sábado 19 jun 2021 | Actualizado a 06:15

Harvard y su incómodo informe

/ 1 de agosto de 2020 / 09:36

La universidad estadounidense entrevistó a al menos 220 personas entre octubre de 2019 y enero de 2020.

Este lunes 27 de julio, en Cambridge, Massachusetts, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por su sigla en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) hicieron público el informe “Nos dispararon como a animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia, sobre los “abusos y violación de derechos humanos” en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Un estudio donde se identificó “patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos”, según sintetizó el trabajo el abogado internacional en derechos humanos, Thomas Becker, uno de los profesores de la denominada Clinica de Derechos Humanos.

Difundida la presentación del Informe de Harvard, el miércoles 29, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado replicó al referido reporte, calificándolo de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.

En la semana, en castellano, se conoció solo el Resumen Ejecutivo del Informe; hasta donde se conoce, el documento completo (92 páginas) solo está en inglés, en el sitio http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/ uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf .

Claro que cabe no estar de acuerdo con el Informe y sus conclusiones, con su metodología, pero si hay algo que no se puede dejar pasar es que acaso su mayor riqueza sean los testimonios que recoge, los cuales —señala en su parte metodológica— fueron obtenidos en entrevistas con al menos 220 personas, entre víctimas, familiares, activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, abogados, fiscales, médicos, investigadores, funcionarios de ministerios, policías y militares. Un estudio que fue fruto del trabajo de campo en Bolivia, señala el texto, de un equipo y estudiantes del IHRC durante octubre y noviembre de 2019, y, luego, casi dos meses entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

TESTIMONIAL. Cierto, también cabe que, por ser testimonial, de entrevistas al calor de los hechos, algo de lo que se dice haya cambiado días o semanas después. Si buena parte de los declarantes son las víctimas y los afectados por la represión, donde vieron necesario los investigadores, está el punto de vista de las autoridades de gobierno. Aunque no dejan de señalar que “el equipo también envió cartas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando información sobre los asesinatos de Sacaba y Senkata” pero aseguran que “no recibieron respuesta”.

La información que levantaron en el país, en el informe está vertida en cuatro grandes secciones: los hechos de Sacaba y Senkata; los obstáculos para una investigación imparcial y justa; la persecución de la disidencia; y, la actuación represiva de grupos civiles paraestatales.

Cuando hay cierta variación en cuanto al número de muertos y heridos, el Informe de la Clínica de Harvard resume: En Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre murieron 11 personas y hubo 120 heridos; en Senkata (El Alto), el 19, hubo 11 victimados y al menos 50 heridos; en ambos casos, enfatizan, todos los fallecidos y heridos eran civiles.

Tanto en Sacaba como en Senkata, la Clínica dice que encontró “evidencia creíble” de al menos tres cosas: 1) que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados; 2) que policías y militares tuvieron una actitud racista y un lenguaje anti-indígena durante la refriega; y, 3) que las autoridades crearon una atmósfera de miedo en los hospitales, “lo que lleva a las víctimas a evitar buscar atención médica debido a su legítima preocupación por represalias del Gobierno”.

Por las entrevistas que hicieron, en Sacaba, el informe apunta que los disparos duraron dos horas: “El primer herido de bala recibió el impacto alrededor de las 16.30, y el último a las 18.30”.

El informe también registra la respuesta del Gobierno. Alude a que el 14 de noviembre la presidenta Áñez firmó el Decreto 4078, que liberaba de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en las acciones de represión; y la declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo (que luego generalizaron las demás autoridades): “La mayoría está muerta por una bala calibre 22 en la parte
posterior de la cabeza, o bien en la parte posterior (del cuerpo), o debajo del brazo ¿Qué significa esto? Que la gente del MAS, los que despertaron disturbios, mataron a estas personas para que las cosas marchen”.

Entre los obstáculos para una investigación imparcial, “el equipo del IHRC —asegura— ha documentado diversas formas de manipulación de evidencia que pueden socavar severamente la capacidad del Gobierno para realizar investigaciones precisas en Sacaba y Senkata”.

“Oficiales de Estado limpiaron sistemáticamente el área inmediatamente después de los asesinatos, destruyendo evidencia pertinente. Un testigo vio tanques con un cañón de agua enjuagar la sangre de las calles. Según otros testigos, las fuerzas de seguridad también plantaron armas entre los manifestantes para afirmar que estaban armados”. “También vi soldados buscando balas en el suelo y recogiéndolas. Los militares recogieron cosas como balas y limpiaron el área… La Policía trató de limpiar la evidencia”, detallan algunos testimonios.

“Otro manifestante declaró que vio a las fuerzas estatales destruir fotografías, evidencia de abusos estatales; incluso que un oficial hizo que un periodista borrara fotos que había tomado de fuerzas estatales golpeando a un detenido”.

IRREGULARIDADES. La investigación también encuentra “significativas irregularidades” en las autopsias de los muertos en Sacaba y Senkata. Aparte de que en algunas ocasiones se impedía la presencia de los familiares, el hecho más frecuente eran dificultados y tensión a la hora de la extracción de los proyectiles de los cadáveres. “El miembro de la familia que finalmente pudo observar la autopsia declaró que la bala tomada del difunto fue cambiada por una bala más pequeña”. Según él, el fallecido fue “asesinado con una bala más grande, pero intentaban decirle que era más pequeña… (Su) cabeza parecía una flor abierta; fue una gran bala pero la autopsia no dijo nada al respecto”.

En lo relativo al trabajo de los fiscales, el informe apunta que tuvieron al menos dos “barreras significativas”: 1) la falta de recursos; y 2) la negativa de las fuerzas de seguridad del Estado de cumplir con las solicitudes de información del fiscal.

“No tenemos asistentes, y no contamos con el apoyo de la Policía… [Los fiscales] incluso tuvieron que poner algunos de [sus] recursos propios para hacer el trabajo, como pagar el autobús y el taxi (en viajes de trabajo)”, recoge el testimonio de uno de ellos. Otro elemento que señala el informe es que las unidades policiales y militares no dieron o se resistieron a dar información, que no respondieron a requerimientos escritos, tanto de los fiscales como del Defensor del Pueblo (en Cochabamba).

“Cuando les solicitamos información, los militares básicamente dijeron: ¿quién es usted para pedirnos cosas? Orellana, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue [el único] quien respondió a nuestra solicitud”.

