Tuesday 19 Mar 2024 | Actualizado a 01:34 AM

Harvard y su incómodo informe

La universidad estadounidense entrevistó a al menos 220 personas entre octubre de 2019 y enero de 2020.

/ 1 de agosto de 2020 / 09:36

Este lunes 27 de julio, en Cambridge, Massachusetts, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por su sigla en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) hicieron público el informe “Nos dispararon como a animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia, sobre los “abusos y violación de derechos humanos” en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Un estudio donde se identificó “patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos”, según sintetizó el trabajo el abogado internacional en derechos humanos, Thomas Becker, uno de los profesores de la denominada Clinica de Derechos Humanos.

Difundida la presentación del Informe de Harvard, el miércoles 29, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado replicó al referido reporte, calificándolo de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.

En la semana, en castellano, se conoció solo el Resumen Ejecutivo del Informe; hasta donde se conoce, el documento completo (92 páginas) solo está en inglés, en el sitio http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/ uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf .

Claro que cabe no estar de acuerdo con el Informe y sus conclusiones, con su metodología, pero si hay algo que no se puede dejar pasar es que acaso su mayor riqueza sean los testimonios que recoge, los cuales —señala en su parte metodológica— fueron obtenidos en entrevistas con al menos 220 personas, entre víctimas, familiares, activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, abogados, fiscales, médicos, investigadores, funcionarios de ministerios, policías y militares. Un estudio que fue fruto del trabajo de campo en Bolivia, señala el texto, de un equipo y estudiantes del IHRC durante octubre y noviembre de 2019, y, luego, casi dos meses entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

TESTIMONIAL. Cierto, también cabe que, por ser testimonial, de entrevistas al calor de los hechos, algo de lo que se dice haya cambiado días o semanas después. Si buena parte de los declarantes son las víctimas y los afectados por la represión, donde vieron necesario los investigadores, está el punto de vista de las autoridades de gobierno. Aunque no dejan de señalar que “el equipo también envió cartas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando información sobre los asesinatos de Sacaba y Senkata” pero aseguran que “no recibieron respuesta”.

La información que levantaron en el país, en el informe está vertida en cuatro grandes secciones: los hechos de Sacaba y Senkata; los obstáculos para una investigación imparcial y justa; la persecución de la disidencia; y, la actuación represiva de grupos civiles paraestatales.

Cuando hay cierta variación en cuanto al número de muertos y heridos, el Informe de la Clínica de Harvard resume: En Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre murieron 11 personas y hubo 120 heridos; en Senkata (El Alto), el 19, hubo 11 victimados y al menos 50 heridos; en ambos casos, enfatizan, todos los fallecidos y heridos eran civiles.

Tanto en Sacaba como en Senkata, la Clínica dice que encontró “evidencia creíble” de al menos tres cosas: 1) que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados; 2) que policías y militares tuvieron una actitud racista y un lenguaje anti-indígena durante la refriega; y, 3) que las autoridades crearon una atmósfera de miedo en los hospitales, “lo que lleva a las víctimas a evitar buscar atención médica debido a su legítima preocupación por represalias del Gobierno”.

Por las entrevistas que hicieron, en Sacaba, el informe apunta que los disparos duraron dos horas: “El primer herido de bala recibió el impacto alrededor de las 16.30, y el último a las 18.30”.

El informe también registra la respuesta del Gobierno. Alude a que el 14 de noviembre la presidenta Áñez firmó el Decreto 4078, que liberaba de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en las acciones de represión; y la declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo (que luego generalizaron las demás autoridades): “La mayoría está muerta por una bala calibre 22 en la parte
posterior de la cabeza, o bien en la parte posterior (del cuerpo), o debajo del brazo ¿Qué significa esto? Que la gente del MAS, los que despertaron disturbios, mataron a estas personas para que las cosas marchen”.

Entre los obstáculos para una investigación imparcial, “el equipo del IHRC —asegura— ha documentado diversas formas de manipulación de evidencia que pueden socavar severamente la capacidad del Gobierno para realizar investigaciones precisas en Sacaba y Senkata”.

“Oficiales de Estado limpiaron sistemáticamente el área inmediatamente después de los asesinatos, destruyendo evidencia pertinente. Un testigo vio tanques con un cañón de agua enjuagar la sangre de las calles. Según otros testigos, las fuerzas de seguridad también plantaron armas entre los manifestantes para afirmar que estaban armados”. “También vi soldados buscando balas en el suelo y recogiéndolas. Los militares recogieron cosas como balas y limpiaron el área… La Policía trató de limpiar la evidencia”, detallan algunos testimonios.

“Otro manifestante declaró que vio a las fuerzas estatales destruir fotografías, evidencia de abusos estatales; incluso que un oficial hizo que un periodista borrara fotos que había tomado de fuerzas estatales golpeando a un detenido”.

IRREGULARIDADES. La investigación también encuentra “significativas irregularidades” en las autopsias de los muertos en Sacaba y Senkata. Aparte de que en algunas ocasiones se impedía la presencia de los familiares, el hecho más frecuente eran dificultados y tensión a la hora de la extracción de los proyectiles de los cadáveres. “El miembro de la familia que finalmente pudo observar la autopsia declaró que la bala tomada del difunto fue cambiada por una bala más pequeña”. Según él, el fallecido fue “asesinado con una bala más grande, pero intentaban decirle que era más pequeña… (Su) cabeza parecía una flor abierta; fue una gran bala pero la autopsia no dijo nada al respecto”.

En lo relativo al trabajo de los fiscales, el informe apunta que tuvieron al menos dos “barreras significativas”: 1) la falta de recursos; y 2) la negativa de las fuerzas de seguridad del Estado de cumplir con las solicitudes de información del fiscal.

“No tenemos asistentes, y no contamos con el apoyo de la Policía… [Los fiscales] incluso tuvieron que poner algunos de [sus] recursos propios para hacer el trabajo, como pagar el autobús y el taxi (en viajes de trabajo)”, recoge el testimonio de uno de ellos. Otro elemento que señala el informe es que las unidades policiales y militares no dieron o se resistieron a dar información, que no respondieron a requerimientos escritos, tanto de los fiscales como del Defensor del Pueblo (en Cochabamba).

“Cuando les solicitamos información, los militares básicamente dijeron: ¿quién es usted para pedirnos cosas? Orellana, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue [el único] quien respondió a nuestra solicitud”.

DEFENSORÍA. “Al igual que los fiscales, el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, envió una solicitud formal a la Policía y militares para obtener información sobre la operación de las fuerzas de seguridad en Sacaba, buscando identificar a los oficiales al mando, en particular las unidades desplegadas y las armas específicas llevadas por esas unidades. Sin embargo, ni la Policía ni los militares proporcionaron cualquier información al Defensor del Pueblo”, detalla el documento.

En cuanto a los testigos, un hecho significativo que relatan los investigadores (algunos de ellos estuvieron en medio de las movilizaciones) es que “muchas de las entrevistas realizado por el IHRC se llevaron a cabo en ubicaciones secretas, y con garantías de confidencialidad, porque los testigos y las víctimas temían represalias por parte del Gobierno”.

“Todos tenemos miedo de hablar contra el Gobierno o hablar sobre lo que pasó en Sacaba. Si lo hacemos, los militares o la Policía vendrá a por nosotros. El Gobierno está procesando a cualquiera que hable de lo que está sucediendo”, se detalla en una entrevista.

Luego, el informe anota que “las fuerzas de seguridad parecen haber adoptado una práctica regular de mirar a través de los teléfonos de los residentes locales para identificar testigos, o para alterar o destruir la foto o evidencia en video”.

“Pasamos por todo en nuestros teléfonos. Me pidieron mi contraseña. Ellos miraron mis fotos, WhatsApp, Facebook”. Los miembros del equipo de IHRC, cuenta el documento, sufrieron ellos mismos este tipo de acoso.

“Cuando el equipo estaba observando la reconstrucción de la escena del crimen en Sacaba en enero de 2020, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba acusó a un miembro del equipo de IHRC de tomar imágenes ilícitas”.

DISIDENCIA. En cuanto a la persecución de la disidencia, el informe de la Clínica de Harvard clasifica en tres los grupos que habrían sido objeto de este acoso: periodistas, defensores y activistas en derechos humanos, y militantes y simpatizantes políticos, especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En cuanto a los informadores, recoge el testimonio el Reporte, su “mayor preocupación” era que se “utilizaban clasificaciones como ‘sedición’ y ‘terrorismo’ como pretextos para perseguir a aquellos que criticaban al Gobierno interino”.

Cita el caso de Humberto Pacosillo, uno de los varios reporteros supuestamente en la lista de ‘sediciosos’ del Gobierno, que habría sido perseguido por ser crítico con el Gobierno. «Nuestro crimen ha sido informar sobre las cosas como son y para contrastar la versión de que el Gobierno actual usa”, testimonió a los investigadores.

Pero un sector especial de comunicadores afectado, apunta el informe, fueron los periodistas extranjeros. Primero, el Gobierno interino ha cesado —detalla— la transmisión internacional de canales de noticias como RT Spanish y TeleSUR. En segundo lugar, la Policía ha atacado a periodistas extranjeros, como la reportera de Al Jazeera, Teresa Bo, a quien la Policía gasificó directamente en la cara mientras reportaba en vivo. Otro periodista extranjero que ha cubierto en Bolivia durante décadas para medios como The Guardian y Al Jazeera dijo al IHRC: “Los periodistas tienen miedo por sus vidas… Esto es la peor violencia y represión que he visto a lo largo de mi carrera en Bolivia. Esto no es Bolivia”.

En cuanto al acoso a activistas de derechos humanos, entre los varios casos que cita, se puede mencionar el ejemplo del representante en Cochabamba del Defensor del Pueblo, Nelson Cox. “Asociados con el Gobierno
interino (grupos de personas) amenazaron con cometer actos de violencia contra miembros de la oficina del Defensor del Pueblo; los grupos civiles rodearon las oficinas y hogares del defensor Nelson Cox, amenazándolos”.

Sobre la represión a los militantes del MAS, el reporte describe varios casos de exautoridades que afirma que fueron acosadas (Carlos Romero, Gustavo Torrico, César Dockweiller, entre otros”; grafica la situación señalando que “a principios de 2020, más más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o enfrentaban cargos y casi 600 exfuncionarios y sus familias estaban bajo investigación. En marzo, The New Yorker informó que las Naciones Unidas encontró que al menos 160 funcionarios habían sido procesados o detenidos en el periodo postelectoral”.

Si hay algo que destaca el informe como una particularidad del conflicto en noviembre de 2019, es la presencia y actuación de lo que llama “grupos paraestatales”. “Las autoridades estatales no actúan solas como fuerza de represión en Bolivia. Los actores no estatales juegan un papel importante en hacer cumplir y mantener el ambiente de persecución que se ha producido desde las elecciones (20 de octubre de 2019). Actores estatales que se presentan como civiles y civiles que realizan funciones policiales bajo sanción estatal. Grupos paraestatales violentos políticamente alineados con el Gobierno interino, según los entrevistados, han creado un ambiente de vigilancia omnipresente y desenfrenada violencia”.

En este orden, especial atención cobró el grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Al respecto, el Informe de Harvard afirma que “los miembros de RJC a menudo se movilizan en motocicletas y han llegado a ser conocidos como “motoqueros”. Un entrevistado que vio a los miembros del grupo RJC en Sacaba dijo ‘parecían personas ricas, tenían ojos verde y motocicletas caras’. Durante los enfrentamientos, los miembros usan pasamontañas y chalecos antibalas como uniformes de combate improvisados. Supuestamente se armaron con palos, cañones caseros, bazucas, cócteles molotov, pistolas de perdigones y armas de fuego. Varios entrevistados percibieron un ‘vínculo y coordinación muy claros’ entre los motoqueros y la Policía”.

El Ministerio de Justicia, en su comunicado, señala que el Informe de Harvard tiene un “carácter tendencioso porque se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas”.

Entre sus errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que estudió su maestría en la universidad de Harvard afirmó a radio Éxito tras conocer el informe: “Yo conozco la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, es muy activa para apoyar los esfuerzos continentales en procura de resguardar los derechos fundamentales, apoyar con acciones amicus curiae (de terceros ajenos a un litigio) ante el sistema interamericano y otras en favor de los derechos humanos. De manera que cuando surge una información que está suscrita por un centro de tanto prestigio, uno debe preocuparse porque no es precisamente la imagen que nuestro país debería reflejar al mundo exterior”.

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Luis Arce y el arcismo en perspectiva

Rodrigo Ayala Bluske, Susana Bejarano, José de la Fuente, Israel Quino y Daniel Valverde brindan sus miradas sobre el ala más oficialista del oficialismo.

Cinco visiones sobre el lado más oficialista del oficialismo

Por Pablo Deheza

/ 17 de marzo de 2024 / 06:58

El punto sobre la i

Un grupo de destacados intelectuales bolivianos, conocedores y acuciosos observadores de la realidad política nacional, comparten sus puntos de vista en relación al liderazgo del presidente Luis Arce y el grupo al interior del MAS-IPSP que le respalda. Rodrigo Ayala Bluske, cineasta y ensayista; Susana Bejarano, politóloga; José de la Fuente, abogado e investigador social; Israel Quino, politólogo; y Daniel Valverde, abogado y analista, son nuestros invitados para la ocasión.

¿QUÉ JUEGA A FAVOR DEL ARCISMO?

RODRIGO AYALA. En primer lugar, la estabilidad macroeconómica, que ha logrado mantener desde el inicio de su gestión. En el “contrato implícito” que la sociedad boliviana ha establecido con sus gobernantes desde hace varias décadas, temas como la estabilidad cambiaria y la gasolina barata, entre otros, son fundamentales. A pesar de que se le han presentado varias “grietas” en el modelo, con el telón de fondo del rápido agotamiento de las reservas de gas, ha logrado hasta el momento evitar un quiebre de alto impacto. Ello le garantiza el control sobre el aparato estatal en su conjunto, merced al cual tiene una fuerte influencia en los restantes poderes del Estado. En segundo lugar, le favorece la precariedad de la oposición “tradicional” y el hecho de que por razones discursivas e históricas al evismo, le sea difícil llegar a un acuerdo formal con ella.

SUSANA BEJARANO. A favor del arcismo juegan dos cosas: la primera es estar en función de gobierno. Bolivia es un país presidencialista, la mayor fuente de empleo directo e indirecto es el Estado; por tanto, se siente la necesidad de aproximarse al gobierno de turno. Lo segundo es que las principales organizaciones sociales del país han dado su respaldo, para muchos simplemente por oportunismo y para otros porque con el gobierno de Arce estas organizaciones ocuparon una mayor cantidad de puestos políticos que en todos los gobiernos del MAS; es decir, porque, para bien o para mal, es un gobierno de las organizaciones.

JOSÉ DE LA FUENTE. Uno, la administración del Estado, la herramienta desde la que el arcismo opera sus ventajas. En el Ejecutivo, la presidencia, los ministerios, las empresas públicas, algunos gobernadores y muchos alcaldes, es el tándem desde que el cual se instala impronta con el centralismo a su favor. Dos, el Legislativo bajo control del vicepresidente, junto a las presidencias de la Cámara de Diputados y de la principal Comisión de Constitución y, las oposiciones, con el evismo a la cabeza, divididas y dispersas. Además, un grupo decisivo de entre 20 y 30 diputados y senadores que convergen en casos extremos que ya han logrado varias victorias. Tres, son parte del juego los altos cargos judiciales, ahora con más razón porque la autoprórroga está protegida. Es una enorme capacidad institucional la que juega a fondo por el arcismo.

ISRAEL QUINO. Que hoy por circunstancias verdaderamente coyunturales detentar el poder y el manejo de estructura estatal, y a título de ello inclusive pueden disponer de una serie de privilegios políticos que les permite ejercer hegemonía en las instituciones de su dominio desde el propio Estado. En política, tener de lado a las estructuras castrenses policiales, e inclusive hasta judiciales, entre otros, a nadie le viene mal.

DANIEL VALVERDE. En un sistema político altamente presidencialista y con una cultura política marcadamente caudillista como es el nuestro, Luis Arce Catacora tiene a su favor en primera instancia el manejo del Estado, que es un imán para los grupos corporativos o clientelares a efectos de sacar ventajas o licencias que le permiten actuar con función de intereses y beneficios. Le favorece también su larga experiencia en el manejo de la cartera económica del Estado. En cuanto a la construcción de un perfil de caudillo, que pueda atraer a sectores de la sociedad, el presidente Arce le juega en contra su limitada capacidad comunicativa emotiva que fideliza a sectores populares. No obstante, le favorece el hecho que su principal contendor en esa plaza político electoral, Evo Morales, está en dificultades, sobre todo con los sectores populares urbanos.

¿QUÉ JUEGA EN CONTRA DEL ARCISMO?

RODRIGO AYALA. Sobre todo, las fisuras que se han venido dando en la economía básicamente por la falta de dólares. En la medida en que esas grietas se hacen notorias en la sociedad, mediante la escasez ocasional de gasolina, por ejemplo, o las subidas del costo del dólar paralelo, ligadas a su escasez en los centros económicos establecidos, se generan sensaciones de desconfianza. Por otra parte, como todo gobierno en ejercicio, al de Arce le toca sufrir el desgaste que ocasiona el ejercicio de la gestión de manera general; el cansancio con el tema de la justicia, iniciativas conflictivas, como la relacionada con la presentación de la ley relacionada con la jubilación obligatoria a los 65 años, etcétera.

SUSANA BEJARANO. Lo que hoy juega en contra del arcismo es lo que otrora fuera su gran fortalece: la economía. Cualquier desajuste de esta es responsabilidad del gobierno y de Arce, “padre del modelo”; por tanto, cuanto más afectada esté la economía mayor repercusión sobre el presidente y su gobierno.

JOSÉ DE LA FUENTE. Uno, la incertidumbre por la falta de dólares, combustible, los dañinos bloqueos de caminos y una inocultable crisis política han logrado que las personas y los agentes económicos actúen a la defensiva y todos vivamos preocupados. Dos, en consecuencia, sobresale la insuficiente gestión política del oficialismo frente a la incertidumbre. Hay un escenario político en crisis, las organizaciones políticas y sociales divididas, entonces sobresale la falta de capacidad gubernamental para gestionar acuerdos coyunturales, sectoriales o de corto o largo alcance detrás de una visión estratégica sobre la crisis. El victimismo (típicamente evista) o la denuncia no son acciones constructivas, solo es una forma reactiva, testimonial y que no tranquiliza a nadie. En tercer lugar, la comunicación gubernamental a lo tradicional y que solo informa de obras o entregas, cuando lo que está en disputa es un proyecto político y éste debiese ser el objetivo mediático.

ISRAEL QUINO. Están desorbitados en el horizonte político. No tienen una identidad política propia, tampoco tienen una organización política que puedan disponer para un siguiente proceso eleccionario, a pesar de su discurso de izquierda ideológicamente no identifican su lugar en la historia. La división y fragmentación de sus organizaciones sociales y teniendo sólo algunos dirigentes no es sinónimo o garantía de tener a todo el movimiento popular indígena que es la base dura de la izquierda en el país. Menos eso se traduce en preferencia electoral desde luego.

DANIEL VALVERDE. El descontrol de la Asamblea Legislativa y la falta de operadores políticos que puedan promover acuerdos oportunos, afecta notoriamente al gobierno y la imagen de Arce, quien como gobernante se ve impedido de tomar decisiones oportunas en temas muy sensibles para este tiempo, como la economía o las elecciones judiciales. Su gobierna se percibía en sus inicios, como un gobierno de dialogo, amplitud, corrección, y hasta reconciliación, algo que no ocurrió y más bien se acentuó la imagen de un presidente hasta cierto punto parco y obstinado con sus posiciones. La incertidumbre económica con visos de crisis, generada por factores internacionales e internos, está provocando dudas en cuento ha sido su principal capital político, la del hombre con imagen de acertado en la económica y de finanzas y su resultado la estabilidad.

¿QUÉ FORTALEZAS TIENE LUIS ARCE?

RODRIGO AYALA. El control estatal que tiene el arcismo, le permite a su vez tener una relación fluida con la mayor parte de los movimientos sociales. Uno de los rasgos centrales de la configuración estatal a partir del 2006, ha sido la de incorporar mediante distintas vías a los movimientos sociales al aparato estatal; esa característica ha hecho que en la coyuntura le haya sido sencillo arrebatar al evismo el dominio de lo que históricamente se ha denominado el “Pacto de Unidad”, con la excepción de unos pocos sectores, entre los que sobresale el de los cocaleros del trópico cochabambino. Gracias a ello tiene un dominio territorial que en las últimas décadas ha mostrado ser clave para el ejercicio de la política boliviana.

SUSANA BEJARANO. Luis Arce es una persona que corresponde más con las aspiraciones de la nueva clase media formada por el MAS, no porque Arce haga mucho para que así sea, sino porque encarna el sueño que vendió el proceso de cambio: “nuevas élites profesionales que nunca tuvieron espacio hoy están gobernando”. En este campo no podemos abstraernos de la variable indígena. Ahí está la habilidad de Arce, la de incluir (otra vez: para bien o para mal) a las organizaciones sociales en su gabinete.

JOSÉ DE LA FUENTE. Una, su principal fortaleza, al igual que en las decisivas elecciones generales del 2020, es que la ciudanía, las organizaciones sociales y los agentes económicos lo reconocen por su experiencia de economista y gestor público. Dos, este perfil tiene especial valor en una compleja coyuntura política y económica internacional y nacional y cuyos temas son la efectividad de la democracia, el sentido del Estado, el alcance de la economía pública, la colonización puesta en evidencia al medio de guerras, masacres y genocidios, y un mundo multipolar en construcción que, centralmente, discute en torno a otro modelo de economía mundial. Tres, es un intelectual de clase media y forjado en el proceso político del cambio. Esto también tiene un alto valor de cambio en un ciclo que debe recuperar a la clase media que el propio proceso multiplicó y que desde un principio desdeñó.

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ISRAEL QUINO. La experiencia de la administración pública del Estado durante la cantidad de años que trabajó como funcionario público, principalmente cuando ejerció como ministro de Economía en el gobierno del expresidente Evo Morales y ahora su paso por la Presidencia de Bolivia. Ello le permite tener una fortaleza en el área económica al mando de su gobierno en este periodo constitucional.

DANIEL VALVERDE. A Luis Arce, aun le favorece la experiencia en el manejo económico del Estado, y la imagen que forjó sobre todo en los 14 años del Gobierno a la cabeza de Evo Morales. Su apuesta actual de ofrecer una visión de mediano a largo plazo que permitan capear la situación actual de incertidumbre y renovar las expectativas de la población, focalizando sus acciones y discurso en asuntos como la industrialización, sustitución de importaciones, el potencial del litio y el apoyo para el fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria del país, sobre todo del oriente del país, son una ventaja que aun hacen sentido en buena parte de la población, cabalmente por su imagen y experiencia.

¿QUÉ DEBILIDADES TIENE LUIS ARCE?

RODRIGO AYALA. A pesar del temor que suscita en varios sectores políticos y sociales un hipotetice retorno del Evo Morales al poder, al arcismo le resulta difícil establecer una comunicación fluida con actores políticos ajenos al “universo” del MAS e incluso a otros pertenecientes a la clase media tradicional, lo que hace que a momentos tenga que pelear a “dos frentes”, lo que debilita su capacidad de acción en la coyuntura. Si bien hasta el momento Arce ha podido imponer sus principales metas políticas, ese aislamiento podría debilitarlo para momentos clave que tendrá que sobrellevar en el futuro próximo.

SUSANA BEJARANO. Su gobierno ha mostrado una resistencia al cambio y esto resiente la gestión pública.

Creo que otra debilidad es liderar un ala en la pelea del MAS. Cualquiera diría que Arce no tiene otro camino y es probable que sea cierto, pero el resultado de esto es que Arce es el blanco central de ataques dentro de su propio partido, y eso no tiene otra lectura desde la perspectiva de la gente que de una debilidad. Otra dificultad que veo es que comunica poco. Cómo Luis Arce interpreta su propio gobierno es algo desconocido para la gente.

JOSÉ DE LA FUENTE. La primera debilidad, la más paradójica, es que Luis Arce fue elegido, atinada e inteligentemente, como candidato a presidente por Evo, pero ahora su principal opositor. Ser de la fracción que abandona el núcleo siempre es una desventaja, aunque natural como la vida, porque el sentido conservador siempre toma a herejía la disidencia. Dos, en los 14 años de gestión continua, Arce no desarrolló liderazgo político y, de nuevo, volviendo a las paradojas, fue quizás, por eso mismo, que es el elegido. La desventaja es que Arce empieza con deuda y unos acreedores ansiosos de una transición administrativista de la política y la economía y, por lo demás, concentrado a las alfombras y los manteles para la reivindicación histórica. No fue el caso, el presidente dijo de entrada que él gobernaría, ahí empezó la guerra sin cuartel. Tres, el mensaje presidencial para enfrentar la crisis y, sobre todo, el próximo periodo necesita más que solo una imprescindible propuesta de industrialización, el objetivo debería ser un pacto para un nuevo ciclo.

ISRAEL QUINO. Que a más de tres años de gestión y siendo presidente aún no trasciende como un líder social – nacional, su liderazgo es netamente estatal y a ello se suma su distanciamiento del MAS-IPSP y el expresidente Evo Morales le juegan en contra. De continuar todos así exponen a un grave riesgo inclusive la permanencia de la izquierda en el poder político.

DANIEL VALVERDE. Luis Arce juega sus cartas en un escenario económico y político adverso que demanda acuerdos, señales que generen esperanza, y mucha comunicación. Las limitaciones de comunicación y el hecho de no contar con una trayectoria política que pueda permitirle una narrativa en función a sus propios logros es una de sus debilidades. El desgaste de una parte de su gabinete y no contar con una organización política ni la legitimidad suficiente para tomar el control del MAS, también le generará dificultades en los siguientes meses.

 (*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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Más allá de la tecnología, más allá del poder

Las tendencias actuales comienzan a construir su lógica en el límite entre lo humano y lo tecnológico.

Miembros del Parlamento Europeo durante la votación sobre la Ley de Inteligencia Artificial

Por Verónica Rocha Fuentes

/ 17 de marzo de 2024 / 06:46

Dibujo Libre

El pasado miércoles el Parlamento Europeo aprobó lo que es la primera ley integral sobre Inteligencia Artificial (IA) en el mundo. Tras meses de discusión, Europa ha optado por poner sobre la mesa del debate global una normativa que intenta poner en el centro el resguardo de los derechos y que se ha focalizado en establecer los riesgos que implica el uso ciudadano/ cotidiano de la IA. A pesar de que huelga adentrarse un poco más dentro del contenido de esta novedosa norma y entender el marco regional en el que se la propone, lo indiscutible es que se ha dado un nuevo paso en lo que varios autores han optado por denominar como la “nueva guerra fría” de este tiempo, basada en buena parte en la lucha geopolítica por el liderazgo global tecnológico, que hoy lleva, en buena medida, la tonalidad de la Inteligencia Artificial y que conlleva la emergencia de un remozado “tecnocapitalismo”.

Problemática. Desde que una aplicación chatbot de IA se volvió una herramienta de uso masivo atravesamos -sin duda alguna- por un nuevo periodo de inflexión tecnológica caracterizado por darle un giro radical a lo que hasta ahora habíamos entendido como internet (hay quienes afirman que lo que se viene no se parecerá en nada a lo que hasta ahora conocemos). Y este periodo se bifurca precisamente en la discusión en torno a los escenarios venideros que conllevan la accesibilidad y popularización de un (ro)bot de IA como el ChatGPT (el primer ente no humano elegido como científico, el año 2023, por la revista Nature), que apuesta por construir su lógica en el límite entre lo humano y lo tecnológico.

Como bien se ha vuelto un sentido común, toda esa cantidad de vertiginosas transformaciones tecnológicas (hoy con rostro de IA) tienen una importante implicancia en los procesos y las dinámicas sociopolíticas de este y cada tiempo. Y, en medio de ello está -cómo no- incluida la democracia y su calidad, pero incluso su legitimidad y permanencia a futuro. Así, entre las principales preocupaciones dentro del campo sociopolítico que genera esta nueva era comunicacional predominantemente tecnologizada (y todo lo que incluye: información, debate, deliberación e intercambio) están los procesos de desinformación que, de manera clara, se intensifican -uso de tecnologías mediante- y que, también con mucha claridad, terminan afectando a la democracia.

Es en ese escenario en el que, el año 2023, nace el Grupo de Debate y Reflexión sobre Desinformación; una iniciativa impulsada por la Fundación Internet Bolivia, la Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) y Oxfam en Bolivia que tiene como objetivo impulsar reflexiones y evaluaciones acerca del manejo de la comunicación política, las campañas electorales y los efectos de la desinformación, con el foco en nuestro país. Todo esto en la búsqueda de generar propuestas ante la compleja agenda electoral que se avecina. Como actualización, este grupo arrancó su segundo año de existencia, esta semana, con la presentación del libro Comunicación Política e Inteligencia artificial.

Cuando la tecnología toma el poder , del comunicador e investigador uruguayo Diego Mota.

IA. Sobre el tema, se sabe que existe una relación intrínseca entre Inteligencia Artificial y Comunicación Política, en inicio porque la propia emergencia y desarrollo de la IA tiene un carácter político inherente y una consecuencia comunicacional, desde sus inicios.

Después, porque a través del tiempo, la Inteligencia Artificial ya se ha venido relacionando con la Comunicación Política de manera casi natural, sobre todo, como señala la publicación, en todas esas actividades que implican: a) procesamiento de grandes cantidades de datos, b) sistematización de patrones y tendencias, c) análisis de la opinión pública (también conocido como Social Listening) y, d) rastreo de millones de publicaciones para clasificarlas según sentimiento.

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Pero, ante todo y finalmente, porque toda inteligencia sólo es comprobable en su poder de comunicar; es decir en todo aquello que implica el intercambio entre emisor y receptor. Y en esta instancia concretamente se hace referencia -según Mota- a un momento del proceso que desarrolla la Inteligencia Artificial y que brilla por su potencialidad y trascendencia en el mismo: el procesamiento del lenguaje natural. Ese momento que consiste en “traducir” en datos el lenguaje humano a modelos de lenguaje más avanzados y complejos. Lenguajes que, ya en lo práctico, buscan de manera insistente, automática e inherente mejorarse en cada resultado que genera la IA pero que, a la vez, sirven exclusivamente para comunicación entre máquinas y que, por ello, terminan siendo altamente sofisticados para la comprensión humana común.

Comunicación política electoral Dentro de ese gran universo que contiene los usos que la comunicación política como área le ha venido dando a la IA, predomina por volumen, repetición y fama, aquella subárea que es la comunicación (o también el marketing) electoral. Y esto tiene que ver con que, desde siempre, un momento cúspide de la comunicación política, son los procesos eleccionarios en general y las campañas electorales, en particular. Nada de lo que ahora ocurre en esta instancia es nuevo en esencia, pero si se ha vuelto continuamente novedoso en sus formas, hoy tecnologizadas.

Y es, en este escenario, donde se ubican buena parte de las grandes preocupaciones que involucran uso de IA en campañas electorales; concretamente: a) Fake news y Deep fakes, b) uso de datos de la población, c) uso opaco y/o sesgado de los algoritmos (sesgos) y d) la posibilidad de devenir en un instrumento de control autoritario.

Aternativas. No obstante, un apunte tremendamente relevante sobre Comunicación Política que se encuentra en el libro viene a ser la descripción de sus otras tres facetas (además de la electoral): comunicación gubernamental, comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Y ello es relevante, en la medida que invita a entender los procesos de IA un poco más allá de los lugares comunes sobre los cuales se la ha puesto sobre la mesa del debate en su relación con la política; esto es, pensándola más allá del momento electoral, concretamente en momentos de mandato público, de gestión de crisis y de riesgo. Es decir, en las potenciales oportunidades que posibilita en la cotidianidad comunicacional en su más aspecto más público y democratizante. Porque, de alguna manera, esto nos recuerda que hay más comunicación política allá de las elecciones y que hay IA más allá de los intereses partidarios/autoritarios.

De todas maneras, acá se presenta solamente un abordaje superficial de esta relación. Lo que no pasa con el documento escrito por Mota, en el cuál de manera esquemática se establece un preciso y detallado mapa sobre los alcances y niveles que llega a alcanzar la relación entre Inteligencia Artificial y Comunicación Política, no sólo en el día de hoy sino además en lo que significa una meticulosa revisión del pasado que deja ineludibles pautas para avizorar un futuro cuyo desafío principal será que no termine siendo distópico, ni construido por fuera de la democracia.

 (*)Verónica Rocha Fuentes es comunicadora social

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Sancionar la violencia parlamentaria

No es admisible, bajo ninguna consideración, el uso de la agresión física como sustituto del debate.

La degradación del debate político

Por Carlos Bellott

/ 17 de marzo de 2024 / 06:39

Dibujo Libre

Al espectar las sesiones de los órganos legislativos de cualquier gobierno del país, es habitual ver prácticas de violencia psicológica en las deliberaciones (sarcasmos, indirectas, burlas, etc.), en especial entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Tal estilo de violencia casi siempre deriva en violencia emocional (insultos y otras agresiones verbales) y, muchas veces, esto se convierte en violencia física (jaloneos, empujones y hasta golpizas).

De no sancionarse estos comportamientos, podrían llegar a convertirse en parte de su cultura organizacional, como se ve en la Cámara de Diputados. Así, incluso, podrían algunos asumir como un derecho político el reaccionar de mala manera ante las supuestas injusticias o abusos de poder del oficialismo o ante las supuestas obstaculizaciones malintencionadas de la oposición.

En los legislativos que cuentan con normas de ética, está prohibida la agresividad, y se establecen sanciones, aunque no en la mayoría de los gobiernos, siendo el acoso y la violencia política contra la mujer, delitos (Ley 243; CP, art. 148 bis-ter).

En el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ambas cámaras, mediante sus reglamentos de ética, prohíben los actos violentos. En la Cámara de Senadores, se prohíbe la agresión física o verbal contra legisladores o cualquier otra persona, siendo la agresión verbal una falta grave que se sanciona con la suspensión no remunerada de entre tres a seis meses. La agresión física y psicológica es una falta gravísima sancionada con similar suspensión, de entre seis meses a un año (Regl. de Ética CS, arts. 8.e, 11.c, 10.b y 14.II-III).

En la Cámara de Diputados, la agresión que incapacite al atracado por hasta seis meses es una falta grave sancionada con suspensión sin pago de entre dos a cinco meses (nótese lo curioso de esta leve sanción a una incapacitación extrema). Y la agresión física una falta gravísima sancionada con suspensión de entre seis meses a un año (Regl. de Ética CD, arts. 6.II.3, 8.10, 10.IV, 7.7- 8 y 10.II).

En la Asamblea Departamental de Tarija, la agresión verbal se sancionada con 15 días de suspensión sin haberes, y la agresión física, con un mes, debiendo reponer los bienes de la Asamblea que hayan sufrido daño (Regl. de Ética ALDT, arts. 8.II, 10.5 y 9.3). Y así también, en algunos otros pocos gobiernos.

En muchos otros órganos, como en el del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la violencia verbal y física no constituye una falta (Ley Municipal GAMSCS 087/2015). En otros, como en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, ni siquiera cuentan con un código de ética. Y, en otros casos, teniendo nomas éticas, para evadirlas, los legisladores se abstienen de conformar su comisión de ética, como sucede en la Cámara de Diputados. Así, no habiendo la instancia encargada de la justicia administrativa interna a la cual remitir los casos de violencia, estos se pierden en la impunidad.

En los diálogos, cualquier mensaje con una mínima carga ofensiva ya no llega al raciocinio de la otra persona, sino a la emotividad; se trata de un ataque emocional. Por eso el otro, al reaccionar, ya no responde con la intensión de dialogar, sino de contraatacar con otra ofensa, reproduciéndose así las agresiones.

En esa dinámica, el diálogo deja de ser tal para convertirse en un campo de batalla verbal que fácilmente puede evolucionar hacia agresiones físicas. En ese escenario, el propósito de analizar algún proyecto de política pública, o cualquier asunto que se esté tratando, deja de importar, por lo que podría posponerse o, incluso, declinarse. De ese modo, cualquier forma de violencia en las deliberaciones nunca es productiva, sino siempre destructiva.

Por esas razones, la Constitución Política del Estado (CPE) establece que “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz […] (CPE art.

10.I). Estipula que “todas las personas […] tienen derecho a no sufrir violencia física […] o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad” (CPE art. 15.II). Para ello, el Estado (se refiere a los gobiernos) debe adoptar “las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia […], tanto en el ámbito público como en el privado” (CPE art. 15.III), ya que “la dignidad de las personas es inviolable y respetarla y protegerla es deber primordial del Estado” (CPE, art. 22).

Debido al carácter destructivo y perjudicial de la violencia parlamentaria y, ante este citado mandato constitucional, todos los órganos deliberativos (cámaras de la ALP, asambleas departamentales, asamblea regional, concejos municipales, tribunales electorales, tribunales de justicia, consejos universitarios y otros) están obligados a prohibir y sancionar absolutamente todas las formas de violencia entre los miembros deliberantes y de estos contra otras personas, en el ejercicio de la función pública. Dado que las obligaciones, prohibiciones, sanciones y garantías tienen reserva de ley (CPE, arts. 14.IV, 109.II y 116.II), la prohibición, las sanciones y el procedimiento administrativo para su juzgamiento interno deben establecerse con ley y no con un simple reglamento. Asimismo, es importante que se constituyan tribunales de ética con potestad para impartir justicia administrativa, en lugar de simples comisiones con atribución limitada a sustanciar los casos para ser juzgados por el pleno de la instancia deliberativa. Eso, para cumplir con la doble instancia que debe necesariamente existir. De esta forma, un tribunal de ética se constituye en la primera instancia para las impugnaciones, y la plenaria, en la segunda para las apelaciones.

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No únicamente los propios gobiernos o entidades estatales tienen la obligación de censurar la violencia en los órganos deliberativos, sino también la propia sociedad civil, cuyos miembros son los mandantes de los representantes políticos y técnicos en esas instancias. Los ciudadanos y organizaciones sociales de los territorios o sectores a quienes representa una autoridad tendrían que ser los primeros en interpelar a esta cuando ejerza violencia en su mandato, ya que las autoridades no están ocupando el cargo de forma particular, sino en calidad de representantes de la población del territorio o sector que las eligió, promovió o respaldó.

Esto debe ser así no sólo porque las agresiones son vergonzosas, sino porque son muestra de ineptitud: sólo una persona que no tiene la capacidad de argumentar y representar adecuadamente los intereses de su territorio, población o facción política recurre a la violencia como método de incidencia siendo parte del poder público.

Finalmente, los medios de comunicación son los que pueden posicionar con mayor eficacia la idea de que no se puede admitir por ninguna razón el ejercicio de la violencia en los cargos públicos. Lo pueden hacer mediante la crítica o la interpelación a los agresores. Todo esto debe ser de esa forma, dado que, según la Constitución, es deber de todos los bolivianos “defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz” (art. 108.4).

 (*)Carlos Bellott es constitucionalista

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Los censos y la condición indígena

Las identidades culturales son construcciones contingentes y en permanente proceso de ajuste a los cambios económicos y sociales.

/ 17 de marzo de 2024 / 06:17

Dibujo Libre

El territorio del actual Estado Plurinacional de Bolivia, históricamente tuvo una población mayoritariamente indígena (con sus variantes conceptuales de india, campesina y originaria, entre otras). Así, durante los diferentes periodos históricos fueron considerados como una amenaza a las estructuras de poder que con la llegada e imposición del régimen colonial se fue sometiendo y excluyendo cada vez más. Dentro de la historia de los censos en Bolivia, podemos remontarnos al realizado el año 1900 bajo la definición de “Censo general de la población de la República de Bolivia”. En este documento encontramos elementos importantes que muestran el panorama de constitución de la población de aquel tiempo. En este sentido se puede identificar a la población indígena que mediante mecanismos de identificación se plasman dentro de los resultados de dicho censo.

Resulta sugerente que el capítulo III se titula como “Razas”, donde se identifica a cuatro: indígena, blanca, mestiza y negra. Pese a que este documento no realiza un análisis conceptual sobre la categoría indígena, si nos permite tener una aproximación a la presencia de pueblos indígenas que en la actualidad han desaparecido a poco mas de un siglo. Entre estos se encuentran los pampeanos, muchojoenes, chapacuras o quitemocas, cusiquias, mococas, curaves, laips, corabecas, curiminacas, caracanecas, paiconacas, mataguayos, noctenes, dejoses, ocales, malbales, chunupis, chorotis, entre otros que según se conoce llegaban al centenar de pueblos existentes al momento de la fundación de la República. Asimismo, se reporta la existencia de 920.000 indígenas de los cuales el 9% se encuentran en estado de barbarie. Otro aspecto destacable es la advertencia que se hace sobre la desaparición lenta y gradual de la raza indígena, motivada, entre otras causas, por la sequía, el hambre, la peste y el alcoholismo.

Este era el panorama dentro de un régimen caracterizado por el colonialismo interno donde los grupos de elite pretendían, luego de la independencia, seguir minimizando y anulando a la población indígena pese a que esta, históricamente, fue mayoría. Así se reportaba en el primer documento que levantó información estadística en Bolivia, a decir del Informe sobre Bolivia de Joseph B. Pentland en 1826. En dicho documento se refiere: “La gran masa de los habitantes de Bolivia se compone por indios aborígenes que forman tres cuartas partes de la población total o sea cerca de 800.000 almas [de un total aproximado entre 1.100.000 y 1.200.000 registrados en ese momento]”. Aunque Pentland no tomaba en cuenta, dentro de esta cifra, a la población, categorizada entonces como negra.

Durante el censo de 1976 y 1992 se incluyó el criterio de lengua hablada a partir de la cual se interpretó una pertenencia indígena, donde se tuvo un 63,5% y 59% de población indígena respectivamente. El año 2001 se tuvo un hecho fundamental ya que se incluyó una pregunta de pertenencia a pueblos originarios e indígenas, que dio como resultado el 66,2% autoidentificada como indígena. Este porcentaje tuvo repercusión a nivel social y político dentro de la población que, en medio de una crisis política electoral y partidaria, vio fortalecida la identidad étnica que fue articulada en el discurso y propuesta política que aportó desde el aspecto demográfico a la consolidación de un proyecto en las elecciones de 2005 y la constitución de un Estado Plurinacional.

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El censo de 2012, estuvo enmarcado en el contexto plurinacional que contradictoriamente mostró un porcentaje menor con 41%, lo cual también generó varios debates, incluido el de la categoría de mestizo demandada como necesaria dentro de la boleta censal, pero que llevaba consigo toda una discusión sociopolítica, sobre todo desde la vereda partidaria. No obstante, la pregunta de pertenencia permitió visibilizar a las otras naciones indígena originario campesinas (NPIOCs) que quedaron al margen de la nueva Constitución Política del Estado como es el caso de la Nación Chichas, que reportó 59.480 pertenecientes a dicha nación, ubicándose como la cuarta con mayor población perteneciente, después de la quechua, aymara y guaraní.

En 2024, más de una década después como establecen los criterios técnicos, nos aprestamos a un nuevo censo nacional de población y vivienda. Para llegar a este tiempo nuevamente surgieron cuestionamientos y debates desde los categoriales, como la del recurrente mestizo, hasta los político partidarios que apuntan a otros intereses y objetivos como la redistribución de escaños o el pacto fiscal. Mas allá de estos debates macro, se pone en cuestión aspectos determinantes como la autoidentificación de nuestra población que a partir de estos procesos de relevamiento de información demográfica que lleva consigo una serie de aspectos más complejos en un contexto donde se vive un vaciamiento ante un panorama de globalización y transculturización que atentan, también, a nuestras identidades originarias.

 (*)J. Augusto Yañez Vargas es sociólogo

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Evo y el evismo en cuatro miradas

Susana Bejarano, Rodrigo Ayala Bluske, Israel Quino y José de la Fuente brindan sus perspectivas sobre una de las facciones en disputa al interior del partido de gobierno.

Evo y el evismo en cuatro miradas

Por Pablo Deheza

/ 10 de marzo de 2024 / 06:50

El punto sobre la i

Hasta 2019, ser evista y ser masista eran términos prácticamente unívocos. El tiempo ha pasado y ahí cabe incluir los hechos que culminaron con el derrocamiento de Evo Morales. La situación hoy se presenta muy diferente. La disputa interna al interior del partido oficialista ha sacudido no sólo a las dirigencias, también ha llegado hasta las bases y afecta sensiblemente la gestión de gobierno, con una Asamblea Legislativa Plurinacional que anda literalmente a los golpes.

Los hermanos de ayer ahora cavan trincheras para diferenciarse y distanciarse. Autodenominados evistas y arcistas, radicales y renovadores, están enfrascados en una lucha fratricida que no tiene cuartel ni tregua. Así las cosas, cabe preguntarse como para qué pinta esa brega. En esta ocasión, abordamos específicamente la cuestión del liderazgo de Evo Morales y la situación del evismo. Para esto, contamos con la perspectiva reflexiva de cuatro analistas conocedores de los avatares de la política boliviana. Susana Bejarano, Rodrigo Ayala Bluske, Israel Quino y José de la Fuente brindan sus miradas sobre el tema.

EVO MORALES

En primera instancia, los cuatro intelectuales invitados fueron consultados sobre las fortalezas que presenta el líder histórico del MAS en la circunstancia actual.

Bejarano señala que “Evo Morales sigue siendo una figura de identificación de los sectores campesinos y populares. Es el único de los posibles candidatos a la presidencia que cuenta con un voto duro real, sedimentado. A la vez, él tiene control territorial en el centro mismo del país, tiene capacidad de movilización, tiene una bancada legislativa. Evo, como ninguno, se da cuenta de cuáles son los factores de poder en el país”.

Ayala Bluske identifica “básicamente dos fortalezas: el dominio territorial que sigue manteniendo en parte del territorio cochabambino, y la de su lugar en la reciente ‘memoria histórica’, como cabeza de un gobierno donde hubo estabilidad y un importante flujo de recursos. Ambas fortalezas, sin embargo, se relativizan. La presencia en Cochabamba le permite paralizar el eje central del país, pero no puede cuajar en un movimiento político de fondo, a menos que consiga arrastrar a los territorios restantes. Por otra parte, su imagen como generador de prosperidad, solo se activará en la medida en que el país entre en una crisis profunda”.

Para Quino, el exmandatario cuenta con “su experiencia de todo el tiempo que estuvo al mando de la presidencia del país. Tomó decisiones políticas que luego sus gabinetes ministeriales las traducían en normas y políticas públicas. Hoy el expresidente Evo Morales habla de economía, planificación, salud, educación, justicia y otras áreas, la experiencia en el cargo presidencial y su asistencia en eventos internacionales le permiten ahora plantear propuestas interesantes y lo hacen ver como un estadista que es. De igual modo, posee una alta incidencia mediática sobre sus pronunciamientos de carácter político, no existe semana que no se difunda sus publicaciones en redes sociales. De igual modo es protagonista político porque de momento no se consolidó un ‘contendor político’, en 13 años en el poder no emergieron líderes de la derecha que gocen de un liderazgo como el que él consiguió”.

De la Fuente es de la idea de que “en lo individual, Evo Morales representa el proceso del cambio y es un liderazgo de carisma indígena campesino con importante convocatoria comunitaria y sindical, sobre todo en el trópico cochabambino. Esta es la fortaleza puesta en las elecciones orgánicas como las de la CSUTCB el año pasado, en la movilización del bloqueo de caminos de principios de año y, recientemente, en las elecciones del CONAMAQ, donde si bien el evismo termina perdidoso y mostrando los límites de la convocatoria de su liderazgo, lo evidente es que todavía tiene músculo político y sindical por encima de las oposiciones de derecha. Este es el capital político que se apuesta y que también se arriesga”.

Ahora bien, en cuanto a las debilidades de Morales, La politóloga Bejarano apunta a “su endogamia. Evo está encerrado, aislado con un grupo político que promueve su encapsulamiento. Mantener el aislamiento es para él mismo lo más fácil y cómodo, porque no le exige revisar sus negativos. La segunda gran debilidad es que no logra entender la clase media que produjo el proceso de cambio. No la abraza como propia ni crece con ella. En cambio, la castiga, le llama traidora. La tercera debilidad es no lograr mirarse fuera del poder, reducir la política a las dimensiones de su figura personal”.

Coincidentemente sobre este punto, Ayala Bluske afirma que “la mayor debilidad de Evo Morales radica en el aislamiento en que se encuentra, no solo en relación a muchos sectores del MASIPSP, sino a los otros del conjunto político y social. En ese sentido, le juega en contra la imagen de ‘radical’ que se ha ido forjando en los últimos años. Los temores que suscita se pueden sintetizar en la frase de Eva Copa, que en un momento señalaba ‘si el Evo gana, nos va a corretear a todos’. Esa percepción, real o imaginaria, puede suscitar temores en otros sectores sociales, empresariales, de clase media, respecto a medidas hostiles o poco consensuadas que podría llegar a tomar en caso de volver a ser gobierno”.

Para Quino, el expresidente “al momento no cuenta con la estructura estatal para fortalecer sus objetivos políticos, allí posee una debilidad al estar distanciado de quienes hoy detentan el poder, lo que le impide contar con la disposición de todos los beneficios que otorga tener el control del Estado, si a ello se le suma una justicia a favor del poder se puede ver inclusive perjudicado en sus aspiraciones electorales”.

“La principal debilidad de Evo y el evismo es la sombra que viene de la presidencia más larga de nuestra historia y que retrata un político con muchos negativos y que, para hacer más difícil su desempeño político, este mismo pasado le impide razonar la política con la mesura y el cuidado que debería tener alguien que necesita remontar o que parte en desventaja. Es impensable e imposible para Morales desligarse de la responsabilidad del gobierno de los 14 años en el declive de la producción del gas, lo mismo que de la insuficiente industrialización que era la base de la propuesta para hacer que la renta petrolera promueva la diversificación económico productiva o, peor, de no haber promovido la producción y la economía campesino indígena para vencer la pobreza rural, principal bastión político y electoral del proceso de cambio”, sentencia José de la Fuente.

EVISMO

La denominada ala evista dentro del oficialismo nacional está conformada básicamente por todos quienes apoyan la idea de que Morales puede y debe ser nuevamente presidente del país en 2025. ¿Qué juega a favor de este grupo? “La situación de inestabilidad política y social que se arrastra el país desde los conflictos del 2019, con el añadido de la incertidumbre en materia económica, hace que la gente mire su pasado cercano y vea el gobierno de Morales como un momento de mayores certezas económicas. La fortaleza actual de Evo es precisamente la incertidumbre económica. A mayor daño en la economía mayor la posibilidad de contrastarla con el pasado y capitalizarla a favor suyo”, apunta Bejarano.

En criterio de Ayala Bluske, “dada la configuración política que se ha dado en Bolivia desde la anterior elección, podría decirse a mayor estabilidad y solidez económica, las posibilidades de Evo de convertirse en la fuerza dominante en el MAS, y por tanto tener alguna opción en el país, disminuyen. En ese contexto, solo una hipotética quiebra, severa, de dicho esquema, con efectos directos sobre la población, tales como una fuerte devaluación en los hechos, por ejemplo, podrían generarle posibilidades de ganar en la pelea interna. De ahí la importancia que ha cobrado, por ejemplo, la aprobación o no aprobación del paquete de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

A su vez, Quino asevera que el evismo se ve favorecido por “su liderazgo social y sindical cuando participa de manera activa con el movimiento popular en el país, siempre congrega a miles de asistentes en los eventos políticos en los que participa, más allá de la militancia orgánica del MASIPSP une a organizaciones sociales de todo el país que todavía lo ven (a Evo Morales) como presidente no de su partido sino del país. La ausencia de otros actores políticos que no tienen el perfil de la trascendencia nacional que tiene él. Finalmente, las transformaciones económico, sociales y políticas conseguidas en su gobierno y su modelo de Estado vigente con la nueva Constitución Política del Estado”.

De la Fuente considera que “el fácil expediente de la denuncia por la falta de dólares o combustible, la penosa crisis política en el legislativo a raíz de las divisiones partidarias y las elecciones judiciales, han instalado un clima social y económico de incertidumbre propicio para la disputa política y la demagogia. Esta situación económica, política y social, compleja y difícil, tanto por el contexto internacional de las guerras que empuja al alza los precios de los hidrocarburos o, la interna, que no termina de estabilizarse luego del auspicioso repunte del año 2022 y que, además, debe enfrentar los enormes daños de los bloqueos de caminos, empezando de los 36 días del paro cruceño y, recientemente, los 16 días del bloqueo evista, es el caldo de cultivo donde las oposiciones, con el evismo a la cabeza, coinciden esperando que la crisis los promocione sin calcular el daño que provocan al país”.

Ahora bien, el porvenir del evismo no parece para nada que se tratará de un paseo por un campo de rosas. ¿Qué factores juegan en su contra en la coyuntura? Bejarano sostiene que le afecta negativamente “el pasado. Si bien existe un recuerdo de certezas en la economía, paralelamente la gente también evoca la crisis política del 2019 que dañó el tejido social del país y que hasta la fecha es un recuerdo traumático para todos. Más allá de la lectura política que se tenga de los hechos, a qué verdad uno se adscriba, en ninguna de ellas Evo queda impune de responsabilidades. El 75% de la gente tuvo sentimientos negativos producto de la crisis política y social del 2019. Entonces, diría que lo que hoy juega en contra de Morales es lo mismo que constituye sus positivos: su pasado”.

Al respecto, Ayala Bluske señala como el factor relevante “básicamente la capacidad que ha tenido el gobierno nacional hasta ahora, para evitar la caída de la economía en una crisis profunda. Por otra parte, el alejamiento del evismo del manejo del gobierno central, y del grueso de los gobiernos subnacionales, le impide tener una relación fluida con la mayor parte de los movimientos sociales, y por tanto tener una presencia territorial fuerte en el conjunto del país, con la salvedad del trópico cochabambino. En el esquema de gobernanza que desarrolló el proceso de cambio, se da una unión prácticamente indisoluble entre los movimientos sociales y el aparato estatal, ya que ellos, como se ha mostrado en el último cambio de gabinete, participan de diversas maneras del mismo”.

“Como todo gobierno constitucional tuvo errores como aciertos. Quizás el momento político del año 2016 no fue evaluado con la debida precisión en el intento de la modificación constitucional del Artículo 168 de nuestra ley fundamental. No recibió la mejor recomendación jurídica ni constitucional y le hicieron cometer un grave error. Ello hoy genera todavía graves críticas y está en el subconsciente de la población y los productos comunicacionales de las redes sociales que a veces se constituyen en formadores de opinión pública”, indica Quino.

De la Fuente interviene señalando que “sigue presente, y ahora con mayor razón, la imborrable mancha de la violación del resultado del referéndum 21F de 2016 y las sucesivas violaciones de la Constitución Política del Estado para prorrogarse en la presidencia y que no hacen creíble que el bloqueo de caminos o la crítica a la autoprórroga de las autoridades judiciales sea para defender la constitución o la democracia. Luego, la locuacidad de Evo Morales, que sin mayores consideraciones o preocupación por las consecuencias se expide cotidiana y compulsivamente y muestra a una persona rencorosa, impulsiva y que antes que agregar aumenta el distanciamiento con los colectivos y las corporaciones preocupadas de la estabilidad. Finalmente, juega en contra que su fracción política solo sea representada por él y que, en consecuencia, el resto de la vocería al medio de una intensa lucha política y mediática esté a cargo de un par de legisladores y ex funcionarios de su gobierno sin cargo alguno en la estructura partidaria”.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político

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