Cuatro hechos que explican lo irresoluble del lío cocalero
Imagen: RODWY CAZÓN
Que un sector diga no al ‘mercado paralelo’, y otro diga sí, y punto, de ambos lados, expresa factores más de fondo del quiebre de la comunidad cocalera yungueña
Imagen: RODWY CAZÓN
La Ley de la Coca, la polarización política, la asamblea vs. elecciones y la administración del mercado, los nudos a desatar.
El punto sobre la i
El jueves 25 de agosto fue emblemático del grado de irresolución que ha alcanzado el conflicto cocalero de los Yungas: nuevamente los convocados, Freddy Machicado y Arnold Alanes, confirmaron su asistencia a la reunión con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales; a menos de 10 minutos de ingresar, el primero en irse fue Machicado; luego de que su acompañante rompiera ante las cámaras un papel, reiterando que “lo ilegal no se negocia”, Machicado directamente recriminó al ministro: “No somos intransigentes, pero sí vamos a pedir a las autoridades ¡carajo! que se ordenen” , o sea, que si el Gobierno quiere hablar con él, que lo haga en otro horario al de una cita con Alanes; con ese “sujeto”, como acostumbra llamarlo, no tiene nada que hablar. Luego salió Alanes, que más bien ironizó: “Han perdido en cancha. Yo le invito a don Freddy Machicado que se sumen a esta organización, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Que ya no se fije en la plata, que ya no cuide su bolsillo”.
El propósito indeclinable de unos es cerrar el “mercado paralelo”; el de los otros es su decisión indeclinable de mantenerlo abierto. Estas posiciones irreconciliables expresan desacuerdos y tensiones, ciertamente irresolubles, desde hace al menos cinco años. He aquí un repaso de estos nudos.
UNO. Aunque las autoridades estatales hoy digan que la división cocalera “es un asunto privado”, bien que tuvo que ver en su origen: la Ley 906 General de la Coca, promulgada el 8 de marzo de 2017. Este mismo suplemento, en julio de 2016 daba cuenta del descontento que había entre los dirigentes yungueños ante el anuncio de Evo Morales de incrementar la extensión del cultivo legal de 12.000 a 20.000 hectáreas, pero con la división de 12.000 en los Yungas, 1.000 en Caranavi y 7.000 para el trópico de Cochabamba. Esto desde La Paz se veía como un puro favorecimiento a Cochabamba, pues, señalaba el dirigente de Adepcoca de entonces, Gerardo Ríos, de 3.500 hectáreas en el Chapare, ahora se doblaría su extensión, y para los Yungas se disponía mantener sus 12.000 de siempre. Como se sabe, la Ley 906 al final dispuso 22.000 hectáreas legales en total: 14.300 para el departamento de La Paz, y 7.700 para Cochabamba.
Pero la herida ya estaba abierta. Como testimonia la periodista Daysi Poma, directora de radio La Asunta, “el problema empezó en 2017, con la aprobación de la Ley General de la Coca; generó un descontento, un malestar, sobre la distribución de las hectáreas para el Trópico y para los Yungas. No estaban de acuerdo (los dirigentes), pero habían sido parte de las comisiones para elaborar esa ley”.
Vista la Ley 906 como una agresión por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los cocaleros del Trópico, en respuesta a la misma empezaron a formarse los llamados Comités de Autodefensa, y a radicalizarse en 2018, cuenta Poma. Esto explica el antimasismo yungueño, y que hoy día se enfoca contra Alanes “afín al MAS”.
DOS. Como en el país, en los Yungas también se impuso la polarización MAS-Anti-MAS. Al margen de que los protagonistas se declaren o no partidarios de una corriente política, son hechos significativos:
– El 28 de agosto de 2018, la Justicia determinó enviar al entonces ejecutivo de Adepcoca a la cárcel de San Pedro, con prisión preventiva, debido a la muerte de un policía en La Asunta. El 14 de noviembre de 2019, a solo 48 horas de empezar la presidencia transitoria de Jeanine Áñez, Gutiérrez fue liberado, luego de haberse declarado “preso político” del MAS.
– El 31 de julio de 2019, Elena Flores, luego de ser electa por un sector de Adepcoca, encabezó la toma del centro de salud de la institución, para, dijo, ejercer su gestión desde allí, pues el mercado de Villa Fátima en ese momento estaba en manos de otro sector. En marzo de 2020, durante el régimen de Jeanine Áñez, Flores fue detenida por la referida toma.
– A fines de septiembre de 2021, luego de ganar unas elecciones en urnas, el 4 de septiembre, aunque cuestionadas en sus procedimientos, y tras tomar la sede de Villa Fátima, Arnold Alanes es reconocido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Es desde este momento que ante las autoridades del Estado, en papeles, Alanes es el presidente ‘legal’ de Adepcoca, un hecho que permanentemente señala el dirigente.
TRES. Otro nudo ciertamente irresoluble es la pugna entre las prácticas de democracia interna que encarnan Machicado y Alanes. El cocalero Alanes reivindica que fue electo por las urnas en septiembre de 2021; elecciones que sus adversarios descalifican por no haber sido representativas. “Nosotros somos pues la directiva legal de Adepcoca, ellos son elegidos de un cabildo, una montonera en la calle”, defiende Alanes el proceso electoral por voto que en reiteradas ocasiones se trató de llevar adelante.
En cambio, el dirigente Machicado reivindica la “asamblea como la máxima autoridad” de Adepcoca para constituir su directorio: “De ahí sale este directorio; de acuerdo al Estatuto que tiene nuestra institución, tomando en cuenta el párrafo primero, que (dice que) “la asamblea es la máxima autoridad deliberante dentro de nuestra organización”, enfatizó el dirigente en declaración a radio Panamericana la anterior semana.
El problema con la asamblea es que en Adepcoca se ha convertido más en un acto de fuerza que de representación. Todas las fuentes coinciden en que Adepcoca representa a por lo menos 42.000 productores cocaleros yungueños, y hasta ahora no hubo una sola asamblea que los reúna; es cierto, se aplica la asamblea de representantes de las comunidades, pero aun así este mecanismo de decisión siempre estará en cuestión por la cantidad de gente que cada dirigente logrará reunir.
En un breve repaso de esta confrontación de usos democráticos, la periodista Poma de radio La Asunta cuenta lo que pudo ver:
“El problema empezó cuando Franclin Gutiérrez se ratificó con una minoría de socios, 1.000-1.500 en una asamblea (del 16 de marzo de 2018), cuando el estatuto dice que una ratificación debe ser aprobada con 50% más uno”, lo que significaría más de 21.000 socios presentes.
A fines de agosto de 2018, a raíz de la erradicación forzosa llevada a cabo entonces, con la muerte del teniente Daynor Sandóval en una emboscada en los Yungas, Gutiérrez fue detenido por supuestamente haber sido el autor intelectual del crimen; le sucedió en el cargo Armin Lluta. Pero éste, enfatiza la comunicadora Poma, era “producto de un Comité de Autodefensa, no de una asamblea como tal”.
En julio de 2019, cuenta la periodista, “hubo un momento en que se llegó a una tregua, se les pidió que declinen y que ambos grupos coloquen sus mejores candidatos, y que se vote mediante urnas; ha habido disposición de parte de Elena Flores, pero no así de Armin Lluta. Igual siguió el proceso electoral y ganó con una aplastante mayoría Arnold Alanes”.
CUATRO. Una controversia que hace muy difícil la reconciliación entre Machicado y Alanes es la administración del mercado; este es el verdadero fondo de la pelea, coinciden la comunicadora Poma y el secretario de Relaciones Internacionales de la CSUTCB, Omar Ramírez; mientras Poma habla de al menos 500.000 bolivianos al mes, el dirigente de la Única, a la que, por lo demás, está afiliada Adepcoca, no duda en señalar casi un millón mensual de ingresos del mercado de Villa Fátima.
Para dar un idea de los ingresos de Adepcoca por el actual mercado, Alanes en entrevista con La Razón Radio, da cuenta: “En Villa Fátima hay diferentes cobros; tiene más de 36 puestos de venta, de comideras y otras cosas, y cobran alquiler de 1.000 bolivianos mensual; aquí (en Villa El Carmen) no se cobra nada; otra diferencia, allí cobran carnet de productor o transferencias (de documentación), cobran 1.000 bolivianos, aquí es 300”. En Villa Fátima también existe el cobro de “guía”, una suerte de permiso, “con ese cobro, que nosotros no cobramos, allí, con ese cobro de 20, deben recaudar alrededor de 100.000 bolivianos (al mes)”.
Ahora, lo dice quien lo ha vivido, el dirigente de la CSUTCB Omar Ramírez, que también es cocalero yungueño, directamente acusa: “La economía que mueve Adepcoca, a los socios productores de los Yungas de La Paz, quien les habla es un socio más, no llega ni un solo centavo al socio productor, ni un solo panetón para fin de año; entonces, nosotros los productores, la dirigencia de la CSUTCB estamos muy preocupados por esta situación”.
Irresoluble el conflicto, en las actuales condiciones. La directora de radio La Asunta, Daysi Poma, que vivió y vive de cerca este conflicto, sin embargo, se permite una sugerencia: “Tal vez una salida salomónica por el momento sería que ambos mercados funcionen, porque ninguno de ellos se siente cómodo con el otro, ni la gente de Alanes con Machicado ni viceversa; momentáneamente, para que se calmen los ánimos, cedan los radicales y al final se encuentre el camino a la unidad y la paz”.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón