La salud en Bolivia parece no tener cura
Imagen: la razón-archivo
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El autor sugiere nuevos enfoques y estrategias para mejorar los servicios.
Dibujo Libre
El ciclo económico basado en los ingresos generados por los hidrocarburos ha llegado a su fin y, lamentablemente, no se cuenta con un plan fiscal y financiero que se adapte a esta nueva realidad. La caída constante de los ingresos desde 2016 ha resultado en un déficit fiscal que ya abarca una década, el cual está siendo cubierto mediante deuda pública y recortes significativos en la inversión pública. Este contexto limita cualquier posibilidad de reforma o, al menos, de inyección de recursos sustanciales en sectores afectados por el coronavirus. El sector de la salud, que ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, no presenta signos de transformación ni indicios de cambio, arrastrando deficiencias que parecen carecer de solución a lo largo de los años.
A pesar del colapso del sistema de salud hace menos de 3 años, no se vislumbran condiciones propicias para la discusión de una nueva política en esta área. Una política que, basada en las lecciones aprendidas durante la pandemia, proponga modificaciones o ajustes en la estructura, el modelo de gestión, el perfil epidemiológico y el financiamiento del sector.
Durante las últimas tres décadas, el sistema de salud ha estado fragmentado debido a la tricefalia y al conflicto institucional entre el gobierno central y los gobiernos sub-nacionales. Esto se manifiesta en inversiones desconectadas en el territorio, como los hospitales recién construidos en Montero o Del Norte en El Alto, que carecen de personal adecuado y con funcionamiento restringido. Las tres responsables del sistema de salud público están fragmentados: el personal adscrito al Ministerio de Salud trabaja en Centros de Salud y Hospitales Municipales sin coordinación con el Gobierno Municipal, mientras que los Hospitales de Tercer Nivel bajo la jurisdicción de los Gobiernos Departamentales trasladan pacientes a los Hospitales de Segundo Nivel. A lo largo de estos años, no se han establecido mecanismos efectivos de coordinación y planificación integrada, y esta falta es aún más evidente si el partido político en la entidad territorial no coincide con el del gobierno central.
Durante la pandemia, los numerosos centros de salud en todo el país no han sido la puerta de entrada al sistema, sino más bien la salida. Solamente remiten casos a los hospitales, los cuales no cuentan con la capacidad, los profesionales ni el equipamiento y medicamentos necesarios que podrían salvar más vidas de las que logran hacerlo. Los Hospitales Municipales y de Tercer Nivel asumieron una carga excesiva de servicios sin haber sido fortalecidos adecuadamente para ello, y continúan haciéndolo a pesar de considerables déficits. Los problemas de salud afectan con intensidad a las ciudades y las urbes intermedias, y esta realidad parece escapar a la comprensión de las autoridades.
A la evidente ausencia de las universidades en la formulación de políticas públicas (tanto antes como durante la pandemia), se suma el Sistema de Seguridad Social, liderado por la Caja Nacional de Salud. Este sistema está segmentado en más de una veintena de seguros y un sector privado que, de manera curiosa, durante la pandemia derivó a sus pacientes hacia el sistema público, exponiendo la debilidad de la entidad rectora no solo para liderar, reorganizar e integrar la salud pública, privada y del seguro social, sino también para supervisar la calidad de los servicios.
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El panorama posterior a la pandemia se asemeja al escenario previo, arrastrando las mismas deficiencias y ahora con una agravante adicional: meses antes de la aparición del coronavirus, se implementó el Seguro Universal de Salud (SUS), que ofrece más de 1,290 prestaciones utilizando las mismas capacidades administrativas y financieras de los Gobiernos Municipales. Estas capacidades ya se encontraban debilitadas en años anteriores debido a la implementación del Ex-Seguro Básico de Salud.
Pocos países en la región cuentan con sistemas de seguro universal, y en aquellos que los tienen, las prestaciones no superan la centena debido a la complejidad administrativa y, por supuesto, a los riesgos de insostenibilidad financiera al intentar universalizar las prestaciones. Esto es especialmente cierto considerando que dos de cada tres atenciones médicas se realizan en hospitales, con costos elevados y tratamientos prolongados para enfermedades no transmisibles propias de la tercera edad que afectan a la población boliviana.
Ante los brotes de enfermedades transmisibles que creíamos erradicadas de nuestro territorio, el Ministerio de Salud una vez más se encuentra abrumado por la falta de control del coqueluche, con 847 casos reportados, 797 de ellos solo en Santa Cruz; además de casos de rabia que superan los 100, e incluso la aparición de la meningitis.
Sin embargo, no todo está perdido en el ámbito de la salud; existe una pequeña oportunidad para la entidad rectora. Esta oportunidad radica en una comprensión adecuada de lo que está operando precariamente en el territorio y en su formalización. La reconfiguración territorial, respaldada por la vinculación y la capacidad resolutiva, es la única respuesta ante esta necesidad. Así como la racionalidad económica nos lleva o nos aleja de un territorio, ocurre lo mismo con la salud: las personas no asumen riesgos innecesarios con su salud; se dirigen y se desplazan hacia donde les puedan salvar la vida o aliviar su sufrimiento.
Se trata de dejar de asignar presupuestos desde las oficinas centrales en La Paz y hacerlo desde el territorio mismo. Esto implica abandonar parcialmente la planificación sectorial y adaptar la política a la realidad de aquellos que requieren tiempos de espera más cortos, más estudios y análisis en laboratorios, y también medicamentos de calidad. Esto implica apartarse del enfoque de oferta de servicios y concentrarse más en la evidencia generada por una demanda demográfica y un perfil epidemiológico diferentes y en constante cambio.
(*)Vladimir Ameller es economista especialista en gestión pública