DEFENSORÍA. “Al igual que los fiscales, el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, envió una solicitud formal a la Policía y militares para obtener información sobre la operación de las fuerzas de seguridad en Sacaba, buscando identificar a los oficiales al mando, en particular las unidades desplegadas y las armas específicas llevadas por esas unidades. Sin embargo, ni la Policía ni los militares proporcionaron cualquier información al Defensor del Pueblo”, detalla el documento.

En cuanto a los testigos, un hecho significativo que relatan los investigadores (algunos de ellos estuvieron en medio de las movilizaciones) es que “muchas de las entrevistas realizado por el IHRC se llevaron a cabo en ubicaciones secretas, y con garantías de confidencialidad, porque los testigos y las víctimas temían represalias por parte del Gobierno”.

“Todos tenemos miedo de hablar contra el Gobierno o hablar sobre lo que pasó en Sacaba. Si lo hacemos, los militares o la Policía vendrá a por nosotros. El Gobierno está procesando a cualquiera que hable de lo que está sucediendo”, se detalla en una entrevista.

Luego, el informe anota que “las fuerzas de seguridad parecen haber adoptado una práctica regular de mirar a través de los teléfonos de los residentes locales para identificar testigos, o para alterar o destruir la foto o evidencia en video”.

“Pasamos por todo en nuestros teléfonos. Me pidieron mi contraseña. Ellos miraron mis fotos, WhatsApp, Facebook”. Los miembros del equipo de IHRC, cuenta el documento, sufrieron ellos mismos este tipo de acoso.

“Cuando el equipo estaba observando la reconstrucción de la escena del crimen en Sacaba en enero de 2020, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba acusó a un miembro del equipo de IHRC de tomar imágenes ilícitas”.

DISIDENCIA. En cuanto a la persecución de la disidencia, el informe de la Clínica de Harvard clasifica en tres los grupos que habrían sido objeto de este acoso: periodistas, defensores y activistas en derechos humanos, y militantes y simpatizantes políticos, especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En cuanto a los informadores, recoge el testimonio el Reporte, su “mayor preocupación” era que se “utilizaban clasificaciones como ‘sedición’ y ‘terrorismo’ como pretextos para perseguir a aquellos que criticaban al Gobierno interino”.

Cita el caso de Humberto Pacosillo, uno de los varios reporteros supuestamente en la lista de ‘sediciosos’ del Gobierno, que habría sido perseguido por ser crítico con el Gobierno. «Nuestro crimen ha sido informar sobre las cosas como son y para contrastar la versión de que el Gobierno actual usa”, testimonió a los investigadores.

Pero un sector especial de comunicadores afectado, apunta el informe, fueron los periodistas extranjeros. Primero, el Gobierno interino ha cesado —detalla— la transmisión internacional de canales de noticias como RT Spanish y TeleSUR. En segundo lugar, la Policía ha atacado a periodistas extranjeros, como la reportera de Al Jazeera, Teresa Bo, a quien la Policía gasificó directamente en la cara mientras reportaba en vivo. Otro periodista extranjero que ha cubierto en Bolivia durante décadas para medios como The Guardian y Al Jazeera dijo al IHRC: “Los periodistas tienen miedo por sus vidas… Esto es la peor violencia y represión que he visto a lo largo de mi carrera en Bolivia. Esto no es Bolivia”.

En cuanto al acoso a activistas de derechos humanos, entre los varios casos que cita, se puede mencionar el ejemplo del representante en Cochabamba del Defensor del Pueblo, Nelson Cox. “Asociados con el Gobierno
interino (grupos de personas) amenazaron con cometer actos de violencia contra miembros de la oficina del Defensor del Pueblo; los grupos civiles rodearon las oficinas y hogares del defensor Nelson Cox, amenazándolos”.

Sobre la represión a los militantes del MAS, el reporte describe varios casos de exautoridades que afirma que fueron acosadas (Carlos Romero, Gustavo Torrico, César Dockweiller, entre otros”; grafica la situación señalando que “a principios de 2020, más más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o enfrentaban cargos y casi 600 exfuncionarios y sus familias estaban bajo investigación. En marzo, The New Yorker informó que las Naciones Unidas encontró que al menos 160 funcionarios habían sido procesados o detenidos en el periodo postelectoral”.

Si hay algo que destaca el informe como una particularidad del conflicto en noviembre de 2019, es la presencia y actuación de lo que llama “grupos paraestatales”. “Las autoridades estatales no actúan solas como fuerza de represión en Bolivia. Los actores no estatales juegan un papel importante en hacer cumplir y mantener el ambiente de persecución que se ha producido desde las elecciones (20 de octubre de 2019). Actores estatales que se presentan como civiles y civiles que realizan funciones policiales bajo sanción estatal. Grupos paraestatales violentos políticamente alineados con el Gobierno interino, según los entrevistados, han creado un ambiente de vigilancia omnipresente y desenfrenada violencia”.

En este orden, especial atención cobró el grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Al respecto, el Informe de Harvard afirma que “los miembros de RJC a menudo se movilizan en motocicletas y han llegado a ser conocidos como “motoqueros”. Un entrevistado que vio a los miembros del grupo RJC en Sacaba dijo ‘parecían personas ricas, tenían ojos verde y motocicletas caras’. Durante los enfrentamientos, los miembros usan pasamontañas y chalecos antibalas como uniformes de combate improvisados. Supuestamente se armaron con palos, cañones caseros, bazucas, cócteles molotov, pistolas de perdigones y armas de fuego. Varios entrevistados percibieron un ‘vínculo y coordinación muy claros’ entre los motoqueros y la Policía”.

El Ministerio de Justicia, en su comunicado, señala que el Informe de Harvard tiene un “carácter tendencioso porque se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas”.

Entre sus errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que estudió su maestría en la universidad de Harvard afirmó a radio Éxito tras conocer el informe: “Yo conozco la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, es muy activa para apoyar los esfuerzos continentales en procura de resguardar los derechos fundamentales, apoyar con acciones amicus curiae (de terceros ajenos a un litigio) ante el sistema interamericano y otras en favor de los derechos humanos. De manera que cuando surge una información que está suscrita por un centro de tanto prestigio, uno debe preocuparse porque no es precisamente la imagen que nuestro país debería reflejar al mundo exterior”.

¿‘FRAUDE’?, ES EL MOMENTO DE QUE PRESENTEN LAS PRUEBAS QUE TIENEN

Volvió el debate sobre si en 2019 hubo fraude, sobre si el informe de auditoría de la OEA es una prueba plena.

Vuelve el debate sobre los comicios de 2019. Lima explica que no hay ‘auditoría’ de la OEA y que no se anularon los resultados electorales

/ 13 de junio de 2021 / 19:26

EL PUNTO SOBRE LA i

Quienes están convencidos de que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, y encima desconfían de la Fiscalía para llevar el caso, tienen la opción legal de ser ellos mismos, mediante una “acusación particular”, de instalar un proceso contra quienes crean responsables, interpela a la oposición el ministro de Justicia, Iván Lima Magne. “Si tienen las pruebas del supuesto fraude, es hora de que las presenten, que sustenten su acusación”, demanda el abogado.

—¿Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?

—El contexto en que se hace la auditoría de la OEA es de convulsión social; necesitábamos que un tercero dirima el conflicto que vivía el país. Lo relevante del convenio con la OEA es la palabra ‘vinculante’; siempre se discutió si se puede ceder atribuciones propias del Tribunal Electoral a un órgano externo; pero el Gobierno de Bolivia, de manera amplia, para lograr la paz social acepta este efecto vinculante. Una imprecisión que hay sobre el informe de la OEA tiene que ver con su naturaleza jurídica. Lejos de ser una auditoría o un documento equivalente a una resolución del Tribunal Supremo Electoral, es un documento sui géneris; no entra en ninguna categoría jurídica, porque es suscrito entre el país y la OEA en el marco del derecho internacional público. No es un documento que podamos equiparar a una auditoría como hace nuestra Contraloría o a una pericia de la Fiscalía.

—En todo caso, dio a que luego se anulen las elecciones de 2019. Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?

—No se han anulado los resultados de la elección; la Ley transitoria de realización de elecciones (24 de noviembre de 2019) no dice que se anuló las elecciones, tampoco que hubo fraude en la elección; es una ley por la que, evidentemente con apoyo del Movimiento Al Socialismo, se ‘deja sin efecto legal los resultados de la elección’, que es una cosa completamente diferente a decir que ha habido un fraude o a reconocer que hubo una irregularidad; no se usa la palabra nulidad, ni la palabra fraude; por mérito del acuerdo vinculante entre la OEA y Bolivia, se deja sin efecto legal los resultados, no la elección; a raíz de eso, como un acuerdo político, se cesa a los vocales electorales y se convoca a la elección. Eso es un acuerdo político, y de ninguna manera refleja un reconocimiento del MAS de que hubiera habido un fraude. En el Código Penal no hay el delito de fraude electoral; la auditoría (de la OEA) que pretenden es una pericia, aunque muchos ya le dan un carácter de sentencia; no es tal, es un instrumento de derecho internacional público en el que el gobierno se comprometió a darle efecto vinculante, y el MAS honró ese compromiso al dejar sin efecto legal los resultados de la elección.

—¿El informe de la OEA puede ser presentado como prueba para una acusación fiscal?

 —Definitivamente no. El documento de la OEA habla de la ulterior judicialización de los indicios encontrados; es lo que reitera: una ulterior judicialización determinará si los indicios que ellos identifican constituye una prueba. El informe de la OEA contiene dos grandes componentes: los sistemas informáticos, el TREP y lo de los servidores, entre otros, y, lo segundo, todo lo que tiene que ver con el uso de determinada información en el cómputo de votos, me refiero a las actas, a que las haya llenado la misma persona, o que se hayan quemado y se haya tenido que recurrir a medios subsidiarios para el cómputo electoral. Esos dos elementos, en palabras de la OEA deben ser judicializados en ulteriores procesos; y no emite conclusiones al respecto. Manifiesta su preocupación, encuentra indicios en la parte informática, pero como no hace una revisión manual, esos indicios, toda esa información de naturaleza informática, pierden total relevancia por el tiempo transcurrido desde las elecciones de 2019; dos años después se ha podido computar manualmente cada una de las actas. El cómputo en Bolivia es manual, lo tenemos en actas, en papel, en firmas; por tanto, nada del cómputo informático puede ser entendido como una prueba. Toda crítica a los sistemas informáticos, en este momento, no es válida y no puede constituir una prueba de fraude. El segundo elemento, y que se está investigando, tiene que ver con la quema de información, de listas índice, de tribunales electorales. Cómo ha hecho cada tribunal departamental para recuperar la información. En el país, para la elección se emitieron nueve copias de cada acta, cada partido se quedó con una, lo mismo que el notario y el tribunal departamental. Así, la información que se tenía en diferentes niveles, en el TREP, en las actas y lo que tenía cada partido, le ha permitido a cada tribunal departamental realizar el cómputo. Si Mesa y su partido cuestionaban alguna de las actas, lo que correspondía era volver a revisar la votación; esto no ha ocurrido. Ninguna de las observaciones que ha realizado la OEA o quienes dijeron que hubo fraude es consistente; todas se refieren a errores aritméticos, de llenado; (pero) hechos completamente subsanados o subsanables. Si hay algo relevante en el proceso electoral boliviano es el principio de preclusión, cuando habla el jurado electoral, se cierra el debate, y lo único que hay que lograr es que ese resultado del jurado se incorpore en el cómputo departamental y luego nacional. La pregunta que se le debe hacer al señor Mesa es ¿por qué sus delegados no han impugnado ningún acta, en las mesas de jurados, en los tribunales departamentales o en el Supremo Electoral?

—Esta semana en Beni se dictó el sobreseimiento de los exvocales electorales de ese departamento. ¿No se los había sobreseído a principios de 2021, como anunció el fiscal general Juan Lanchipa?

—No hay ninguna contradicción. Lo que ha anunciado el Fiscal General es que los fiscales de investigación de los casos habían dictado sobreseimientos en todos los departamentos; pero de inmediato, ciudadanos, vocales, incluso la Procuraduría, impugnaron ese sobreseimiento. Lo que ha ocurrido luego, y a eso me refiero con el anuncio del Beni en esta semana, es que los fiscales departamentales han confirmado aquel sobreseimiento, excepto en Oruro, pero por un problema de la pandemia.

—¿Qué incidencia tendrá esto en el proceso a los exvocales del TSE?

—Esto es muy relevante para el Tribunal nacional, porque lo que hace el TSE es básicamente sumar las nueve actas de los cómputos departamentales y darle al país el resultado nacional. Que no exista fraude en los nueve departamentos haría prácticamente imposible la existencia de un fraude a nivel del TSE. Esto va a ser resuelto en los próximos días, esperemos, porque ya está por cumplirse el plazo para el fiscal que lleva el caso contra los exvocales del TSE. Ya corresponde que este fiscal se pronuncie, sea por una acusación, sea por el sobreseimiento.

—El fiscal Lanchipa dijo que la investigación contra los exvocales del TSE se cerrará con una “pericia informática internacional”, que diga cómo fue el manejo informático de los resultados.

—Es importante tener una pericia, pero, como dije antes, todo lo que tiene que ver con el uso de los sistemas informáticos, el TREP, los servidores, tiene que ser contrastado con las 35.000 actas, porque el sistema boliviano (de cómputo) es manual. Es accesorio, puede dar tranquilidad al país para entender qué ocurrió con el corte del TREP o la información de los servidores; sin embargo, es solo uno de los elementos más que tiene que evaluar el fiscal a tiempo de dictar sobreseimiento o acusación. Con todo, creo que el escenario en este momento está muy cercano a que en el país tengamos certeza de lo que ha ocurrido en la elección de 2019. Y eso es lo que pone nervioso al señor Mesa y a muchos miembros de la oposición, debido a que no han logrado, en un año que han estado en el gobierno, probar la existencia de un fraude. Un año para que el señor Murillo o el señor Mesa puedan presentar todas la pruebas del ‘fraude monumental’.

—Aunque siempre se quejaron de la lentitud de la Fiscalía.

—Aquí viene un aspecto fundamental en el análisis del proceso penal, que tiene que ver con la ‘acusación particular’. Si bien lo normal o usual es que la Fiscalía presente un juicio y sostenga la acusación, cuando alguien cree que la Fiscalía está actuando indebidamente, que no está presentando una acusación por falta de pruebas, negligencia o parcialización, puede presentar su acusación particular. Estoy seguro de que lo van a hacer. Si el señor Mesa dice que hubo un “fraude monumental”, él debiera presentar una acusación particular, y es lo que le he reclamado a su bancada en el acto de interpelación. Si creen que hubo fraude, si creen que tienen las pruebas para sostener la existencia de un fraude, presenten la acusación particular; lleven el caso ustedes, sin fiscal; el Código Penal se los permite. Ahí el pueblo de Bolivia va a saber quién miente, quién no tiene ni una sola prueba para sostener una acusación. Porque también tienen que estar conscientes de que si su acusación particular es declarada infundada, sin mérito, habrán cometido acusación o denuncia falsa, pasarán de acusadores a acusados; porque no puedes acusar a vocales, a familias, a personas que han hecho un trabajo adecuado y digno, de haber cometido un fraude cuando no existe una evidencia de tal fraude. Si don Carlos Mesa cree que tiene pruebas, lo invito a que presente su acusación particular, es lo mínimo que se espera del líder de la oposición en Bolivia. Ha habido gente que ha estado durante meses detenida en cárceles del país sin que hubiera hecho nada que implique una responsabilidad penal. Y eso ha sido resultado de la acusación del señor Mesa. Es un momento de buscar la verdad; ahora es el momento para que nos muestren las pruebas que tienen, y el informe de la OEA no es ninguna prueba.

—En octubre del año pasado, días antes de las elecciones, el exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría presentó una investigación del IDIF que documentaría el fraude a través de la intervención de 20 mexicanos en el sistema informático.

—Esta investigación a la que se refiere es una investigación de teorías de conspiración que no se sustenta en hechos legales, que no encuentra relación de causalidad, lógica, entre el acto electoral y el arribo de estos ciudadanos al país. Lo que hubo fue una conferencia de prensa muy histriónica, pero no hay relación de causalidad, no han presentado ninguna prueba. Todos sus argumentos no son más que una teoría de conspiración; por ello, usted no va a encontrar un requerimiento fiscal ni ninguna decisión judicial sobre los argumentos del señor Santamaría. No es un informe serio. Es un tema que no nos merece comentarios por su falta de seriedad.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón     

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VACUNACIÓN YA, CUARENTENA NO

Los centros productivos que resistieron hasta hoy, podrían tener en la cuarentena la estocada final.

/ 13 de junio de 2021 / 19:14

DIBUJO LIBRE

Con más de 3.800 casos por día, Bolivia está atravesando el pico más alto de la tercera ola y uno de los peores momentos desde el inicio de la pandemia. La difícil situación en salud ha reabierto el dilema entre la salud y la economía. Varias regiones del país han retomado restricciones de horario, circulación, etc. La pregunta es si es necesario masificar las cuarentenas en el país. Mi posición tajante es que no.

Tras las dos primeras olas, algunas lecciones aprendidas sobre la cuarentena son: 1) es una medida extrema y solo temporal ante un potencial descontrol de la pandemia; 2) ya que solo retrasa el pico, no aplana la curva, como hipotéticamente se afirmaba; 3) perjudica más a la economía que el propio desarrollo de la pandemia; 4) el confinamiento es desigual entre los habitantes; y, 5) su efectividad se reduce mientras más prolongada sea la cuarentena.

Durante 2020, los sectores más perjudicados por las medidas restrictivas fueron el minero, la construcción, el transporte, el comercio y los servicios de empresas y a consumidores. Junto al colapso de la actividad se disparó el desempleo, se hundió el comercio exterior y las recaudaciones tributarias.

De masificarse hoy las cuarentenas en el país, se afectaría a la producción y al empleo, en un momento en el que la economía se encuentra en sala de recuperación. Los establecimientos productivos que lograron resistir hasta la fecha podrían encontrar en ésta la estocada final para su cierre definitivo.

En estos momentos, cuando el sector productivo muestra francas señales de reactivación, la implementación de las cuarentenas podría resultar contraproducente. La minería muestra un buen desempeño, avivado por los mejores precios internacionales. En el sector agropecuario se requiere más mano de obra para labores de cosecha y siembra, que son mayoritariamente manuales. La ausencia de lluvias en invierno facilita las actividades de construcción, silvicultura y otros que podrían verse perjudicadas. Las medidas de estímulo al consumo con efectos multiplicadores en el comercio, transporte y servicios también estarían socavadas. En fin, retornar a la cuarentena produciría un gran daño económico con el riesgo de perder todo lo avanzado.

Tampoco se debe olvidar que el confinamiento no es igual para todos. El sustento de muchos hogares con actividades informales depende del ingreso diario, el cual no podría ser restringido porque sería como negar el derecho al trabajo.

La primera cuarentena rígida de poco más de 60 días no evitó que los hospitales colapsen ni tampoco suavizó la curva de infecciones (por falta de pruebas y el poco hábito de uso del barbijo) cuyo pico se produjo finalmente en julio de 2020. El confinamiento solo sirvió al gobierno transitorio para ganar tiempo ante la deficiente gestión de la pandemia, pero a un costo elevado, pues enfrió súbitamente la economía y desencadenó la crisis económica y la pérdida de la mayor parte de puestos de trabajo. En la segunda ola esta tarea ya estaba descentralizada y endilgada a los gobiernos subnacionales con incluso una menor capacidad de control y gestión.

La intensidad de la tercera ola llega en un momento en el que muchas nuevas autoridades locales recién se van afianzando en sus funciones, lo que genera retrasos en la entrega de vacunas y una deficiente coordinación con el Gobierno central que se ha tratado de disimular con el argumento de la falta de recursos. Es un contrasentido que se quejen siendo que son sus propias acciones restrictivas las que dañan la economía y afectan la generación de ingresos fiscales. Parte del descontrol de esta tercera ola se debe a la dispersión de algunas decisiones en salud a los niveles territoriales, en lugar de ser asumidos por el Gobierno central.

La Paz no necesita más cuarentenas. Para superar ambas crisis se requiere una gestión más eficiente, de estrecha coordinación entre niveles de gobierno, una vacunación masiva en las áreas urbanas más pobladas sin restricción de edad, enfocada en grandes grupos de trabajadores y ya no en grupos de riesgo. Finalmente, es importante entender que la vacunación es una medida preventiva de efecto de mediano término y no una plena solución inmediata.

 (*) Omar Velasco Portillo es economista

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VIVE LA COMMUNE!

La Comuna de París, el hecho político más importante de la historia del movimiento obrero del siglo XIX.

/ 13 de junio de 2021 / 19:08

DIBUJO LIBRE

Los burgueses siempre lo habían conseguido todo. Desde la revolución de 1789, habían sido los únicos que se habían enriquecido en tiempos de prosperidad, mientras que la clase trabajadora había tenido que soportar regularmente el coste de las crisis. La proclamación de la Tercera República abrió nuevos escenarios y ofreció la oportunidad de revertir este rumbo. Napoleón III había sido derrotado y capturado por los alemanes, en Sedán, el 4 de septiembre de 1870. En enero un año después se rendía París, que había estado sitiada durante más de cuatro meses, lo que obligó a los franceses a aceptar las condiciones impuestas por Otto von Bismarck. Se produjo un armisticio que permitió la celebración de elecciones y el posterior nombramiento de Adolphe Thiers como jefe del poder ejecutivo. En la capital, sin embargo, a diferencia del resto del país, la conjunción progresista-republicana tuvo éxito con una abrumadora mayoría y el descontento popular fue más generalizado que en otros lugares. La perspectiva de un ejecutivo que dejase inmutables todas las injusticias sociales, que quería desarmar la ciudad y hacer recaer el precio de la guerra sobre los menos favorecidos, desató la rebelión. El 18 de marzo de 1871 estalló una nueva revolución; Thiers y su ejército tuvieron que refugiarse en Versalles.

Los insurgentes decidieron celebrar inmediatamente elecciones libres, para garantizar la legitimidad democrática de la insurrección. El 26 de marzo, una abrumadora mayoría (190.000 contra 40.000 votos) aprobó las razones de la revuelta y 70 de los 85 miembros electos se declararon a favor de la revolución.

El 28 de marzo, una gran masa de ciudadanos se reunió cerca del Hôtel de Ville y recibió con alegría la inauguración de la nueva asamblea que oficialmente tomó el nombre de la Comuna de París. Aunque solo duró 72 días, fue el evento político más importante en la historia del movimiento obrero del siglo XIX. La Comuna revivió la esperanza de una población agotada por meses de penurias. En los barrios surgieron comités y grupos en apoyo. En cada rincón de la metrópoli se multiplicaron las iniciativas de solidaridad y los planes para la construcción de un mundo nuevo. Montmartre pasó a llamarse “la ciudadela de la libertad”. Uno de los sentimientos predominantes fue el deseo de compartir. Militantes como Louise Michel dieron ejemplo por su espíritu de abnegación. Víctor Hugo escribió sobre ella: “Hiciste lo que hacen las grandes almas locas. Has dado gloria a los que están aplastados y sometidos”. Sin embargo, la Comuna no vivió gracias al impulso de un dirigente o de unas pocas figuras carismáticas. De hecho, su principal característica fue su dimensión claramente colectiva. Mujeres y hombres se ofrecieron voluntarios para un proyecto de liberación común. La autogestión ya no se consideró más una utopía. La autoemancipación se convirtió en algo esencial.

El 19 de abril la Comuna redactó la Declaración al Pueblo Francés, en la que se aseguraba “la garantía absoluta de la libertad individual, de la libertad de conciencia y la libertad de trabajo” y “la intervención permanente de la ciudadanía en los asuntos comunes”.

Iniciaron una serie de reformas que tenían como objetivo cambiar profundamente no solo la forma en que se administraba la política, sino su propia naturaleza. La democracia directa de la Comuna preveía la revocabilidad de los representantes electos y el control de su labor a través de la vinculación de mandatos (medida insuficiente para resolver la compleja cuestión de la representación política). Había que impedir la profesionalización de la esfera pública. Las decisiones políticas no debían corresponder a pequeños grupos de funcionarios y técnicos, sino ser tomadas por el pueblo. Los ejércitos y las fuerzas policiales ya no serían instituciones separadas del cuerpo de la sociedad. La separación entre Iglesia y Estado era una necesidad indispensable.

La Comuna creía que las reformas sociales eran incluso más relevantes que las transformaciones políticas. Representaban su razón de ser. La fecha de vencimiento de las deudas se pospuso tres años, sin pago de intereses. Se suspendieron los desahucios por impago de alquileres; se proyectó limitar la duración de la jornada laboral (de las 10 horas iniciales a las ocho previstas en el futuro). Se hizo lo posible para aumentar el suministro de alimentos y reducir los precios. Los comuneros creían que la educación era indispensable para la liberación de los individuos, sinceramente convencidos de que era el requisito previo de cualquier cambio social y político serio y duradero.

En esta vía de emancipación no existía la discriminación nacional. El título de ciudadano de la Comuna estaba garantizado a todos los que trabajaban por su desarrollo y los extranjeros tenían los mismos derechos sociales garantizados que los franceses. Prueba de este principio de igualdad fue el papel predominante que asumieron varios extranjeros (unos 3.000 en total). El húngaro, miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores, Léo Frankel, no solo fue uno de los funcionarios electos de la Comuna, sino que también el responsable de la comisión de trabajo, uno de los “ministerios” más importantes de París. Los polacos Jaroslaw Dombrowski y Walery Wroblewski fueron nombrados generales con mando de la Guardia Nacional y desempeñaron un papel igualmente importante.

