DIBUJO LIBRE

El hecho inconstitucional pervive porque está asociado a la impunidad. La impunidad es una construcción jurídica con favores políticos entrecruzados. En el caso de la desaparición de José Carlos Trujillo Oroza, detenido, torturado y desaparecido el 2 de febrero de 1972 durante la dictadura de Banzer, la Corte IDH estableció “que la falta de tipificación de la desaparición forzada de personas en el ámbito interno contribuye a la impunidad, al constituirse como un obstáculo para el desarrollo del proceso efectivo”. Cuatro fueron las circunstancias que protegieron impunemente a sus autores: a) el transcurso del tiempo; b) la falta de tipificación del delito de desaparición forzada; c) la aplicación de la prescripción de la acción en el proceso penal, y d) las irregularidades cometidas en la tramitación del proceso penal. El poder político se encargó de montar esas “circunstancias insalvables” y blindó a los responsables. Banzer no respondió por ello.

Golpismo y neogolpismo. La profesora de Teoría Comparada, Rosemary O’Kane, nos dice que todas aquellas cesaciones de mandato de titulares del poder ejecutivo, con perfiles de obligatoriedad ineludible, ante amenaza o sugerencia insalvable, resultante de un levantamiento o insurrección y con elementos presenciales de intromisión militar en la política se evalúan como golpe de Estado. El profesor Huntington, por su parte, desde las Ciencias Sociales y la politología resume que un golpe de Estado constituye una acción de un grupo político y de poder que traza como objetivo un esfuerzo por desalojar ilegítima e ilegalmente a quien detenta y ocupa el poder por medio de mecanismos violentos o amenazas de su utilización, y aunque la violencia sea menor o nula, sus actores individualizados y de grupo preservan estamentos de poder institucional dentro del sistema político vigente donde se produce el hecho.

Con procesos democráticos afianzados y extendidos en el tiempo, la cultura “rupturista” se expone aún vigente. Han mutado sus formas y éstas hoy se caracterizan por ostentar nominalmente una “continuidad democrática” que en el caso boliviano se denomina “sucesión constitucional”, ello no impide dilucidar y percibir el quiebre del pacto constitucional y la desatención a la institucionalidad democrática. El descrédito histórico de las irrupciones militares en el poder político, de las dictaduras instaladas y de algunos procesos judiciales que las condenaron unánimemente hizo que las nuevas formas de golpismo hayan incorporado dos elementos sustanciales para construir la fachada democrática: la presencia civil, que aporta una supuesta legitimidad al hecho de ruptura y el elemento jurídico/discursivo que esmalta de legalidad aparente al movimiento de facto.

El neogolpismo hoy actúa construyendo escenarios de confrontación política con elementos que puedan generar indignación social y apoyado en corporaciones mediáticas y empresariales. La acción política junto a una potente industria propagandística va erosionando la legitimidad de gobernantes y gobiernos populares hasta que la inestabilidad haga propicio el ingreso desequilibrante del factor militar/policial. En el neogolpismo, el ejército es un instrumento más —determinante por supuesto— que interviene en la parte final de esa puesta en escena del esquema de rupturas.

En Bolivia, el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) mostró este rol de forma categórica. “El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica”. García Meza fue la muestra del golpismo militar convencional. Áñez representa el neogolpismo cívico militar.

Un gobierno de facto con anhelos constitucionales. Un gobierno de facto refiere a aquel que se hace con el control del Estado contraviniendo los procedimientos constitucionales en clara oposición a los de jure. Ocupa todos sus poderes o alguno de ellos. Sustituye el poder de derecho y lo ejerce de hecho. El 12 de noviembre de 2019, la Sra. Áñez, después de particularísimas interpretaciones de la CPE, se presenta ante el país con la banda presidencial; había dejado de lado el litúrgico juramento congresal que sin excusa todo presidente constitucionalmente electo respeta. Su paso de senadora a presidenta de forma clara no fue constitucional. Pero eso dicho ya está y juzgado también. La cuestión es otra, ante el hecho consumado del gobierno de facto es su saldo de gestión, ése tiene tanta sangre y dolor que cuesta hasta escribirlo; lo que nos lleva a preguntar: ¿esto debe juzgarse y los inculpados asumir su insensatez? Quien no permitió derechos, ¿puede pedir privilegios?

Para el jurisconsulto argentino Bidart Campos, cuatro tesis buscan comprender en diferentes dimensiones aquello que versa sobre el reconocimiento de los gobiernos de facto. Pero son dos las que hoy están difundidas argumentativamente en la cotidianidad discursiva: La Tesis Legitimista que, contraria a la doctrina de facto, rechaza rotundamente el reconocimiento de los gobiernos que han llegado a sus cargos apelando a la violencia y, la Tesis de la Necesidad, donde se afirma que el gobierno de facto ha de ser reconocido por necesidad, es el principio ya enunciado de la continuidad del Estado y la necesidad de asegurar sin interrupción el ejercicio del poder. La Tesis de la Necesidad es la expresión del vacío de poder argumentado en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Nada, de forma principista, puede conducir a reconocer un gobierno de facto. Los principios se enfrentan a momentos con la realidad. La fuerza de las armas pretende disuadirlos y ante ello es posible y perentoria la negociación política para restablecer el orden alterado y salvar la Constitución, pero sin impunidad ni dilaciones inacabadas. Y acá está lo central del urgente apuro de una nueva doctrina complementaria a la Tesis Legitimista: aquellos que de acuerdo a la definición dada constituyen un gobierno de facto no deben ser favorecidos por juicios políticos de privilegio, pues no tiene valor comparable quien ejerce la presidencia de un Estado de forma legítima y en delegación del poder popular y quien llega a ella quebrantando la CPE.

La realidad normativa actual, que en responsabilidades equipara a un gobierno legítimo con otro de facto para su juzgamiento, no hace más que dejar la puerta abierta para aquellos que transgrediendo el camino constitucional intentan hacerse del poder con palabras enmascaradas de democracia y, que, de forma habitual y posterior, construyen estructuras político partidarias para revestir de impunidad suficiente su conducta antidemocrática. Con habilidad camaleónica el golpismo ha mutado sus formas violentas por fachadas de aparente “sucesión constitucional”, pues entonces también la doctrina de resguardo de la democracia y responsabilidades de los mandatarios debe virar para enfrentar a ese enemigo de la institucionalidad que es la eterna impunidad.

(*)Jorge Richter R. es politólogo.

DIBUJO LIBRE

Entre mayo y junio de este año la administración del presidente Joe Biden ha encarado una serie de importantes encuentros/cumbres, siendo el común denominador de todas ellas la creciente competencia/enfrentamiento global con la República Popular de China. A mediados de mayo, Washington fue sede de una nueva versión de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), misma que fue seguida por la gira de Biden a Asia, visitando Corea del Sur y Japón. En aquella oportunidad advirtió a China asegurando estar dispuesto a “involucrarse militarmente para defender Taiwán”, una declaración a contracorriente de la histórica postura de “ambigüedad estratégica” de la Casa Blanca, pero que a la vez denota la centralidad que ocupa Beijing en la agenda de seguridad de Washington.

A fines de aquel mes iniciaba, en Tokio, la Cumbre del Diálogo Cuadrilateral de Seguridad (QUAD) entre Estados Unidos, Japón, Australia e India. En el evento, Biden presentó el “Marco Económico para la Prosperidad del Indo-Pacífico” (IPEF). Si bien criticada por su imprecisión, lo cierto es que el IPEF y el QUAD, junto a otras iniciativas de seguridad como el AUKUS y Five Eyes [AUKUS, acrónimo del pacto militar entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia; Five Eyes, programa de cooperación en inteligencia entre Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia], representan la estrategia general de Estados Unidos para contener a China en una región crítica en las próximas décadas.

Confirmación explícita de este enfoque representan las recientes declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, en un discurso en la universidad George Washington: “Incluso mientras continúa la guerra del presidente Putin, seguiremos enfocados en el desafío a largo plazo más serio para el orden internacional, y ese es el que plantea la República Popular China”. Dicho de otra manera: Ucrania es lo urgente, China es lo importante.

Con estos antecedentes, la ciudad de Los Ángeles fue sede de la IX Cumbre de las Américas entre el 6 y 10 de junio; una cumbre marcada por la discordia ante la exclusión unilateral de Venezuela, Cuba y Nicaragua de parte de Estados Unidos por no cumplir con sus estándares de democracia y derechos humanos. Paradójico, por decir lo menos, proviniendo del país cuyo historial de socavamiento de democracias y vulneración de derechos humanos es uno de los más vergonzosos.

En la ceremonia inaugural, si bien Biden no hizo alusión directa a China, según reporta un documento de la Casa Blanca, un alto funcionario de la administración se manifestó al respecto, explicitando la intención estadounidense por preservar su liderazgo/ hegemonía y contrarrestar la creciente influencia china en la región. El funcionario aseguró: “el mejor antídoto para las incursiones de China en la región es asegurarnos de que estamos forjando nuestra propia visión afirmativa [entiéndase la de Estados Unidos] para la región económicamente. Y creemos que por eso es tan importante que establezcamos una visión realmente ambiciosa, regionalmente integral y actualizada para el tipo de asociación económica que queremos tener y liderar en nuestro hemisferio y que usemos la cumbre [de las Américas] para hacerlo”.

Aquella visión afirmativa de asociación económica fue presentada por Biden, al igual que hiciera semanas antes en Asia, como la “Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica”. Al igual que el IPEF una imprecisa propuesta económica que pretende convertirse en una alternativa a las iniciativas político- económico-comerciales de China. Centrada en los “socios económicos más afines”, apuntalada por la “inversión del sector privado” y sobre la base de los Tratados de Libre Comercio (TLC) en vigor, la “nueva agenda económica para el hemisferio” se basa en una “visión de una región segura, de clase media y democrática”.

En ese contexto, la Asociación de las Américas pareciera ser una especie de punto intermedio entre el fracasado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que pretendía englobar a todas las naciones del hemisferio, y los TLC bilaterales que Washington no tuvo más remedio que promover, ya que los adherentes “podrían unirse solo [a] uno, solo dos, tres, cuatro, o los cinco” pilares propuestos en vista de su “estructura flexible”.

La apuesta de Washington para contener la incursión de China en América Latina y el Caribe está sobre la mesa. La pregunta es si será suficiente. En poco más de una década, para 2021, China ya era el segundo socio comercial más importante de la región —detrás de Estados Unidos— y el primero para los países de América del Sur. Desde 2017, Beijing logró que 21 de los 24 países de América Latina y el Caribe se sumen a la billonaria Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). Una iniciativa que vino a reforzar las crecientes relaciones, donde China otorgó a Latinoamérica y el Caribe $us 150.000 millones en financiamiento público para infraestructura (carreteras, vías férreas, puertos e internet) entre 2005 y 2019. Frente al BRI, en 2021, la Casa Blanca y los líderes del G-7 lanzaron la iniciativa de infraestructura global denominada Build Back Better World (B3W); sin embargo, no se registran avances sustanciosos en este orden.

De conjunto de inversiones en infraestructura, las realizadas en el Canal de Panamá y cerca al Estrecho de Magallanes son especialmente preocupantes para Washington. La general Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), aseguró que aquello representa las “dos mayores preocupaciones, estratégicamente”. En marzo de este año, en comparecencia ante el Congreso, Richardson manifestó: “La República Popular China continúa su implacable marcha para expandir su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe y desafiar la influencia de Estados Unidos en todas estas áreas”.

El escenario apunta a que Latinoamérica y el Caribe ocuparán un lugar destacado en la creciente competencia/ enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Si bien esta rivalidad abre oportunidades a la región, dependerá de su capacidad para recomponer y profundizar la agenda de integración regional para obtener beneficios e intentar influir en un orden global multipolar en profunda y acelerada transición. América Latina y el Caribe debieran dejar de concebir a Estados Unidos como el líder hegemónico (regional/global), entre otros aspectos, no solo por su histórico desdén por la región sino por el simple hecho de que ya no lo es más, y concebirlo simplemente como un socio estratégico, igual que a la República Popular de China.

 (*)Axel Arias es politólogo, docente en la UMSA

SALA DE PRENSA

Una peculiar narrativa se ha ido imponiendo artificialmente y posicionando por parte de los medios hegemónicos de comunicación, como parte del sentido común político en nuestra sociedad. Esta imposición de la dictadura mediática sostiene que el MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) es y debe ser un partido político vertical a la vieja ultranza. Que como si se tratara de un bloque de hielo compacto e inanimado debe dirigirse hacia una misma dirección, impuesta por los medios, y predeterminada a derretirse, como el resto de los partidos políticos de la historia de nuestro país. Ese pre-supuesto inventado sirve para respaldar las narrativas de “divisiones”, “fracturas”, “bloques” en el MAS-IPSP.

Gracias a esa imposición mediática se motiva la percepción del MAS-IPSP como partido político, con la finalidad de avalar las tesis de “divisiones”, “fracturas”, “líneas contradictorias”, “bloques”, etc. Y en un escenario desideologizado estas tesis son aceptadas mansamente. Sin embargo, el MAS-IPSP no es, al menos no es solamente, un partido político. Es un tejido social sumamente amplio y complejo que combina las vertientes ideológicas del socialismo, indigenismo, comunismo, indianismo, katarismo; cuyos 15 principios se encuentran enunciados en el artículo 6 de su Estatuto Orgánico. Pero más allá de los principios, su propia composición orgánica ampliamente diversa estructura un Instrumento Político (IPSP) articulador y heterogéneo, no homogéneo.

El vago entendimiento del MASIPSP motiva a presentar esta fuerza como otro simple partido político. De esta forma engañosa y maliciosa la imposición mediática se convierte en el sentido comúnmente aceptado por la sociedad. Se presenta al MAS-IPSP como un partido político convencional, como si sus determinaciones se tomaran citando a todos sus miembros a un lujoso hotel de cinco estrellas para recibir las directrices del dueño del partido, que al final es quien pone la plata y por ende determina las decisiones políticas. Al viejo estilo del ya obsoleto sistema neoliberal de partidos.

En toda construcción por la soberanía política de las grandes mayorías populares, confluirán diversas vertientes ideológicas complementarias y diversas, mas no contrapuestas. Ese el sentido de la plurinacionalidad que deconstruye los cánones clásicos de la homogeneidad. En el fondo, concepciones del viejo Estado Republicano versus paradigmas del nuevo Estado Plurinacional. Esta disputa se evidenció en el plano simbólico y discursivo durante el régimen de Áñez. La biblia (religión católica) por sobre la concepción de Estado laico (sin religión oficial). La investidura en Palacio Quemado, viejo símbolo republicano por excelencia, por sobre la Casa Grande del Pueblo (símbolo arquitectónico del nuevo Estado Plurinacional). La negación de la wiphala como símbolo patrio, confrontada forzosamente con la bandera tricolor. En el fondo, lo criollomestizo- conservador versus lo indio- indígena-progresista. Por citar tan solo algunos ejemplos.

¿Quién les hizo creer que el MAS-IPSP tiene que ser como una taza de leche deslactosada, servida en vajilla de oro y bebida por un cura que conduce en una carretera plana y expedita?

Al contrario, la construcción del paradigma ideológico propio del MAS-IPSP como propuesta política para el país, el Socialismo Comunitario, es plural, complejo, con tensiones, vertientes y profundos debates por la confluencia de vertientes ideológicas insurgentes y subversivas como lo son el socialismo, indigenismo, comunismo, indianismo, katarismo. Vertientes tan atacadas por propios y extraños, que ven en esta complejidad supuestas divisiones y contradicciones, más ficticias que reales.

Como siempre, el conocimiento es poder, y la ignorancia el arma principal para la manipulación de masas. Para quienes conocen la historia, origen y composición del MAS-IPSP, las tesis sobre “división” suelen presentarse como pataleos forzados de una narrativa artificialmente construida por la dictadura mediática, que crea pre-suposiciones y después saca sus propias conclusiones, forzando la validez de sus hipótesis. Los medios hegemónicos de desinformación juegan al ajedrez político con las piezas prestadas. Lo complejo e incomprendido no siempre puede ser fácilmente simplificado, como se intenta hacer.

 (*)Gabriel Villalba es abogado.

El punto sobre la i

En la reunión de los jefes de Estado en la Cumbre de las Américas (cita de alto nivel el jueves 9 y el viernes 10) hubo dos temas, uno más que otro, que ocuparon la mayor parte de la discusión: la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la Secretaría General de Luis Almagro; ambas cuestiones fueron el reclamo de varios mandatarios.

“El tema central de la cumbre fue indudablemente la exclusión injustificada de tres países, este hecho definitivamente deslució el evento que tuvo grandes ausencias, México, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador y cuando menos tres países del Caribe no asistieron a nivel presidencial, a diferencia de las dos cumbres anteriores en Panamá y Lima, donde estuvieron los 35 presidentes. Definitivamente, Estados Unidos como país organizador deberá aprender la lección de que la calificación unilateral no es buena para una verdadera integración”, declaró a este medio desde Los Ángeles el embajador de Bolivia en la OEA. Héctor Arce Zaconeta.

Según el recuento hecho por el periódico El País de España, al final a la Cumbre asistieron 22 jefes de Estado y de Gobierno, incluido el mandatario estadounidense Joe Biden; y fueron 8 los países representados por sus ministros de Relaciones Exteriores u otras autoridades. El País registró “14 naciones que expresaron su rechazo a las exclusiones”. Con esto, concluye el medio ibérico, la de Los Ángeles “es la Cumbre de las Américas con menor participación de primer nivel entre los grandes países del continente”.

RECHAZO

De las representaciones que expresaron su rechazo a la no invitación de Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela), sin duda la más directa fue la argentina. El presidente Alberto Fernández al empezar su discurso aclaró que en la cita hablaba como presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). A tiempo de reclamar por los tres países ausentes obligados, Fernández señaló que la futura regla debía ser que el albergar la Cumbre no daba derecho al país organizador decidir quién es invitado y quién no.

“Definitivamente, hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un ‘derecho de admisión’ sobre los países miembros del continente”, remarcó el mandatario argentino.

Fernández fue más allá del reclamo. Al final de su discurso, como presidente de la Celac, invitó a Biden a la próxima cumbre de este organismo: “Presidente Biden. Estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la Celac quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida, nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y a un trabajo digno”, le dijo. Según la corresponsal de Página 12, “Espero ansioso su invitación”, le respondió Joe Biden cuando, al finalizar el discurso, se acercó a saludarlo.

Otro que de manera nítida protestó por las exclusiones fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien apuntó que incluso para reprender a los países excluidos, éstos debían estar presentes. “Acá deberíamos estar todos y no estamos todos. No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua porque sería distinto exigir con su presencia la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua y pedir terminar de una vez por todas con el injusto y lamentable bloqueo de Estados Unidos a Cuba”, destacó el mandatario chileno, según recogió el portal noticioso Infobae.

DICTADURAS

Quien sí se les puso al frente, elogiando más bien el no haber invitado a los mencionados tres países fue el mandatario de Colombia, Iván Duque. Recordó “la cláusula de Quebec” (de la tercera cumbre, en Quebec, Canadá, abril de 2001), que señala, dijo, que “cualquier alteración o ruptura del orden constitucional es un obstáculo irreparable para participar”. La no invitación no es por ideología, añadió: “Aquí no hay exclusiones ideológicas, aquí hay un rechazo contundente a cualquier forma de dictadura”.

Con todo, para el embajador Arce, la Cumbre concluyó “con un mensaje muy fuerte” para Estados Unidos: que “ya no es concebible que Latinoamérica sea considerada un furgón de cola, ya no es posible que se siga excluyendo a Estados soberanos. Al final, las exclusiones hicieron que se pierda una gran oportunidad para los Estados americanos y sobre todo para los pueblos del continente, en un momento crucial en el cual el mundo entero está saliendo de la pesadilla del COVID 19”.

En el caso de la OEA bajo la conducción de Almagro, también fue el Presidente argentino quien deploró el rol de la OEA en 2019: “Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia”, lanzó el mandatario; por eso, luego directamente exigió destituir a Almagro y sus colaboradores:  “La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen”.

Ahora —contó el embajador Arce— si el canciller de México, Marcelo Ebrard, “fue muy claro y específico sobre la necesidad de una transformación profunda de la OEA”, el boliviano Rogelio Mayta “fue más allá al referir que no estamos obligados a permanecer en una organización que no nos favorece en nada, que ya no responde a las necesidades y aspiraciones de las naciones y los pueblos del continente, cuando menos a los países de Latinoamérica, que no están obligados a permanecer en una organización que no los reconoce, no los ayuda, no los favorece, que los suplanta por gobiernos y actores imaginarios y, lo que es peor, que en los últimos años solo sirve a intereses mezquinos, parciales y sectarios”, reseñó Arce el discurso de Mayta.

El futuro de la OEA “está seriamente comprometido”, afirma Arce, quedándole solo dos caminos: “O acepta la realidad y se transforma o se debilita aún más y es remplazada”. Cualquiera de ambas salidas, “por supuesto”, enfatiza el embajador, “pasa por la salida inmediata y el procesamiento de Almagro”.

En cuanto al rol que desempeñó el secretario general Almagro en la Cumbre, Arce percibió cierta pérdida de autoridad: “Luis Almagro tuvo una participación casi nula en el evento, fue duramente cuestionado por varios líderes y cancilleres e incluso se notó que Estados Unidos le está quitando su respaldo. Prácticamente, fue ignorado, con la excepción quizá del Presidente de Colombia, que fue el único que lo saludó”.

Y es que el deterioro de la dirección de Almagro es irreversible, destaca el embajador: “El daño que le hace a la Organización ya no puede ocultarse más; en definitiva, los países tendrán que tomar una decisión sobre salvar a una persona o salvar a una organización, que transformándose bien podría representar la iniciativa de integración más antigua del mundo, cual es el sistema interamericano, que data de finales del siglo antepasado”.

CENSOR

Una especial pelea que se tuvo que dar contra la tendencia injerencista que hoy día prima en la OEA —refiere el embajador— es en el documento “Acuerdo sobre Gobernabilidad Democrática”, donde se evidenció la intención de generar mecanismos de intervención en los países por parte de la OEA, iniciativas como la de crear una suerte de censor de las democracias en el continente, un Alto Comisionado para la Defensa de la Democracia, lo cual fue frenado a tiempo.

“El documento originalmente era muy proclive a los afanes intervencionistas y contrarios a la verdadera democracia, incluía la creación de consejos y comisionados para la supuesta “defensa” de la democracia, incluso pretendía calificar qué es o qué no es una ‘alteración’ o ‘perturbación’ del orden democrático; todo para que la OEA pueda hacer lo que quiera cuando no les guste un gobierno, mal usando la Carta Democrática Interamericana. Todo esto se evitó gracias a un trabajo coordinado con México, Argentina, Chile y muchos otros países que al final entendieron que las bases de no intervención en asuntos internos de los países y el respeto a la autodeterminación de los pueblos deben ser la base de las relaciones internacionales”, relató la polémica al respecto el embajador Arce.

El valioso párrafo 3G que Bolivia logró insertar

En el documento ‘Acuerdo sobre Gobernabilidad Democrática’, que luego aprobaron los jefes de Estado, la representación boliviana logró que se introduzca un párrafo específico acerca de las misiones de observación electoral de la OEA, de sus principios, sobre todo de imparcialidad, no injerencia y acceso a la información que procesa.

Se trata de párrafo 3G, que, textual, dice:

“Reconocer la importancia de las misiones de observación electoral, conducidas bajo los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, independencia, respeto a la soberanía y con acceso a la información, respetando los procedimientos establecidos en la normativa del Sistema Interamericano, incluyendo la Carta Democrática Interamericana, y que no comprometa la independencia de las misiones; asegurando los Estados las condiciones de seguridad de los observadores electorales, para que puedan desempeñar sus funciones de manera independiente y segura”.

La razón para esta iniciativa —dice el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta— es que la OEA y su Secretaría General “en los últimos tiempos se han transformado en instituciones nocivas para las democracias; han dejado de cumplir su rol fundamentalmente garantista de la institucionalidad, del Estado de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos, para convertirse, en el golpe de Estado de noviembre de 2019, en partícipes de la ruptura del orden constitucional, de la insurrección de las instituciones armadas y consecuentemente las graves violaciones a los Derechos Humanos”.

En ese contexto —detalla Arce— se consiguió que en el documento Gobernabilidad Democrática haya el “mandato” para que las misiones de observación electoral sean “objetivas, transparentes, imparciales, independientes, que respeten la soberanía de los Estados y sobre todo generaren acceso a la información”.

“Bolivia espera, (con) base (en) este mandato tan alto y claro, no solamente la entrega inmediata de la información requerida en once oportunidades, sino una investigación seria, honesta y definitiva de lo que ocurrió con la supuesta auditoria de integridad electoral de 2019”, aseveró el embajador Arce Zaconeta.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón