis de enfrentamiento entre proyectos de país diverso, es necesario trabajar en despolarizar posiciones y hacer prevalecer el bien común. Trabajar en la erradicación del discurso del odio, del racismo y fortalecer el debate democrático. El nuevo Gobierno debe tener un gabinete de gobernabilidad democrática para gestionar, desescalar, resolver y transformar conflictos y conflictividades”.

Por otra parte, completa, “los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, deben generar espacios de diálogo y acciones públicas para la generación de confianza intersectorial”. 

Para el abogado-mediador argentino Nató, el desafío es tanto para el Gobierno como para los partidos opositores: “Es necesario deconstruir la imagen del enemigo, tender puentes para la integración de sectores que pretenden ser incluidos en la agenda pública, y apostar a la gobernabilidad en consensos que no impliquen puntos de llegada, sino puntos de partida para la apertura de múltiples procesos donde se puedan gestar apropiaciones recíprocas y sinergias para elaborar políticas públicas. Los actores que fueron parte de la contienda electoral deben dejar de lado sus inercias de confrontación”.

CONVIVENCIA

Esta tarea de pacificación requiere, insiste Nató, de un Estado articulador que promueva “la despolarización y la convivencia en todas sus expresiones. En la elaboración de lo común se pueden incluir a movimientos sociales, medios de comunicación, actores sociales y políticos en función de iniciativas, programas y acciones”.  

A fin de frenar la espiral negativa de conflictos, añade el abogado argentino, es fundamental “evitar alterar el orden institucional por la fuerza de la asimetría de poder y establecer nuevas dinámicas de construcción de confianza entre oficialismo y oposición, que garanticen reglas de juego consensuadas y estables”.  Para el conflictólogo Rojas Ríos, finalmente, es imprescindible trabajar en una amplia “terapia colectiva”, luego del periodo traumático que empezó en octubre de 2019 y concluyó con las elecciones.

Primero, dice, las palabras y hasta los gestos del  Gobierno y la oposición son decisivos, “pues todos están con una piel social hipersensibilizada, y en ese sentido, la señal de la modificación de los dos tercios resulta siendo una mala señal que irrita la piel de la oposición, así como tocar las puertas de los cuarteles también crispa a la del MAS”.

Segundo, “la legitimidad en democracia es poder y un poder sin legitimidad, en el tiempo de las redes sociales, resulta más precario, conflictivo y efímero que nunca”.

Tercero, “el nuevo Gobierno debe evitar que los problemas se conviertan en conflictos, los conflictos en crisis y las crisis en catástrofes”.

 Y, cuarto, que es vital, “la única cuerda que nos mantiene atados a los bolivianos es la democracia, si desatamos la democracia abriremos la caja de los truenos. No habremos dado un paso adelante, sino dos atrás, por tanto, todos debemos cuidarla como nuestro don más preciado”.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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‘Ni vencedores ni vencidos’

Tras la elección, el país 55/45 ¿no está diciendo más bien que Bolivia tiene que construirse en complementariedad?

/ 18 de noviembre de 2020 / 15:32

En septiembre de 1955, un golpe cívico militar, encabezado por el general Eduardo Lonardi, derrocaba en Argentina el gobierno democrático de Juan Domingo Perón. A consecuencia de aquellos hechos, nacía lo que después llamaron la Revolución Libertadora. Un evento que costó la vida de 156 argentinos. Desde aquel momento, Perón inició un peregrinaje por diferentes países, el exilio lo llevó inicialmente a Paraguay, donde Alfredo Stroessner ya había impuesto una rígida dictadura militar iniciada un 15 de agosto de 1954. La ruta del exilio siguió por Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, para instalarse finalmente en Madrid, España. Allí transcurrió diecisiete años de su vida, ese tiempo lo pasó mayormente en una quinta conocida como Puerta de Hierro. La política argentina, bien puede decirse, tuvo una sucursal de operaciones en aquella ciudad española. Desde su salida a consecuencia del golpe de Estado, Perón buscó incesantemente retornar a su país. En 1964 emprendió la vuelta, pero el gobierno radical de Arturo Illía le impidió llegar a suelo argentino. El entonces canciller, Miguel Ángel Zavala Ortiz, un ardiente anti peronista, solicitó y gestionó ante el gobierno brasileño del mariscal y dictador Humberto Castelo Branco que se retenga a Perón y se lo devuelva a España. El 17 de noviembre de 1972, después de innumerables vacilaciones e intensas y desordenadas negociaciones, Perón retorna brevemente a su país bajo un acuerdo con el gobierno militar de Alejandro Lanusse. Una abreviada estadía que concluiría el 14 de diciembre del mismo año y a la que seguiría una nueva prohibición de ingreso a su país. Ya con el peronista Héctor José Cámpora en el poder, Perón retorna definitivamente a Argentina el 20 de junio de 1973. El recibimiento al máximo líder social de los argentinos congregó a más de un millón de personas, paralizó la conocida autopista Richieri y conmocionó los días vividos por toda Argentina. Era el retorno del hombre más influyente del siglo XX. Unos meses después, producto de la renuncia de Cámpora, Juan Domingo Perón se habilita como candidato, ganando las elecciones con 60%.