En este contexto, las mujeres, aún privadas del derecho al voto y, en consecuencia, también de sentarse entre los representantes del Consejo de la Comuna, jugaron un papel fundamental en la crítica del orden social existente. Transgredieron las normas de la sociedad burguesa y afirmaron su nueva identidad en oposición a los valores de la familia patriarcal. Salieron de la dimensión privada y se ocuparon de la esfera pública. Formaron la “Unión de Mujeres por la Defensa de París y por la Atención a los Heridos” (nacida gracias a la incesante actividad de Élisabeth Dmitrieff, militante de la Asociación Internacional de Trabajadores) y jugaron un papel central en la identificación de batallas sociales estratégicas. Consiguieron el cierre de los burdeles, lograron la igualdad salarial con los maestros varones, acuñaron el lema “a igual trabajo, igual salario”, reclamaron igualdad de derechos en el matrimonio, exigieron el reconocimiento de las uniones libres, promovieron la creación de cámaras sindicales exclusivamente femeninas. Cuando, a mediados de mayo, la situación militar empeoró, cuando las tropas de Versalles llegaron a las puertas de París, las mujeres tomaron las armas e incluso lograron formar su propio batallón. Muchas expiraron su último aliento en las barricadas.

La Comuna de París fue reprimida con brutal violencia por los ejércitos de Versalles. Durante la llamada “semana sangrienta” (del 21 al 28 de mayo) fueron muertos entre 17.000 y 25.000 ciudadanos. Los últimos enfrentamientos tuvieron lugar a lo largo del perímetro del cementerio de Père-Lachaise. El joven Arthur Rimbaud describió la capital francesa como una “ciudad dolorosa, casi muerta”. Fue la masacre más violenta de la historia de Francia. Solo 6.000 comuneros lograron escapar y refugiarse en el exilio en Inglaterra, Bélgica y Suiza. Hubo 43.522 prisioneros. Un centenar de ellos fueron condenados a muerte tras juicios sumarísimos de los consejos de guerra, mientras que otros 13.500 fueron enviados a prisión, a trabajos forzados o deportados (en buena parte, especialmente, a la remota Nueva Caledonia). Algunos de ellos se solidarizaron y compartieron la misma suerte que los insurgentes argelinos que habían liderado la revuelta anticolonial de Mokrani, que tuvo lugar al mismo tiempo que la Comuna y que también fue aplastada violentamente por las tropas francesas.

La Comuna encarnó la idea abstracta y el cambio concreto al mismo tiempo. Se convirtió en sinónimo del concepto mismo de revolución, fue una experiencia ontológica de la clase trabajadora. En La guerra civil en Francia, Marx afirmó que esta “vanguardia del proletariado moderno” logró “acercar a los trabajadores de todo el mundo a Francia”. La Comuna de París cambió la conciencia de los trabajadores y su percepción colectiva. Después de 150 años, su bandera roja sigue ondeando y nos recuerda que siempre es posible una alternativa. Vive la Commune!

(*) Marcello Musto es sociólogo, italiano, profesor universitario en EEUU.

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MORAL Y DESNUDEZ POLÍTICA

El despojo de lo público, el Estado como botín y el enriquecimiento ilícito fueron el real proyecto de Murillo.

/ 13 de junio de 2021 / 18:57

DIBUJO LIBRE

La detención de Murillo, ni más ni menos por el FBI (difícilmente acusable de ser masista), es la piedra de toque en el derrumbe de uno de los conceptos centrales sobre los cuales quiso construir su identidad el conservadurismo político boliviano en los pasados 10 años, el de su “altura moral”.

Construyendo la altura moral. Desde 2005, año de la primera victoria de Evo Morales, el gobierno del MAS logró que su discurso político e ideológico ocupara el centro del debate político en Bolivia. Con rasgos profundamente reivindicativos las organizaciones y movimientos sociales que conformaban el MAS se erigieron como los poseedores de una “altura moral” que les permitía proponer, impulsar y ejecutar una serie de cambios estructurales en la sociedad boliviana, desde la “justeza” y la “restitución del equilibrio”.

La legitimidad de este actor social y la sensación generalizada de que la historia había hecho justicia, significaban que la derecha y el conservadurismo boliviano habían sido derrotados no solo política y electoralmente, sino, moralmente.

Pero en 2011 comienza un proceso de sustitución discursiva en ambos bloques y, como efecto, un cambio en las coordenadas perceptuales que sirven para que la sociedad interprete la política. Progresivamente, el centro de gravedad del discurso político boliviano se traslada del MAS, con un discurso cada vez más obrista, hacia la oposición, con una discursividad más de tipo valórico, ético y moral en clave de ataque.

Progresivamente la oposición conservadora comenzó a apelar de manera sistemática a tres líneas de acción comunicacional. La primera fue la descalificación moral del masismo, el cual fue y es mostrado de manera caricaturizada como una suerte de organización delincuencial, mafiosa y casi satánica.

La oposición y ciertos medios de comunicación se concentraron en los actores centrales del MAS, en sus dirigencias sociales, autoridades electas y altos niveles de dirección del Ejecutivo, para tratar de vincularlos a casos y actos de corrupción, reales o ficticios, y especialmente a una serie de antivalores esencialmente morales conservadores.

Desde la pedofilia hasta la violación; desde la manipulación de la justicia hasta el abuso de poder en los cargos estatales; desde el apego insano al poder hasta la autodeificación. Un verdadero menú de antivalores, muchos en clave religiosa, fueron asociados a identificables masistas y, por extensión, a toda esta comunidad política.

El término masista se convirtió en un peyorativo; haciendo mención a una filiación partidaria fue transformado en una identidad moralmente negativa y racialmente descriptiva.

Esta construcción contó con el invalorable apoyo de los mismos masistas. Los actos de corrupción y las vulneraciones legales, éticas y morales fueron evidentes y numerosas; sin duda, y el MAS no supo o no quiso lidiar adecuadamente con ellas.

La segunda línea de acción comunicacional conservadora fue la generación de un ambiente de pretendido quiebre de los valores sociales imperantes en Bolivia. Muchos fenómenos sociales comenzaron a tratarse como escándalos políticos. La inseguridad ciudadana (al vincularla al narcotráfico), la violencia contra la mujer (asociándola a comportamientos machistas, especialmente de sectores populares), el comportamiento cuasi delincuencial de la justicia (ligándolo a la manipulación política), la crisis del Estado de derecho (relacionándolo al menosprecio por las leyes) y otros, generaron una sensación de pánico, impotencia e indignación de ciertos sectores de la población que veían amenazados hasta sus esquemas de valores personales, que en nuestro país son fundamentalmente conservadores.

Porque Bolivia, luego de 15 años de ‘proceso de cambio’, sigue siendo mayoritaria y profundamente conservadora, y es la religión la fuente de construcción de la identidad moral de los bolivianos. Según el Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia, más de 89% de los bolivianos comprenden a la religión como un factor ordenador de su vida y de sus relaciones con otras personas, es decir, como un factor orientador de su vida social y material.

La tercera línea de acción fue la construcción del actor que se oponía a este descalabro valórico, la ciudadanía opositora con su respectivo sentimiento de “altura moral”.

Y es que como en toda narrativa, instalado el problema (el quiebre moral) y el villano (el masismo), era necesario construir al héroe que pudiera conjurar el riesgo de la destrucción de los valores compartidos y castigar al villano. Y de esa necesidad narrativa surge, con la intervención directa de diferentes grupos, sectores e intereses, la ciudadanía opositora, el actor indignado que toma las calles en noviembre de 2019.

Pero esa ciudadanía no solo está politizada, es una ciudadanía “moralizante” en la cual ha despertado, obra y gracia de la operación comunicacional citada, una certeza de que se vuelca a las calles a rescatar a Bolivia de una hecatombe valórica.

Es por esto que Áñez y sus discretos y casi fantasmales aliados ingresan al Palacio Quemado montados sobre un discurso profundamente moral. Con la Biblia bajo el brazo, la promesa que le hace al país es la del retorno al Palacio de los valores familiares, humanos, religiosos, democrático- iberales y toma para sí el encargo social de castigar a un MAS adecuadamente villanizado.

El justo castigo a los “terroristas y sediciosos” masacrados en Sacaba, Senkata y El Pedregal, la deshumanización e inferiorización de quienes no podían/querían mantener la cuarentena o, por el otro lado, el intento de Áñez de asumir el rol de cariñosa madre de toda la bolivianidad o de Murillo de ser el hombre que protege el sueño de los justos contra las “hordas masistas”, nos muestran tanto el repertorio discursivo del conservadurismo político como esa certeza de altura moral que lo animaba.

Desnudez y fachada. Sin embargo, en el caso boliviano, esta estrategia comunicacional de framing moral no es ni siquiera el eco de similares líneas de acción que diferentes gobiernos neoconservadores utilizan en el mundo desde hace más de una década. Es en realidad el resultado de la desnudez política conservadora.

Desde la asunción de Morales, la oposición no fue capaz de construir una propuesta o visión de país alternativa a la del Estado Plurinacional. Los repetidos intentos de estructurar organizaciones político-partidarias que representen y aglutinen al conservadurismo político fracasaron. Los liderazgos que le ofrecen al país nos retrotraen al pasado republicano más que abrirnos hacia un futuro alternativo al Plurinacional.

Sin propuestas, partidos ni liderazgos, el conservadurismo político buscó refugio en los legítimos valores morales de la mayoría de los bolivianos para con ellos cubrir su desnudez. Y tampoco lo hizo para rescatar los valores morales conservadores y oponerlos a los valores progresistas en crecimiento. Lo hizo para construir una fachada de moralidad que fue utilizada para los fines exactamente contrarios. El retorno al despojo de lo público, el enriquecimiento ilícito y el Estado como botín, son la verdadera propuesta que encarnaba Murillo.

Entonces, el daño que el efímero gobierno de Áñez le hizo al conservadurismo político boliviano no proviene únicamente de su manifiesta incapacidad para gobernar ni de los hechos de corrupción mismos, sino de haber dinamitado el corazón mismo de la única propuesta que pudo generar para el país en 15 años, la propuesta de ser mejores personas que los masistas.

Y es que el fariseísmo es una carta muy peligrosa de jugar, porque la moral también hace política.

(*)Manuel Mercado G. es especialista en comunicación política          

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‘FRAUDE’, INFORME DE LA OEA, SOBRE TODO INDICIOS

Volvió a la agenda el debate sobre si en 2019 hubo o no ‘fraude’; aún está pendiente revisar lo que realmente pasó.

Ante la Asamblea, el ministro Lima dijo que no hay una sola prueba. Un análisis sobre el contenido del estudio de la gestión Almagro

Por Iván Bustillos

/ 6 de junio de 2021 / 17:56

EL PUNTO SOBRE LA i

Volvió a la agenda la polémica del “fraude” en la elección de octubre de 2019; esta vez fue a raíz de la afirmación del ministro de Justicia, Iván Lima, en la Asamblea Legislativa, en sentido de que “no existe una sola prueba, ni un elemento que sostenga un fraude electoral” en dicha elección. Para respaldar su afirmación, el ministro aludió al sobreseimiento fiscal con que se beneficiaron los vocales de los tribunales electorales departamentales, que junto a los del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían sido acusados del ilícito desde noviembre de 2019. El sobreseimiento se hizo efectivo entre enero y marzo de 2021.

En ocasión de la absolución de los exvocales del TED La Paz, el 19 de enero de 2021, la Fiscalía en su resolución señalaba que se decidió el sobreseimiento al “no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘indubio por reo’ siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como en el presente caso de autos”.

Los delitos de los que se acusaba a los exvocales, y de los cuales se los liberó de culpa, eran “uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alternación y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, todos vinculados con delitos electorales”.

Como ya se informó anteriormente, el proceso a los exvocales del TSE, sin embargo, sigue abierto. El 6 de octubre de 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia informática sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019.

En esa oportunidad, Lanchipa refirió que si bien la base de la acusación sigue siendo el informe final de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), éste solo establece indicios; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, tener la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe”.

El 4 de diciembre de 2019, la OEA emitió un comunicado de prensa en el que anuncia la presentación del “informe final de la auditoría” de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. La conclusión, dice, “es que hubo una ‘manipulación dolosa’ e ‘irregularidades graves’ que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

La “manipulación dolosa”, continúa la OEA en su comunicado, se dio en dos planos: “alteraciones de las actas y la falsificación de firmas de jurados de mesas”, y que en el procesamiento de los resultados “se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas”.

En lo que sigue, se trata de mostrar los diferentes matices de lo que el informe de la OEA tiene como puntos críticos de la “manipulación dolosa”.

Como se conoce, el primer cuestionamiento que hace la OEA es el corte del TREP, que además de ser una “decisión arbitraria que atentó contra la integridad y transparencia del proceso electoral”, tuvo motivaciones “cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática a través del desvío del flujo del TREP hacia servidores externos” (p 14); o sea, el corte fue un acto intencionado para posibilitar el desvío de los datos hacia servidores ocultos, sospechosos de que podían cambiar los resultados, y esto, se señala, fue bajo la anuencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “que permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral (p 10).

Los dos “servidores ocultos” son el BO1 y BO20; el primero habría funcionado hacia las 19.40 del mismo día de la elección, el 20 de octubre; y, el segundo, al reanudar el TREP, el lunes 21.

De la declaración del gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, en noviembre de 2019 al Canal Universitario y de su “Informe consolidado de Producto 1 y Producto 2 Línea de Tiempo de la Consultoría al OEP”, sin embargo, destacan los siguientes hechos: la existencia del “servidor oculto” fue alertada por Ethical a las 19.30 del día de la elección, por el alto que estaba generando para verificar actas; a eso, los vocales se hicieron presentes en el centro de cómputo y, una vez que llega Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec (la empresa encargada de gestionar el sistema de cómputo) le piden explicaciones sobre el servidor “oculto” BO1; Guzmán de Rojas “indica que fue su error no avisarnos pero que lo hizo (crear el servidor BO1 y de ahí solicitar verificación de actas) para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”.

El problema es, dice la auditora Ethical, que dicho servidor no estaba monitoreado, y por eso no podía dar fe de lo que allí se hizo y por esta “violación del protocolo de seguridad” se perdía credibilidad en el proceso de conteo. Y, cuenta Andrade: “Para estos momentos la presidenta del TSE y los vocales, con excepción del Ing. Costas, empezaron a acusar a Marcel Guzmán de Rojas de hacer fraude (…) todos empezaron a gritar y a acusarlo de fraude, se habló de llamar al Fiscal General, a la Policía y en eso tuvimos que intervenir para calmar los ánimos”. En ese momento, cuenta Andrade, decidieron “verificar lo que pasó en este servidor (BO1) y ver si se realizó un ataque o no al sistema TREP”. Fue en esta circunstancia en que los vocales instruyeron “cortar la comunicación del TREP (…) hasta que se verifique qué fue lo que pasó”.

Luego de que Andrade y Guzmán de Rojas se tomaron varios minutos para revisar dicho servidor, se llamó nuevamente a reunión, y allí Ethical además de reclamar el proceder de Guzmán de Rojas y, de nuevo, aclarar que no da fe de la integridad de los datos; sin embargo, se vio que dicho servidor “no contenía software malicioso, estaba libre de crons y scripts que pudieran alterar posteriormente alguna información, que no existían usuarios adicionales a los que deberían existir, que las comunicaciones se realizan solo por certificado, etc.”

Aquí no hay que dejar de decir que el principal reclamo de Ethical a Enotec efectivamente es que Guzmán de Rojas intervenía en el sistema del TREP y en el cómputo oficial sin pedirles permiso o sin avisarles, aunque luego les informaba.

Por su lado, Marcel Guzmán de Rojas, en su Informe Final Elecciones Generales 2019, dirigido a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque el 28 de octubre de 2019, sobre la interrupción del TREP, expresa que no estuvo de acuerdo con dicho corte, aunque ratifica: “En ningún momento, incluyendo el periodo de suspensión del TREP, la base de datos del TREP estuvo comprometida, como tampoco se alteró”.

Específicamente sobre el hecho cuenta que como a las 20.15 del 20 de octubre recibió una llamada de los vocales del TSE, por la que se le “ordenó suspender el TREP” y se le convocó a una reunión en oficinas del TSE en San Jorge. En dicha reunión (a las 20.30) da cuenta de que los vocales “presentaron tres argumentos para la interrupción: 1. el uso de un servidor no monitoreado, BO1; 2. el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor BO1; y 3. el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC”. Pese a explicar la función del servidor BO1 y de lo normal de la evolución del conteo, concluye Guzmán de Rojas, “los vocales decidieron no continuar con el TREP, a excepción del vocal Antonio Costas”.

En cuanto al segundo servidor “oculto”, el BO20, que se detectó tras la reanudación del TREP, el lunes 21 de octubre, la OEA además de protestar porque tampoco estaba monitoreado, deplora que en el mismo también se registró y verificó actas del TREP. “Esto resulta extremadamente grave y afecta la transparencia del proceso”, reclamó. (p 29)

Al respecto, la versión de Guzmán de Rojas es como sigue: “La noche de la elección, en la reunión de las 20.00, el TSE decidió reemplazar el servidor BO1 por un nuevo servidor, BO20. Este servidor se creó y configuró en el espacio de servidores en Amazón AWS del TSE. Al igual que el servidor BO1, el nuevo es una simple pasarela, un reverse proxy mediante Nginx. Los servidores perimetrales actúan como pasarela entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones, validando que la solicitud enviada por el navegador corresponda a un servicio expuesto en la pasarela así como la integridad de la solicitud http. Es una buena práctica de seguridad, usar servidores pasarela (perimetrales) en un servidor distinto al servidor de aplicaciones”, destaca en el Informe Complementario al Informe Final Elecciones Generales 2019, en el capítulo “Aclaración Servidores BO1 y BO20”, dirigido a la presidenta del TSE el 4 de noviembre de 2019, cuando ya estaba en curso la auditoría de integridad electoral de la OEA.

En lo relativo a las actas y las supuestas falsificaciones, en el comunicado de prensa de la OEA del 4 de diciembre de 2019, cuando el organismo presentó el Informe Final de auditoría, no deja de destacar el volumen del texto: “96 páginas de análisis y más de 500 páginas de anexos”. Dichos anexos contienen, asegura la OEA, “pericias caligráficas a más de 220 actas de escrutinio; documentos suscritos por funcionarios del órgano electoral; referencia a 37 listas de índice de ciudadanos habilitados para votar; registro de la recepción de más de 200 denuncias y comunicaciones con información recibida por parte de la ciudadanía; y, 11 solicitudes de requerimientos de información”. Se trata de un total de nueve anexos.

El anexo más ampuloso es del número 8, “Hallazgos de la pericia caligráfica”. Allí se muestra la fotografía de las 226 actas que habrían sido “completadas por una misma persona”; este “procedimiento altamente irregular” se habría dado, dice la OEA, en 86 centros de votación de 47 municipios del país, adelantando su evidente sospecha: “todas estas mesas corresponden a 38.001 votos válidos, de los cuales el partido político MAS obtiene el 91%”.

La OEA también incluye anexos actas en que detalla supuestas falsificaciones de firma de los jurados electorales.

Como señala la Fiscalía General del Estado, lo que hay en el Informe Final de auditoría de la OEA, en rigor, son indicios de acción dolosa e irregularidades, que por eso está en curso una pericia internacional acerca de si hubo o no manipulación informática de los resultados.

 (*) IVÁN BUSTILLOS es periodista de La Razón

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