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Pospandemia: el verdadero problema es la desigualdad

/ 17 de agosto de 2020 / 06:33

Se viene la crisis económica pospandémica; los candidatos deben incluir propuestas al respecto

Si hay una certeza pospandémica que está en la mente de todos los candidatos a la presidencia es la crisis económica que se viene. De cómo se plantee cada cual “lo más grave de la crisis”, se verá el perfil de las políticas económicas que asegure llevará adelante. Si el impulso de la gran empresa, si el énfasis en el inversión pública, si la generación de más bonos, si se puede ampliar la reducción de impuestos, si se presta mayor atención a los más pobres o golpeados por la crisis, entre otros innumerables aspectos. Hace un par de semanas, en el marco del ciclo #DiálogosONUBolivia, una experiencia de reflexión e intercambio de estudios sobre el impacto social y económicos de la crisis COVID-19 promovida por el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, se presentó el estudio ¿Quién paga la cuenta? Pensar la protección social más a allá de la emergencia para un futuro sin pobreza y desigualdad en Bolivia. El problema, dice en lo central este informe, no solo es la pobreza que se va a incrementar, sino y especialmente las desigualdades sociales que se van a profundizar y extender: “La caída en los ingresos laborales, como consecuencia de la crisis sanitaria, amenaza con profundizar la pobreza y la desigualdad en Bolivia” plantea.

En una primera síntesis, revela que se estima que el ingreso laboral promedio de los trabajadores ocupados en el país sufrió una caída de entre 32% y 78% para los escenarios más optimista y más pesimista, respectivamente, esto observando mayo, el mes de mayor rigidez de la cuarentena.

Según organismos internacionales, resume el Informe, la pobreza to- tal en el país para este 2020 podría incrementarse en 3,8 puntos porcentuales, “lo que significaría un crecimiento de 495 mil nuevos pobres”.

Y, solo como ejemplo, asegura, uno de los problemas nuevos que aunque sin crearlo ahondó la pandemia han sido las nuevas desigualdades, entre las que sobresale lo que un autor califica de “desigualdad brutal”: “entre quienes pueden y quienes no pueden trabajar desde casa”.

 Como varias veces y desde distintas perspectivas se anunciara en este medio, otro de los grandes parámetros para medir el impacto de la crisis sanitaria en la economía y que será central en la discusión electoral es la contracción económica, aseguran los investigadores. “Las últimas predicciones de crecimiento económico estimadas por el Banco Mundial para la región calculan una contracción de -7,2%, y de -5,9% para Bolivia”.

El problema aquí, apunta el Informe, es el tiempo en que la economía del país tardará en retornar a la senda del crecimiento previo a la crisis sanitaria. En cualquier caso, predicen, ese retorno al crecimiento en positivo será lento.

Ahora, al margen de estas estimaciones “macro”, lo que interesa saber, insiste el estudio, es el impacto en el ingreso de las personas, “el impacto negativo en el mundo del trabajo” que ocasionará la crisis pandémica. Según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma el texto, dicha crisis sanitaria de plano ocasionará “destrucción de empleo, precarización de condiciones laborales, y aumento de la desocupación”.

Y es que si hay algo que no se debe perder de vista, señala la Fundación Aru (una de las autoras del Informe) es que si esta crisis tiene algo de nuevo es que afectará tanto a la oferta como a la demada de bienes y servicios, tanto al productor como al consumidor.

“La oferta se verá afectada debido a las características de la crisis sanitaria y a la necesidad de evitar la propagación del contagio, a las medidas de restricción de la movilidad, al cierre de negocios, a la ruptura de cadenas de suministro y a los problemas de flujo financiero de corto plazo.

Por otro lado, la demanda también se verá afectada a causa de la creciente incertidumbre, del consecuente comportamiento precautorio de las decisiones de consumo en los hogares, y de la contracción de ingresos laborales que limitará el gasto ocasionando, a la vez, una reducción de la demanda”.

Sobre la nueva desigualdad entre quienes, una vez aplicadas las medidas de cuarentena, pudieron conservar su trabajo y quienes no, “una de las nuevas manifestaciones y fuentes de desigualdad”, señala el Informe, es “la brecha entre quienes pueden y quienes no pueden trabajar desde casa”. Una estimación reciente para países de América Latina concluye, asegura, que solo 1 de cada 5 trabajadores en la región puede trabajar desde casa.

La Fundación ARU estimó que el 89% de los ocupados y ocupadas en Bolivia enfrentan serias dificultades para trabajar desde casa. “De una muestra de 4,4 millones de ocupados(as), se estima que 3,9 millones tienen una baja probabilidad de trabajar desde casa”. Donde hay menos opción de trabajar desde la casa, en comparación con los demás departamentos, son Potosí y Chuquisaca.

Por otro lado, enfatiza el Informe, el trabajo desde casa es más difícil aún en las “categorías ocupacionales, sectores económicos y mercado laboral” donde hay más mujeres. Se refiere especialmente a las no asalaria- das, ocupadas en el llamado sector informal. “Según el INE, existen 1 millón de mujeres ocupadas en el sector informal (familiar y semiempresarial) y en el sector doméstico en las áreas urbanas, cuyas condiciones laborales precarias se han visto agravadas por las dificultades emergentes de la crisis sanitaria y la respuesta a la emergencia”.

Para las próximas políticas económicas del futuro gobierno, será clave identificar estos trabajos que pueden y no pueden realizarse desde casa para ver qué protección se le da, concluyen los investigadores.

En cuanto a los bonos o transferencias directas a la gente para que haga frente a la crisis por la pandemia, el estudio destaca que todos los países han adoptado este tipo de medidas, “así como paquetes fiscales y medidas monetarias dirigidos a evitar el colapso de las economías”.

En Bolivia, como se sabe, el gobierno transitorio otorgó tres bonos: el Bono Familia, la Canasta Familiar, y el Bono Universal, “además de aplicar rebajas y desarrollar otras acciones para proteger y garantizar el acceso de los hogares a servicios básicos, como agua, gas domiciliario y electricidad. También se llevó a cabo el diferimiento de pagos de créditos e impuestos”.

La observación central que se hace estas medidas no fueron “suficientes para revertir las pérdidas acumuladas tras varios meses de confinamiento y restricción de las actividades económicas”. Su efecto compensatorio, el alivio a que estaban destinados, se diluye, señala, porque “los bonos sólo fueron otorgados una vez mientras el impacto y las pérdidas seguirán acumulándose en los próximos meses”.

“De acuerdo a la ejecución reportada por entidades nacionales, el presupuesto total destinado a las tres transferencias monetarias (Bono Familia, Canasta Familiar y Bono Universal) asciende, aproximadamente, a 1,2% del PIB”, informa el estudio; esto cuando “la CEPAL ha sugerido que estas medidas adoptadas en varios países de la región sean aplicadas, al menos, por tres meses”.

“Una conclusión que se desprende este análisis —remarca la investigación— es que las transferencias compensan de manera limitada la pérdida de ingresos ocasionada por la cuarentena durante el periodo de análisis, por lo que sería recomendable, en el corto plazo, revisar la posibilidad de ampliar estas medidas para lograr una mayor compensación considerando que, en el corto plazo, la crisis y la pérdida en los ingresos serán recurrentes”.

Y ya en el mediano plazo, concluye el informe, “será importante atender aspectos estructurales del sistema de protección social y de las políticas sociales, a fin de garantizar un sistema de protección social integral con beneficios para quienes más lo necesitan. Según organismos internacionales, las medidas de confinamiento y el freno de la economía también están incidiendo en los resultados negativos de la recaudación tributaria, afectada ya antes de la crisis”.

Con todo, señala la investigación, la próxima crisis será una oportunidad para pensar otras formas más integrales, “sistémicas”, de recuperación económica, aquellas que vayan a reducir el fallo estructural en la región: las desigualdades.

Represión y violencia política en la Revolución de 1952

Ésta es la segunda parte de una serie de textos dedicados a la revisión histórica de la persecución política en Bolivia. En las siguientes entregas figuran las dictaduras militares, la puesta en vigencia del Estado Plurinacional y el actual gobierno de transición como momentos referenciales significativos acerca de esta controvertida temática referida a las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.

/ 27 de septiembre de 2020 / 08:19

Víctor Paz Estenssoro fue el principal rostro político de la Revolución de 1952. Foto: Libro Víctor Paz Estenssoro

En tiempos de posverdad y redes sociales queda mejor evidenciado que la historiografía oficial de Bolivia se ha encargado de soterrar pasajes fundamentales e indicativos de momentos históricos cúspide de la construcción nacional republicana y uno de ellos está específicamente relacionado con la violencia política, entendida esta como mecanismo de control para la preservación de proyectos de poder concebidos y aplicados con el propósito de consolidar hegemonía y dominio, tal como sucedió con el hecho más relevante para la transformación del Estado boliviano en el siglo XX, la Revolución de 1952, encabezada y luego consolidada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que, de manera paralela en unos momentos, y conjunta en otros, con las Fuerzas Armadas de la Nación, dominaría el espectro de la vida nacional durante medio siglo, aplicando simultáneamente medidas que generarían transformaciones sociales y económicas, y otras relacionadas con el autoritarismo y la represión contra el adversario, focalizadas en quienes aparecían como amenaza desestabilizadora a lo largo de los 12 años de gobierno que les tocó presidir a Victor Paz Estenssoro (1952-1956, 1960-1964) y Hernán Siles Zuazo (1956-1960).

Por toda la información que hemos sabido recolectar y editar, Paz Estenssoro y Siles Zuazo son conocidos por las generaciones actuales, gracias a sus últimos gobiernos correspondientes a la nueva era democrática inaugurada en 1982, y prácticamente piezas de museo sin desempolvar de los 50 y 60, de las que poco se ha dicho acerca de responsabilidades relacionadas con la instauración de un tenebroso Control Político que logró mantener a raya a sus principales opositores, en principio aliados, pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB) jefaturizada por Óscar Unzaga de la Vega, pero fundamentalmente, desde la perspectiva de la consolidación de la dependencia de los Estados Unidos, a mineros como preclaro sector representante de la clase obrera (Irineo Pimentel, Federico Escóbar, de la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia —FSTMB —), campesinos sin militancia, universitarios y a algunas otras facciones minoritarias e irrelevantes en la vida política de entonces.

Es sugestivo que la mejor producción bibliográfica acerca de la Revolución del 52, así como de sus antecedentes y sus posteriores consecuencias histórico políticas, haya sido investigada y escrita por académicos e investigadores estadounidenses, digamos que la contracara pensante desligada de los mecanismos que hacen funcionar al sistema imperial. Así tenemos La revolución inconclusa (1970) de James Malloy (Tesis de doctorado, Universidad de Nueva York); La revolución antes de la Revolución– Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia (2011) de Laura Gotkowitz (Universidad de Chicago),“Minas, balas y gringos – Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy (2016) de Thomas C. Field Jr. (Embry-Riddle College of Security and Intelligence) y Victor Paz Estenssoro – Una biografía política (2015) de Joseph Holtey (Rutgers University). Incluso podría citarse San Román – biografía de un verdugo (autor anónimo, sin más datos), publicada en inglés por la Universidad de Texas en 44 páginas, breve biografía del represor de confianza de Paz Estenssoro, que dirigió campos de concentración e infligió torturas a quienes osaban contradecir los preceptos revolucionarios enarbolados por el MNR, finalmente fagocitados por la agenda impuesta por la Embajada de los Estados Unidos de América a partir de la puesta en vigencia del Plan Triangular. Esos fueron presos políticos en el verdadero sentido de la palabra y se pueden recoger hasta ahora, testimonios de situaciones desgarradoras, de parte de los herederos de esos falangistas a los que el movimientismo acusaba de estar coludido con los terratenientes de la época y por supuesto que desde la profunda perspectiva ideológica de clase, lo sucedido con los trabajadores mineros, bastión obrero de Bolivia que en su momento constituyó el ala izquierdista del proceso revolucionario organizada en sindicatos de tendencias comunista y trotskista.

La Revolución del 52 y su instrumento político, el MNR, tuvieron una estrecha y sistemática relación con los Estados Unidos de América que incidieron con recursos económicos, siempre condicionados a intereses relacionados con el acaparamiento y el saqueo de nuestros recursos naturales, así como también en las tareas represivas violatorias de los derechos humanos, con el muy distintivo estilo de actuar a la sombra, con una especie de mano invisible, que solventaba recursos para mantener el sistema de vigilancia y sofocación de conatos subversivos. La “ayuda” norteamericana estuvo siempre condicionada, inconfundible manera de consolidar la dependencia de los países periféricos, especialmente en América Latina en los años 60, a la agenda dictada desde Washington para todo el planeta en su lucha contra el polo soviético y en el objetivo de que Bolivia, por su estratégica condición geopolítica, no llegara a convertirse en una segunda Cuba, país que le quitaba el sueño a la Casa Blanca, hecho evidenciado con la invasión a la Bahía de Cochinos también conocida como invasión de Playa Girón y que se constituyó una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961, para intentar crear una cabecera de playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas. Fue aplastada por las Milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas. Más de un centenar de soldados invasores murieron, y los cubanos capturaron a otros 1.200, junto con importante material bélico.

Dos versiones periodísticas acerca de los Campos de Concentración, los perfiles de los principales esbirros del régimen revolucionario, Claudio San Román y Luis Gayán Contador, y un informe de Falange Socialista Boliviana (FSB) de 2001 (de próxima publicación), son los documentos que nos sirven para graficar lo que significó la injerencia y la represión política atentatorias contra los Derechos Humanos en pleno proceso revolucionario movimientista.

Más adelante, en la parte final de este informe correspondiente a la etapa revolucionaria del 52 encabezada por el MNR (también de próxima publicación), incluimos un análisis de cómo los intereses de dominio económico de parte del gobierno de John Fitzgerald Kennedy (1960 – 1963) que penetró la revolución movimientista, utilizó para sus fines injerencistas, el asesoramiento para el control y la represión políticos contra todos quienes fueran adversarios o impugnadores del proyecto hegemónico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), procurando, desde el principio, incorporar a las Fuerzas Armadas en su lógica de poder.

Con fortalezas y debilidades, este material ayuda a contar con un panorama escondido por nuestra historia e invisibilizado en el debate nacional que cuando genera discusiones sobre persecución y represión políticas, y sus variantes autoritarias, se circunscribe a las dictaduras militares inauguradas en 1964, considerando que el antecedente de la violencia política en la Bolivia contemporánea se encuentra en el escenario del primer gran cambio social producido en nuestro país con la ciudadanización que implicó la puesta en vigencia del Voto Universal, la Reforma Educativa, la Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria. He aquí la agenda oculta –y oscura— de un proceso revolucionario y hegemónico plagado de atropellos y conculcación de libertades ciudadanas, que para conseguir sus objetivos, instaló un muy bien pensado aparato represivo, útil para la defensa de un ejercicio pragmático de la hegemonía política, capaz de espantar amenazas internas como el sindicalismo “comunista” que hiciera trastabillar la llamada Revolución de Abril.

Campos de concentración, un hecho desconocido para las nuevas generaciones (*)

Bolivia tuvo campos de concentración en el primer gobierno del MNR muy parecidos a los instalados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

El MNR fue fundado oficialmente el 2 de junio de 1942. A partir de ese momento estuvo presente en cada decisión política para influir en la vida pública del país según sus propios intereses y su propia visión de país. Como claro ejemplo de sus primeras actuaciones políticas, figura su participación en el golpe de estado de 1943, cuando junto a la logia Razón de Patria (RADEPA) de Gualberto Villarroel, expulsó del Palacio de Gobierno a Enrique Peñaranda.

El MNR también fue artífice de la caída de Villarroel, al que apoyó hasta días antes de su derrocamiento. Desde ese momento fue perfilándose como artífice de la Revolución del 9 de abril de 1952, con el objetivo de tomar el poder, pero previamente, los movimientistas fueron activos protagonistas políticos del país al conspirar en el gobierno de Enrique Hertzog en 1947, promoviendo un enfrentamiento entre mineros y obreros que logró su renuncia para que asumiera Mamerto Urriolagoitia, que durante su interinato, el 27 de agosto de 1949, sufrió un levantamiento liderado por el partido rosado. Más adelante llegaría el “mamertazo” con el que Urriolagoitia decidiera provocar un autogolpe y entregar el poder a una junta militar encabezada por el Gral. Hugo Ballivián.

Según registros de la época, el MNR fue un partido muy bien organizado en cuadros, casi al estilo militar. Advirtió con vehemencia que tomaría el poder, pese al anuncio de la junta militar de convocar a elecciones en 1952, comicios que jamás se concretaron, porque la presión social azuzada por el movimientismo, puso contra las cuerdas a Ballivián. Fue uno de sus ministros, Antonio Seleme, quien conspiró contra su propio gobierno al convertirse en informante del MNR para propiciar la Revolución del 9 de abril de 1952. Dicha conspiración tenía originalmente prevista la participación de la Falange Socialista Boliviana (FSB), que por disputas en planes de gobierno y repartija de cargos terminó desmarcándose de la Revolución que dejó 490 muertos y más de mil heridos. Los aliados del MNR fueron los mineros que ayudaron a consolidar la toma del poder.

La primera participación del MNR en 1952, se produjo en co-gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) fundada el 17 de abril del mismo año, por Juan Lechín Oquendo. Sin  perder de vista  transformaciones como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal, quedaron en el olvido una serie de negocios «turbios» emprendidos con gobiernos extranjeros. Una muestra de ello, es el tan problemático código petrolero Davenport, que parceló el país en tres partes, para la explotación petrolera y comprometió nuestros recursos hidrocarburíferos por décadas.

Los campos

Volviendo al tema central, el MNR hizo un gobierno de fuerte acento represivo y producto de ello, fue que para sacar del camino a sus opositores, instaló campos de concentración en distintas localidades del país  para encarcelar a los denominados presos políticos. Las prácticas autoritarias del partido rosado se caracterizaron por la aplicación de métodos violentos de control político. El 23 de octubre de 1952, a través del Decreto Supremo 02221, Víctor Paz Estenssoro estableció prisiones bajo administración militar en Corocoro, La Paz; Uncía y Catavi, Potosí; y Curahuara de Carangas en Oruro. Tres de los cuatro campos de concentración se encontraban en centros mineros. Eran controlados por mineros y militares a los que se trasladaban presos políticos, opositores al gobierno, principalmente pertenecientes a la Falange Socialista Boliviana (FSB), que eran vejados y torturados sin piedad. Según testimonios de algunos presos políticos como Gad Lemús, la prisión de Corocoro era el purgatorio, mientras que Curahuara de Carangas,  se asemejaba al averno. En Catavi, en 1953, se encontraba un contingente de 131 presos; mientras que en Curahuara, entre 1953 y 1954, 254 presos.

“Carne de presidio”

En Curahuara de Carangas, el Teniente Bacarreza mandó una formación y ordenó que los prisioneros alojados en la celda del lado oeste del cuartel fueran trasladados a las barracas del frente, quien a modo de explicación dijo que “eso les conviene porque entre ustedes ya se conocen”. Las confusas palabras de Bacarreza dieron a entender que otra “carne de presidio” ocuparía las celdas más frías, oscuras y destartaladas del campamento. Pronto fue una triste constatación cuando el Teniente, respondiendo a las interrogantes de Lemús, le confió que estaban por llegar presos de Uncía y marchaban a Curahuara los del clausurado campo de Catavi. Los prisioneros supieron entonces del establecimiento de un nuevo campo de concentración, que hasta el mes de diciembre carecía de posibilidades concretas de apertura. Curahuara de Carangas era algo así como la Siberia del altiplano boliviano, escenario ideal, incrustado en la infinitud de la pampa para que los detenidos y confinados fueran presas del terror, el hambre y la soledad.

Otro relato está relacionado con lo que le sucedió a Jaime Villarreal, quien fue prisionero sin ser político, por el simple hecho de trabajar en la fábrica de catres del falangista Víctor Kellemberger. Las privaciones, preocupaciones, castigos materiales y el trabajo forzado, habían desembocado en la tuberculosis pulmonar que sobrellevaba pacientemente, perdiendo peso a ojos vista. Su rostro naturalmente blanco, se cubrió de intensa palidez, y sus mejillas, a los 25 años, comenzaron a hundirse. Ninguna consideración impidió, no obstante, que el responsable del campo, René Gallardo, dispusiera su inhumano flagelamiento. El centenar de latigazos que su enflaquecida carne soportó heroicamente, terminó por sumirlo en cama acelerando las secuelas de su tremenda enfermedad.

Presos

Es interminable la lista de presos que llegaron a esos campos de concentración que eran dirigidos por el entonces ministro de Gobierno, Federico Fortún, mientras Claudio San Román, Luis Gayán Contador, Emilio Arze Zapata, Alberto Bloomfield, René Gallardo, Juan Peppla y Adhemar Menacho, se encargaban de las torturas y vejámenes, que para muchos presos políticos se convirtieron en  una triste memoria por el sufrimiento generado por el llamado «Control político». De los mencionados, unos estaban a la cabeza del sistema represivo, otros dirigían los campos, y otros directamente eran los torturadores de los detenidos.

Se intentaron justificar esos excesos con el argumento de que se ejercía una violencia revolucionaria y antioligárquica para sostener la estabilidad de la Revolución. La intransigencia y los abusos se convirtieron en el pan de cada día.

*Texto original de Dehymar Antezana, periodista, La Patria de Oruro, 31 de julio de 2011, debidamente editado para los objetivos de esta investigación. Antezana consultó la ‘Historia de Bolivia’, José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa, y ‘Campos de Concentración en Bolivia’ de Fernando Loayza Beltrán.

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Lo de ENDE puede usarse contra el país en varios juicios

El Procurador ahora destituido se fue por un claro enfrentamiento con el ministro Arturo Murillo

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:05

El exprocurador general del Estado, José María Cabrera

Esta entrevista se la hizo una hora antes de que el procurador general del Estado, José María Cabrera Dalence, se enterase de que había sido destituido.

Como él mismo adelantara, el directo responsable de su alejamiento sería el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por dos casos puntuales. El ministro andaba “furioso”, dice Cabrera Dalence, con el Procurador tanto por la oposición que éste tuvo a la forma en que Murillo impulsó la “privatización” de parte de ENDE, como por la investigación que llevaba adelante la Procuraduría sobre la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos en noviembre-diciembre de 2019, caso en que Murillo es uno de los principales señalados. Acaso lo que más le preocupa al ahora exprocurador es lo de ENDE: la forma en que se está procediendo, a impulso del ministro Murillo, puede repercutir contra Bolivia en todos los juicios que el Estado tiene contra privados por las nacionalizaciones. 

—¿De cuándo vienen sus observaciones a la devolución a privados de acciones de ENDE?

—Las observaciones que el Procurador plantea en el caso de la afectación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) son de puro derecho, aspectos objetivos que establece la ley. Hay dos observaciones que planteamos en la reunión de UDAPE, la unidad técnica previa a las discusiones finales en gabinete. Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídcos  y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Éstos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados.

—Un tema de procedimiento.

—Ya en el fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de modo que retrotraer una nacionalización efectuada hace diez años y volver a manos privadas lo que hoy es de propiedad del pueblo de Bolivia amerita una tramitación transparente, y no disimulada ni disfrazada. Ahora, hacerlo con un argumento tan simple como indicar que fue ilegal o abusiva esa nacionalización, es totalmente contrario a derecho. De acuerdo a nuestra Constitución y leyes, quien declara y dice qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, solamente es un juez. El Órgano Ejecutivo no tiene competencia para declarar lo que es legal y lo que es ilegal. 

—¿Qué consecuencias puede tener esto de devolver a privados algo estatal?

—Actualmente el Estado boliviano tiene cuatro juicios de arbitraje internacional por otras nacionalizaciones, y si hoy el propio Gobierno de Bolivia está afirmando que simple y llanamente la decisión del Estado de hacer una nacionalización es un acto de ilegalidad, automáticamente esta declaración va a ser utilizada contra el país en esos cuatro juicios arbitrales, que son por la suma de más de dos mil millones de dólares. Y, además, puede tener un efecto dominó: hay otras empresas que están en ciernes de iniciar juicios arbitrales por lo mismo. De manera que esta decisión no puede tornarse de manera precipitada.

—Murillo se le puso al frente.

—Esos dos aspectos desencadenaron la furia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que fue el propulsor de esta iniciativa de decreto rápido y que incluso se anticipó a declararlo en la efeméride cochabambina el 14 de septiembre.

Y le preciso yo: hasta el día de hoy (viernes 18), pese al anuncio, nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo; ningún ministro del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida.

—El jueves usted fue a la Asamblea a informar lo de los gases lacrimógenos. Dijo que el ministro Murillo no le informó nada, como sí lo hizo el de Defensa.

—Así es, la gota que rebasó el vaso del ministro Arturo Murillo fue el cumplimiento de otro deber constitucional por parte del Procurador. Ante la Comisión Mixta de la Asamblea que investiga el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, expresé que el 24 de junio inicié esta misma investigación dirigiendo un requerimiento procuradurial al ministro de Defensa, Fernando López, y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Cuando la Constitución, en su artículo 231 dispone que ninguna autoridad puede negar la documentación que la Procuraduría le exija, el Ministro de Gobierno, a más de cuatro meses de nuestro requerimiento, no ha presentado ni un solo papel; a diferencia del Ministro de Defensa, que presentó abundante documentación. Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes.

—¿Hay alguna forma de obligarle?

—El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos.

—¿No hubo ninguna respuesta, aunque sea verbal?

—Por las actuaciones del Procurador en el caso ENDE y en el caso Gases lacrimógenos, el ministro Murillo está furioso contra el Procurador y le ha requerido a la Presidenta del Estado la remoción de esta autoridad.

—¿Tendrá que ver todo esto con otros casos que investigó?

—Cabalmente ayer (jueves) he firmado y concluido la otra investigación del caso de corrupción que conmocionó al país, el de Respiradores españoles. El 20 de mayo, la Procuraduría inició su propia investigación jurídica y apolítica. Se ha recopilado más de ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones, y se ha encontrado hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción a 13 personas, funcionarios públicos y particulares. Ayer he firmado ese dictamen y lo he presentado al Fiscal General del Estado, al Fiscal Departamental de La Paz, a la comisión investigadora de fiscales, a la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga también el tema, al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Justicia, a la Ministra de Relaciones Exteriores, a la Ministra de Salud y al Director de la AISEM. Y en unas horas más será subido a la página web institucional el dictamen del caso Respiradores españoles para que toda la ciudadanía tenga acceso a este trabajo de investigación.

—¿Otros casos que esté investigando?

—También tenemos en curso una investigación respecto a YPFB. Al margen de ello tenemos casos, que no son de investigación pero son de gran interés. En unos días más, el 28 de septiembre tenemos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del derecho humano a la elección indefinida. Luego, hace escasos días el presidente de la Corte Penal Internacional ha remitido el caso de lesa humanidad cometido en agosto a la sala de cuestiones preliminares, está avanzando. Y, más importante aún, tenemos once juicios por el fraude electoral; estamos en vísperas de que se presente el requerimiento acusatorio para que pase el caso a juicio. Es amplia la agenda de la Procuraduría y lastimosamente autoridades como el ministro Arturo Murillo se han sentido tremendamente incomodadas y están furiosas por nuestras actuaciones. 

—¿Este 28 de septiembre es usted quien debe ir a la Corte IDH?

—El 28 estamos acreditados dos representantes del Estado boliviano, el Procurador Gneneral, que es el abogado del Estado, y nuestro embajador en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte IDH, el abogado constitucionalista William Herrera Áñez. Ambos tenemos que formular el alegato ante la Corte.

—¿Qué vendrá, Procurador? Murillo es Murillo. ¿En qué prevé que resulte todo esto?

—En lo personal, me es absolutamente indiferente el desenlace del tema. Jamás solicité este cargo, ni me aferro al mismo; y no es de interés público estos aspectos personales. Pero lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales. La afectación de una empresa nacional estratégica, como ENDE, a través de decretos por vía rápida, que hasta ahora ningún ministro se anima a firmar, porque sabe que constituye daño económico al Estado, o el hecho de no aclarar actos de corrupción, obstaculizar el desempeño normal de las instituciones que tienen facultades para investigar, son aspectos que tienen que preocuparnos a todos los ciudadanos. Yo cumplo con mi deber de ponerlos a conocimiento de la opinión pública para que cada boliviano y boliviana emita su propio criterio.

José María Cabrera Dalence. Acerca de la “devolución” de acciones. No hay que disfrazar las cosas, demanda el ahora exprocurador. Si un bien pasa de propiedad privada a pública, se llama estatización o nacionalización; si va de lo público a lo privado, es privatización.

Datos

Nombre: José María Cabrera Dalence

Profesión: Abogado, con maestría en Derecho Constitucional.

Ocupación: Hasta el viernes 18, Procurador General del Estado

Perfil

Fue asesor legal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. También fue Árbitro del Centro de Conciliación de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Antología de la ciencia política boliviana

Compilación del análisis político elaborada por Fernando Mayorga para la Biblioteca del Bicentenario

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:02

El otro “vértigo de las listas”.

Una lista siempre incluye un universo menor que el universo de lo que excluye.

Toda antología, claro está, es una lista. Por tanto, uno puede aproximarse a ella con el ánimo de descubrir lo que le falta y lo que le sobra.

Un camino que ciertamente no conduce a otra parte que a la confección de otra lista, de seguro tan objetable como la primera.

La Antología de la ciencia política boliviana que acaba de publicar la Biblioteca Boliviana del Bicentenario (BBB) intenta presentar un panorama de la producción nacional sobre temas políticos, entendiendo “política” en un sentido amplio. Repito: me parece que el objetivo era mostrar un panorama antes que coleccionar todos los mejores y más relevantes textos bolivianos de análisis político, como quizá vaya a esperar algún lector. Reunir solamente los mejores análisis políticos con pretensiones de cientificidad daría para una biblioteca, y creo que el antólogo, Fernando Mayorga, no se ha engañado al respecto. No he hablado con él de esto, pero me parece que es consciente de que la pretensión de hacer una antología de los textos de una ciencia social entera constituye una de las varias desmesuras de las que podemos culpar al Comité responsable del diseño de la BBB.

De modo que, encomendado a llevar este proyecto un poco desbocado al terreno de la realidad, Mayorga ha optado por lo más sensato: Como he dicho, presentar un panorama.

Publicar textos de un periodo específico —la democracia—, sobre tres grandes ejes —Estado, representación, participación— y procurar que en el resultado final estén más o menos representados los géneros, las generaciones, las regiones, las inclinaciones metodológico-ideológicas (marxistas, conductistas, neoinstitucionalistas, bourdianos, etc.)

De este modo se incluye —lo enlisto en orden de importancia— un capítulo de Lo nacional-popular en Bolivia, de René Zavaleta (me parece, dicho sea de paso, que podría haberse escogido otro texto más politológico de Zavaleta); el famoso “único” ensayo de Luis H. Antezana sobre política, que versa sobre la ideología nacionalista revolucionaria; cinco capítulos de El carácter conservador de la nación boliviana de HCF Mansilla; un texto de Mayorga sobre la “construcción minimalista” del Estado; una combinación de artículos de Fernando Calderón y un artículo de Eduardo Gamarra. Junto a estos “pesos pesados” aparecen los miembros “senior” de la politología nacional: Gonzalo Rojas y Gloria Ardaya, así como trabajos de politólogos más jóvenes: Daniel Moreno, Fernando García, Alberto García, Yuri Tórrez, María Teresa Zegada, Moira Zuazo, José Luis Exeni, Salvador Romero Ballivián, Helena Argirakis y otros. Finalmente, se incluyen aportes de expertos de otras áreas del conocimiento.

Desde la historia, participan José Luis Roca y Rossana Barragán; desde la antropología: Isabelle Combes, Ricardo Calla, Ramiro Molina y Esteban Ticona; desde la sociología: Wilder Molina y Sonia Montaño; desde la economía: Carlos Toranzo y Gonzalo Chávez; desde el internacionalismo: Gustavo Fernández, etc.

He leído la colección con agrado.

La mayoría de los textos son relevantes y están bien escritos. Algunos pocos son una lata, pero uno puede saltárselos fácilmente. Al terminar, me he sentido inclinado a formular, a vuelapluma, un puñado de hipótesis: a) Que los estudiosos bolivianos contemporáneos son más historicistas que teoricistas, es decir, prefieren interpretar un devenir antes que encarnizarse en la dilucidación de conceptos; b) que leen la historia de un modo hermenéutico, buscando su sentido, antes que de un modo empírico, en pos de pruebas y falsaciones de teorías; c) que, en general, usan los recursos cuantitativos (encuestas, mediciones) para describir y no para relacionarlos con teorías; d) que casi siempre trabajan de espaldas a la economía y la psicología social; e) que hay un cierto parentesco entre su trabajo y el llamado “periodismo de precisión”, ya que están muy atentos a los sucesos que son contemporáneos a la escritura de sus textos; f) que —por ¿provincianismo?, ¿complejo de excepcionalidad?— casi no hacen comparaciones entre los eventos nacionales y los universales o los específicos de otros países (la excepción en este apartado es el artículo de Gustavo Fernández et al. “La construcción de la nación boliviana en el proceso de globalización sudamericana”); g) que aman profundamente al país, aunque algunos lo hacen de manera neurótica y retorcida.

Es posible que Fernando Mayorga haya perdido algunos amigos o que haya cultivado a ciertos enemigos en el proceso de realización de este su último trabajo. Tal es el “vértigo de las listas”. Su estudio introductorio, con ser más descriptivo y ordenador que crítico, resulta de todas maneras excelente para contribuir a esto que ya he mencionado hasta la insistencia: la presentación de un panorama.

(*) Fernando Molina es periodista

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Demandan buena vecindad

Más de 100 organizaciones piden al futuro presidente de EEUU cambiar el trato con América Latina

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:01

Leonardo Flores/Medea Benjamín

Más de 100 organizaciones que trabajan en temas relacionados con América Latina y el Caribe enviaron una carta en la que piden al próximo gobierno que adopte una nueva política de buena vecindad hacia la región basada en la no intervención, la cooperación y el respeto mutuo. Entre las organizaciones que piden un nuevo enfoque se encuentran Alianza Américas, Amazon Watch, el Programa de las Américas, el Centro de Política Internacional, CODEPINK, Demand Progress, Global Exchange, el Grupo de Trabajo de América Latina y Oxfam América.

La carta a los candidatos presidenciales advierte que en enero de 2021, el presidente de Estados Unidos se enfrentará a un hemisferio que no solo estará todavía tambaleándose por el coronavirus sino que también estará experimentando una profunda recesión económica, y que lo mejor para ayudar no es tratar de imponer su voluntad, sino más bien adoptar un amplio conjunto de reformas para reformar las relaciones con nuestros vecinos del sur.

La primera de las reformas es el levantamiento de las brutales sanciones económicas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua que están causando un sufrimiento humano generalizado, especialmente durante la pandemia. Estas sanciones no han cumplido su objetivo de cambio de régimen; los últimos 20 años de guerras de EEUU en Oriente Medio nos han enseñado que el cambio de régimen impuesto por EEUU no trae más que muerte y caos.

Otra reforma consiste en poner fin a los cientos de millones de dólares en equipo y capacitación policial y militar que Estados Unidos proporciona cada año a los países de América Latina y el Caribe. En muchos casos, como en Honduras y Colombia, la financiación y el entrenamiento de Estados Unidos han apoyado a tropas involucradas en la corrupción y en atroces abusos de los derechos humanos, incluyendo numerosas ejecuciones extrajudiciales y ataques contra activistas y periodistas locales. Gran parte de esta “ayuda” militarizada se transfiere en nombre de la guerra contra las drogas que dura ya varios decenios y que no ha hecho sino alimentar un círculo vicioso de violencia. En la carta se afirma que la “guerra contra las drogas” es una forma contraproducente de abordar un problema de salud pública de Estados Unidos, que se abordará mejor mediante la despenalización y la reglamentación jurídica equitativa. También pide que se reduzca la “asistencia de seguridad” y la venta de armas de Estados Unidos, así como que se retire de la región a su personal militar y policial.

La carta señala que aunque el público de EEUU ha estado condenando con razón cualquier tipo de interferencia extranjera en las elecciones de nuestro propio país, el Gobierno de EEUU tiene un historial de interferencia flagrante en las elecciones de nuestros vecinos, incluyendo la formación de grupos políticos que favorece y la financiación de los esfuerzos para marginar a las fuerzas políticas que se oponen. En Venezuela, la administración Trump ha llegado al extremo de ungir a un legislador, Juan Guaidó, como el “presidente” no elegido de Venezuela y de poner una recompensa multimillonaria por la cabeza del presidente reconocido por la ONU, Nicolás Maduro. La carta denuncia tan flagrante interferencia y pide a EEUU que respete la soberanía de otras naciones.

Las organizaciones firmantes también denuncian la intervención de Estados Unidos en la formulación de políticas económicas nacionales, que se produce en gran parte por su enorme influencia en las instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para obtener líneas de crédito de estas instituciones, los gobiernos suelen tener que aceptar medidas de austeridad y otras políticas que conducen a la reducción de los estados de bienestar y al debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores. Además, a medida que las economías latinoamericanas se tambalean por la pandemia, Estados Unidos debe dejar de exigir la aplicación de los modelos neoliberales y, en cambio, apoyar la salud pública, la educación y otras necesidades básicas.

En cuanto a los derechos humanos, la carta señala que EEUU tiene un papel en la defensa de los mismos en todo el hemisferio. Sin embargo, advierte contra la instrumentalización de los derechos humanos para obtener beneficios políticos, ya que con demasiada frecuencia se ignoran las violaciones de los derechos humanos en EEUU o en los países aliados, mientras que las violaciones en los países considerados adversarios se magnifican. Dice que Estados Unidos debería centrarse —tanto en el país como en el extranjero— en los derechos de las comunidades históricamente excluidas, incluidas las comunidades indígenas y de afrodescendientes, las personas LGBTQ+, las mujeres y los migrantes y refugiados. Insta a Estados Unidos a que se pronuncie cuando los defensores de los derechos humanos, incluidos los activistas en pro de los derechos del medio ambiente y de la tierra y los organizadores sindicales, estén en peligro, situación que es demasiado frecuente en la actualidad en América Latina y el Caribe. También pide a los Estados Unidos que ayuden a despolitizar y fortalecer las instituciones multilaterales existentes que defienden los derechos humanos.

Con respecto a la inmigración, la carta insiste en que la próxima administración debe deshacer los brutales daños de la administración Trump, pero también rechazar el statu quo de la administración Obama, que deportó a más personas que cualquier otra anterior y construyó la infraestructura para que Trump llevara a cabo políticas antiinmigrantes violentas. La próxima administración debe escuchar las demandas de justicia para los inmigrantes, incluida una moratoria de todas las deportaciones; el fin de los enjuiciamientos masivos de personas que cruzan la frontera; el restablecimiento de los procedimientos de asilo en la frontera; un camino inmediato a la ciudadanía para los soñadores y para los titulares de la condición de protección temporal; la eliminación del muro fronterizo; el fin de la política de “tolerancia cero” (separación familiar) y otras políticas que dan prioridad a los enjuiciamientos relacionados con la migración; y el fin de la detención privada de inmigrantes.

Mientras la región —y el mundo— espera ansiosamente el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los grupos en Estados Unidos se preparan para la posibilidad de una victoria de Biden, y la necesidad de impulsar una nueva administración para hacer una contribución positiva al bienestar de la gente en todo el hemisferio.

(*) Leonardo Flores/Medea Benjamín son activistas por los derechos humanos. Vida Latinoamericana

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Un halcón presidente del BID

La elección de Claver-Carone, candidato de Trump, desencadenará una crisis institucional inmediata en el BID

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:00

La Administración Trump, en estrecha colaboración con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, convertirá las dos grandes e históricas instituciones interamericanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en instrumentos de ideología ultraconservadora en un contexto de guerra fría con China, según fuentes diplomáticas consultadas en Brasilia y Washington.

La operación se ha consumado el sábado 12 con la elección como presidente del BID del halcón neoconservador y portavoz del exilio cubano en Miami Mauricio Claver-Carone. Será el primer estadounidense que asciende a la presidencia del banco desde su fundación en 1959, pese a los intentos de Argentina y otros países de boicotear parcialmente este nombramiento. Claver Carone contó con el apoyo de más del 50% de los votos.

Hasta la fecha, existía un acuerdo no escrito de que el presidente del poderoso banco de desarrollo debía proceder de un país latinoamericano pese a que Estados Unidos, con el 30% del capital y los votos, tuviera un poder de veto de facto. Los dos últimos presidentes han sido Enrique Iglesias, uruguayo nacido en España, y el colombiano Juan Luis Moreno.

Claver-Carone no es un estadounidense cualquiera. “Es un agresivo lobista, bloguero y bag-man (repartidor de fondos ilícitos) para los elementos más extremos de la política exterior estadounidense”, afirma Fulton Armstrong, exasesor de la administración de Bill Clinton en una entrevista telefónica. Claver-Carone tiene otra ventaja para Trump: diseñó en colaboración con el senador por Florida Marco Rubio la estrategia de frenar el avance de China y, en menor medida, de Rusia, en América Latina.

El nombramiento de Claver-Carone cumple con dos objetivos de Trump, dice Peter Hakim del think tankInteramerican Dialogue, en Washington. “Necesita el apoyo electoral de Rubio en Florida y, además, quiere restablecer la doctrina Monroe [control del continente americano] para enfrentarse a China y hacerse con el mando de las instituciones interamericanas”.

Pero la fórmula elegida puede hacer mucho daño a largo plazo, incluso en Estados Unidos. “El BID ha sido el vehículo del soft powerestadounidense en América Latina y Trump lo quiere convertir en el hard power”, dice Celso Amorim, excanciller de Lula da Silva consultado en Río de Janeiro. Consciente de que es la única posible fuente de inversión en infraestructuras en América Latina y el principal socio comercial de la región, Moreno había intentado elevar el perfil de China en el BID.

Sin experiencia en banca ni en relaciones exteriores, Claver-Carone adoptará una agenda más ideológica que tecnócrata. Sigue así los pasos de Luis Almagro, el polémico secretario general de la OEA, muy próximo a los halcones de Miami en su defensa del cambio de régimen en Venezuela, Cuba y Bolivia (ya logrado). Almagro acaba de forzar un cambio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo presiones de Bolsonaro, aseguran fuentes en Brasilia. Bolsonaro fue el primer presidente en dar su apoyo al estadounidense en un pacto en el que Brasil tendrá la vicepresidencia ejecutiva del banco, según el senador Patrick Leahy. “En el BID y la OEA estamos viendo la erosión de las únicas instituciones interamericanas que quedan”, dice Armstrong.

También en Estados Unidos se teme lo peor. “La elección de Claver-Carone desencadenará una crisis institucional inmediata en el BID y pondrá en entredicho el apoyo de Estados Unidos al banco”, advirtieron la veterana republicana Carla Hills y el actual senador demócrata Patrick Leahy. Asimismo, una serie de exmandatarios en América latina y Europa como Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Julio María Sanguinetti, Juan Manuel Santos, Ernesto Zedillo, Felipe González o François Hollande han expresado públicamente su rechazo a Claver-Carone. Pero si los presidentes del pasado sienten pavor ante este halcón, los actuales en su mayoría lo apoyan, un indicio del cambio sísmico que ha ocurrido en la política latinoamericana en los últimos años.

El BID ya sufrió una grave crisis en sus relaciones con China —accionista minoritario del banco— el año pasado cuando Pekín canceló la asamblea anual que se iba a celebrar en Chengdu por la polémica decisión de incorporar a su consejo al economista venezolano Ricardo Hausmann en representación del paralelo gobierno venezolano de Juan Guaidó.

Venezuela, representada por Guaidó, es uno de los 17 de 23 países que apoyan a Claver-Carone, liderados por Brasil y Colombia. Otros son el gobierno no electo de Bolivia y el de Lenin Moreno en Ecuador, que fue anfitrión del BID tras la cancelación de la reunión en China.

(*) Andy Robinson es economista y sociólogo. La Vanguardia

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