A la tierra de Perón llegó por aquel entonces otro hombre que la historia recogería en sus páginas como uno de los políticos más determinantes que su país tuviera. Ocurrió en 1946, después de pasar varios meses como refugiado político en la Embajada de Paraguay, Víctor Paz Estenssoro salió rumbo a Argentina para vivir el primero de sus tres exilios. Allí transcurrieron los seis años que duró aquel destierro, interrumpido brevemente por un intento de retorno a Bolivia por la zona fronteriza de La Quiaca para ingresar a Villazón; buscaba iniciar un proceso de resistencia al gobierno de Mamerto Urriolagoitia. Esta acción lo llevó a radicarse brevemente en Uruguay para retornar nuevamente a Buenos Aires en 1951. Su domicilio de la calle Charcas 3821, donde pasó la mayor parte del tiempo en aquella ciudad porteña, fue el centro de estudios, análisis y escritos en forma de Manifiestos con los que Paz cercó opositoramente a los gobiernos de Enrique Hertzog y Urriolagoitia. Las ideas de resistencia a la rosca minera, el pensamiento de nacionalización de las minas y la reforma agraria eran los argumentos que acorralaban el último momento liberal que encarnaba Urriolagoitia. Las elecciones de 1951 fueron el fin del liberalismo conservador, cuando una primera insurrección, esta vez en las urnas, confiere la victoria del MNR por encima incluso de las miradas marxistas. Después, el Mamertazo; después, los militares con Ballivián; después, la indignación de un pueblo; y el resultado de todo aquello, mientras Paz Estenssoro permanecía en el exilio, fue una movilización violenta en interminables setenta horas de combates que condujeron al país hacia uno de sus momentos más sublimes: la Revolución Nacional.

Concluidas aquellas jornadas de abril, Paz Estenssoro retorna al país. El avión que fue a buscarlo estaba a cargo del comandante Wálter Lehm, el segundo a bordo era René Barrientos Ortuño. Cinco horas de vuelo tortuoso en un avión transportador de carne. Afuera del aeropuerto, las calles abarrotadas hasta el extremo, miles de campesinos, obreros, mineros y sectores de clase media fueron a recibir al hombre que transformaría Bolivia.  Una  mancha  de gente —en la más pura expresión de la frase acuñada por Zavaleta— profundamente abigarrada acompañó al líder movimientista desde el aeropuerto hasta la plaza Murillo. El movimiento popular, expresión de la Alianza de Clases que propugnaba el MNR, ya en acción política decidida le ofreció el mayor recibimiento que presidente alguno haya conocido.

En noviembre de 2019, otro líder político de histórico protagonismo se encaminaba al exilio. Evo Morales partía hacia México, primer destino de un impensado destierro. En una extraña coincidencia de la historia, Morales se radica en Argentina, también bajo la protección personalizada del presidente Alberto Fernández, quien públicamente expresa su ayuda y respaldo al líder indígena. Lo que de pronto hubiese sido imaginado como un proceso de larga ausencia se configura en un retorno de exactitudes asombrosas: un año después de marchar forzadamente, Evo Morales retorna al país abrigado por el movimiento popular que ha dejado sentada una realidad inextinguible: el movimiento popular en unidad señala los itinerarios históricos de manera irrebatible.

Los golpes de Estado, allá como acá, en Argentina o en Bolivia o en muchos otros países, tienen un contrapeso rotundo, el poder de la movilización popular. El 11 de abril de 2002, el entonces presidente Hugo Chávez fue retenido y cesado en sus funciones presidenciales. Una multitudinaria movilización lo devolvió al poder unos días después. Desde entonces, la acción movilizadora de las corporaciones sociales se constituye en un elemento de protagonismo estratégico, que articula diversas realidades y composiciones sociales, étnicas y culturales en lógicas de visibilización inclusiva de tejidos societales profundamente enmarañados.

La Bolivia del 18 de octubre, la del arribo de Evo Morales, esa de las multitudes infinitas y movilizadas, verbaliza un mensaje que se anota en el sustrato de las necesidades históricas y angustiantes, donde ni tres millones de partidarios, ni dos millones de opositores pueden pulverizar el camino de la complementariedad social de todo un pueblo que reclama una mirada y acción de gobierno que comprenda que la sociedad y el Estado nuestro se construye mejor bajo la lógica de “ni vencedores ni vencidos”.

(*) Jorge Richter Ramírez es politólogo

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¿Erraron las encuestas?

Más que en los datos de las encuestas, el problema estuvo en la mirada de los analistas

/ 18 de noviembre de 2020 / 15:27

Foro de Análisis Político de la FES: “Elecciones 2020: encuestas, conteos rápidos, votos”

Las encuestas preelectorales no se equivocaron: identificaron entre un 22% y un 28% de indecisos. En teoría, estos indecisos podrían inclinarse a favor de cualquiera de los candidatos, o distribuir su preferencia de manera proporcional en todos ellos. Ahora sabemos que la mayoría de estos indecisos optaron por el Movimiento Al Socialismo (MAS). En cambio, las encuestas fueron bastante precisas en prever el voto de Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana, CC) y Luis Fernando Camacho (Creemos), como se muestra en el gráfico adjunto.

Analistas: el problema

Más que en los datos de las encuestas, el problema estuvo en los analistas. Hubo tres tipos de analistas. En primer lugar, estaban los que miraban estos datos con el ojo derecho. Razonaron que, según las encuestas, solo un tercio apoyaba al MAS, y que los otros dos tercios no querían que este partido vuelva al gobierno. Por tanto, estimaron que Carlos Mesa subiría en su intención de voto y forzaría una segunda vuelta, en la cual sería elegido Presidente.

Un segundo grupo de analistas trató de mirar los datos con los dos ojos. Afirmaron que como los indecisos estaban en todos los segmentos, tanto en el área urbana (con un ambiente a favor de Mesa), como en el área rural (en un contexto a favor de Arce), en occidente, como en oriente (a favor de Camacho), estos votantes al final distribuirían su voto de manera proporcional entre los candidatos y se mantendrían las tendencias. Es decir, con una diferencia entre Arce y Mesa de cerca del 10%.

Finalmente, un tercer grupo de analistas miró los datos con el ojo izquierdo. Sostuvieron que entre los indecisos había un “voto oculto”. Después de la renuncia de Evo, en un ambiente antimasista, varios votantes no querían revelar su intención de voto, que al final favorecería al MAS. Tuvieron razón. Solo que no se imaginaron que casi la totalidad del 20% de indecisos apostaría por el partido azul.

Sin embargo, aunque los datos proporcionados por las empresas encuestadoras, con el 25% de indecisos en promedio, estaban bien, la pregunta persiste: ¿por qué en las encuestas no se pudo identificar que la mayoría de los indecisos votaría por el MAS? Existen ciertos parámetros que ayudan a prever estas tendencias. Por ejemplo, la percepción de los indecisos sobre la marcha general del país, la aprobación o desaprobación de la gestión de Áñez, su opinión positiva o negativa de los diferentes candidatos, su perfil sociodemográfico, etc. Con esta información se construyen índices de afinidad de los indecisos y, por medios estadísticos, se identifica la probabilidad del voto de los mismos. Nada de esto ocurrió. Los analistas tuvieron que realizar complicados ejercicios adivinatorios para tratar de precisar cuál sería el comportamiento de estos indecisos.

Comparación necesaria

¿Qué pasó en realidad el 18 de octubre? ¿Hubo en los hechos un 20% de indecisos que en masa votaron por el MAS? ¿O tal vez hubo un voto oculto que no fue identificado por las encuestas preelectorales? Fueron ambas cosas, pero no es posible saber con precisión el peso de los indecisos y el peso del voto oculto.

Si se comparan los resultados de las elecciones de 2019 y de 2020 se puede constatar los siguientes tres aspectos. Primero, el MAS incrementó su votación en más de 15% en el altiplano paceño, la ciudad de El Alto, Cochabamba y Oruro.  Segundo, el MAS incrementó su votación entre un 5% y un 10% en el área de influencia de este partido: el área rural de Potosí y el área rural de Chuquisaca. Tercero, en los demás departamentos de la ex “Media Luna”: Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, la votación del MAS fue prácticamente igual a la de 2019.

Es decir, entre 2019 y 2020 el MAS recuperó el voto en su base social de tierras altas. Voto que se había perdido cuando Evo quiso prorrogarse inconstitucionalmente como candidato a Presidente. Hay cerca de un 10% del padrón electoral que apoya al MAS; pero no al evismo. Es un voto popular que demanda renovación y “rostros nuevos”, y que en 2019 votó por Chi.

Tres segmentos

A partir de este análisis se puede concluir que el 18-O, el voto del MAS estuvo conformado por tres segmentos. Primero, el voto duro, que más o menos llega al 35% del padrón electoral, y que fue identificado claramente por las encuestas preelectorales. El segundo segmento puede ser denominado como “voto oculto” y que llega al 10%. Son los que en 2019 votaron por Evo, y que después de su derrocamiento, mantenían la decisión de apoyar al MAS; pero no quisieron revelar sus intenciones a los encuestadores. El tercer segmento está conformado por los “indecisos”, que más o menos llegan al 10%. Son aquellos que en las elecciones de 2009 y 2014 votaron por el MAS pero que, luego del intento del evismo de lograr una reelección indefinida del caudillo, aún violando la Constitución, optaron por el No en el referéndum del 21-F de 2016, y votaron por Chi en 2019, porque su imagen respondía a la demanda electoral de los indecisos de sectores populares: “lo nuevo” en la política.

Este 10% de indecisos optó por Arce Catacora en 2020. Tomaron la decisión las últimas semanas antes de las elecciones por dos razones. En primer lugar, su voto por el MAS fue por descarte, ya que, en el campo popular, no había ninguna oferta que represente la renovación que ellos buscan. En segundo lugar, el voto de estos indecisos fue un voto “de resistencia”. Frente a la represión y ante la discriminación sufrida en el régimen de Jeanine Áñez, optaron por el MAS para reafirmar su identidad étnico-cultural y política.

(*) Julio Córdova es director de Diagnosis SRL

(**) Sociólogo. Llevó a cabo estudios sobre movimiento evangélico, cultura, política y derechos sexuales y reproductivos en Bolivia.

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Nuevo ciclo político

Hace falta que la academia, las empresas encuestadoras y los analistas interactúen con los medios

/ 18 de noviembre de 2020 / 15:24

Foro de Análisis Político de la FES: “Elecciones 2020: encuestas, conteos rápidos, votos”

En el análisis de los resultados electorales, así como en la reflexión acerca del desempeño de los estudios de intención de voto en torno a  los comicios generales del 18 de octubre del presente año, es importante considerar algunos aspectos del contexto postelectoral.

Victoria y cambio de ciclo

El primer aspecto es que más allá del debate sobre “fraude sistémico”, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó las elecciones de manera contundente y recuperó el poder político en el país.  Lo hizo no solo con su voto duro (27,7%) y el voto blando (4,7%), sino también obteniendo el voto posible (3,6%) e incluso una importante parcela de voto difícil (21,1%). El binomio del MAS superó así su techo de intención de voto, conquistando votación en disputa.

Un segundo aspecto tiene que ver con la constatación de que con el gobierno de Áñez, resultante de la crisis de octubre y noviembre de 2019, hubo un potencial cambio de ciclo político, que no se consolidó. Al contrario, se retrocedió y eventualmente se revirtió. El actual ciclo, más bien, nos plantea la pregunta sobre el comienzo del “ciclo post Evo”.

¿Comenzó ya un nuevo ciclo político en Bolivia? Estamos viviendo una crisis de Estado que, según las categorías de análisis de Zavaleta, habría generado un “empate catastrófico”. Los resultados del 18 de octubre señalan el rumbo de la resolución, pero hay que ver cómo se consolida. Como se sabe, los procesos de transición política en Bolivia no son rápidos y pueden durar años.

La consolidación de un nuevo ciclo, más allá de la victoria electoral, implica necesariamente la articulación de las formas de Estado y gobierno con las formas de legitimación y culturas políticas. Quedan pues dos interrogantes centrales: ¿cuánto tiempo tomará articular las formas de Estado y de gobierno con las formas de legitimación y culturas políticas? ¿Cuán cerca o lejos estamos de alinear las relaciones políticas con la estructura económica y las relaciones de producción?

La crisis, las internas

El tercer aspecto del contexto postelectoral que debe considerarse es que, si bien terminó el proceso con la elección del presidente Luis Arce y una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, el momento político sigue caracterizado por una crisis múltiple: a) crisis y colapso del sistema de salud por la pandemia del COVID-19; b) crisis económica, con recesión, mayor desempleo y pobreza; c) crisis política, incluida crisis de liderazgo e incertidumbre sobre la gobernabilidad; y, d) crisis institucional, con el dato de falta de credibilidad en todo y en todos.

Como cuarto aspecto analítico debe añadirse que el MAS experimenta fuertes pugnas internas, que se expresan en la interacción entre su núcleo, el círculo indispensable, los influyentes, los sustituibles, los movilizables y los simpatizantes. La constatación es que, otra vez, lo importante en la política boliviana sucederá al interior del MAS y no entre el oficialismo y la oposición.

El MAS está experimentando una implosión: la duda es respecto a la intensidad y velocidad de esta implosión. Se identifican tres corrientes en torno al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca y al expresidente Morales. La primera incógnita pues es cómo quedará distribuido el poder entre las tres corrientes. Se sabe, por ejemplo, de la fuerte disputa entre Choquehuanca y Morales. El expresidente ya tiene un pie firme en el Senado. El nuevo presidente no admite disputa en lo económico. Y el actual vicepresidente reclama espacio político. Así, la estabilidad en el corto y mediano plazo dependerá de acuerdos y equilibrios internos y la capacidad de liderazgo de los tres líderes para controlar a los radicales.

Apuntes sobre el resultado

Una constatación importante en torno al proceso electoral 2020 es que el humor social estaba y está muy pesado, y fue determinante en el resultado.

El escenario preelectoral se configuró bajo 4 premisas: a) se esperaba una participación baja, b) había una disputa para determinar quién tomaba el liderazgo anti MAS, c) había mucha indecisión y disposición en los votantes anti MAS y c) se percibía una crisis de liderazgo en general.

Hay dos mercados electorales en Bolivia: del MAS y del anti MAS. El MAS consolidó su voto duro, conquistó el voto imposible y mostró su voto escondido. A CC le funcionó en algo el voto útil, pero el mismo fue neutralizado en Santa Cruz y Pando. Camacho mantuvo su voto duro en Santa Cruz y creció en Beni y Pando.

Implicaciones políticas

Considerando lo señalado del contexto postelectoral, es importante apuntar algunas implicaciones políticas. Para empezar, la ventaja de una victoria contundente, como la que obtuvo el MAS, con 55,10% de votos, es la promesa de estabilidad. En este nuevo ciclo, el MAS está construyendo gobernabilidad y gobernanza a su estilo, con mayoría de asambleístas en ambas cámaras y el control de todos los poderes del Estado.

En ese marco, la gestión del presidente Arce puede gozar de libertad de acción para imponer las medidas económicas que se necesite. En lo político, todo apunta al ejercicio de “mano dura” con los opositores de manera selectiva, vestido del ropaje de la democracia.

En ese marco, lo más probable es que el acento dominante de la gestión sea el performance económico, retomando el rol protagónico del Estado y haciendo del sector privado la variable de ajuste. Esta variable es fundamental, pues a menor éxito económico, mayor posibilidad de radicalización en todos los sentidos.

Consideración final

En relación a los estudios de intención de voto, es importante señalar que los medios simplifican lo difícil de toda la información de las encuestas para que lleguen a sus audiencias y, por lo tanto, las encuestadoras nos vemos coartadas para dar demasiada información. Más bien, en este proceso hubo un esfuerzo por difundir más datos. En todo caso, es bueno aclarar que una cosa es la responsabilidad metodológica y otra es la decisión editorial de los medios. Hace falta que la academia, las empresas encuestadoras y los analistas interactúen con los medios.

(*) José Luis Gálvez es director de Ciesmori

(**) Comunicador social. Tiene estudios de posgrado en Metodología Operacional para la Investigación y Gestión de Imagen.

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