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Es José Julián Martí Pérez, ese político cubano, abogado, filósofo y literato quien grafica de forma plena lo que busco escribir: “Los pueblos, como los hombres, no se curan del mal que les roe el hueso con mejunjes de última hora, ni con parches que les muden el color de la piel. A la sangre hay que ir, para que se cure la llaga. O se mete la mano en lo verdadero, y se le quema el hueso al mal, o es la cura impotente, que apenas remienda el dolor de un día, y luego deja suelta la desesperación […]. Hombre es el que le sale al frente al problema, y no deja que otros le ganen el suelo en que ha de vivir y la libertad de que ha de aprovechar. Hombre es quien estudia las raíces de las cosas. Lo otro es rebaño […]. De nuestras esperanzas, de nuestros métodos, de nuestros compromisos, de nuestros propósitos, de eso, como del plan de las batallas, se habla después de haberlas dado”. Ahí está entonces lo importante, en el abordar sin ambages aquello que amenaza con apagar al más importante proceso popular de construcción de igualdades societales de la historia boliviana, después de todo, aquello que no se conceptualiza, no se categoriza, tampoco existe y menos se comprende.

Los estudiantes, siempre los estudiantes y los jóvenes, con su agudeza natural, le preguntaban a Jean Paul Sartre, cuando el calendario marcaba el año 1960, si era posible ¿una revolución sin ideología? La respuesta no dejó de sorprender por su determinación y claridad: “¿Socialismo? ¿Economía Liberal? una Revolución debe saber a dónde va”. Entonces, recuperada la democracia ante el golpe de Estado que había paralizado el Proceso de Cambio, era importante disipar si se redefinían, anticipadamente, los contenidos ideológicos del tiempo reconstituido o, si de manera contraria, era prudente esperar que los sucesos siguientes y venideros detallen su nueva dimensión. Pero si ambos elementos y condiciones vivieron indeterminados, confusos y abstractos, la posibilidad de derechizar las prácticas y las formas del proceso político y social se podría decir que era inevitable. La derechización no es una cuestión discursiva, pues desde la sola palabra se es un día revolucionario y otro libertario. La complejidad está en la consecuencia del pensamiento anclado a una línea conductual que configura la filosofía política de cada actividad humana, de cada actor político.

¿Cuánto es el tiempo de solidez y resistencia en el que puede extenderse un proceso revolucionario? o ¿cuánto podría perdurar el Proceso de Cambio sin transformarse en un hecho burocratizado y signado por las luchas de poder que lo desnortan y lo exponen a una derechización sin punto de retorno? Las revoluciones, los adelantos del progresismo y los procesos de transformación profunda no son únicamente el frenesí y el idilio de un tiempo a veces breve, pues sigue a ello el otro tiempo, el de la radicalidad, del hacer cara y resistir a las fuerzas contrarrevolucionarias, pero después qué, ¿administrar? ¿gestionar? ¿construir enemigos indefinidamente, o idolatrar unas referencias inveteradas? Si no se construye con consistencia ideológica, son las pulsiones ingobernadas de las ambiciones políticas y los dogmas quienes toman la iniciativa. La ideología es buena en cuanto expresa un sentido de hacia dónde caminar. Una sociedad confrontada desde su primer signo vital, requiere instalar una idea de humanismo posible, de libertad comprometida y aprecio por el otro, para así estructurarse y saberse sujeto mismo de su realidad emancipada.

Hoy, con una asombrosa volatilidad, los hechos están señalando los contenidos del Proceso de Cambio, con prácticas de odio, intolerancia y desprecio entre quienes declamaron desterrar toda forma de hostilidad. El Proceso de Cambio está dejando de ser un proceso y tampoco conlleva ya el cambio. Se empuja el personalismo enfurecido sin comprender lo colectivo de su construcción y acumulación en distintas temporalidades. Se olvida que la construcción del Estado Plurinacional fue una obra coral, el producto de un colectivo, que colocó a Morales en el vértice de la pirámide, pero que se soportaba sobre una base precisamente colectiva. Ese colectivo hoy se enfrenta y desgarra con prácticas que son propias de la derecha más exaltada e intransigente.

El histórico antagonismo con aquellos sectores de hegemonías dominantes se constituyó finalmente en el factor de cohesión que posibilitó la transformación de movimientos sociales a movimiento político, a opción de poder y finalmente, a modelo de poder socio estatal. Derrotado entonces el primer antagonismo en el tiempo del Proceso de Cambio y construcción del Estado Plurinacional, este segundo momento va configurándose como un proceso des-histórico y des-socializado, lo que es igual a decir, separado y apartado de las formas de su conceptualización primigenia y del entorno global actual. Allí, la necesitada unidad histórica que revierta el final de ciclo ha sido relevada por una incomprensible amplificación de la frontera de adversarios internos en la lógica fratricida del “tú” contra “él” dentro del espectro “nosotros”. Es tan totalizante este nuevo antagonismo que la agresión empieza a mostrar sus costuras autoritarias y antidemocráticas. Su intensidad, sin signos visibles de agotamiento, ha desconectado el proceso y las utopías del todo social.

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Steve Bannon, ideólogo de la extrema derecha norteamericana y vinculado con el trumpismo, entusiasta partidario del caos, la confusión y la desinformación, sentencia sin escrúpulos y exquisiteces, que lo importante es “inundar todo de mierda”, contar con un constructo discursivo mediático de anarquía extrema donde lo fundamental e importante convive y se mezcla con lo banal y accesorio, permaneciendo allí por espacios prolongados, siempre en la primera fila del debate público y al lado de lo que es urgente para el Estado. Se quiere una sociedad estresada, ansiosa, molesta, irritada hasta crear un nuevo ecosistema que impida responder por las cuestiones centrales. El caos absoluto con enemigos diarios, antagonismo extremo e ideología vacía y con la vista siempre impertérrita en el proceso electoral del 25.

El ciclo social popular se cierra y agota pues las demandas centrales han dejado de ser estructurales e históricas para ser sucedidas por simples peticiones convencionales. La cuestión movilizadora ya no es la inclusión popular y el reconocimiento de una sociedad civil marginada y periférica, se va construyendo así la lógica corriente del poder político convencional, con prácticas derechizadas que, por supuesto, no tienen esencia transformadora, menos aún, un hálito revolucionario.

En el poco tiempo que resta y con todo destrozándose, Martí de nuevo: “Por ley de historia, un perdón puede ser un error, pero una venganza es siempre una infelicidad. La conciliación es la ventura de los pueblos”.

 (*)Jorge Richter Ramírez es politólogo

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El 14 de abril, Israel Quino Romero publicó un artículo, en el suplemento Animal Político de LA RAZÓN, afirmando que la sustitución de una vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue constitucional. Dedico el presente aporte a refutar esa posición.

El autor de dicha publicación dice que la sustitución “no es inconstitucional (lamentablemente)”, debido a que, según él, se trata del ejercicio “de una prerrogativa constitucional”, que responde únicamente a “la voluntad del dignatario de Estado”. Para sustentar esta afirmación, cita lo que la Constitución (CPE) y la Ley 018 mandan al respecto: que le corresponde al Presidente designar a un/a vocal para el TSE (CPE, arts. 172.21 y 206.III; Ley 018, art. 13.1).

Lo que olvida Quino es que la administración pública se rige por el principio de legalidad (CPE, art. 232). Esto se inventó con el propósito de limitar el ejercicio del poder de los gobernantes. Por eso funciona a la inversa del principio de libertad, ese que dice que “lo que no está prohibido está permitido” (CPE, art. 14.IV). Esto aplica únicamente para los ciudadanos. Por el contrario, para quienes ejercen el poder público, lo que la Constitución y las leyes no habilita está prácticamente prohibido. El presidente Arce lo sabe. Cuando fue ministro de Economía y Finanzas Públicas, esta cartera de gobierno publicó un libro titulado “Principios del Derecho Administrativo” (2013), donde entendió al principio de legalidad en ese sentido: “los ciudadanos y, en general, los sujetos privados, pueden hacer todo aquello que la Ley no les prohíbe, en tanto que la Administración necesita una habilitación legal para adoptar una actuación determinada, es decir, puede hacer únicamente aquello que la Ley le permite” (pág. 3).

Por lo mismo, para que el Presidente pueda destituir vocales electorales designados por él tendría que tener una atribución expresa asignada por la propia CPE. De no ser así, implica que no tiene potestad, sino únicamente para designar. No la tiene no porque se olvidaron establecerla, sino porque los órganos de los gobiernos funcionan bajo el principio de independencia (CPE, art. 12.I). En este marco, si bien extrañamente el Presidente del Estado tiene la prerrogativa de designar a un vocal para el TSE, no la tiene para poder destituirlo. De tenerla, sería una clara permisibilidad de la cooptación política, por lo que el vocal se constituiría prácticamente en un funcionario dependiente del Presidente, y tendría que acatar todas las órdenes de este. De no hacerlo, se lo sustituiría por otro que esté dispuesto a seguir instrucciones políticas. Esta forma, debido a que iría contra la independencia de órganos, sería inconstitucional. Por esta misma razón, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que designa a los demás vocales electorales, no tiene la posibilidad de destituirlos. En la lógica del autor rebatido, quien tiene la atribución de designar tiene automáticamente también la atribución de destituir. Al parecer a eso él le llama prerrogativa. Bajo esa lógica, todos los vocales podrían ser destituidos, ya que también la ALP tendría tal potestad respecto de los que designa. Los vocales designados por el presidente, así como los por la ALP, gozan de “inamovilidad durante todo el período” (Ley 018, art. 20) que es de seis años (CPE, art. 206.II).

Sobre eso, todas las designaciones de vocales electorales hechas por los presidentes desde 2009 son inconstitucionales, por no cumplir con la “convocatoria pública previa, y calificación de capacidad y méritos a través de concurso público”, como manda la CPE (art. 206.IV); al igual que lo son todas las destituciones realizadas por el presidente Arce, recientemente y en 2020. Es más, tales actos son en realidad delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes (Código Penal, art. 153). No obstante, la irregularidad en la designación únicamente afecta a quien designa y no al designado, ya que este último no es el que toma la decisión.

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Finalmente, la forma de destitución es de fábula, pues cometieron errores que se esperarían de un estudiante y no del Gobierno más grande del país, que tiene la capacidad de financiar excelentes asesores jurídicos. Únicamente las normas abstractas se derogan o abrogan, debido a su vigencia permanente. Los actos administrativos (decisiones concretas) —como son las designaciones—, en cambio, dejan de tener vigencia en el momento en que se ejecutan, en el caso de los vocales, al momento de asumir el cargo mediante la posesión. En caso de que se pretenda destituir, corresponde otro acto administrativo: el de destitución. Por eso, en cargos subalternos existe el memorando de nombramiento y el de despido. Por lo mismo, no puede un decreto presidencial destituir a alguien mediante el mecanismo de la abrogación del decreto de designación, porque este ya no se encuentra en vigencia. Eso sería como pretender matar algo ya muerto. En ese entendido, tiene lógica el discurso de la doble designación de vocal electoral por el Presidente para el TSE, ya que la vocal Chuquimia, designada en 2021, en realidad nunca fue destituida.

Por último, la vocal sustituida podría impugnar administrativamente, y solicitar tutela jurisdiccional de su derecho a continuar en el cargo. Si bien es posible que los tribunales ordinarios y el Constitucional, todos hoy políticamente cooptados, podrían no ayudarle y, por el contrario, posiblemente más bien respaldarían las decisiones del Presidente, difícilmente podrían cooptar a los sistemas internacionales de los derechos humanos, por lo que, al final, si bien por los tiempos que tardan los fallos no lograría una restitución en el cargo, obtendría una muy buena indemnización. En su caso, los responsables, como el Presidente y sus asesores, serían sujetos de acciones de repetición para reponer todo el dinero que el Estado boliviano pague para indemnizar. Esto no sólo sería bueno para la afectada, sino también para la independencia del Órgano Electoral: dejaría claro que el Presidente no puede destituir vocales electorales.

(*)Carlos Bellott es constitucionalista

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Vivimos en una época de rápida escalada de conflictos militares «congelados». Ucrania, Palestina, Yemen, Armenia, Sudán: el statu quo parecía inamovible en estos lugares, pero ahora las «líneas rojas» se desmoronan mientras las líneas del frente cobran vida. En pocos días, como consecuencia de la agresión y la ocupación, naciones enteras se ven sumidas en un desastre humanitario y amenazadas con perder su capacidad de acción política. La aparición de nuevas zonas de inestabilidad en el mapa global aumenta las dudas sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que sigue demostrando una constante ineficacia. ¿Es siquiera posible reformar el sistema de seguridad internacional y salvarlo de su colapso final?

Pocos se atreverían hoy a decir que la globalización bajo el estandarte de la hegemonía estadounidense ha sentado las bases para la derrota de las ambiciones imperialistas de las grandes potencias. Por el contrario, intensificó las contradicciones existentes y exacerbó las consecuencias destructivas de las guerras. Cada nueva escalada repercute en todo el mundo desestabilizando los mercados, interrumpiendo las rutas logísticas y provocando oleadas de migraciones masivas, inflación, desvío de recursos a la industria militar y crisis políticas.

En estas circunstancias, los movimientos progresistas y de izquierda se enfrentan a enormes tareas que no guardan proporción con su peso político real. ¿Qué hacer con la ONU? ¿Cómo pueden los oprimidos por este contexto escapar de la trampa de la dependencia moldeada por los intereses de los principales actores geopolíticos? ¿Cómo unificar a la izquierda, dejar de discutir sobre “qué imperialismo es más progresista” y construir un movimiento antiimperialista mundial? Por último, ¿qué podemos hacer para que nuestro mundo deje de estar dominado por “la ley del más fuerte”?

Los participantes en la mesa redonda de la conferencia Feuerbach 11 (noviembre de 2023), dedicada en esta oportunidad al tema general “Diálogos de las periferias”, compartieron sus reflexiones sobre estas cuestiones y sobre los conflictos de nuestro tiempo. Participaron de las discusiones la politóloga palestina Dana El Kurd, la ex-funcionaria de la ONU en Indonesia y Tailandia Chelsea Ngoc Minh Nguyen, el publicista y editor residente en Taiwán Brian Hioe y el antropólogo social ucraniano Volodymyr Artiukh. El debate fue moderado por la historiadora y activista Hanna Perekhoda.

La debilidad de la ONU exige obviamente el desarrollo de alternativas que contribuyan al establecimiento de una paz justa sin imperialismos. Sin embargo, en el camino que conduce a estas alternativas, la izquierda se enfrenta a obstáculos colosales, entre los que destaca su falta de poder político.

Señala Nguyen: En cuanto a la posibilidad de cambios progresistas, creo que los problemas de la izquierda van más allá de la falta de visión. También tienen que ver con la realidad: una realidad en la que es imposible poner en práctica una visión específica a escala internacional. Para lograrlo, se necesita poder político, representación a través de partidos políticos, gobiernos que puedan convertir una visión alternativa en acción.

Sin embargo, dice la antigua funcionaria de la ONU, al entrar en el terreno de la política internacional la izquierda suele caer en la trampa de la Realpolitik: una realidad en la que el destino de cada Estado depende del resultado del enfrentamiento entre bloques imperiales. Muchos militantes de izquierda y funcionarios gubernamentales de los países del Sur global apoyaron a Bashar al-Asad por cínicos cálculos geopolíticos: a saber, que apoyar al dictador sirio socavaría la unipolaridad establecida por EEUU. Por desgracia, dice Nguyen, entre los países del llamado Tercer Mundo no hay líderes verdaderamente progresistas capaces de romper el círculo vicioso de la dependencia. En cuanto a la propia izquierda, se fractura con cada nueva escalada; esto, señala Volodymyr Artiukh, tiene un efecto desastroso en su capacidad para analizar la situación militar a escala global y de forma sistemática. Artiukh lo resume así:

A mi alrededor veo la terrible fragmentación de la izquierda tras cada conflicto. Lo mismo ocurre con la mayoría de los intelectuales a escala mundial, que también están fragmentados, sus opiniones divididas. Estamos perdiendo la oportunidad de ofrecer una visión o incluso un análisis básico de la situación. En lugar de limitarnos a las opiniones personales expresadas por tal o cual individuo, nuestro análisis debería generar nuevos conocimientos. Entre investigadores, profesores y plataformas intelectuales alternativas, observo una escasez de análisis realizados a la escala adecuada.

Al mismo tiempo, añade Dana El Kurd, los regímenes autoritarios muestran una tendencia opuesta: cada vez se consolidan más, cooperan e incorporan la experiencia de los demás.

Otro problema que enfrenta la izquierda es la atomización y la falta de conciencia del público, que dificultan la construcción de la solidaridad internacional entre las víctimas del imperialismo. Así, en Ucrania, señala Artiukh, no hay debate político sobre la guerra de Gaza; el gobierno ucraniano apoya oficialmente a Israel, y el discurso público sigue su ejemplo. Una de las razones radica en cómo ve la sociedad ucraniana la defensa de su país, el lugar de este en el mundo y la dinámica «civilizatoria » en general. Para muchos ucranianos, Israel es un país “civilizado” que lleva décadas defendiéndose del “incivilizado” y “agresivo” mundo árabe.

Desmontar estos estereotipos es una tarea ardua; sin embargo, dada la similitud de las situaciones ucraniana y palestina, los activistas de la sociedad civil, según El Kurd, tienen cierto margen de maniobra.

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En palabras de un diplomático ucraniano –como nos recuerda la historiadora Hanna Perekhoda–, cuanto más invierten los aliados en apoyar a Ucrania, más se convierten los intereses de los aliados en los intereses de Ucrania y los intereses de Ucrania en los intereses de los aliados. Es poco probable que el diplomático en cuestión quisiera decir que los intereses de Ucrania incluyen ahora la construcción de un muro en la frontera con México (una exigencia planteada por algunos republicanos estadounidenses en el Congreso a cambio de desbloquear la ayuda a Ucrania). Las capacidades de la resistencia ucraniana están gravemente limitadas por la dependencia del apoyo de los Estados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan). Debido a que los dirigentes ucranianos sobrestimaron la fuerza de Occidente y su voluntad política de ayudar a Ucrania en el enfrentamiento con Rusia, Ucrania se encuentra actualmente en la trampa de la «guerra posicional» sin una salida clara. No solo Ucrania se enfrenta a una difícil situación geopolítica; los pueblos de Taiwán, Vietnam, Palestina, Armenia y muchos otros Estados se encuentran en la misma situación.

Hay que reconocer que vivimos en el mundo del imperialismo, en el mundo de organizaciones internacionales débiles, y que no podemos cambiarlo en una perspectiva a corto plazo. Para que las alternativas defendidas por las fuerzas de izquierda se hagan realidad, la izquierda necesita, como mínimo, emprender un análisis sistemático de los procesos globales (actualmente inexistente debido a la división entre sus intelectuales) y, en el mejor de los casos, adquirir una agencia política significativa.

Paradójicamente, en el nivel local la izquierda suele comprender los problemas existentes y sabe cómo llamar la atención sobre ellos asegurándose de que los oprimidos reciban representación. Sin embargo, carece de perspicacia y, lo que es más importante, de una infraestructura que le permita sentar las bases de transformaciones antiimperialistas globales. En estas condiciones, con fuerzas alternativas progresistas débiles e impotentes, las esperanzas de que las guerras cesen en un futuro próximo –y no se reanuden más tarde– siguen siendo una fantasía.

Es bueno que discutamos y admitamos nuestra debilidad. Es bueno que nos demos cuenta de que cambiar nuestro mundo requiere esfuerzos gigantescos y monumentales. Pero es necesario empezar a hacer el trabajo y cumplir los compromisos.

(*)Artem Remizovskyi es licenciado en estudios culturales

El punto sobre la i

En los últimos años, Bolivia ha experimentado un complicado proceso político marcado por tensiones y transformaciones profundas. A medida que se acercan las elecciones de 2025, el escenario se complejiza y desde el campo de la disputa por el poder se gatillan discursos y acciones que tensionan al país y dificultan la gestión.

La estatalidad, en su sentido moderno, está definida como el modo de organización política de la sociedad en la que el Estado es el agente principal encargado de construir la representación de la sociedad consciente de sí misma y en armonía consigo misma. Esto es algo que no se está verificando del todo actualmente o, cuando menos, está siendo erosionado a partir de lo que se observa en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hay serias dificultades para legislar, llegando incluso a tener paralizadas leyes que viabilizan créditos, contratos y otros. Más aún, no se cumplió el precepto constitucional de convocar y realizar elecciones judiciales, lo que está derivando en un problema mayúsculo para la institucionalidad del propio Estado plurinacional.

Atrás quedaron los días de querer transformar al país para procurar una mayor democratización e inclusión. Hoy los actores políticos están enfrascados en una lucha corrosiva sin cuartel. Pululan y predominan los discursos polarizadores, incluso dentro del propio oficialismo, dividido entre evistas y arcistas. Las oposiciones no presentan tampoco alternativas e igualmente se dedican a antagonizar. El ánimo por avanzar en los cambios que se plantearon con el Estado plurinacional, actualmente languidece.

Conversamos al respecto con el abogado e investigador social cochabambino, José de la Fuente, y con el politólogo tarijeño, Carlos Saavedra.

“Hay una marcada crisis institucional que deviene de un extravío político y de una mirada excesivamente instrumental del poder como herramienta para forzar la reproducción perpetua del mismo. La institucionalidad está condicionada al fragor de las luchas fratricidas al interior del MAS; pareciera que la profundización en la construcción del Estado Plurinacional está congelada y totalmente condicionada a que se destrabe la disputa interna por el poder”, afirma Saavedra.

De la Fuente sostiene, por su parte, que “la gravedad de esta confluencia de hechos políticos negativos es sin duda enorme y extrema. El proceso político a partir del 2006 se diseñó, desarrolló y ejecutó sobre la base de la hegemonía política del MAS, que ahora está reducida a dos minorías enfrentadas y cuya disputa es el principal factor de la crisis política en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esto ha complejizado la crisis institucional y cuya más grave repercusión está en el Órgano Judicial. Ya estamos en un paréntesis el desarrollo del Estado plurinacional, porque para avanzar es imprescindible un pleno y articulado funcionamiento del conjunto estatal, especialmente porque un Estado plural requiere diversificación y ampliación institucional”.

Abordando la cuestión de la disputa política, sobre todo al interior del oficialismo, y sus consecuencias, el abogado e invesigador considera que “si la política está en crisis, es inmediata su irradiación al sistema político institucional y, en última instancia, al propio funcionamiento de la democracia.

La dimensión de la crisis política que se vive al interior del MAS ha deteriorado o, virtualmente, suprimido el debate democrático como medio de disputa del liderazgo. Lo que vemos a título de disputa política es un concurso penoso, desmedido y grosero de denuncias e insultos que no le hacen bien a nadie y menos a la democracia”.

Añade que “la calidad democrática ha quedado resentida por esta crisis política al interior del MAS y de las organizaciones matrices. No sólo desaparecieron las ideas y las perspectivas encontradas, que son los elementos esenciales para cualquier disputa legítima de poder, lo mismo que para cualquier avenencia o convergencia. Cerrado el camino de las ideas y el debate democrático, solo restan hechos de fuerza, maniobras institucionales u otras acciones de todavía mayor bajeza política”.

El politólogo tarijeño coincide en la mirada crítica y observa que “el escenario político parece mostrarnos una guerra sin cuartel y con munición de alto calibre cuya única finalidad es la consecución del poder. Se ha diluido, por parte de las oposiciones y del oficialismo, un horizonte democrático que cautive a la población, que muestre un rumbo de futuro. La lucha del poder por el poder aleja a la ciudadanía del ejercicio político democrático y abre la posibilidad, aún lejana, pero peligrosa de la aparición de outsiders con posiciones radicales y extremistas como Javier Milei, en Argentina, o Jair Bolsonaro, en Brasil”.

Saavedra prosigue y señala que “el gran mérito que tuvo el MAS-IPSP fue que, por primera vez en la historia, logró construir la cohesión de un gran bloque popular con la participación de pueblos indígenas, campesinos, obreros, profesionales, izquierdas urbanas entre muchos otros. En su momento el liderazgo de Evo Morales fue capaz de abrazar muchos sectores y conquistar electoralmente a las clases medias y a los centros políticos. Hoy Evo se está ‘desevificando’. La intención de forzar nuevamente su candidatura por encima de la voluntad de las organizaciones sociales y de sentencias del TCP marcan un alejamiento de la democracia plural, comunitaria que representó el MAS. Muchas veces los liderazgos revolucionarios y transformadores terminan constituyendo órdenes de represión más duros que aquellos que enfrentaron en su momento”.

Ahora bien, ¿cómo luce el panorama por fuera del oficialismo? Al final de cuentas, las oposiciones también están compitiendo por liderar al país y conducirlo a mejores días, al menos en teoría.

“La democracia y un discurso democratizador destinado a modernizar políticamente la sociedad boliviana nunca fueron un elemento central en la articulación política de la oposición al proceso político iniciado el 2006, porque su principal matriz ideológica política es el banzerismo y, luego del 2003, los saldos discursivos del gonismo, que no asumió la debacle política de una propuesta de transnacionalización de la economía que chocó frontalmente con la realidad del país”, asevera de la Fuente.

“El problema ideológico de esos sectores opositores y de gran parte de la élite intelectual que se opone al proceso del cambio, en muchos casos con fundamentadas observaciones de fondo y expectativas absolutamente contrarias, es que no pueden razonar un modelo de democracia que condiga con la diversidad cultural, territorial y orgánica del mundo campesino, indígena y rural del país. Bolivia es un país que todavía conserva importantes reductos e históricos núcleos étnicos de aimaras, quechuas, guaranís, chiquitanos, etcétera, y territorios que, al mismo tiempo que son provincias o municipios, son entidades colectivas llenas de vida y acción política y cultural en términos de ayllus, comunidades, cabildos, tentas y hoy, también, manchas urbanas y barrios periurbanos que conservan sus identidades de origen”, explica el investigador social.

Continúa y afirma que “hoy, en la difícil coyuntura política que atravesamos, el grueso de las expectativas y sueños de los dispersos grupos opositores pasa por que se termine de producir un desastre político e institucional en las elecciones judiciales; del que no estamos lejos porque la Asamblea Legislativa es un desastre y principal epicentro de la crisis política. Otra muletilla y mantra opositora es la denuncia de una dictadura, aunque, en especial, su principal apuesta es a que el enfrentamiento interno del MAS descarrile el proceso político. De su parte, el aporte a la elaboración de una propuesta o modelo democrático es mínimo. Su mayor elucubración conceptual es el principio de ‘un ciudadano un voto’, como si la mecánica del voto, las elecciones y la representación política alcanzaran a resolver los complejos desafíos de una democracia y menos de una sociedad como la boliviana, compleja y abigarrada”.

A su vez, Saavedra puntualiza que, en el país, “existen distintos tipos de oposiciones. Una de ellas es la oposición tradicional, que busca la reinstauración de un orden político conservador. Este tipo de oposición está absolutamente extraviada del contexto. Otro tipo de oposición son las fuerzas regionales, que tienen pendiente una lucha justa por la profundización de las autonomías; por lo general estas organizaciones tienen una mirada muy restringida a lo local del ámbito político y les cuesta constituirse en actores nacionales relevantes. Un tercer tipo de oposición que intenta surgir es el de los outsiders extremistas que, a partir de discursos de odio y permanente ataque, buscan generar condiciones para la toma del poder. el contexto de incertidumbre no es suficiente para que ellos desarrollen su hipótesis política, sino que necesitan generar sensaciones de crisis, para así generar respuestas ante la ausencia de otras iniciativas políticas”.

“Las oposiciones han mirado con recelo la incorporación de las clases populares e indígenas, pero ante la consolidación de un sentido hegemónico de lo plurinacional se vieron obligados a incorporarlos así sea de manera nominal”, acota el politólogo.

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Sea como fuere que vayan acomodándose las cosas, o no, lo cierto es que el país ya está en medio de un clima marcado por las tensiones en función a las venideras elecciones nacionales de 2025. Nuestros analistas invitados fueron consultados sobre cómo va llegando al país a esa cita con las urnas y qué se puede atisbar en el horizonte como los puntos medulares que estarán en juego.

Saavedra es de la idea de que “el país está alejándose de los extremos radicales y polarizadores. Está con una sensación de hastío con la conflictividad política y está buscando liderazgos que generen certezas en la población, especialmente en los ámbitos políticos y económicos. Queda claro que todavía el sentido hegemónico de lo político en Bolivia, está marcado por la profundización del Estado plurinacional, pero también, por la necesidad de rejuvenecer discursiva e ideológicamente el régimen incorporando nuevas causas de lucha”.

“Cada vez hay menos espacios para aventuras y experimentos políticos”, advierte el politólogo.

De la Fuente ve que “vamos por dos caminos, por lo pronto en paralelo, aunque en algún momento deben cruzarse y alcanzar algún tipo de síntesis, ojalá mínimamente virtuosa. Por una parte, el escabroso camino que siguen las organizaciones sociales matrices (CSUTCB, Bartolinas, Interculturales y el Pacto de Unidad), que constituyen el sujeto social, cultural y político del proceso del cambio para recuperar el control de su instrumento político: el MAS-IPSP, que a todas luces se muestra difícil y muy complejo, aunque sin duda es el camino más legítimo y consistente. Y por otro, el que siguen los grupos residuales del sistema de la democracia pactada y que en el fondo es esa tradición politiquera, clasemediera y típicamente citadina de creer que la democracia se reduce a pactos Inter partidarios de distribución del poder y en especial de la institucionalidad pública. Estos grupos parten del supuesto que se agotó el proceso del cambio y que en consecuencia les toca retornar, sin darse cuenta de que el sujeto social subalterno que antes se dividía, dispersaba y asimilaba a cualquier alternativa política externa hoy piensa por sí mismo y no está dispuesto a servir de escalera a nadie más”.

“Este es el dilema de la democracia boliviana y del proceso del cambio. Se cumplió un ciclo político y que de no transformarse corre el riesgo de una involución dramática, lo mismo que la misma democracia. Es la segunda opción, pero no debemos confiarnos”, concluye el abogado cochabambino.

(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político