jueves 30 jun 2022 | Actualizado a 04:08

Torres, el fascismo y la prensa

La decisión de Juan José Torres de comunicar por radio Altiplano que asumía el poder, fue clave...

/ 7 de octubre de 2020 / 09:34

Bolivia, hace 50 años vivió un acontecimiento sin precedentes. El 7 octubre de 1970, un puñado de civiles y militares nacionalistas frustró un golpe de Estado “fascista” planificado por el alto mando del Ejército.

Empero, el suceso no fue obra del azar. En realidad, estuvo moldeado y definido por una huelga obrera y popular. Los periodistas, en esa línea, jugaron un rol protagónico en este proceso.

El domingo 4 de octubre, el periódico Hoy, con la nota “Rebelión en La Paz” publicada en primera plana, alertó que la radio castrense Batallón Coloradoshabía comenzado a difundir comunicados que daban por “derrocado” al régimen del general Alfredo Ovando Candia.

La acción estaba, además, respaldada por una “carta abierta” —firmada por los exmandatarios David Toro y Hugo Ballivián y 30 militares en retiro— que exigía el “relevo” del Presidente por no ser “digno del cargo” y haber nacionalizado la Gulf Oil, hecho que había generado “caos”, “división” y “desprestigio” internacional.

El cuartelazo estaba dirigido por el comandante del Ejército, Rogelio Miranda, y respaldado por el jefe del Colegio Militar, Hugo Banzer Suárez, por los ministros de Gobierno, Juan Ayoroa, y de Industria y Comercio, Edmundo Valencia; por el mayor Humberto Cayoja y por el coronel Luis Arce Gómez.

AISLADO

El 4 de octubre fue una jornada de tensas negociaciones mediadas por la Iglesia Católica. El lunes 5, se acordó realizar una votación entre generales, coroneles y oficiales para definir la situación. Por 317 votos contra 40, se determinó que Ovando y Miranda renuncien a sus cargos. Pero, nadie acató la decisión.

En ese contexto, el martes 6 de octubre, los bandos de uniformados protagonizaron una guerra de comunicados, mientras en los cuarteles afilaban sus bayonetas.

El columnista Samuel Mendoza, en su texto Anarquía y caos, subrayó que el general Miranda, confiado en el gran respaldo armado que poseía, quedó aislado en el cuartel de Miraflores. Solo tuvo “una acción externa de apoyo”: un comando de 10 “valerosos” civiles armados “ocupó” radio Progreso para convocar a la ciudadanía a “salir a las calles” y “salvar a Bolivia del comunismo”. “Este grupo debería merecer una condecoración por cierto”, destacó.

En su obra Prensa y país, el periodista Gonzalo Viscarra recordó que todas las llamadas de los periodistas al Estado Mayor mirandista “resultaron infructuosas”.

TRINCHERA

Simultáneamente, Ovando, en el dormitorio de la casa presidencial, a las 6 de la mañana, decidió renunciar a la presidencia, para evitar un derramamiento de sangre. Su dimisión fue redactada y luego difundida por el periodista y ministro de Educación, Mariano Baptista, ante un enjambre de trabajadores de la información.

Minutos después, en el comedor, se entabló una conversación que iba a definir el curso de la historia del país. Jorge Gallardo, en su libro De Torres a Banzer, narró que fue él quien planteó al general Juan José Torres “tomar el control” del cuartel de la calle Sucre o la Base Aérea de El Alto para abrir una “trinchera de combate contra los fascistas”.

Luego de analizar la situación, Torres aceptó el desafío. “Muy bien, ¡iremos a El Alto a combatir! Veamos, ¿a quién más podemos invitar para que nos acompañe?”, afirmó. La audaz determinación no tenía respaldo social concreto.

DIFUSIÓN

Cuando llegó a la sede del Grupo Aéreo de Caza, Torres fue recibido con simpatía. Luego de realizar una emotiva reunión con oficiales y comandantes, la primera decisión que se adoptó fue que “el general se comunicara por teléfono con radio Altiplano para anunciar que asumía el poder provisional de la República”, contó Gallardo.

Ese hecho mediático, de acuerdo con Mendoza, tuvo un gran impacto y afianzó la victoria del “General del Pueblo”. Así, la posesión de un triunvirato militar quedó condenada al fracaso.

Viscarra rememoró que la Base Aérea de El Alto se convirtió en “el baluarte de los revolucionarios”, debido al “mayor flujo noticioso que se generó allí”. Los periodistas se habían sumado a ese proceso.

Fue en esas interrelaciones sociales que la conciencia política de los trabajadores de la prensa dio otro salto.

BLOQUES

En medio de la lucha entre jefes castrenses, la Central Obrera Boliviana entró en combate. El matutino Presenciainformó que, el 6 de octubre, en un “ampliado de emergencia”, los trabajadores crearon el Comando Político de la Clase Trabajadora y decretaron un paro nacional indefinido con bloqueo de caminos. La radical medida de presión consolidó el proyecto de Torres, quien, el miércoles 7 de octubre, juró como Presidente, ante miles de manifestantes que demandaban medidas revolucionarias. 

Brigadas de obreros y universitarios, de forma paralela, ocuparon las instalaciones de El Diario, Hoyy Los Tiempos, acusados de ser medios “antinacionales”.

En esa perspectiva, el periodista y sociólogo René Zavaleta, en su texto El poder dual, explicó que la contradicción principal no era entre Torres y Miranda. En realidad, la batalla fundamental fue entre dos bloques históricos: el Ejército, reorganizado por el Pentágono de los Estados Unidos, y la clase obrera, que anhelaba forjar el socialismo. “Por eso se decía que Torres era el resultado del empate entre el Ejército y la clase obrera”.

FASCISMO

Esa pugna principal reveló su antagonismo con una “masacre” en Oruro, donde cerca de 30 personas murieron a bala y más de 100 quedaron heridas.

Según Presencia, el Comité Revolucionario de Oruro acusó a los jefes de la Segunda División de disparar contra el pueblo en defensa del “fascismo”. Empero, los aludidos emitieron otra versión: ante el uso de “armas de fuego” y “dinamita”, a los soldados no les quedó otra que responder; “(…) algunas radioemisoras, que habían comenzado sus transmisiones azuzando al pueblo contra el Ejército, empezaron a recapacitar al ver el excesivo número de muertos y heridos”.

Después de ese episodio, la situación había quedado clara para el movimiento obrero y popular. La lucha contra el Ejército, igual que en 1952, se iba a definir de manera armada. Y esa fue la razón para que, a lo largo de 10 meses, los trabajadores le exijan “armas” al gobierno de Torres para acabar con el “fascismo”.

(*) Este trabajo es parte de un avance de investigación.

(**) Miguel Pinto Parabá es periodista

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Hay nueve procesos por la vía ordinaria por los hechos de 2019

En al menos dos se pedirá incluir a Jeanine Áñez como denunciada por la vía penal ordinaria. 

Propondrán incluir a Jeanine Áñez en al menos tres futuros juicios ordinarios: casos EBA y Sacaba y Senkata

Por Iván Bustillos

/ 26 de junio de 2022 / 16:39

Raza Política

Hasta la fecha, a dos años y siete meses de la crisis política de noviembre de 2019, el Ministerio Público lleva adelante nueve procesos judiciales por la vía ordinaria de la Justicia relacionados con delitos cometidos durante dicha crisis, según la sistematización elaborada por el Ministerio de Justicia. Como es de conocimiento general, uno, el caso Golpe de Estado II, ya llegó a la sentencia en primera instancia, consistiendo este momento (26 de junio) la fase de apelación. Más o menos avanzados, los restantes ocho están en diferentes etapas de la fase preparatoria, previa a la imputación formal, que es cuando la Fiscalía concluye la sustanciación del caso. No será de extrañar, adelantan fuentes del Ministerio Público, que entre julio y agosto ocurran las imputaciones y, con ello, se instalen los “juicios públicos, orales y contradictorios”, como se suele designar a esta instancia judicial.

Los nueve procesos penales ordinarios que impulsa la Fiscalía son: 1) la muerte de un ciudadano en el barrio El Pedregal de la zona Sur de la ciudad de La Paz; 2) la masacre en la zona alteña de Senkata; 3) la masacre en el puente Huayllani, en Sacaba; 4) la aplicación de tortura a los detenidos por el régimen transitorio de Jeanine Áñez; 5) la designación contra la norma que hizo la expresidenta Áñez de una estudiante universitaria como gerente ejecutiva de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA); 6) la introducción y distribución irregular de munición antidisturbios proveniente de Argentina; 7) el “préstamo” irregular de munición antidisturbios de la Policía ecuatoriana el 15 de noviembre de 2019; 8) el caso Golpe de Estado I, con la acusación por terrorismo, en el sentido de derrocamiento de un gobierno constitucionalmente establecido; y, 9) el caso Golpe de Estado II, el más avanzado, pues ya se llegó a la sentencia en primera instancia, estando a la fecha en la fase de apelación por ambas partes.

Los casos de mayor expectativa sin duda son los de las masacres de Sacaba y Senkata, de las que quedaron 20 personas asesinadas. En entrevista concedida a Animal Político, el ministro de Justicia, Iván Lima, explica que en ambos casos “ya se está para acusación; ahí están denunciados militares, policías y ministros, los que han actuado directamente” en la represión, incluidos los tres ministros Luis Fernando López, de Defensa; Arturo Murillo, de Gobierno, y Víctor Hugo Zamora, de Hidrocarburos. Son casos “con el proceso concluido”, hechas “todas las actuaciones” y ya presentadas las pruebas recolectadas hasta ahora.

Es en estos dos casos penales ordinarios que las partes impulsoras plantearán la ampliación de la denuncia hacia la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y su gabinete, por la firma y aplicación del Decreto 4078, que libraba de responsabilidad penal a los militares cuando éstos efectuaran labores de represión de movilizaciones sociales. Aquí lo que toca, insiste el ministro Lima, es que una vez presentada la denuncia contra Áñez, será la Fiscalía la que debe decidir si acepta o no incluirla en ambos casos.

En la provisión irregular de munición antidisturbios proveniente de Argentina y Ecuador en que incurrió el gobierno de Áñez, hay razones específicas para haberlos planteado por la vía ordinaria: “¿Por qué estamos siguiendo estos casos en la vía ordinaria? En el caso de Argentina, porque la aeronave (que traía la munición) llega el 13 de noviembre, pero se autoriza su ingreso antes de que Áñez asuma (la presidencia), el 12 de noviembre, o sea, la autorización de ingreso de la nave es cuando ella era todavía senadora”.

En el caso del material bélico proveniente de Ecuador, si bien ocurrió cuando Áñez ya era gobierno, de todas maneras “se trata de tráfico de armas, por lo que en opinión nuestra (del Gobierno, esta causa) también tiene que ir por la vía ordinaria”.

En el caso de los procesos Golpe de Estado I y II, la vía ordinaria se justifica, reiteró Lima, porque ambas causas tratan de los momentos previos a la toma de la presidencia por Áñez, cuando ésta aún era senadora.

Cuando se pregunta al ministro ¿de qué finalmente depende que Áñez sea incluida en estos procesos penales vía ordinaria?, el abogado en primer lugar insiste en que la posición del Gobierno es que “éste es un tema de la Justicia, no es un tema de los políticos”; el que los casos vayan por la vía ordinaria o por el juicio de responsabilidades, es una decisión que tomarán los jueces en medio del proceso.

Y esto vale tanto si la Fiscalía presenta el caso a un juez de ámbito ordinario como si lo hace ante la Asamblea Legislativa, para un juicio de responsabilidades: “Cuando, por ejemplo, el fiscal presente la acusación contra Áñez, sea en la vía ordinaria o en la de juicio de responsabilidades, la defensa de Áñez dirá que no está de acuerdo, ‘pienso que este tribunal es incompetente, yo no debo ser juzgada por un juez de El Alto o de Cochabamba (la vía ordinaria); a mí me debe juzgar el Tribunal Supremo de Justicia (juicio de responsabilidades, de privilegio)’. Este es el momento en el que la Justicia va a tomar una decisión”, una decisión que en última instancia llegará al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Esto, que parece teoría, que algún rato pasará, en realidad ya está sucediendo en el caso EBA. Como ilustra el propio Lima: “Una juez, la juez Claudia Castro, que dijo ‘esto es vía ordinaria, voy a juzgar a Áñez por haber firmado la Resolución 26319 y haber designado a su prima como directora ejecutiva’; Áñez apela y la apelación le da la razón, la Sala Penal Cuarta del vocal Orlando Rojas dice ‘no, acá corresponde que esto vaya por juicio de responsabilidades, no un juicio ordinario, y remite el tema a la Fiscalía General para que ésta siga el proceso en la vía del juicio de privilegio. Pero el Fiscal General, que no está de acuerdo con el vocal, presenta un recurso de amparo constitucional, que actualmente está radicado en la Sala Constitucional Segunda de La Paz; y será esta Sala la que decidirá si se va por la vía ordinaria o por la del juicio de responsabilidades, y eventualmente esa decisión de primera instancia será objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual aún podrá o confirmar o revocar lo que diga la Sala Constitucional Segunda de La Paz sobre este conflicto de competencias”.

Ahora, lo que diga el TCP sobre el caso EBA, si vía ordinaria o vía responsabilidades, sienta jurisprudencia; para el caso, “arrastrará” a todos los procesos con similar planteamiento, de aquí su importancia.

En lo relativo a la “injerencia” en la Justicia en que incurriría el Ministerio de Justicia, ésta se ha probado, según la oposición, en el hecho de que el ministro Lima “sabe de una decisión de los jueces antes de que ésta llegue a los oídos de las partes”. A esto, Lima asegura que en realidad si sabe algo es porque la entidad que patrocina legalmente a las víctimas de las masacres (y a pedido de ellas) es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), instancia bajo tuición del Ministerio; tal como está también el Sepdep, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que ahora está patrocinando y presentando la defensa de Kaliman y Calderón.

Los únicos procesos en que el Ministerio de Justicia es parte, dice, es en las cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidad que presentó contra Áñez y que hoy día está en la Asamblea Legislativa: los casos Fundempresa, crédito del FMI, decreto contra la libertad de expresión y las masacres de Sacaba y Senkata.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Masas insurrectas

Las clases subalternas aprendieron que solo la unidad en la resistencia y en el voto permitió continuar el Proceso.

/ 26 de junio de 2022 / 16:38

DIBUJO LIBRE

Existen momentos en los que las organizaciones sociales de las clases subalternas se transforman en movimientos sociales y éstos en multitud, en masas insurrectas que definen el curso genuino de lo nacional popular.

Para no remontarnos muy atrás, esto ocurrió en el derrocamiento de la “democracia pactada” (1985-2005), que comienza con la “guerra del agua” (2000) y termina con la “fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada” (2003).

Inmediatamente después, esas masas sintetizan sus demandas patrióticas y de justicia social en la “Agenda de octubre” y, particularmente, en la elección general con el voto por el partido político más cercano a sus reivindicaciones (18 de diciembre de 2005).

En realidad, el Proceso de Cambio comienza con la tercera nacionalización de los hidrocarburos (mayo de 2006) y se consolida recién con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (enero de 2009).

Con la experiencia de la elección de 2005, las masas insurrectas ratifican que la actuación en bloque garantiza la continuidad del Proceso por vía del voto y eligen con un mayor porcentaje que en la anterior elección al binomio Evo Morales-Álvaro García (diciembre de 2009).

Independientemente de los largos y complejos procesos y refiriéndonos solo a los eventos, el MAS vuelve a ganar en la elección general de octubre de 2014; sin embargo, inoportunamente se realiza el referéndum constitucional de febrero de 2016. La victoria del No, por una cabeza, constituirá hasta el día de hoy la base del bloque opositor al Proceso de Cambio, en un espectro que abarca los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, las plataformas del 21-F, Colegio Médico de La Paz, maestros urbanos, el “Conade”, los grupos irregulares de la “Resistencia Juvenil Cochala” y la “Unión Juvenil Cruceñista”, todos ellos más tarde representados por Creemos, Comunidad Ciudadana y, en general, por la clase media profesional desplazada de su poder de influencia por más de una década.

No es motivo de estas notas analizar el golpe de Estado de 2019, inicialmente planteado al estilo del de 1971, con el cierre del Parlamento, la vuelta al Estado republicano y la hegemonía de las Fuerzas Armadas. El 12 de noviembre de 2019 se autoproclama Jeanine Áñez y reconoce lo que queda del Parlamento. Lo que sigue durante los 11 meses posteriores es una acción sistemática de desmontar todo lo construido en 13 años con el “Modelo económico, social, comunitario y productivo”.

Siguiendo con los eventos populares se destaca, por último, el bloqueo de caminos dirigido por la Central Obrera Boliviana (del 3 al 14 de agosto de 2020), que impone que la elección se llevaría a cabo impostergablemente el 18 de octubre de 2020.

Contra el pronóstico de propios y extraños, mediando disputas de liderazgos, otra vez el MAS-IPSP gana la elección del 18 de octubre de 2020 con el binomio Luis Arce-David Choquehuanca, esta vez sin los 2/3 en el Parlamento.

Este escueto repaso de los eventos de participación de las masas populares demuestra que éstas, en su unidad y conjunto, pueden pasar de la resistencia a la acción, del bloqueo al voto y del voto al bloqueo, con el fin de defender el Proceso.

Mas allá de las contradicciones de los partidos y la política misma, en ultima instancia, son las masas las que eligen a los líderes y los partidos, y no a la inversa.

Prevalece en los sectores de las clases subalternas una conciencia nacional de desarrollo estatal endógeno y de justicia social, grabado en la memoria larga y corta. La centralidad obrera del pasado ha dado lugar a un empoderamiento de las masas populares corporativo-patriótico que se impone sobre los intereses sectoriales y partidarios.

En este largo Proceso (2005-actualidad), la oposición ejercitó todas las tácticas: el referéndum revocatorio en agosto de 2008, el referéndum constitucional de febrero de 2016, el desprestigio y boicot antes, durante y después de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, siguió con la narrativa de la segunda vuelta, para rematar con la autoproclamación de Jeanine Áñez (12 de noviembre de 2019).

Por su parte, las clases subalternas aprendieron que solo la unidad en la resistencia como en el voto permitieron y permiten la continuidad del Proceso; es más, las masas insurrectas saben que independientemente de las contradicciones coyunturales internas del MAS-IPSP, no se puede avanzar retrocediendo; para existir, es necesario profundizar el proceso nacional popular continuamente y, a la hora de las nuevas elecciones se debe ganar con 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

 (*)Danilo Paz B. es sociólogo, investigador del CESU-UMSS

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El MAS ya no baila solo al ritmo de EVO

Parte de una provocativa reseña sobre el actual gobierno del MAS publicada por el periodista boliviano en Nueva Sociedad.

/ 26 de junio de 2022 / 16:37

DIBUJO LIBRE

Tras haber retornado al país en olor de multitudes, en noviembre de 2020, Evo Morales se puso a la tarea de recuperar su centralidad. Con grandes resistencias, nunca antes vistas, definió las listas de los candidatos a alcaldías y gobernaciones para las elecciones de marzo de 2021. Ajustó cuentas con los caudillos regionales más díscolos: ahuyentó a la popular Eva Copa, expresidenta del Senado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante el gobierno de Jeanine Áñez, y la empujó a postular a la Alcaldía de El Alto por otro partido (aun así, Copa arrasó en las elecciones), y hace poco expulsó del MAS a Rolando Cuéllar, dirigente del Bloque Oriente en la normalmente adversa región de Santa Cruz, porque no cesaba de antagonizar con él. Sin embargo, Morales no ha podido recuperar todas las posiciones y prerrogativas que tenía en el pasado por el sencillo hecho de la victoria del MAS en las elecciones de octubre de 2020, que si bien él necesitaba desesperadamente para que dejaran de perseguirlo y poder volver al país, entregó al mismo tiempo el poder más significativo de un país presidencialista como Bolivia, el Poder Ejecutivo, a dos personas que no eran él —y una de ellas, declarada adversaria suya—.

Por otra parte, el atractivo electoral y político de Morales ya no es el mismo; ha quedado “desportillado” por los años de ejercicio casi absoluto del poder, las acusaciones de todo tipo que la oposición ha hecho en su contra y, sobre todo, por su obstinación en ocupar el sitial más alto de la política nacional sin límite de tiempo. Aparece en las encuestas con una menor popularidad e intención de voto que Arce y solo algo mejor que los dirigentes opositores.

Este hecho, la imposibilidad de que el poder vuelva completamente a sus manos, es la causa principal de las fisuras en el MAS. El expresidente ya ha dejado ver, sin embargo, que pretende volver al poder en 2025. Choquehuanca sabe que esta posibilidad sellaría su ocaso político, así que trabaja en contra de ella y trata de acumular fuerzas propias. Arce, por su parte, procura guardar un equilibrio entre los contendientes, ya que los necesita a ambos para que su gestión sea exitosa: una rebelión de Choquehuanca o un ataque frontal de Morales contra su gobierno, que todavía tiene más de tres años por delante, serían muy complicados para el Presidente. La oposición tendría entonces una oportunidad de oro para debilitarlo o algo peor: desplazarlo del poder, lo que no ha logrado hacer, por la vía electoral, desde 2005. A la inversa, malquistarse con Arce mientras éste sea Presidente significaría para los otros dos dirigentes dejar de participar, así sea parcialmente, en el gobierno, algo que prefieren diferir hasta el momento decisivo, que todavía no ha llegado.

La investidura presidencial ha convertido a Arce, si se quiere automáticamente, en un caudillo. Las organizaciones y bloques del MAS lo requieren para obtener empleos en el gobierno, que son el principal objeto de deseo de los políticos bolivianos (no solo del MAS: en estos meses se ha descubierto, de hecho, una enorme red de tráfico de puestos públicos en la alcaldía más grande del país, la de Santa Cruz de la Sierra, que nunca ha sido conducida por ese partido). Arce se acostumbró a “negar a Evo” en la campaña electoral, cuando los expertos del marketing político le pidieron no hablar de él. Tampoco lo mencionó en el discurso de aceptación de su cargo ante el Parlamento. Luego del retorno de Morales al país, comenzó a encontrarse con él, pero aclarando que los asuntos gubernamentales serían de su exclusiva responsabilidad. No incorporó a su equipo a los miembros del antiguo entorno evista, ni siquiera tras bambalinas. No obedeció la solicitud pública de Morales de cambiar algunos ministros. No ha despedido a los funcionarios choquehuanquistas que, contrastando con el talante calculador de su jefe, han atacado públicamente a Morales. Se sabe que el mandatario se molestó cuando el expresidente y jefe del MAS organizó la Marcha por la Patria, una caminata multitudinaria y épica para defender a su gobierno de los ataques de la oposición, pero que claramente significaba un despliegue de la fuerza social de Morales. Hasta ahora ha respaldado al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pese a que éste despertó la furia de Morales y de los cocaleros por supuestamente seguir la “agenda de la DEA” (Drug Enforcement Administration, agencia antidrogas de Estados Unidos), cuando hizo detener en enero de este año a un exjefe antidroga del último gobierno de Morales, influido por una investigación previa de esta agencia estadounidense que lo había vinculado a una red de protección al narcotráfico. Castillo también criticó a los dirigentes que supuestamente se benefician de los permisos de producción de coca.

Todos estos hechos públicos, y lo que se puede saber de lo que se habla en los círculos íntimos del Gobierno, indican que Arce desea proyectar su gestión —para apuntalar la cual, repetimos, hoy requiere de Choquehuanca y de Morales— más allá de 2025, aunque en un comienzo dijo que no lo haría. Hasta ahora ha logrado estabilizar el país tras la enorme crisis que causaron la pandemia y la irrupción del gobierno de Áñez (que hoy nadie en la política boliviana defiende), pero no mucho más que eso. En público, Morales alaba la gestión de Arce, pero en conversaciones privadas la considera ineficaz; de ahí su demanda de cambio de ministros, que, como acabamos de ver, el Presidente desestimó.

A esto se refería Álvaro García Linera cuando identificaba “una separación entre el liderazgo político y estatal, que recae en Arce y Choquehuanca, y el liderazgo social, que representa Morales, como algo nuevo que podría manifestarse en candidaturas separadas”. “Teóricamente —prosigue el exvicepresidente—, tienen la posibilidad de plantear su candidatura en 2025 y tienen todo el derecho a hacerlo; lo que pasa es que no sabemos cuál será la posición de ellos (Arce y Choquehuanca) en términos de las elecciones, si serán candidatos dentro del MAS o no lo serán”. (Gabriel Romano: “García Linera advierte sobre una ‘fragmentación popular’ en el MAS para 2025”, Agencia Efe, 6/3/2022).

UN FUTURO INCIERTO.

En suma, “las tendencias centrífugas (dentro del MAS) son grandes”. (Entrevista de Gabriel Romano) ¿Existirá el “algoritmo” que busca el excopiloto de Morales para lograr que las diversas facciones del MAS sigan actuando dentro de un mismo marco organizativo? Quién sabe. Si tuviéramos que apostar basados en la historia política de Bolivia, y en concreto, de la izquierda boliviana, que siempre ha sido cismática, tendríamos que responder que no. Pero el MAS ya ha sorprendido muchas veces rompiendo las formas tradicionales de pensar y obrar en la política nacional. A ninguno de sus militantes se le escapa que su división daría una ventaja enorme a la oposición, que aprovecharía para tratar de vencer y luego destruir al partido izquierdista, como ya ocurriera tras el derrocamiento de Morales a fines de 2019. Y el instinto de supervivencia, sumado al deseo de seguir en el poder, pueden lograr finalmente lo que hoy parece imposible.

(*) Fragmento del artículo ‘El MAS boliviano ya no baila solo al ritmo de Evo’, por Fernando Molina, publicado en la revista en papel Nueva Sociedad 299. Progresismos latinoamericanos: segundo tiempo, junio-julio 2022, de reciente publicación.

(*)Fernando Molina es periodista y escritor

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Vivir para vivirla

La ‘política del amor’ y el ‘vivir sabroso’, dos conceptos del ganador Pacto Histórico colombiano.

/ 26 de junio de 2022 / 16:37

SALA DE PRENSA

El título de este artículo hace un parangón con Vivir para contarla, esa majestuosa novela de García Márquez en la que expresa que la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y el proceso que define la victoria del Pacto Histórico, encabezado por del líder izquierdista y exguerrillero Gustavo Petro y por la activista ambiental y feminista Francia Márquez, es una de esas historias para recordar y contar por razones que no son solo explicaciones, sino hechos que culminan ciclos y abren otros.

No es uno, son dos, más que dos. Es un liderazgo de dos que hacen una unidad. Petro no habría ganado sin Francia Márquez y Márquez no habría podido ser protagonista de la contienda electoral sin Petro. Gustavo Petro resume las historias de resistencia en los espacios de decisión de las políticas y Márquez es la síntesis de las exigibilidades de los derechos ciudadanos y de la naturaleza, tejiendo país desde los bordes y desde la periferia de los poderes. Petro propone crecimiento económico con justicia social y Márquez pone en agenda el “vivir sabroso”. Es un binomio.

El Pacto Histórico, que es el encuentro entre distintas fuerzas políticas que se unen para impedir el continuismo de la tradicional política que algunos analistas definen señorial, encuentra terreno fértil en una expansiva corriente ciudadana que quiere cambios. Y esta marea ciudadana lo impulsa a atreverse a proponer un procesual y cíclico cambio de paradigma, mirando la vida y los horizontes desde los desplazados de la historia, “los nadies”.

Estudios realizados en la coyuntura electoral establecieron que para 67% de su población las cosas no están bien y aspiran a un cambio en el modelo de crecimiento que se considera agotado. Los resultados de la primera vuelta electoral confirmaron esta tendencia, optando por las dos propuestas disruptivas: 40% vota por el Pacto Histórico y 28% por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Esta tendencia/realidad se expresa también en la desaprobación que 74% de la población manifiesta sobre el gobierno saliente de Iván Duque. Y es una desaprobación de doble connotación.

Por una parte, es un voto castigo a la política tradicional. Y por otra, un cuestionamiento al modelo de desarrollo que se desajusta y provoca una situación de creciente deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de la población.

En efecto, en el marco de la pandemia la pobreza alcanza a 39%, la informalidad 43%, el desempleo se acerca a 20% y la inflación llega a 7,2% provocando un inédito encarecimiento del costo de vida. Las políticas estatales no alcanzan a responder a esta situación de deterioro por la alta sensibilidad que el país tiene en sus relaciones con el fluctuante mercado internacional, al que Colombia se articula por la vía de Tratados de Libre Comercio, que empiezan a mostrar desequilibrios que definen un proceso deficitario en la balanza comercial, especialmente por la caída de los precios internacionales del petróleo y minerales, que representan 63% de sus exportaciones.

Por otra parte, se sienten los costos ambientales de la economía extractivista y se experimenta una situación de alta vulnerabilidad, no solo por la pandemia, sino por el crecimiento de la inseguridad ciudadana y el recrudecimiento de la violencia que ralentiza los alcances del Acuerdo de Paz firmado en 2016, además del fracaso del Plan Colombia.

La vida como política de Estado. El contexto electoral visibiliza un cambio en el clivaje político, que por tradición contrastaba candidaturas con guerrilla, lo que llevaba, por rutina, a una sistemática descalificación de toda fuerza progresista opuesta a la eternización de conservadores y/o liberales en el poder. El nuevo clivaje explicitó claramente la articulación contradictoria entre candidaturas y modelo político y de desarrollo.

La campaña del Pacto Histórico sabe interpretar esta realidad, se emparenta con las aspiraciones ciudadanas de cambio y arriesga su propuesta de transformación, a sabiendas que para buena parte de la población la cualidad de este cambio no es estructural sino básicamente en el tradicional liderazgo político.

Esto se demuestra en la alta votación que logra Rodolfo Hernández con una campaña que se desarrolla en los moldes de la “política pop” y el abuso de tiktoks para fustigar el pasado guerrillero de Petro, condenar la corrupción y estrellarse contra la institucionalidad convencional.

El programa de gobierno del Pacto Histórico “Colombia potencia mundial de la vida” toca campos vitales de la realidad colombiana: la construcción irrenunciable de la paz, el crecimiento económico con justicia social, la justicia ambiental con propuestas de desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la integración regional.

El “ethos” del paradigma propuesto por el Pacto Histórico tiene sus fundamentos en un concepto novedoso: “la política del amor”, que constituye la vía para recorrer los sinuosos caminos institucionalizados por la polarización política, por los efectos de una guerra interna que ya tiene medio siglo, por el miedo que contiene el statu quo, y por la desconfianza innata a sociedades desgarradas en sus factores de unidad. La “política del amor” propone superar los odios de la mano de una identidad nacional que ha sabido labrarse con orgullo y con firmeza en la adversidad de la guerra. Es una identidad hecha en el goce de cada conquista en el presente y de esperanza en un futuro inclusivo, pasito a paso.

Desde los cánones de la polarización se afirmará que el uribismo está intacto y que la derecha no duerme. Y así es. La construcción de la propuesta del Pacto Histórico es contra la historia y las fuerzas que la representan. Es en este ambiente que tiene sentido trascendental la filosofía del “vivir sabroso” que encarna Francia Márquez, recuperándolo de las historias comunitarias de la diáspora de los pueblos afrodescendientes. “Vivir sabroso” es búsqueda de armonía como personas, en sociedad, con la naturaleza y con la vida misma. Se demuestra con la convocatoria a la oposición para compartir la construcción de los cambios, y con la apuesta por una economía plural e incluyente del Estado, del sector empresarial privado y de las comunidades, así como la afirmación de que los cambios se harán en el seno de un capitalismo que tiene que ser transformado con la ampliación de los derechos, enfrentando las causas de la pobreza.

“Política del amor” y “vivir sabroso” tienen su concreción en las características inéditas del “Gobierno de la vida”, que se plantea abandonar el modelo económico basado en la exportación de petróleo y carbón; reemplazarlo por uno de creciente producción agropecuaria, de turismo respetuoso del ambiente físico y cultural, y de una productividad basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología; generar empleo y oportunidades; incluir a las mujeres, al campesinado, a las comunidades étnicas y a la población migrante; asumir de forma decidida la defensa y restauración de nuestros recursos naturales; fortalecer el Estado con responsabilidades en el manejo de los sectores estratégicos; alentar la descentralización desarrollando la capacidad fiscal de los entes territoriales; y, la lucha contra la corrupción.

Es un modelo pensado en construir las bases de una era de paz, medible en realizaciones, como la inversión productiva, el empleo, la reducción de la pobreza, de la inequidad y de la exclusión; garantizando seguridad ciudadana y estabilidad económica y social. Una nueva historia empieza en Colombia, hay que vivirla y contarla.

 (*)Adalid Contreras B. es sociólogo y comunicólogo

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Año y medio y el mas no supera el ‘Evo-centro’

Fácil de decir, complejo de cumplir: lo que el MAS necesita es saber coordinar entre sus cuatro ejes. 

Conferencia de prensa del Pacto de Unidad, tras una reunión con el presidente Luis Arce. Decisivo apoyo al Gobierno.

Por Iván Bustillos

/ 19 de junio de 2022 / 15:53

El punto sobre la i

A más de año y medio del gobierno del presidente Luis Arce Catacora, el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) todavía no logra desarrollarse sin Evo Morales como centro, afirman analistas consultados. El problema de fondo, además, dicen, no es tanto las actuales disputas dirigenciales, sino el debilitamiento de las organizaciones sociales mismas del Pacto de Unidad.

De entrada, hay que apuntar la naturaleza del MAS como partido, coinciden los estudiosos: su fundamento y sostén son las organizaciones sociales, especialmente las que conforman el Pacto de Unidad:

“Nada funciona sin el Pacto de Unidad, (porque) es la base de legitimidad”, remarca el sociólogo político Fernando Mayorga.

“El MAS es instrumento de las organizaciones sociales; los lineamientos tienen que partir de ellas”, asegura por su parte el exministro y exdirigente minero José Pimentel.

“El MAS es un partido que en su origen ha sido sostenido por organizaciones sindicales, es un ensamblaje entre partido y sindicato; esto explica la irradiación geográfica del MAS a nivel nacional, a través del copamiento de los sindicatos”, destaca la socióloga política María Teresa Zegada.

Para Mayorga, el MAS-IPSP y el gobierno de Luis Arce aún “están buscando un nuevo modelo de toma de decisiones, que reemplace o sustituya al modelo decisorio que durante los tres gobiernos de Evo Morales tenía un claro esquema concentrado en la figura del Presidente del Estado, que era además, presidente del MAS y del Conalcam. Hoy día no hay esa condensación de autoridad en una sola figura, y el MAS hasta ahora no ha logrado definir un esquema de toma de decisiones que debería tener necesariamente un carácter de coalición”.

COMPONENTES.

Pese a las reuniones que hubo o se intentó, no se llega a la coordinación de los cuatro componentes del MAS: el Órgano Ejecutivo, la bancada parlamentaria, la Dirección Nacional del partido y el Pacto de Unidad, asegura Mayorga.

Y es que la toma de decisión se ha dispersado, ya son varios los que deciden: se ha pasado del momento de Evo como centro, como el que concentraba las grandes decisiones, la autoridad, hacia la “mayor diversidad de espacios decisivos”.

El MAS tiene que “encontrar una fórmula que sea una suerte de coalición, un acuerdo entre distintos actores, obviamente con el protagonismo del Presidente del Estado”, apunta.

Llegados a este punto, Mayorga insiste en que la falta de coordinación es una de las falencias estructurales del MAS hoy. Éste es el problema de fondo, y no tanto el intercambio de ataques entre los actuales liderazgos Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca, destaca. Así, todas las reuniones que se hagan (como la de este lunes entre el Presidente y los cocaleros del Chapare más Evo Morales, o la del miércoles 22, el ampliado del MAS para evaluar la gestión del gobierno de Arce) solo serán intentos parciales de cambio si es que no encaran la fórmula de esta coordinación.

“Ninguna de éstas (reuniones o iniciativas) va a resolver los problemas y conflictos internos mientras no haya esta definición más estructural”.

Por su parte, el exdirigente obrero José Pimentel, remarca que la presente “crisis interna” no es otra cosa que “los movimientos sociales no han logrado rearticularse y acomodarse en el nuevo escenario político”.

Revisando las resoluciones de reuniones de las Bartolinas (Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa) o de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), lo que se ve es que “no hay planteamientos concretos para profundizar el proceso de cambio; (las conclusiones) más son de problemas de coyuntura, de espacios. Eso debilita que el proceso de cambio tenga un derrotero muy claro”.

PODER.

Pimentel añade aún el criterio referido al poder. “Para todos está claro quién es el enemigo, pero no hay unas propuestas que vayan a atacar al poder, al enemigo, que, para mí, en este momento es la agroindustria y la minería privada. Si no peleamos con ellos, nos vamos a encerrar en unas luchas internas, porque lo que nos une es el enemigo común”.

No hay una “unidad y coherencia en la política porque no hay claridad en lo que se tiene que hacer; por ejemplo, los asalariados han perdido el rumbo en cuanto a lo que debería ser la defensa de la empresa estatal como eje de la economía nacional y, por otro lado, los cooperativistas muy de sus propios intereses dan paso a que la gran minería esté controlando (el sector) a través de las comercializadoras. Son estos problemas que no se discuten”, ejemplifica Pimentel el problema.

Pese a los cada vez más acalorados intercambios de dardos entre los actuales líderes, para el exdirigente minero, “son más posiciones personales, que no desvirtúan el proceso de cambio, pero lo debilitan. Yo creo que esto se va superar cuando se plantee la profundización del proceso de cambio, afectando los intereses de la oligarquía minera y latifundista”, sentencia Pimentel.

Desde la perspectiva de análisis más de la relación entre Evo Morales y las organizaciones, la socióloga política María Teresa Zegada hace notar que el Pacto de Unidad de hoy es distinto al Pacto de antes de la Constituyente (2006-2008), el cual era “una alianza de consensos” que elaboró una propuesta de Constitución a la que se sumaron varias organizaciones, propuesta que “trazó la agenda de la Asamblea Constituyente”.

En cambio, afirma, el Pacto de hoy, porque ha ido perdiendo organizaciones, “se ha reducido a las ‘trillizas’, CSUTCB, Bartolinas e Interculturales (entre los que están los cocaleros), aunque no es desdeñable su poder.

Evo Morales se ha “anclado” en las “trillizas” y, al menos las dirigencias, “responden en mucho al liderazgo de Morales, y no de último, sino a lo largo de todos estos años; ellas han sostenido a Evo Morales”.

COLISIÓN.

El punto es que este carácter “reducido” del Pacto de Unidad ha generado como una tensión muy fuerte, a momentos se la ve casi como una colisión entre el partido de Morales y el gobierno al mando de Arce Catacora”. Esta suerte de distanciamiento genera, por ejemplo, que estas organizaciones exijan rendición de cuentas en el lugar en que ellos habitan, o pidan la sustitución de ministros.

En tal ambiente enrarecido, un hecho por demás llamativo es que Evo Morales, el líder histórico, se ha convertido en una suerte de manzana de la discordia: hay quienes le cuestionan y dicen que su ciclo ha terminado, y quienes le apoyan y, con esto, cuestionan al gobierno de Arce. “Esto está generando una debilidad en el MAS”.

Ahora, ya bajando a las organizaciones sociales que apoyan a Morales, éstas no dejan de tener sus problemas. La Central Obrera Boliviana (COB), por ejemplo, con la “actitud ambivalente” del actual secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, es una organización “que está en crisis hace muchos años”, con muchas voces en contra de Huarachi, “pero él tiene el poder porque está alineado con el partido de gobierno”; ahora, su posición es tan ambivalente como la de antes en relación a Evo Morales y el gobierno de Arce; esto está debilitando el accionar y la imagen de la COB, “pero está respaldado por el poder, sea político de Evo Morales, sea el gubernamental de Arce”.

En el caso de la CSUTCB, Zegada hace notar cómo en la federación paceña, esencialmente aymara, “no siempre han estado alineados con el MAS; ellos se movían de manera mucho más orgánica con Felipe Quispe el Mallku”, y he aquí lo significativo de esta tendencia comunitarista aymara: “La presencia de Choquehuanca alienta a este sector a cobrar más fuerza y se convierte en un factor de presión al interior de las organizaciones del MAS”.

No es para menospreciar las actuales “pulsetas” entre Evo Morales y el Gobierno de Arce, advierte la socióloga. “Nos van a mostrar el estado de cohesión que tiene el Instrumento Político hoy día, el poder que tiene Evo Morales entre las organizaciones sindicales y en relación con el gobierno de Arce”. Va a ser muy revelador de la correlación de fuerzas dentro del MAS, afirma Zegada: “Se va a ver realmente quién dobla la mano a quién”.

Un ejemplo de la pulseta sin duda es el caso del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Evo lo tiene entre ceja y ceja desde principios de año y de varias formas a insinuado su destitución. Pero, “por lo menos hasta ahora, ha sido muy contundente la decisión del presidente Arce de no ceder a estas presiones”.

Con todo, los escenarios que se vienen van a mostrar la capacidad “de presión y de fuerza, de poder, que tienen los cocaleros alrededor de Morales, en relación del resto del MAS, que es mucho más amplio que solamente los cocaleros”, sentenció Zegada.

Dos reuniones que definirán el rumbo del MAS

En esta semana coincidieron dos reuniones verdaderamente capitales: la de mañana, lunes 20 de junio, convocada por el presidente Luis Arce Catacora; y, la del miércoles 22, el ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En el primer caso, se trata de la respuesta que dio el Presidente a las organizaciones del MAS del Chapare cochabambino, las cuales piden la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que cuestionan el quehacer de dicho ministerio.

Cuando la exigencia de los cocaleros del Chapare era que el Presidente vaya al trópico de Cochabamba a responder en asamblea a los cuestionamientos de las organizaciones, más bien cedieron y cocaleros encabezados por Morales asistirán a la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

La segunda es el ampliado extraordinario del MAS en Sacaba, Cochabamba. “Hemos convocado de emergencia para hacer una evaluación de la gestión de nuestro gobierno, y también un análisis político de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, de lo que viene sucediendo dentro de nuestro propio gobierno”, señaló Gerardo García, vicepresidente del MAS.

El punto es que no asistirá nadie del Gobierno, el evaluado; no corresponde, dijo García; será un análisis externo que hará la “dirigencia política” del partido: el Pacto de Unidad y la Dirección Nacional del MAS.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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