Crisis judicial: a un paso del vacío
Imagen: la razón archivo
Susana Bejarano, José de la Fuente y José Luis Exeni analizan el drama de la Justicia en Bolivia.
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Susana Bejarano, José de la Fuente y José Luis Exeni comparten su análisis sobre el embrollo actual en la institucionalidad de la justicia.
El punto sobre la i
Corre un plazo fatal, el 31 de diciembre próximo fenece el mandato constitucional de las principales autoridades del Órgano Judicial: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La situación es grave y sienta un muy mal precedente, por decir lo menos, en cuanto a la institucionalidad del Estado boliviano.
De un modo u otro, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no fue capaz de ponerse de acuerdo para cumplir lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y convocar a elecciones judiciales. Los plazos corrieron y ya no es posible contar con los reemplazos que deberían tomar juramento y posesión de sus cargos el 3 de enero de 2024. Ese tren ya partió.
La Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 049/2023 emitida por el TCP, que establece la prórroga en sus funciones de las actuales autoridades judiciales mientras no hayan reemplazos que emerjan del voto popular, es cuestionada por buena parte de la sociedad.
Con todo, la no convocatoria a elecciones judiciales es un síntoma del estado de cosas en la política boliviana. La situación es harto enrevesada y para desmadejar el embrollo consultamos con tres destacados profesionales y analistas: Susana Bejarano, politóloga; José de la Fuente, abogado; y José Luis Exeni, politólogo.
Elecciones. Susana Bejarano comienza señalando que, para el actual estado de situación, “la causa primera es la división del MAS, que ha privado a la ALP de una fuerza hegemónica. A partir de ahí, queda en duda la posibilidad de que haya elecciones judiciales. Los pactos, que son normales en cualquier espacio legislativo, en el país se demonizan, al punto que los líderes políticos evitan cualquier tipo de acercamiento a fin de no perder likes. Por otro lado, en Bolivia, es muy difícil que la clase política ceda la influencia sobre los tribunales judiciales a un tercero, en este caso, el electorado. Entonces, se producen maniobras para impedir las elecciones. Obviamente, los más felices con todos esto son los magistrados, que usan la ley desvergonzadamente a favor de sí mismos, sus pegas y quien sabe, hasta quizás sus negocios”.
En criterio del abogado cochabambino José de la Fuente, estamos frente a “un grave fracaso político e institucional y una amenaza flagrante para el ejercicio de los derechos ciudadanos de justicia. Se ha vulnerado lo dispuesto por la CPE, que establece un plazo único y terminante de funciones para magistrados y consejeros de seis años. En cuanto a las responsabilidades políticas y formales tampoco hay lugar para la confusión. El fracaso es consecuencia de la incapacidad política de la ALP para aprobar la ley de convocatoria a las elecciones judiciales. La responsabilidad es política y le pertenece en exclusividad a la ALP, aunque los políticos digan lo contrario, acostumbrados a deslindar responsabilidades y mimetizar sus verdaderas intenciones y por eso salieron al unísono acusando la ‘auto prórroga’ del TCP”.
Por su parte, José Luis Exeni señala que “la DCP 0049/2023 no fue algo inesperado. Lo relevante es que generó un amplio rechazo, tanto por su forma como por sus implicaciones. Únicamente algunos voceros del Gobierno se pronunciaron a favor. Otros avalaron la acción del TCP con su silencio. La auto prórroga, que no está prevista en la CPE, es consecuencia directa de las fallidas elecciones judiciales que debieron realizarse este año. La gran interrogante de qué sucedería el 2 de enero próximo cuando debieran posesionarse nuevas autoridades judiciales electas se ‘resolvió’ con una fórmula sencilla: evitar el vacío de poder en los órganos de justicia y garantizar la continuidad de su servicio. Todo ello con carácter ‘excepcional’, hasta que le elijan las nuevas autoridades. Claro que dicha elección puede continuar bloqueada sin fecha por obra de políticos y operadores de justicia”.
Más aún, el politólogo rememora que las elecciones judiciales no se realizaron “en principio, por la falta de voluntad política de las bancadas representadas en la ALP para lograr un acuerdo amplio, en especial sobre las condiciones y requisitos de la preselección de postulantes. En el mes de marzo, la bancada oficialista (todavía unida) aprobó el reglamento y la convocatoria a las elecciones sin acuerdo con la oposición, que a su vez exigía soluciones inaceptables (como delegar la preselección a ‘tribunales de mérito’ departamentales). Ahí empezó el bloqueo de las elecciones por obra de los propios operadores de justicia. Primero, cuando en abril una Sala Constitucional de Beni, por un amparo presentado por un abogado, dejó sin efecto la convocatoria y el reglamento. Luego cuando el TCP se tomó casi cuatro meses, nada menos, para emitir el 31 de julio una Sentencia Constitucional que ponía el candado de los dos tercios para la ley de convocatoria y todas las etapas del proceso de preselección de postulantes en la ALP. Ya para entonces los plazos señalados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para organizar las elecciones estaban al límite. Por último, cuando de manera sorpresiva el Senado, por más de dos tercios, aprobó el 31 de agosto un proyecto de ley de convocatoria de las elecciones, el trámite se congeló en Diputados, que derivó el proyecto ‘a consulta’ de varias instancias. Era la decisión política del arcismo, a esa altura ya en ruptura con el evismo, para frenar las elecciones judiciales en consonancia con los operadores judiciales. Hasta que finalmente, otros tres meses después, llegó la DCP que señala la inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto aprobado en el Senado y la consecuente auto prórroga de mandato”.
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Alternativas. Ahora bien, dadas las cosas como están, ¿es posible alguna salida que pueda considerarse constitucional? Cabe recordar que el Proyecto de Ley 144, el mismo que fue observado por el TCP, proponía dejar al Órgano Judicial en manos de “personal subalterno”, lo que tampoco se enmarca en lo que establece la CPE. Los analistas tienen puntos de vista distintos al respecto.
“Es posible que el proyecto de ley fuera imperfecto, pero si tuviéramos en Bolivia una justicia cuyos plazos judiciales nunca hayan sido aplazados, pues creeríamos que se trata auténticamente de no dejar sin justicia en los tiempos correctos a los ciudadanos, pero la verdadera intención del TCP es indudable: declarar inconstitucional todo lo que le presentarán, porque quería la prórroga y no quería elecciones. El TCP nos da cuenta que se percibe a sí mismo como un ‘supra poder’, pero hay que mandarlos a leer nuevamente la CPE, esa figura no existe y el primer poder del Estado es la ALP, les guste o no”, afirma Bejarano.
De la Fuente sostiene que “la alternativa a la DCP, que dispone la prórroga de funciones de manera excepcional y temporal, es el Proyecto de Ley 144, que pretende resolver la inminente acefalía suspendiendo los plazos procesales y que, entretanto se elijan a las nuevas autoridades, los tribunales queden en manos de los ‘subalternos’. En otras iniciativas, todavía más estrafalarias, se propone que se cubran las acefalías con decanos judiciales u académicos o, finalmente, con tribunales ad hoc (el Tribunal Departamental chuquisaqueño, decía una senadora sucrense). ¿Y todo esto tiene algo de constitucional? Claro que no, son ideas sacadas del sombrero porque no hay nada en la CPE que siquiera se asemeje a una figura de esta naturaleza cuando, por el contrario, rige el elemental principio de administración pública por el que todo servidor público, independientemente del nivel del cargo, debe esperar a un sustituto legal para su relevo”.
A su vez, Exeni asevera que “más allá del debate sobre la usurpación de funciones y la inconstitucionalidad de la reciente DCP, así como sus implicaciones para la democracia y el Estado de derecho, lo cierto es que esta operación política y judicial ahonda más todavía la profunda y estructural crisis del sistema de administración de justicia. Lleva a la peligrosa deriva de un TSJ y, en especial, un TCP convertidos en suprapoder, con su propia agenda e intereses. ¿Qué otras opciones había ante la crónica de un vacío anunciado por falta de nuevas autoridades judiciales electas? Ya se había descartado el ‘decretazo’ del Gobierno, designando interinatos o estableciendo la prórroga de mandato. Solo quedaba una solución desde la ALP, concertada entre los actores políticos. Por supuesto la solución debía ajustarse a la CPE. No hay una alternativa ‘menos dañina’ en esto”.
Para Bejarano, “la verdadera cuestión es si se respeta la CPE o no. Si se respeta, entonces la ALP debía haber encontrado una salida legal y el TCP debía haberse mantenido al margen de un asunto que lo involucraba. Ellos son parte interesada y hay bastante legislación que explica que las partes involucradas no pueden resolver a su favor o en su contra”.
De la Fuente observa que “lo sucedido tiene lugar en el primer órgano del Estado, la ALP, y sin duda es la primera grave consecuencia de un sistema político que se ha fragmentado y no tiene capacidad de concertación para lograr una salida democrática y constitucional de alto consenso, porque exige dos tercios. En política nada es inocente y todo tiene un sentido más o menos explícito. Detrás de esta disputa por el control del Órgano Judicial, desde el dividido oficialismo está la cuestión de la sigla del MAS y la candidatura a las elecciones generales 2025 y que algún momento tendrá que dirimirse en el TCP. Desde la oposición, el bloqueo busca imponer una elección más abierta de las autoridades judiciales y si ello no es posible el cálculo político es que, cuando menos, persista el clima de zozobra institucional que abreve el estado de crisis de gobierno que se busca instalar”.
Porvenir. ¿Qué queda hacia adelante? ¿Cómo se resuelve el entuerto al que han llegado las cosas? “La única salida posible, constitucional y democrática, es la aprobación de una ley votada con el apoyo de dos tercios de la ALP que convoque a las elecciones judiciales y produzca el relevo legal y democrático de magistrados y consejeros, por otro periodo constitucional de seis años como manda la CPE. Luego del 3 de enero no pasará nada más que el añadido de un tema para exacerbar la polarización política y la creación de una sombra sobre la legitimidad de las más altas decisiones judiciales, que lastimará el clima político y calentará aún más el tenso ambiente en el país que precede las elecciones generales próximas; por lo demás, hay una DCP del único tribunal responsable de la interpretación constitucional que protege el funcionamiento regular de los tribunales de justicia entretanto se produzca el relevo legal”, indica de la Fuente.
El abogado añade que “en cualquier caso, no hay que ponerse dramáticos. En España, por iguales razones políticas, la renovación judicial tiene un retraso de más de cinco años y más allá del entredicho continuo y los reclamos políticos de unos y de otros no sucede nada; aunque, ciertamente, a nadie se le ocurrió la peregrina idea de dejar los altos tribunales de justicia en manos de personal subalterno”.
Exeni señala que “lo primero es resolver desde la ALP la situación de los cuatro órganos que quedarán con acefalía de sus máximas autoridades desde el 2 de enero; la segunda tarea, de manera paralela e impostergable, es tejer el gran acuerdo político requerido para convocar por dos tercios a las elecciones judiciales, que debieran realizarse como máximo a mediados de 2024; y la tercera, estructural, es impulsar en serio un amplio proceso, con participación ciudadana, de diagnóstico y propuestas para la anhelada reforma de la justicia, que no se limita por supuesto a la forma de elección de las altas autoridades judiciales.
El politólogo complementa precisando que “como están las cosas en la ALP, con un MAS-IPSP dividido y con disidencias tanto en Comunidad Ciudadana como en Creemos, parece difícil que en el corto plazo se logre un acuerdo para encaminar las elecciones judiciales. Con el reloj en contra, también parece improbable que se pueda frenar la auto prórroga de mandato de las autoridades elegidas por seis años conforme a la CPE. Son malos tiempos para la independencia, separación y coordinación de los órganos del poder público. Son malos tiempos para la democracia. ¿O los actores políticos relevantes lograrán un acuerdo in extremis para preservar principios constitucionales y garantizar el derecho a elegir?”.
“Por cómo han ido las cosas, me inclino a pensar que los magistrados actuales se quedarán hasta 2025. La actual composición de la ALP no tuvo la fuerza hasta ahora para hacer cumplir la CPE y se enfrenta abiertamente al poder judicial en el TCP, que cree que tiene mayores facultades. La ALP no está reaccionando ante esta situación, quizás porque no puede, quizás sea sólo una nueva composición de la ALP la que lleve adelante el cambio de autoridades en el Órgano Judicial. Lo ideal, por supuesto, es una Ley corta que llame a elecciones, que acuerden sobre los candidatos, pero este es un deseo que no corresponde a la realidad de lo que hemos visto estos años”, concluye Bejarano.
(*)Pablo Deheza es editor de Animal Político