DIBUJO LIBRE

Lo que los occidentales llaman Occidente o civilización occidental es un espacio geopolítico que surgió en el siglo XVI y se expandió de manera continuada hasta el siglo XX. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 90% del globo terrestre era occidental o estaba dominado por Occidente: Europa, Rusia, las Américas, África, Oceanía y gran parte de Asia (con excepciones parciales de Japón y China). A partir de entonces Occidente comenzó a contraerse: primero con la Revolución rusa de 1917 y el surgimiento del bloque soviético; luego, a partir de mediados de siglo, con la Revolución china y los movimientos de descolonización. El espacio terrestre (y poco después, el extraterrestre) se convirtió en un campo de intensa disputa. Entretanto, lo que los occidentales entendían por Occidente se fue modificando. Comenzó como cristianismo, colonialismo, luego capitalismo e imperialismo, para irse metamorfoseando en democracia, derechos humanos, descolonización, autodeterminación, “relaciones internacionales basadas en reglas” —siempre dejando claro que las reglas las establecía Occidente y solo se cumplían cuando servían a sus intereses— y, finalmente, en globalización.

A mediados del siglo pasado, Occidente se había reducido tanto que un conjunto de países recién independizados tomó la decisión de no alinearse ni con Occidente ni con el bloque que había surgido como su rival, el bloque soviético. Así, de 1955 a 1961, se creó el Movimiento de Países No Alineados. Con el fin del bloque soviético en 1991, Occidente pareció atravesar un periodo de entusiasta expansión. Fue el tiempo de Gorbachov y su deseo de que Rusia pasara a formar parte de la “casa común” de Europa, con el apoyo del presidente Bush padre, un deseo reafirmado por Putin cuando asumió el poder. Fue un periodo histórico corto, y los acontecimientos recientes muestran que, sin embargo, el “tamaño” de Occidente ha sufrido una drástica contracción. A raíz de la guerra de Ucrania, Occidente, por iniciativa propia, decidió que solo serían occidentales quienes aplicaran sanciones a Rusia. Actualmente son alrededor del 21% de los países miembros de la ONU, que es menos del 15% de la población mundial. Si continúa por este camino, Occidente podría incluso desaparecer. Surgen varias preguntas.

¿La contracción es decadencia? Se puede pensar que la contracción de Occidente le favorece porque le permite centrarse en objetivos más realistas con más intensidad. Una lectura atenta de los estrategas del país hegemónico de Occidente, Estados Unidos, muestra, por el contrario, que, sin darse cuenta aparentemente de la flagrante contracción, manifiesta una ambición ilimitada. Con la misma facilidad con la que esperan poder reducir a Rusia (la mayor potencia nuclear) a una ruina o a un Estado vasallo, esperan neutralizar a China (en camino de ser la primera economía mundial) y provocar pronto una guerra en Taiwán (similar a la de Ucrania) con ese propósito. Por otro lado, la historia de los imperios muestra que la contracción va de la mano con la decadencia y que ésta es irreversible e implica mucho sufrimiento humano.

En la etapa actual, las manifestaciones de debilidad son paralelas a las de la fuerza, lo que vuelve el análisis muy difícil. Dos ejemplos en contraste. Estados Unidos es la mayor potencia militar mundial (aunque no ha ganado ninguna guerra desde 1945), con bases militares en, al menos, 80 países. Un caso extremo de dominación es su presencia en Ghana donde, por acuerdos establecidos en 2018, Estados Unidos utiliza el aeropuerto de Acra sin ningún tipo de control o inspección, los soldados estadounidenses ni siquiera necesitan pasaporte para entrar en el país y gozan de inmunidad extraterritorial, es decir, si cometieran algún crimen, por grave que sea, no pueden ser juzgados por los tribunales de Ghana. Por el contrario, las miles de sanciones a Rusia están, por ahora, haciendo más daño en el mundo occidental que en el espacio geopolítico que Occidente está construyendo como no occidental. Las monedas de los que parecen estar ganando la guerra son las que están más devaluadas. La inflación y la recesión que se avecina llevan al CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a decir que se aproxima un huracán.

¿Es la contracción una pérdida de cohesión interna? La contracción en realidad puede significar más cohesión, y esto es claramente visible. El liderazgo de la Unión Europea, es decir, la Comisión, ha estado en los últimos veinte años mucho más alineado con Estados Unidos que los países que forman la Unión. Se vio con el giro neoliberal y el apoyo entusiasta a la invasión de Irak por parte de Durão Barroso y lo vemos ahora con Ursula von der Leyen transformada en subsecretaria de defensa de Estados Unidos. Lo cierto es que esta cohesión, si es eficaz en la producción de políticas, puede ser desastrosa en la gestión de sus consecuencias. Europa es un espacio geopolítico que desde el siglo XVI vive de los recursos de otros países que directa o indirectamente domina y a los que impone un intercambio desigual. Nada de esto es posible cuando el socio es Estados Unidos o sus aliados. Además, la cohesión está hecha de incoherencias: al fin y al cabo, ¿Rusia es el país con un PIB inferior al de muchos países europeos, o es una potencia que quiere invadir Europa, una amenaza global que solo se puede frenar con una inversión que ya ronda los 10 mil millones de dólares en armas y seguridad por parte de Estados Unidos en un país lejano del cual quedará poco si la guerra continúa por mucho tiempo?

¿La contracción ocurre por razones internas o externas? La literatura sobre la decadencia y el fin de los imperios muestra que, salvo casos excepcionales en los que los imperios son destruidos por fuerzas externas —como los imperios azteca e inca con la llegada de los conquistadores españoles—, generalmente dominan los factores internos, aunque el declive pueda ser precipitado por factores externos. Es difícil desentrañar lo interno de lo externo, y la identificación específica es siempre más ideológica que otra cosa. Por ejemplo, en 1964 el conocido filósofo conservador estadounidense James Burnham publicó un libro titulado El suicidio de Occidente. Según él, el liberalismo, entonces dominante en Estados Unidos, fue la ideología de este declive. Para los liberales de la época, el liberalismo era, por el contrario, la ideología que permitiría una nueva hegemonía mundial a Occidente, más pacífica y más justa. Hoy, el liberalismo murió en Estados Unidos (domina el neoliberalismo, que es su opuesto) e incluso los conservadores de la vieja guardia han sido totalmente superados por los neoconservadores. Es por eso que Henry Kissinger (para muchos, un criminal de guerra) incomodó a los prosélitos antirrusos al pedir conversaciones de paz en Davos. Sea como fuere, la guerra de Ucrania es el gran acelerador de la contracción de Occidente.

Está surgiendo una nueva generación de países no alineados, de hecho alineados con la potencia que Occidente quiere aislar: China. Los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro Económico Euroasiático son, entre otras, las nuevas caras de no-Occidente.

¿Qué viene después? No lo sabemos. Tan difícil es imaginar Occidente como un espacio subalterno en el contexto mundial como imaginarlo en una relación igualitaria y pacífica con otros espacios geopolíticos. Solo sabemos que para quienes gobiernan Occidente cualquiera de estas hipótesis es imposible o, si cabe, apocalíptica. Por ello se han multiplicado las reuniones en los últimos meses, desde el Foro Económico de Davos (mayo) hasta la más reciente reunión del grupo Bilderberg (junio). En esta última, de los 14 temas, siete tuvieron que ver directamente con los rivales de Occidente. Descubriremos lo que discutieron y decidieron siguiendo de cerca las portadas de The Economist durante los próximos meses.

(*) Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

(*)Boaventura De Sousa Santos es Doctor en Sociología, portugués (*)

DIBUJO LIBRE

Con la crisis política de noviembre de 2019, se abrieron dos tesis políticas en Bolivia que profundizaron la polarización en el país; la tesis de “fraude” y la de “golpe”. Las versiones del fraude tuvieron más de 10 procesos penales abiertos, una treintena de procesados (exhibidos como ciudadanos “sin derechos humanos”) y que acabó con un sobreseimiento fiscal al no encontrar pruebas (documentales, testificales y/o periciales) que funden una acusación formal y que motiven un juicio oral para judicializar esas pruebas y buscar sentencias condenatorias contra quienes hayan incurrido en la comisión de ese tipo de ilícitos penales. Por ello, esta tesis ya no es jurídica sino será meramente política y de interpretación de hechos que son parte de la historia política boliviana.

Sin embargo, la tesis del golpe ya tiene su prueba principal, si no la única, para sostenerla en la historia a partir de la sentencia condenatoria contra la exsenadora y un grupo de excomandantes militares.

Sentenciados (aún no ejecutoriados) los hechos preparatorios a la toma ilegal del poder político el 12 de noviembre de 2019 y el quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia, se cierra la tesis del “golpe de Estado” y hoy se debate sobre dos periodos de análisis: el acto constitucional y el juzgamiento vía juicios de responsabilidades.

Primer periodo. La exsenadora (ya gobernante) ejerce actos de gobierno entre el 13/11/2019 y el 14/01/2020, detentando un “régimen de facto político” que —y es una realidad jurídica— puso en vigencia las leyes 1266 (del 24/11/2019, que convoca a elecciones generales) y 1269 (de 23/12/2019, que convoca a elecciones subnacionales), leyes que gozan del principio de presunción de constitucionalidad porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no las declaró inconstitucionales; por tanto, las leyes del regímenes de facto son legales, a pesar del momento en que se promulgaron. Actualmente, por ejemplo, aún se encuentran vigentes los códigos (Penal, Civil y Comercial) de la dictadura banzerista.

Segundo periodo. Del 15/01/2020 al 7/11/2020 del “régimen de transición”, donde todos sus actos gozan de legalidad, por tanto, de juicio de responsabilidades.

El acto constitucional del 15/01/2020 con la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 01/2020 derivó en la Ley 1270, de 20/01/2020, de prórroga excepcional de mandato, que en su parte tercera resolutiva da por bien hecho los actuados legales (antes señalados) que condujeron a la reconstrucción del poder político; por ello la exhortación inclusive a las ETA (Entidades Territoriales Autónomas) para garantizar procesos electorales posteriores. No declara la constitucionalidad de la sucesión, sino que solo legitima el ejercicio de funciones de quienes detentaban el poder político en ese momento, retornando a la normalidad constitucional. Es sobre este periodo de funciones que el TCP debe pronunciarse, sobre si la aplicación ilegal de la sucesión presidencial legitima a Áñez, como para contar con el fuero de privilegio.

Aquí radica la esencia del debate sobre el juicio de responsabilidades. Por cómo está dispuesta la normativa y los actos constitucionales ya pronunciados por el TCP, no caben dudas de que todos los actos de la exgobernante corresponden a un fuero de privilegio, cuyo procesamiento debe ser autorizado por 2/3 de votos de la Asamblea, porcentaje de votación que el MAS no tiene, y que no va a tener en este periodo constitucional, a menos que legisladores de CC o Creemos abandonen a sus agrupaciones políticas y se pongan a instrucciones de la mayoría oficialista.

La Ley 044 regula la sustanciación de los juicios por delitos cometidos por la Presidenta o Presidente en el ejercicio de sus funciones. El interés radica en las ilicitudes de los actos de “la presidenta” en el ejercicio de la función presidencial. Entonces: ¿cómo se es Presidente en Bolivia? Solo existen dos vías: ganando elecciones generales o vía sucesión presidencial legal y constitucional.

