Tres hechos de 2022 que ya no tienen vuelta atrás
La división del MAS, la resolución del juicio en la CIJ sobre el Silala y la instrumentalización política del Censo.
El punto sobre la i
Según la agenda informativa propuesta por Animal Político en 2022, este año será recordado por tres grandes definiciones: la división del Movimiento Al Socialismo (MAS); la puesta de los pies en tierra en lo relativo al Silala; y, la inesperada postergación del Censo así como su aprovechada instrumentalización política.
EL MAS. Empezando el año nomás, en enero se apuntaban en el suplemento los inevitables tres liderazgos emergentes en el MAS tras la crisis de 2019: al lado de Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca y, por tanto, la cada vez más acentuada ausencia de un liderazgo único, cohesionador, en una coyuntura ciertamente adversa, crítica, para el MAS, con mayoría “solo” absoluta en la Asamblea Legislativa, cuando ya estaba acostumbrado a los dos tercios.
Pero también en enero, los analistas (César Navarro y Carlos Romero) veían una suerte de degradación de la lucha política de los sectores sociales, enfrascados en “pugnas corporativas” por cuotas de poder (Romero). La “mirada cortoplacista” que persistía en las organizaciones sociales que para mejorar la gestión solo atinaban a pedir el cambio de tal o cual ministro. (Navarro). De cómo cada vez más se extrañaba el debate de “cómo reencauzar el horizonte del Estado Plurinacional” (Navarro) o de la “Agenda Estratégica del Estado” (Romero).
Un hecho peculiar que reclamaba Romero al MAS era su marcada tendencia a “espantar a las clases medias”.
También enero fue el mes de la “censura” de buena parte del gabinete por parte de las organizaciones sociales, y, por tanto, la inevitable —se pensaba— destitución de los mismos. En una decisiva reunión al respecto entre el Pacto de Unidad y los mandatarios, sin embargo, al parecer se impuso “la figura presidencial”; o sea, al menos en lo relativo a la gestión pública del Gobierno, el que decidía era el Presidente, destacaba entones el sociólogo cochabambino Fernando Mayorga.
Si bien las organizaciones no habían logrado que Arce eche a los ministros censurados, apuntaba ya Mayorga, persistía el gran problema del MAS: la ausencia de un modelo de decisión eficiente que se equipare a la eficiencia que mal que bien tenía el modelo de decisión concentrado en Evo Morales: presidente del Estado, jefe del partido y dirigente de las organizaciones sociales en sus tres gestiones.
Ya entonces (en enero), también, apuntaba Mayorga que el verdadero desafío del MAS de nuevo en el gobierno era “recuperar su capacidad hegemónica”, entendida la hegemonía en su mejor sentido: “que te apoyen los que no comparten tu ideología, tu propuesta”, cosa que mal que bien el MAS había logrado con la Asamblea Constituyente, el Estado Plurinacional, en general.
En marzo de 2022 fue el 27 aniversario del MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos). Como hacían notar las fuentes, en realidad era el cumpleaños del Instrumento, que nació en marzo de 1995, en Santa Cruz de la Sierra, en el emblemático congreso “Tierra, Territorio e Instrumento Político”.
Pero acaso uno de los momentos de mayor intensidad de los dilemas en el MAS haya ocurrido en junio, cuando los cocaleros del Chapare, en masivas asambleas, convocaron, con amenazas de movilizaciones de por medio, al presidente Arce para que explique por qué no se hacía caso a su demanda de echar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El suplemento arriesgaba el titular “El MAS no supera estar sin Evo como centro”, lo que ya estaba perjudicando la gestión misma de Arce. Nuevamente, para todos era evidente la falta de coordinación entre los cuatro fundamentos del MAS: el Órgano Ejecutivo, la bancada parlamentaria, la Dirección Nacional del partido y el Pacto de Unidad.
Y llegó el noviembre fatal, cuando de manera impensada la crisis del paro indefinido cruceño provocó o aceleró la abierta división del MAS, entre ‘evistas’ y ‘luchistas’ o ‘renovadores’. El punto de quiebre ahora fue la forma de encarar el conflicto en Santa Cruz: mientras del lado del Gobierno se llevaba adelante una suerte de aislamiento y presión contra Camacho y los cívicos a través del debate del Censo, de llevar todo al plano técnico, Morales, sin decirlo de lleno, era más partidario de la acción de fuerza, de aplicar las acciones de Estado que correspondan. En este contexto, la aprobación de una innecesaria ley para garantizar el Censo en 2024, para “pacificar” Santa Cruz, para contentar a Camacho y los cívicos, según el MAS, es vista como el “pacto de impunidad”; de ahí en más, las posiciones se hacen cada vez más irreconciliables. Pese a las convocatorias de ambos lados a la unidad a alguna forma de reconciliación, no hay visos, ahora sí, ni siquiera de reunión entre ambos bandos.
SILALA.
Con respecto al Silala, los momentos culminantes fueron las dos primeras semanas de abril y el 1 de diciembre, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) leyó la sentencia final sobre la naturaleza y uso de las aguas del Silala.
El proceso había empezado en junio de 2016, y fue recién que en abril de 2022 que se hicieron públicos todos los alegatos escritos y se conoció de pleno tanto los argumentos bolivianos como los chilenos. Fue un pisar tierra, especialmente con respecto a la enorme carga de estudios científicos que se había puesto en juego por ambas partes, de cómo el juicio en buena medida lo definió la evidencia científica.
Y, he aquí que lo que antes era una suerte de axioma, que el Silala no era río, sino un manantial cuyas aguas se iban a Chile solo gracias a las canalizaciones que una empresa chilena hizo en territorio boliviano, y que por eso se podía considerar el hecho como una sustracción del recurso, pues no tuvo lugar en los alegatos bolivianos, desde que Bolivia presentó su contrademanda. Para decirlo directamente, la evidencia científica que la representación boliviana gestionó por su propia cuenta, al margen de lo que decía Chile, especialmente el estudio integral del Silala (las aguas subterráneas), dio que se trata de curso de agua internacional, pero cuyo caudal había sido mejorado gracias a las canalizaciones.
En síntesis, si Chile demandaba que la Corte diga que el Silala es un curso de agua internacional, Bolivia pedía que la CIJ señale que tiene derecho soberano sobre los canales y, por tanto, sobre el curso de agua mejorado.
Como se sabe, la Corte decidió no pronunciarse, porque consideraba que a lo largo del proceso las partes se fueron acercando, al punto de que al final la CIJ veía que ya no había controversia y que ya no le correspondía fallar.
CENSO.
El tercer tema de amplia agenda en Animal Político fue el Censo Nacional de Población y Vivienda, desde julio, cuando se decidió postergar la fecha de su realización, del 16 de noviembre de 2022 a mayo-junio 2024. Una ampliación ciertamente desconcertante, dado el hecho de que solo meses antes el Gobierno aseguró que todo estaba encaminado. Como se sabe, este fue el gran argumento crítico de la oposición al retornado gobierno del MAS.
Desde el principio, en el suplemento se insistió en que lo imperativo relativo a la fecha del empadronamiento debía ser la definición técnica. Ocurrió todo lo contrario, por lo menos al principio primó la decisión y visión política de cada región y su respectiva representación.
Temprano, Animal Político señaló que “el otro gran problema del Censo” es la nueva redistribución de los escaños parlamentarios sobre la base de las nuevas cifras que dé el INE.
Se precisaba, en la última entrega de julio, que el factor poblacional no era sino uno más de los criterios que se usan para la asignación de escaños, habiendo por ley que considerar además el desarrollo económico y el nivel de pobreza de cada departamento; o sea, la aplicación del criterio de equidad.
Aunque la base de la distribución sigue siendo la población: de los 130 diputados que hay en la Asamblea, 105 son asignados a cada departamento según la población que tenga, y solo 25 por equidad.
Bien pronto los sectores movilizados para que el Censo sea en 2022 o máximo en 2023, mostraron que el otro factor decisivo son los recursos que las entidades territoriales irán a recibir por población, por la coparticipación tributaria.
Una consideración central, que en realidad decidió en buena medida la postergación del empadronamiento por casi dos años, fue el llamado “estándar internacional”, la experiencia global sistematizada y que sirve de guía para todos los países.
Pero sobre esto vino la protesta, especialmente de Santa Cruz, el paro indefinido que exigía que el Censo sea hasta el primer semestre de 2023.
Como se afirmó en este suplemento, el momento en que en verdad empezó a derrumbarse la exigencia cruceña fue cuando se determinó que los resultados útiles estarían en septiembre de 2023, de modo que la nueva redistribución de recursos corra incluso el último trimestre de 2023.
Como también se señaló en Animal Político, a quienes en verdad les interesa la coparticipación tributaria es a los municipios y las universidades. Las gobernaciones tienen otras fuentes mayores de ingreso.
Como se sabe, el final del paro cruceño fue coronado —y ese es el fruto mejor para los cívicos— con la advertencia-consigna de “revisar la relación de Santa Cruz con el Estado”. No es nuevo, aunque sí con renovado impulso.
Temas abiertos a seguir marcando agenda en 2023, incluso lo del Silala, dado el juicio que el Comité Cívico Potosinista dijo que alista contra Evo Morales y los responsables de lo que califican una derrota.
Al ruedo, entonces, Animal Político.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón