sábado 26 sep 2020 | Actualizado a 06:50

Polémica cesión de Justicia

El procurador general del Estado, José María Cabrera, en La Haya, tras la presentación de la denuncia contra Evo Morales y otros, por delitos de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional (CPI)

/ 16 de septiembre de 2020 / 06:33

El debate está en que si la denuncia ante la CPI corresponde a una actuación en derecho

El 14 de septiembre puede pasar a la historia de la Justicia en el país como emblemático, tanto en el sentido de ser una iniciativa en pos de justicia que no se puede encontrar en el país (como afirma el Gobierno), como en la dirección de que se trata de un hecho desproporcionado, forzado, de enjuiciamiento desde fuera del país, menospreciando la Justicia boliviana (según sus críticos).

Ese día, el procurador general del Estado, José María Cabrera, interpuso la primera demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) en la historia del país. Una denuncia, como señaló el Procurador, “contra el expresidente prófugo en la Argentina y sus colaboradores, por la comisión de delitos de lesa humanidad, por actos inhumanos realizados con el cerco a las ciudades de toda Bolivia y el bloqueo de todos los puntos carreteros, lo que ocasionó grandes sufrimientos a la población y provocó el fallecimiento de al menos 40 víctimas por privación de oxígeno”.

Los términos de la tipificación de los delitos en la demanda boliviana en realidad están extractados del artículo 7 del Estatuto de Roma (documento de constitución de la CPI, aprobado el 17 de julio de 1998, y vigente desde julio de 2002; Bolivia lo ratificó en mayo de 2002), donde precisamente se detalla los “crímenes de lesa humanidad”.

Hay que recordar que la CPI juzga tres grandes delitos: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

El crimen de lesa humanidad, señala el artículo 7, es “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. De las once formas de este crimen que señala el Estatuto de Roma (entre las que están el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, la tortura, entre otros), la demanda boliviana recoge la undécima: “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Razones

La Procuraduría, como en reiteradas ocasiones señalaron el Procurador y algunos ministros y viceministros, esgrime dos razones para que el Gobierno boliviano haya acudido a la CPI: uno, que los delitos que en su opinión se han cometido durante los bloqueos (a saber, los crímenes de lesa humanidad) no están tipificados en el Código Penal boliviano; y, dos, que en el país no es posible alcanzar justicia porque todo el sistema judicial está “cooptado” o bajo “control” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Algunos se han preguntado ¿por qué la Procuraduría acudió a instancias internacionales y no se agotaron procesos internos? Son dos razones que llevaron a esta decisión: en primer lugar, porque dentro de la normativa boliviana al derecho penal no existe la figura jurídica de delito de lesa humanidad, y es eso lo que ha ocurrido en Bolivia, un crimen de lesa humanidad; en segundo lugar, porque lamentablemente estamos ante un sistema judicial cooptado por el MAS y que ha puesto en evidencia su falta de imparcialidad en diferentes casos planteados por este gobierno”, destacó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, el lunes 7.

El procurador Cabrera afirmó desde La Haya que siendo signatario el país del Estatuto de Roma, “nunca se introdujo en el Código Penal el listado de delitos de lesa humanidad; por tanto, jurídicamente es imposible en Bolivia llevar a cabo un juzgamiento interno”, por eso, dice, se habilita “la vía internacional” (la CPI). 

Que nunca se introdujeron los delitos de lesa humanidad en el Código Penal no es cierto, reclama el abogado constitucionalista Iván Lima Magne. Si bien los delitos graves de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra hoy no están en el Código Penal (por cierto, vigente desde 1972), los tres ya fueron incorporados en el nuevo Código del Sistema Penal, promulgado el 15 de diciembre de 2017 y que estuvo vigente hasta el 25 de enero de 2018, cuando debido a la presión de algunos sectores tuvo que ser derogado.

En efecto, los tres delitos eran parte del “Libro Segundo: Infracción Penal Específica; Título I: Crímenes; Capítulo I: Crímenes contra la humanidad”. El artículo 80 desarrollaba el Genocidio, para el cual establecía “prisión de treinta (30) años sin derecho a indulto y reparación económica”; el artículo “81. Crímenes de lesa humanidad”, disponía de 14 a 30 años de cárcel; y, el artículo “82. Crímenes de guerra” señalaba 23 formas de este delito, por los cuales, según su gravedad, lo mismo sancionaba al culpable con prisión de 14 a 30 años.

Ahora, una cosa es hablar en general de “justicia corrupta”, de “jueces vendidos”, o “jueces cooptados o al servicio” de algún partido, y otra esgrimir esto en un documento oficial, como una causal para un procedimiento jurídico. El procurador Cabrera afirmó que “El Estatuto de Roma establece que cuando un país no tenga la posibilidad de juzgar actos de lesa humanidad, la denuncia va a la Corte Internacional”.

Control

Y una de las causales para que en Bolivia no sea posible dicho juzgamiento es la “cooptación” de la Justicia, el “control” de los jueces por parte de un partido político.

Esto, destaca Lima Magne, es una pura acusación, que en regla tendría que probarse y buscar la sanción de los implicados, pues va contra el principio constitucional de independencia e imparcialidad del juzgador (artículo 178 de la Constitución). Y no se olvide que cuando se dice “la Justicia” cooptada, se está hablando del último al primer juez del país.

“El hecho que señala de que la Justicia está en manos del MAS si bien puede ser una afirmación es una afirmación difamatoria, porque un juez por naturaleza debe ser imparcial e independiente; si es que depende de una persona, así sea un líder político, estaríamos hablando de la comisión permanente de un delito. Es una afirmación que van a tener que probar, demostrar con pruebas, no solamente con apreciaciones subjetivas ante la Corte Penal Internacional; yo creo que eso es imposible de probar”, señala el constitucionalista.

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, por su parte, registra el periódico Cambio, incluso habla de que si el Gobierno no es capaz de probrar sus acusaciones se expone a un proceso esta vez por parte de los acusados: “El Gobierno, mediante la Procuraduría, ha tenido que reunir suficientes evidencias, no recortes de periódicos, no panfletos; sino evidencias claras y objetivas que vayan a presumir que ellos tienen la facultad y la suficiente prueba para poder acudir al Tribunal de La Haya; caso contrario, podría darse la vuelta la situación y el Estado va a tener que pagar daños y perjuicios a las personas denunciadas”, dijo.

La Procuraduría presentó la denuncia en la CPI, respaldándose, señaló el procurador Cabrera, en el artículo 14 del Estatuto de Roma, que describe la “remisión de una situación por un Estado Parte”. Dice el primer punto de dicho artículo: “Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas”.

Con relación a esto, Lima contrapone el artículo 17 del mismo Estatuto de Roma, cuando en su inciso a) dice que un asunto no será admitido por la Corte cuando “sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”; y esta no voluntad o incapacidad de llevar a cabo dicho enjuiciamiento, hasta ahora no se ha podido verificar por parte del Gobierno; de ahí que se puede hablar, señala Lima, de una práctica cesión de la sobernía de la Justicia boliviana.

La incapacidad de administrar justicia no es poca cosa, pues se trata de un hecho propio de “estados fallidos”, insiste el constitucionalista: “en las cinco sentencias de la Corte y los 27 casos que están en juicio actualmente son estados fallidos, estados donde no existe justicia; por eso reclamo que el Procurador nos ha puesto al nivel de estados fallidos, que no tienen en abosluto posibilidad de hacer justicia; (cuando) en Bolivia tenemos capacidad de hacer justicia y para darles una respuesta a las víctimas o a las que se consideran víctimas de los hechos que han ocurrido” (los bloqueos de caminos en 12 días de agosto).

En cuanto a la tipificación de los hechos de agosto como delitos de lesa humanidad, como hace el Gobierno, que por eso intenta llevar el caso a la CPI, Lima reclama que pese a que dicha calificación delictiva no está en las leyes bolivianas, sí existen las figuras legales con que se puede encausar suficientemente a los posibles culpables: “los hechos que se están investigando (el bloqueo y sus consecuencias), por los que se está buscando justicia, son hechos que ya en Bolivia están tipificados, bajo formas de homicidio culposo, destrucción de la propiedad ajena, los daños, o la propias muertes de las personas, como asesinato, están tipificados, tenemos tipos penales específicos”.

Jurisdicción

Ahora, tampoco deja de ser polémica la lógica de la denuncia que señala que no habiendo el delito de lesa humanidad en el país, si la CPI encuentra culpables a los acusados (Evo Morales, Juan Carlos Guarachi y Leonardo Loza), directamente podrá perseguirlos; aplicar la jurisdicción internacional a la local sin más.

Una de las exigencias de la CPI es que todos los países incorporen los tres delitos (genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra) a la legislación nacional; solo de este modo, se podrá aplicar en pleno el fallo de la CPI en el país.

“Para que una conducta sea delito debe estar tipificada en el país donde se la piensa aplicar, bajo el principio de legalidad. Por eso el Estatuto de Roma reclama y exige a los países que tipifiquen estas conductas; al contrario, decir ‘como no está en nuestra legislación, vamos a aplicar directamente el Estatuto de Roma’ no es una interpretación conforme al Estatuto ni conforme a los principios constitucionales de legalidad, de conocimiento que tiene que tener el ciudadano de qué conducta es delito y qué conducta no lo es; lo que está diciendo el Procurador es que la cesión de soberanía no solamente es de los jueces, también está cediendo soberanía en legislar, en crear delitos y reconocérselo al Estatuto de Roma”, concluye el abogado Lima.

En lo relativo al procesamiento del “caso boliviano” en la CPI, si bien la Fiscalía de la Corte confirmó que el viernes 4 recibió la denuncia que interpusiera el Gobierno interino de Bolivia, esta recepción se enmarca en la figura de “remisión”.

“El 4 de septiembre de 2020, recibí una remisión del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a la situación con la situación en su propio territorio”, señaló mediante un comunicado la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda.

Según recogió Europa Press, la fiscal Bensouda reveló que el Gobierno boliviano indica que los bloqueos fueron cometidos “de manera deliberada” para causar “sufrimientos graves en la integridad física y la salud mental de la población”.

El Gobierno de Bolivia sostiene que en agosto de 2020 miembros del partido político Movimiento Al Socialismo y organizaciones afines llevaron a cabo una línea de conducta (…) consistente en atacar a la población boliviana, a través de la coordinación de bloqueos en distintos puntos de todo el país”, explicó la Fiscal General de la CPI, según recoge la agencia EFE.

La Fiscal jefe de la CPI aclaró, sin embargo, que la petición del Gobierno boliviano “no conlleva automáticamente la apertura de una investigación”.

Para que se active una investigación, destaca la Fiscal, su oficina debe analizar primero si el caso amerita “la competencia, la admisibilidad y el interés de la Justicia”.

En general, el procedimiento de la CPI consiste en: I) el examen preliminar del caso, II) la fase de investigación y enjuiciamiento, y, III) el juicio oral y la posterior sentencia.

La denuncia del Gobierno se encuentra en el examen preliminar; por esto, informó la fiscal Bensouda, se la remitió a una sala para este nivel de consideración: “La Fiscal General ha informado de la situación al presidente de la CPI, que asignará la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares formada por tres magistrados, trámite habitual en el caso de las remisiones”, señala el reporte de EFE.

No obstante, aclara la Fiscal jefe de la CPI, destaca Europa Press, “si la Fiscalía determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación”, lo que implicaría un trámite más acelerado del caso

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

Lo de ENDE puede usarse contra el país en varios juicios

El Procurador ahora destituido se fue por un claro enfrentamiento con el ministro Arturo Murillo

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:05

El exprocurador general del Estado, José María Cabrera

Esta entrevista se la hizo una hora antes de que el procurador general del Estado, José María Cabrera Dalence, se enterase de que había sido destituido.

Como él mismo adelantara, el directo responsable de su alejamiento sería el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por dos casos puntuales. El ministro andaba “furioso”, dice Cabrera Dalence, con el Procurador tanto por la oposición que éste tuvo a la forma en que Murillo impulsó la “privatización” de parte de ENDE, como por la investigación que llevaba adelante la Procuraduría sobre la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos en noviembre-diciembre de 2019, caso en que Murillo es uno de los principales señalados. Acaso lo que más le preocupa al ahora exprocurador es lo de ENDE: la forma en que se está procediendo, a impulso del ministro Murillo, puede repercutir contra Bolivia en todos los juicios que el Estado tiene contra privados por las nacionalizaciones. 

—¿De cuándo vienen sus observaciones a la devolución a privados de acciones de ENDE?

—Las observaciones que el Procurador plantea en el caso de la afectación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) son de puro derecho, aspectos objetivos que establece la ley. Hay dos observaciones que planteamos en la reunión de UDAPE, la unidad técnica previa a las discusiones finales en gabinete. Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídcos  y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Éstos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados.

—Un tema de procedimiento.

—Ya en el fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de modo que retrotraer una nacionalización efectuada hace diez años y volver a manos privadas lo que hoy es de propiedad del pueblo de Bolivia amerita una tramitación transparente, y no disimulada ni disfrazada. Ahora, hacerlo con un argumento tan simple como indicar que fue ilegal o abusiva esa nacionalización, es totalmente contrario a derecho. De acuerdo a nuestra Constitución y leyes, quien declara y dice qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, solamente es un juez. El Órgano Ejecutivo no tiene competencia para declarar lo que es legal y lo que es ilegal. 

—¿Qué consecuencias puede tener esto de devolver a privados algo estatal?

—Actualmente el Estado boliviano tiene cuatro juicios de arbitraje internacional por otras nacionalizaciones, y si hoy el propio Gobierno de Bolivia está afirmando que simple y llanamente la decisión del Estado de hacer una nacionalización es un acto de ilegalidad, automáticamente esta declaración va a ser utilizada contra el país en esos cuatro juicios arbitrales, que son por la suma de más de dos mil millones de dólares. Y, además, puede tener un efecto dominó: hay otras empresas que están en ciernes de iniciar juicios arbitrales por lo mismo. De manera que esta decisión no puede tornarse de manera precipitada.

—Murillo se le puso al frente.

—Esos dos aspectos desencadenaron la furia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que fue el propulsor de esta iniciativa de decreto rápido y que incluso se anticipó a declararlo en la efeméride cochabambina el 14 de septiembre.

Y le preciso yo: hasta el día de hoy (viernes 18), pese al anuncio, nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo; ningún ministro del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida.

—El jueves usted fue a la Asamblea a informar lo de los gases lacrimógenos. Dijo que el ministro Murillo no le informó nada, como sí lo hizo el de Defensa.

—Así es, la gota que rebasó el vaso del ministro Arturo Murillo fue el cumplimiento de otro deber constitucional por parte del Procurador. Ante la Comisión Mixta de la Asamblea que investiga el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, expresé que el 24 de junio inicié esta misma investigación dirigiendo un requerimiento procuradurial al ministro de Defensa, Fernando López, y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Cuando la Constitución, en su artículo 231 dispone que ninguna autoridad puede negar la documentación que la Procuraduría le exija, el Ministro de Gobierno, a más de cuatro meses de nuestro requerimiento, no ha presentado ni un solo papel; a diferencia del Ministro de Defensa, que presentó abundante documentación. Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes.

—¿Hay alguna forma de obligarle?

—El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos.

—¿No hubo ninguna respuesta, aunque sea verbal?

—Por las actuaciones del Procurador en el caso ENDE y en el caso Gases lacrimógenos, el ministro Murillo está furioso contra el Procurador y le ha requerido a la Presidenta del Estado la remoción de esta autoridad.

—¿Tendrá que ver todo esto con otros casos que investigó?

—Cabalmente ayer (jueves) he firmado y concluido la otra investigación del caso de corrupción que conmocionó al país, el de Respiradores españoles. El 20 de mayo, la Procuraduría inició su propia investigación jurídica y apolítica. Se ha recopilado más de ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones, y se ha encontrado hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción a 13 personas, funcionarios públicos y particulares. Ayer he firmado ese dictamen y lo he presentado al Fiscal General del Estado, al Fiscal Departamental de La Paz, a la comisión investigadora de fiscales, a la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga también el tema, al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Justicia, a la Ministra de Relaciones Exteriores, a la Ministra de Salud y al Director de la AISEM. Y en unas horas más será subido a la página web institucional el dictamen del caso Respiradores españoles para que toda la ciudadanía tenga acceso a este trabajo de investigación.

—¿Otros casos que esté investigando?

—También tenemos en curso una investigación respecto a YPFB. Al margen de ello tenemos casos, que no son de investigación pero son de gran interés. En unos días más, el 28 de septiembre tenemos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del derecho humano a la elección indefinida. Luego, hace escasos días el presidente de la Corte Penal Internacional ha remitido el caso de lesa humanidad cometido en agosto a la sala de cuestiones preliminares, está avanzando. Y, más importante aún, tenemos once juicios por el fraude electoral; estamos en vísperas de que se presente el requerimiento acusatorio para que pase el caso a juicio. Es amplia la agenda de la Procuraduría y lastimosamente autoridades como el ministro Arturo Murillo se han sentido tremendamente incomodadas y están furiosas por nuestras actuaciones. 

—¿Este 28 de septiembre es usted quien debe ir a la Corte IDH?

—El 28 estamos acreditados dos representantes del Estado boliviano, el Procurador Gneneral, que es el abogado del Estado, y nuestro embajador en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte IDH, el abogado constitucionalista William Herrera Áñez. Ambos tenemos que formular el alegato ante la Corte.

—¿Qué vendrá, Procurador? Murillo es Murillo. ¿En qué prevé que resulte todo esto?

—En lo personal, me es absolutamente indiferente el desenlace del tema. Jamás solicité este cargo, ni me aferro al mismo; y no es de interés público estos aspectos personales. Pero lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales. La afectación de una empresa nacional estratégica, como ENDE, a través de decretos por vía rápida, que hasta ahora ningún ministro se anima a firmar, porque sabe que constituye daño económico al Estado, o el hecho de no aclarar actos de corrupción, obstaculizar el desempeño normal de las instituciones que tienen facultades para investigar, son aspectos que tienen que preocuparnos a todos los ciudadanos. Yo cumplo con mi deber de ponerlos a conocimiento de la opinión pública para que cada boliviano y boliviana emita su propio criterio.

José María Cabrera Dalence. Acerca de la “devolución” de acciones. No hay que disfrazar las cosas, demanda el ahora exprocurador. Si un bien pasa de propiedad privada a pública, se llama estatización o nacionalización; si va de lo público a lo privado, es privatización.

Datos

Nombre: José María Cabrera Dalence

Profesión: Abogado, con maestría en Derecho Constitucional.

Ocupación: Hasta el viernes 18, Procurador General del Estado

Perfil

Fue asesor legal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. También fue Árbitro del Centro de Conciliación de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Antología de la ciencia política boliviana

Compilación del análisis político elaborada por Fernando Mayorga para la Biblioteca del Bicentenario

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:02

El otro “vértigo de las listas”.

Una lista siempre incluye un universo menor que el universo de lo que excluye.

Toda antología, claro está, es una lista. Por tanto, uno puede aproximarse a ella con el ánimo de descubrir lo que le falta y lo que le sobra.

Un camino que ciertamente no conduce a otra parte que a la confección de otra lista, de seguro tan objetable como la primera.

La Antología de la ciencia política boliviana que acaba de publicar la Biblioteca Boliviana del Bicentenario (BBB) intenta presentar un panorama de la producción nacional sobre temas políticos, entendiendo “política” en un sentido amplio. Repito: me parece que el objetivo era mostrar un panorama antes que coleccionar todos los mejores y más relevantes textos bolivianos de análisis político, como quizá vaya a esperar algún lector. Reunir solamente los mejores análisis políticos con pretensiones de cientificidad daría para una biblioteca, y creo que el antólogo, Fernando Mayorga, no se ha engañado al respecto. No he hablado con él de esto, pero me parece que es consciente de que la pretensión de hacer una antología de los textos de una ciencia social entera constituye una de las varias desmesuras de las que podemos culpar al Comité responsable del diseño de la BBB.

De modo que, encomendado a llevar este proyecto un poco desbocado al terreno de la realidad, Mayorga ha optado por lo más sensato: Como he dicho, presentar un panorama.

Publicar textos de un periodo específico —la democracia—, sobre tres grandes ejes —Estado, representación, participación— y procurar que en el resultado final estén más o menos representados los géneros, las generaciones, las regiones, las inclinaciones metodológico-ideológicas (marxistas, conductistas, neoinstitucionalistas, bourdianos, etc.)

De este modo se incluye —lo enlisto en orden de importancia— un capítulo de Lo nacional-popular en Bolivia, de René Zavaleta (me parece, dicho sea de paso, que podría haberse escogido otro texto más politológico de Zavaleta); el famoso “único” ensayo de Luis H. Antezana sobre política, que versa sobre la ideología nacionalista revolucionaria; cinco capítulos de El carácter conservador de la nación boliviana de HCF Mansilla; un texto de Mayorga sobre la “construcción minimalista” del Estado; una combinación de artículos de Fernando Calderón y un artículo de Eduardo Gamarra. Junto a estos “pesos pesados” aparecen los miembros “senior” de la politología nacional: Gonzalo Rojas y Gloria Ardaya, así como trabajos de politólogos más jóvenes: Daniel Moreno, Fernando García, Alberto García, Yuri Tórrez, María Teresa Zegada, Moira Zuazo, José Luis Exeni, Salvador Romero Ballivián, Helena Argirakis y otros. Finalmente, se incluyen aportes de expertos de otras áreas del conocimiento.

Desde la historia, participan José Luis Roca y Rossana Barragán; desde la antropología: Isabelle Combes, Ricardo Calla, Ramiro Molina y Esteban Ticona; desde la sociología: Wilder Molina y Sonia Montaño; desde la economía: Carlos Toranzo y Gonzalo Chávez; desde el internacionalismo: Gustavo Fernández, etc.

He leído la colección con agrado.

La mayoría de los textos son relevantes y están bien escritos. Algunos pocos son una lata, pero uno puede saltárselos fácilmente. Al terminar, me he sentido inclinado a formular, a vuelapluma, un puñado de hipótesis: a) Que los estudiosos bolivianos contemporáneos son más historicistas que teoricistas, es decir, prefieren interpretar un devenir antes que encarnizarse en la dilucidación de conceptos; b) que leen la historia de un modo hermenéutico, buscando su sentido, antes que de un modo empírico, en pos de pruebas y falsaciones de teorías; c) que, en general, usan los recursos cuantitativos (encuestas, mediciones) para describir y no para relacionarlos con teorías; d) que casi siempre trabajan de espaldas a la economía y la psicología social; e) que hay un cierto parentesco entre su trabajo y el llamado “periodismo de precisión”, ya que están muy atentos a los sucesos que son contemporáneos a la escritura de sus textos; f) que —por ¿provincianismo?, ¿complejo de excepcionalidad?— casi no hacen comparaciones entre los eventos nacionales y los universales o los específicos de otros países (la excepción en este apartado es el artículo de Gustavo Fernández et al. “La construcción de la nación boliviana en el proceso de globalización sudamericana”); g) que aman profundamente al país, aunque algunos lo hacen de manera neurótica y retorcida.

Es posible que Fernando Mayorga haya perdido algunos amigos o que haya cultivado a ciertos enemigos en el proceso de realización de este su último trabajo. Tal es el “vértigo de las listas”. Su estudio introductorio, con ser más descriptivo y ordenador que crítico, resulta de todas maneras excelente para contribuir a esto que ya he mencionado hasta la insistencia: la presentación de un panorama.

(*) Fernando Molina es periodista

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Demandan buena vecindad

Más de 100 organizaciones piden al futuro presidente de EEUU cambiar el trato con América Latina

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:01

Leonardo Flores/Medea Benjamín

Más de 100 organizaciones que trabajan en temas relacionados con América Latina y el Caribe enviaron una carta en la que piden al próximo gobierno que adopte una nueva política de buena vecindad hacia la región basada en la no intervención, la cooperación y el respeto mutuo. Entre las organizaciones que piden un nuevo enfoque se encuentran Alianza Américas, Amazon Watch, el Programa de las Américas, el Centro de Política Internacional, CODEPINK, Demand Progress, Global Exchange, el Grupo de Trabajo de América Latina y Oxfam América.

La carta a los candidatos presidenciales advierte que en enero de 2021, el presidente de Estados Unidos se enfrentará a un hemisferio que no solo estará todavía tambaleándose por el coronavirus sino que también estará experimentando una profunda recesión económica, y que lo mejor para ayudar no es tratar de imponer su voluntad, sino más bien adoptar un amplio conjunto de reformas para reformar las relaciones con nuestros vecinos del sur.

La primera de las reformas es el levantamiento de las brutales sanciones económicas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua que están causando un sufrimiento humano generalizado, especialmente durante la pandemia. Estas sanciones no han cumplido su objetivo de cambio de régimen; los últimos 20 años de guerras de EEUU en Oriente Medio nos han enseñado que el cambio de régimen impuesto por EEUU no trae más que muerte y caos.

Otra reforma consiste en poner fin a los cientos de millones de dólares en equipo y capacitación policial y militar que Estados Unidos proporciona cada año a los países de América Latina y el Caribe. En muchos casos, como en Honduras y Colombia, la financiación y el entrenamiento de Estados Unidos han apoyado a tropas involucradas en la corrupción y en atroces abusos de los derechos humanos, incluyendo numerosas ejecuciones extrajudiciales y ataques contra activistas y periodistas locales. Gran parte de esta “ayuda” militarizada se transfiere en nombre de la guerra contra las drogas que dura ya varios decenios y que no ha hecho sino alimentar un círculo vicioso de violencia. En la carta se afirma que la “guerra contra las drogas” es una forma contraproducente de abordar un problema de salud pública de Estados Unidos, que se abordará mejor mediante la despenalización y la reglamentación jurídica equitativa. También pide que se reduzca la “asistencia de seguridad” y la venta de armas de Estados Unidos, así como que se retire de la región a su personal militar y policial.

La carta señala que aunque el público de EEUU ha estado condenando con razón cualquier tipo de interferencia extranjera en las elecciones de nuestro propio país, el Gobierno de EEUU tiene un historial de interferencia flagrante en las elecciones de nuestros vecinos, incluyendo la formación de grupos políticos que favorece y la financiación de los esfuerzos para marginar a las fuerzas políticas que se oponen. En Venezuela, la administración Trump ha llegado al extremo de ungir a un legislador, Juan Guaidó, como el “presidente” no elegido de Venezuela y de poner una recompensa multimillonaria por la cabeza del presidente reconocido por la ONU, Nicolás Maduro. La carta denuncia tan flagrante interferencia y pide a EEUU que respete la soberanía de otras naciones.

Las organizaciones firmantes también denuncian la intervención de Estados Unidos en la formulación de políticas económicas nacionales, que se produce en gran parte por su enorme influencia en las instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para obtener líneas de crédito de estas instituciones, los gobiernos suelen tener que aceptar medidas de austeridad y otras políticas que conducen a la reducción de los estados de bienestar y al debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores. Además, a medida que las economías latinoamericanas se tambalean por la pandemia, Estados Unidos debe dejar de exigir la aplicación de los modelos neoliberales y, en cambio, apoyar la salud pública, la educación y otras necesidades básicas.

En cuanto a los derechos humanos, la carta señala que EEUU tiene un papel en la defensa de los mismos en todo el hemisferio. Sin embargo, advierte contra la instrumentalización de los derechos humanos para obtener beneficios políticos, ya que con demasiada frecuencia se ignoran las violaciones de los derechos humanos en EEUU o en los países aliados, mientras que las violaciones en los países considerados adversarios se magnifican. Dice que Estados Unidos debería centrarse —tanto en el país como en el extranjero— en los derechos de las comunidades históricamente excluidas, incluidas las comunidades indígenas y de afrodescendientes, las personas LGBTQ+, las mujeres y los migrantes y refugiados. Insta a Estados Unidos a que se pronuncie cuando los defensores de los derechos humanos, incluidos los activistas en pro de los derechos del medio ambiente y de la tierra y los organizadores sindicales, estén en peligro, situación que es demasiado frecuente en la actualidad en América Latina y el Caribe. También pide a los Estados Unidos que ayuden a despolitizar y fortalecer las instituciones multilaterales existentes que defienden los derechos humanos.

Con respecto a la inmigración, la carta insiste en que la próxima administración debe deshacer los brutales daños de la administración Trump, pero también rechazar el statu quo de la administración Obama, que deportó a más personas que cualquier otra anterior y construyó la infraestructura para que Trump llevara a cabo políticas antiinmigrantes violentas. La próxima administración debe escuchar las demandas de justicia para los inmigrantes, incluida una moratoria de todas las deportaciones; el fin de los enjuiciamientos masivos de personas que cruzan la frontera; el restablecimiento de los procedimientos de asilo en la frontera; un camino inmediato a la ciudadanía para los soñadores y para los titulares de la condición de protección temporal; la eliminación del muro fronterizo; el fin de la política de “tolerancia cero” (separación familiar) y otras políticas que dan prioridad a los enjuiciamientos relacionados con la migración; y el fin de la detención privada de inmigrantes.

Mientras la región —y el mundo— espera ansiosamente el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los grupos en Estados Unidos se preparan para la posibilidad de una victoria de Biden, y la necesidad de impulsar una nueva administración para hacer una contribución positiva al bienestar de la gente en todo el hemisferio.

(*) Leonardo Flores/Medea Benjamín son activistas por los derechos humanos. Vida Latinoamericana

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Un halcón presidente del BID

La elección de Claver-Carone, candidato de Trump, desencadenará una crisis institucional inmediata en el BID

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:00

La Administración Trump, en estrecha colaboración con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, convertirá las dos grandes e históricas instituciones interamericanas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en instrumentos de ideología ultraconservadora en un contexto de guerra fría con China, según fuentes diplomáticas consultadas en Brasilia y Washington.

La operación se ha consumado el sábado 12 con la elección como presidente del BID del halcón neoconservador y portavoz del exilio cubano en Miami Mauricio Claver-Carone. Será el primer estadounidense que asciende a la presidencia del banco desde su fundación en 1959, pese a los intentos de Argentina y otros países de boicotear parcialmente este nombramiento. Claver Carone contó con el apoyo de más del 50% de los votos.

Hasta la fecha, existía un acuerdo no escrito de que el presidente del poderoso banco de desarrollo debía proceder de un país latinoamericano pese a que Estados Unidos, con el 30% del capital y los votos, tuviera un poder de veto de facto. Los dos últimos presidentes han sido Enrique Iglesias, uruguayo nacido en España, y el colombiano Juan Luis Moreno.

Claver-Carone no es un estadounidense cualquiera. “Es un agresivo lobista, bloguero y bag-man (repartidor de fondos ilícitos) para los elementos más extremos de la política exterior estadounidense”, afirma Fulton Armstrong, exasesor de la administración de Bill Clinton en una entrevista telefónica. Claver-Carone tiene otra ventaja para Trump: diseñó en colaboración con el senador por Florida Marco Rubio la estrategia de frenar el avance de China y, en menor medida, de Rusia, en América Latina.

El nombramiento de Claver-Carone cumple con dos objetivos de Trump, dice Peter Hakim del think tankInteramerican Dialogue, en Washington. “Necesita el apoyo electoral de Rubio en Florida y, además, quiere restablecer la doctrina Monroe [control del continente americano] para enfrentarse a China y hacerse con el mando de las instituciones interamericanas”.

Pero la fórmula elegida puede hacer mucho daño a largo plazo, incluso en Estados Unidos. “El BID ha sido el vehículo del soft powerestadounidense en América Latina y Trump lo quiere convertir en el hard power”, dice Celso Amorim, excanciller de Lula da Silva consultado en Río de Janeiro. Consciente de que es la única posible fuente de inversión en infraestructuras en América Latina y el principal socio comercial de la región, Moreno había intentado elevar el perfil de China en el BID.

Sin experiencia en banca ni en relaciones exteriores, Claver-Carone adoptará una agenda más ideológica que tecnócrata. Sigue así los pasos de Luis Almagro, el polémico secretario general de la OEA, muy próximo a los halcones de Miami en su defensa del cambio de régimen en Venezuela, Cuba y Bolivia (ya logrado). Almagro acaba de forzar un cambio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo presiones de Bolsonaro, aseguran fuentes en Brasilia. Bolsonaro fue el primer presidente en dar su apoyo al estadounidense en un pacto en el que Brasil tendrá la vicepresidencia ejecutiva del banco, según el senador Patrick Leahy. “En el BID y la OEA estamos viendo la erosión de las únicas instituciones interamericanas que quedan”, dice Armstrong.

También en Estados Unidos se teme lo peor. “La elección de Claver-Carone desencadenará una crisis institucional inmediata en el BID y pondrá en entredicho el apoyo de Estados Unidos al banco”, advirtieron la veterana republicana Carla Hills y el actual senador demócrata Patrick Leahy. Asimismo, una serie de exmandatarios en América latina y Europa como Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Julio María Sanguinetti, Juan Manuel Santos, Ernesto Zedillo, Felipe González o François Hollande han expresado públicamente su rechazo a Claver-Carone. Pero si los presidentes del pasado sienten pavor ante este halcón, los actuales en su mayoría lo apoyan, un indicio del cambio sísmico que ha ocurrido en la política latinoamericana en los últimos años.

El BID ya sufrió una grave crisis en sus relaciones con China —accionista minoritario del banco— el año pasado cuando Pekín canceló la asamblea anual que se iba a celebrar en Chengdu por la polémica decisión de incorporar a su consejo al economista venezolano Ricardo Hausmann en representación del paralelo gobierno venezolano de Juan Guaidó.

Venezuela, representada por Guaidó, es uno de los 17 de 23 países que apoyan a Claver-Carone, liderados por Brasil y Colombia. Otros son el gobierno no electo de Bolivia y el de Lenin Moreno en Ecuador, que fue anfitrión del BID tras la cancelación de la reunión en China.

(*) Andy Robinson es economista y sociólogo. La Vanguardia

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Disyuntiva histórica

En la elección del 18 de octubre, propone el autor, también se elegirá entre pespectivas de desarrollo

/ 23 de septiembre de 2020 / 06:59

Antonio Gramsci dijo alguna vez: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Si hacemos la analogía de que el liberalismo implementado en Bolivia en el periodo 1985-2005 representa lo viejo, el de economía mixta de los años 2006-2019, lo nuevo, y el claroscuro, el periodo transitorio presente, podemos plantear la hipótesis de que en las próximas elecciones solo se encuentran dos posibilidades en juego: 1) restaurar lo viejo (la democracia pactada y las privatizaciones) o 2) reencaminar lo nuevo (la profundización de la democracia y el protagonismo estatal). Bajo esta abstracción, la primera opción, al estar en la ruta contraria al devenir de las conquistas sociales, solo retrasa la consolidación de lo verdaderamente nuevo y se convierte en algo así como un tapón histórico al progreso del país.   

Bolivia atraviesa por tres grandes problemas: una fuerte contracción económica, una crisis sanitaria y una crisis política derivada de un empate persistente entre las fuerzas políticas; esto último pretende ser destrabado a través de las elecciones.

En tal sentido, también existen dos grandes posturas sobre qué políticas económicas se deben aplicar en el futuro para superar la crisis general, es más, qué modelo de desarrollo está en juego en las próximas elecciones: 1) ¿Se aplicarán políticas económicas neoliberales bajo el nombre de “modelo alternativo de desarrollo”? o 2) ¿Se profundizarán políticas distributivas y de industrialización bajo el nombre de “modelo de desarrollo pluri/nacional productivo”?

En términos generales el “modelo alternativo de desarrollo”, propone un crecimiento sostenible que no sea dependiente de los recursos naturales. Es decir, el Estado solo se ocuparía de las grandes explotaciones de recursos naturales; la producción y el comercio estarían a cargo de empresas privadas. La industrialización que se plantea se basa en la exportación de partes industriales a precios competitivos. Respecto a la política monetaria, una inflación menor al diez por ciento y una devaluación lenta para luego mantener un tipo de cambio móvil.

Lo primordial para alcanzar dichos objetivos sería un recambio institucional, que pondere la meritocracia a través de equipos de dirección de alto nivel y la reducción de cargos en toda la administración pública. Todo acompañado de una reforma del Estado donde todos los niveles de gobierno se financien primordialmente con impuestos propios. Los ingresos públicos provenientes de la explotación de recursos naturales serían dedicados exclusivamente a proyectos de infraestructura. Respecto a la educación y salud, se garantizaría un mínimo equivalente para todos los ciudadanos.

Por su lado, el “modelo de desarrollo pluri/nacional productivo” propone un desarrollo integral con respeto al medio ambiente, donde el Estado juega un rol protagónico en la economía. Habiendo pasado por tres fases: la nacionalizaron de los recursos naturales y las empresas estratégicas, la redistribución equitativa de la riqueza, y la industrialización inicial de los recursos naturales (hidrocarburos, minerales y litio); se plantea consolidar la industrialización e incursionar en nuevas industrias. El afianzamiento de los derechos ciudadanos con una educación y salud de calidad, infraestructura y servicios universales. 

Para alcanzar los objetivos se prevé una baja inflación y el control sobre la misma como base para reactivar el crecimiento económico. Respecto a la política cambiaria, mantener un régimen de tipo de cambio deslizante para que sirva para anclar y mantener el control de la inflación.

Como política fiscal, el incluir subsidios a los sectores menos favorecidos, con el objetivo de mejorar el consumo doméstico y la inversión del sector industrial.

Los modelos de desarrollo económicos descritos son sustancialmente distintos: el primero responde a una restauración neoclásica, es decir, a la búsqueda de un crecimiento sostenible a través de la oferta agregada, la institucionalidad meritocrática a favor de una élite, sin importar las grandes desigualdades económicas y exclusión que generan. Incluye también la privatización o liquidación de empresas públicas medianas y pequeñas, la paralización de proyectos nacionales de industrialización, la reactivación económica con devaluaciones de la moneda y presiones inflacionarias, con créditos subsidiados y ventajas tributarias para los sectores industriales privados y la banca.

El segundo modelo, al contrario, responde a una variante keynesina, es decir, busca el crecimiento a través de la demanda agregada, la activa participación del Estado en la economía, la distribución de los excedentes económicos y la inclusión de los sectores históricamente excluidos, la reactivación de la economía sin afectar el tipo de cambio y el mantenimiento de niveles bajos de inflación, y principalmente la profundización de la industrialización de los sectores estratégicos.

Podemos concluir en que la crisis política vivida en las últimas semanas nos muestra que un pueblo entero no se puede equivocar, que las movilizaciones son legítimas y que solo el camino democrático puede resolver nuestras contradicciones. Por su parte, la crisis sanitaria por la pandemia nos enseña que solo desde el Estado es posible hacerle frente y que para ello en el futuro se debe invertir en fortalecer un sistema de salud público con infraestructura adecuada, recursos humanos capacitados y con vocación de servicio. 

Finalmente, nos encontramos en la disyuntiva de retrasar el desarrollo del país volviendo a implementar políticas liberales que tienen tibios resultados en crecimiento y generan grandes desigualdades económicas en la sociedad; o reconducir políticas propias que en nuestro contexto han tenido resultados demostrables en crecimiento, redistribución e inclusión social. Y, sobre todo la consolidación simbólica de un proyecto de desarrollo basado en la esencia pluri/nacional popular del país.

(*) Luis Paz Ybarnegaray es máster en Estudios Latinoamericanos

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