En la historia democrática reciente se tienen las sucesiones de 2001, con el ex presidente Jorge Quiroga (vicepresidente de Banzer, que ganó las elecciones de 1997); la de 2003, con Carlos Mesa (vicepresidente de Goni, que ganó las elecciones de 2002; la del 2005, con Eduardo Rodríguez Veltzé, que al ser presidente de la antigua Corte Suprema de Justicia y luego de las renuncias de los presidentes Mesa, Hormando Vaca Díez (Senado) y Mario Cossío (Diputados), asumió la presidencia, en aplicación de la sucesión presidencial dispuesta en el artículo 93 de la otrora Constitución de 1967. Con la nueva CPE de 2009, el instituto de la sucesión presidencial cambia de reglas y elimina al presidente de la Suprema en casos de renuncias (SCP 052/2021).

Entonces; el procesamiento de juicio de responsabilidades es propio para dignatarios de Estado que asumieron la función presidencial. Hoy, la crítica radica en la forma en que se llega a ejercer esas funciones presidenciales para gozar del fuero de privilegio.

Esta ley de enjuiciamiento, así como está vigente tiene este enorme vacío jurídico. Sin perjuicio de ello al momento de hacer cumplir el “rigor de la ley” existirá una duda razonable en su aplicación, que en materia penal siempre será lo más favorable al procesado, por tanto; sí corresponde aplicar esta vía de enjuiciamiento de privilegio en favor de la exgobernante Jeanine Áñez, a menos que el TCP se pronuncie en contrario sobre la forma de acceso a la función presidencial, que es poco probable. De cambiar las reglas, en esta situación de profundas connotaciones políticas y frente a los ojos de la comunidad internacional, sería muy complejo y de probable pérdida en contra del Estado de activarse la vía internacional del sistema interamericano de Derechos Humanos. Por ello fue muy importante que prevalezca el debido proceso en el caso que se denominó “Golpe dos”.

El relator Diego García-Sayán expresó su preocupación sobre que corresponde el juicio de responsabilidades para juzgar a la “exgobernante” Jeanine Áñez. Como la sentencia reciente tiene que ver con la “exsenadora” y los hechos preparatorios a la toma ilegal del poder y la ruptura democrática en el país, me adhiero y comparto su posición.

Los actores políticos bolivianos que planificaron/negociaron la toma ilegal del poder en noviembre de 2019, hoy “recién” salen en su defensa, cuando pudieron ser los testigos de cargo y descargo en favor de la Sra. Áñez, pero estuvieron escondidos.

Luego de la sentencia, también deben ser juzgados en virtud a su participación y responsabilidad criminal que así se les atribuya.

Finalmente, solo existirá “memoria, verdad y justicia” cuando las 37 muertes del régimen de transición y las masacres de Senkata y Sacaba no queden en la impunidad, como hasta ahora están.

 (*)Israel Quino R. es abogado y periodista

SALA DE PRENSA

La historia oficial boliviana cultiva la derrota y el victimismo. Resalta los fastos militares, con escasas y olvidadas victorias y muy recordadas y lloradas derrotas.

Muy heroicas, eso sí. No es necesario ni nombrarlas, pues llegan rápido a nuestra memoria; como también visualizamos el mapa del luto boliviano impreso en cuadernos escolares e incluso en libretas del servicio militar. Es el mapa que muestra la reducción de nuestra geografía de los supuestos dos millones de kilómetros cuadrados con que habríamos nacido, a su mitad actual. Es el mapa de las usurpaciones y las pérdidas del Litoral y Atacama, del Acre, de los Chacos Central y Boreal. Es el mapa de las quejas, del lamento y la desconfianza.

Sin embargo, todo eso tiene un lado distinto, sembrado de triunfos y victorias que deberíamos reconocer para mirarnos e imaginarnos de otra manera como país.

Pensemos que el reclamo inicial de territorios, al fundarse las repúblicas, se basó en un principio del derecho romano que aludía a la posesión según el derecho. Los virreinatos fueron la referencia inicial y luego, al quebrarse éstos, las capitanías y otras entidades de gobierno. La Audiencia de Charcas, entidad en la que se basa la fundación de Bolivia, no era una institución administrativa ni militar, sino jurídica. Su área de influencia no necesariamente coincidía con las de los entes de gobierno. Era lógico que la controversia fronteriza nos acompañara desde el inicio, como además lo hizo en todos los países.

En segundo lugar, recordemos que la posesión territorial de la nueva república era muy limitada. La mayoría de su escasa población (menos de 200.000 adultos) y de la actividad económica estaban en un área muy reducida alrededor del eje Potosí-La Paz, que incluía sus entornos y los de pequeñas ciudades como Oruro, Sucre y Cochabamba. Lejos, y muy aisladas, estaban las ciudades de frontera que hoy conocemos como Tarija, Santa Cruz, Trinidad y otras que figuraban como lugares de paso en las poco transitadas rutas comerciales de la época. Si se trazara un mapa de esa geografía económica y demográfica, tendríamos una imagen de la Bolivia inicial reducida posiblemente a la quinta parte de lo que supuestamente perdimos.

La gran pregunta que debemos hacernos es cómo una república pequeña y económicamente débil, con muy pocos recursos y erigida sobre una sociedad fragmentada, logró consolidar una geografía tan grande, extensa y rica en recursos naturales.

La respuesta, obviamente, no estará en las guerras, ya que perdimos todas. Está en la política. Es decir, en la negociación basada en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos, en la inteligencia de unos pocos individuos que fueron capaces de argumentar y convencer, dándonos triunfos que nos deberían enorgullecer y que hemos olvidado. Muchos de ellos fueron cancilleres sin cancillería, es decir, sin institución que les diera el soporte que la diplomacia requiere, o embajadores con más voluntad que respaldo.

Esa historia de triunfos podría comenzar con Casimiro Olañeta y sus amigos, que sin ejércitos ni batallas lograron vencer la voluntad de los bien armados y experimentados ejércitos de Bolívar y Sucre, que se negaban a reconocer la aspiración independentista del Alto Perú. Usaron la adulación y la lisonja, pero también la razón y el argumento. Y se fundó Bolivia.

Antes de que Hilarión Daza pretendiera “sentar soberanía” con su impuesto al salitre, nuestros diplomáticos habían logrado dos tratados de límites con Chile, uno en 1866 y otro en 1874, que reconocían el litoral como territorio boliviano a pesar de que no teníamos posesión efectiva sobre las costas ni posibilidad alguna de defenderlas. Cuando comenzamos a perder esos territorios fue al desconocer los tratados y buscar soluciones militares.

Algo parecido sucedió en el Chaco, una guerra que fue mucho más dura y sangrienta, y que al parecer también fue provocada por quienes confiaron más en las armas que en la política. Recientes libros de Raúl Rivero sobre la época recuerdan victorias diplomáticas que eran aplastadas por torpezas militares. Al final de la guerra, fueron nuevamente los diplomáticos los que conservaron territorios que Paraguay también aspiraba a controlar (recuerden que Ñuflo de Chávez partió de Asunción a fundar Santa Cruz) y que hoy nos permiten una salida navegable al Atlántico. Se criticó mucho al canciller Elío, pero fue su coraje el que permitió conservar la salida al río Paraguay, como antes el Tratado de 1904 conservó el derecho de libre tránsito hacia todos los puertos chilenos en el Pacífico.

En la relación con Brasil libramos una guerra en el Acre, un territorio tan alejado que tomaba dos meses llegar allá. Las tropas fueron a marcha forzada por las selvas y los pertrechos y oficiales tuvieron que ir hasta Buenos Aires para navegar por el Atlántico hacia el Amazonas, el Madera y el Abuná. Solo así podía llegarse al Acre, una zona que no estaba en posesión de Bolivia, sino de algunos bolivianos que recolectaban goma y castaña. En dos libros sobre el tema, Walter Auad Sotomayor muestra también que la diplomacia consolidó territorios y fijó límites con más eficiencia que las armas en las fronteras norte y este del país.

Con Perú y Argentina, países fundados a partir de los virreinatos de Lima y Buenos Aires, resolvimos los límites en base a tratados y acuerdos diplomáticos, es decir, recurriendo a la política y evitando la guerra.

En síntesis, deberíamos invertir más en diplomacia que en armas y cuarteles, y olvidar el mapa del luto y en vez de mostrar cómo perdimos un millón de kilómetros cuadrados por guerras, deberíamos recordar a nuestros niños cómo ganamos un país de un millón de kilómetros cuadrados a base de acuerdos, diálogos y negociaciones políticas. Nuestros héroes tendrían que ser distintos, más bien moderados y reflexivos, y seguramente nuestros comportamientos también.

(*) CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Cochabamba.

(*) Roberto Laserna es economista, investigador del CERES (*)

Raza Política

Hasta la fecha, a dos años y siete meses de la crisis política de noviembre de 2019, el Ministerio Público lleva adelante nueve procesos judiciales por la vía ordinaria de la Justicia relacionados con delitos cometidos durante dicha crisis, según la sistematización elaborada por el Ministerio de Justicia. Como es de conocimiento general, uno, el caso Golpe de Estado II, ya llegó a la sentencia en primera instancia, consistiendo este momento (26 de junio) la fase de apelación. Más o menos avanzados, los restantes ocho están en diferentes etapas de la fase preparatoria, previa a la imputación formal, que es cuando la Fiscalía concluye la sustanciación del caso. No será de extrañar, adelantan fuentes del Ministerio Público, que entre julio y agosto ocurran las imputaciones y, con ello, se instalen los “juicios públicos, orales y contradictorios”, como se suele designar a esta instancia judicial.

Los nueve procesos penales ordinarios que impulsa la Fiscalía son: 1) la muerte de un ciudadano en el barrio El Pedregal de la zona Sur de la ciudad de La Paz; 2) la masacre en la zona alteña de Senkata; 3) la masacre en el puente Huayllani, en Sacaba; 4) la aplicación de tortura a los detenidos por el régimen transitorio de Jeanine Áñez; 5) la designación contra la norma que hizo la expresidenta Áñez de una estudiante universitaria como gerente ejecutiva de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA); 6) la introducción y distribución irregular de munición antidisturbios proveniente de Argentina; 7) el “préstamo” irregular de munición antidisturbios de la Policía ecuatoriana el 15 de noviembre de 2019; 8) el caso Golpe de Estado I, con la acusación por terrorismo, en el sentido de derrocamiento de un gobierno constitucionalmente establecido; y, 9) el caso Golpe de Estado II, el más avanzado, pues ya se llegó a la sentencia en primera instancia, estando a la fecha en la fase de apelación por ambas partes.

Los casos de mayor expectativa sin duda son los de las masacres de Sacaba y Senkata, de las que quedaron 20 personas asesinadas. En entrevista concedida a Animal Político, el ministro de Justicia, Iván Lima, explica que en ambos casos “ya se está para acusación; ahí están denunciados militares, policías y ministros, los que han actuado directamente” en la represión, incluidos los tres ministros Luis Fernando López, de Defensa; Arturo Murillo, de Gobierno, y Víctor Hugo Zamora, de Hidrocarburos. Son casos “con el proceso concluido”, hechas “todas las actuaciones” y ya presentadas las pruebas recolectadas hasta ahora.

Es en estos dos casos penales ordinarios que las partes impulsoras plantearán la ampliación de la denuncia hacia la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y su gabinete, por la firma y aplicación del Decreto 4078, que libraba de responsabilidad penal a los militares cuando éstos efectuaran labores de represión de movilizaciones sociales. Aquí lo que toca, insiste el ministro Lima, es que una vez presentada la denuncia contra Áñez, será la Fiscalía la que debe decidir si acepta o no incluirla en ambos casos.

En la provisión irregular de munición antidisturbios proveniente de Argentina y Ecuador en que incurrió el gobierno de Áñez, hay razones específicas para haberlos planteado por la vía ordinaria: “¿Por qué estamos siguiendo estos casos en la vía ordinaria? En el caso de Argentina, porque la aeronave (que traía la munición) llega el 13 de noviembre, pero se autoriza su ingreso antes de que Áñez asuma (la presidencia), el 12 de noviembre, o sea, la autorización de ingreso de la nave es cuando ella era todavía senadora”.

En el caso del material bélico proveniente de Ecuador, si bien ocurrió cuando Áñez ya era gobierno, de todas maneras “se trata de tráfico de armas, por lo que en opinión nuestra (del Gobierno, esta causa) también tiene que ir por la vía ordinaria”.

En el caso de los procesos Golpe de Estado I y II, la vía ordinaria se justifica, reiteró Lima, porque ambas causas tratan de los momentos previos a la toma de la presidencia por Áñez, cuando ésta aún era senadora.

Cuando se pregunta al ministro ¿de qué finalmente depende que Áñez sea incluida en estos procesos penales vía ordinaria?, el abogado en primer lugar insiste en que la posición del Gobierno es que “éste es un tema de la Justicia, no es un tema de los políticos”; el que los casos vayan por la vía ordinaria o por el juicio de responsabilidades, es una decisión que tomarán los jueces en medio del proceso.

Y esto vale tanto si la Fiscalía presenta el caso a un juez de ámbito ordinario como si lo hace ante la Asamblea Legislativa, para un juicio de responsabilidades: “Cuando, por ejemplo, el fiscal presente la acusación contra Áñez, sea en la vía ordinaria o en la de juicio de responsabilidades, la defensa de Áñez dirá que no está de acuerdo, ‘pienso que este tribunal es incompetente, yo no debo ser juzgada por un juez de El Alto o de Cochabamba (la vía ordinaria); a mí me debe juzgar el Tribunal Supremo de Justicia (juicio de responsabilidades, de privilegio)’. Este es el momento en el que la Justicia va a tomar una decisión”, una decisión que en última instancia llegará al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Esto, que parece teoría, que algún rato pasará, en realidad ya está sucediendo en el caso EBA. Como ilustra el propio Lima: “Una juez, la juez Claudia Castro, que dijo ‘esto es vía ordinaria, voy a juzgar a Áñez por haber firmado la Resolución 26319 y haber designado a su prima como directora ejecutiva’; Áñez apela y la apelación le da la razón, la Sala Penal Cuarta del vocal Orlando Rojas dice ‘no, acá corresponde que esto vaya por juicio de responsabilidades, no un juicio ordinario, y remite el tema a la Fiscalía General para que ésta siga el proceso en la vía del juicio de privilegio. Pero el Fiscal General, que no está de acuerdo con el vocal, presenta un recurso de amparo constitucional, que actualmente está radicado en la Sala Constitucional Segunda de La Paz; y será esta Sala la que decidirá si se va por la vía ordinaria o por la del juicio de responsabilidades, y eventualmente esa decisión de primera instancia será objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual aún podrá o confirmar o revocar lo que diga la Sala Constitucional Segunda de La Paz sobre este conflicto de competencias”.

Ahora, lo que diga el TCP sobre el caso EBA, si vía ordinaria o vía responsabilidades, sienta jurisprudencia; para el caso, “arrastrará” a todos los procesos con similar planteamiento, de aquí su importancia.

En lo relativo a la “injerencia” en la Justicia en que incurriría el Ministerio de Justicia, ésta se ha probado, según la oposición, en el hecho de que el ministro Lima “sabe de una decisión de los jueces antes de que ésta llegue a los oídos de las partes”. A esto, Lima asegura que en realidad si sabe algo es porque la entidad que patrocina legalmente a las víctimas de las masacres (y a pedido de ellas) es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), instancia bajo tuición del Ministerio; tal como está también el Sepdep, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que ahora está patrocinando y presentando la defensa de Kaliman y Calderón.

Los únicos procesos en que el Ministerio de Justicia es parte, dice, es en las cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidad que presentó contra Áñez y que hoy día está en la Asamblea Legislativa: los casos Fundempresa, crédito del FMI, decreto contra la libertad de expresión y las masacres de Sacaba y Senkata.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón