La reciente decisión del gobierno boliviano de suspender temporalmente las exportaciones de aceite comestible ha generado una profunda preocupación en el sector afectado. La medida, anunciada por el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, busca garantizar el abastecimiento interno a precios justos. Sin embargo, desde el lado empresarial advierten sobre sus consecuencias negativas, especialmente en la relación con los mercados externos.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), expresó un enérgico rechazo a la decisión. Desde su perspectiva, la medida es «desconcertante e innecesaria». Según explica, el sector oleaginoso ha cumplido con garantizar el abastecimiento interno pese a las adversidades económicas y climáticas. “Es difícil comprender cómo, después de constatar que la industria cumplió con garantizar el mercado interno y mantener un stock suficiente hasta 2025, se opta por una medida que penaliza a quienes han actuado responsablemente”, aseveró.

Exportaciones futuras en riesgo

El ejecutivo observa que la suspensión afectará no solo al sector industrial, sino también a la credibilidad del país como proveedor internacional. “La restricción de exportación implica incumplimientos de contratos, penalidades financieras y el riesgo de perder mercados y clientes estratégicos”, advirtió Rodríguez. Además, lamentó que esta decisión se tome en un momento crítico para el sector, golpeado por la sequía, la escasez de diésel y el encarecimiento del dólar en el mercado paralelo.

El gerente del IBCE subrayó que el problema principal no radica en la producción ni en la industria, sino en la comercialización y el contrabando. “El contrabando a la inversa, como lo denomina el propio presidente, es el verdadero problema. Productos como el aceite, ofrecidos a precios bajos en el mercado interno, salen ilegalmente hacia países vecinos, donde se venden a precios más altos”, indicó. Añadió que estas prácticas ilegales son incentivadas por la diferencia cambiaria en el mercado negro.

Fundamentos del Gobierno

La suspensión de exportaciones fue anunciada tras verificativos en mercados y centros de abasto que revelaron insuficiencia de producto y precios elevados. Según Huanca, la medida responde a “la obligación de garantizar la seguridad alimentaria”. El ministro argumentó que, aunque la producción y distribución fueron declaradas normales por la industria, los grandes consumidores señalaron una reducción en los volúmenes entregados.

“La sequía y los bloqueos afectaron la distribución. Es deber del Gobierno anteponer los intereses del pueblo por encima de cualquier interés sectorial”, sostuvo Huanca. Además de la suspensión, se implementarán controles fronterizos para frenar el contrabando y se reforzarán medidas contra la especulación en la cadena de distribución.

Otros impactos

Desde el sector exportador, se advierte que el “remedio puede ser peor que la enfermedad”. Rodríguez advirtió que esta decisión no solo reducirá la entrada de divisas al país, sino que también afectará la estabilidad financiera de la industria. “Quienes deben estar celebrando esta decisión son los contrabandistas, que ahora tendrán más disponibilidad de aceite barato para lucrar”, dijo.

El gerente del IBCE lamentó que el diálogo técnico con las autoridades no haya evitado la implementación de esta medida. “Es triste ver cómo, en lugar de apoyar a un sector clave para la economía nacional, se imponen restricciones que agravan la crisis”, concluyó.

La situación tensiona las relaciones entre el Gobierno y el sector privado, con impactos potenciales para la economía y la reputación de Bolivia en el mercado internacional. Así, el país se debate entre equilibrar la seguridad alimentaria y el mantenimiento de su competitividad exportadora.

Le puede interesar: Identifican un intermediario que en noviembre compró 54 toneladas de aceite

Un cabildo convocado en la capital cruceña tuvo lugar la tarde de hoy miércoles a los pies del monumento al Cristo Redentor. La multitud determinó dar un plazo al Gobierno nacional para liberar a Luis Fernando Camacho y otros denominados «presos políticos». Nueve preguntas afloraron ante los presentes, todas respondidas afirmativamente por aclamación.

«¿Están de acuerdo en establecer un plazo máximo hasta el 16 de enero de 2025 para que este Gobierno central proceda con la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y los demás presos políticos?», inquirió la octava pregunta del cabildo.

Luego de la aprobación, el orador prosiguió aseverando que «si hasta el 16 de enero, el gobernador y los presos políticos no son liberados, ¿están de acuerdo que, a las 00:00 del día 17 de enero, nos convoquemos a un paro indefinido?»

Richard Ribera, diputado de Creemos, leyó las interrogantes. Junto a él, en la testera, estaba el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, y otros activistas ligados al camachismo.

La novena y última pregunta de la noche consultó sobre si los presentes en el cabildo se comprometían, «a los pies de nuestro Cristo Redentor, a defender las demandas y las decisiones tomadas».

Los otros temas del cabildo

En las preguntas del cabildo, previamente leídas por el diputado Ribera, se abordaron diversas cuestiones: 1) Exigir responsabilidad y seriedad en la administración económica del Estado al Gobierno nacional y eliminar las filas por combustibles; 2) Pedir nuevo censo poblacional en el país en 2025; 3) Exigir redistribución de recursos: 50% para el nivel central, 50% para entidades autónomas y universidades; 4) Desalojo de asentamiento ilegales y dotación de tierras a través de instituciones departamentales; 5) Revisión del padrón electoral; 6) Exigir nueva ley contra incendios forestales; y 7) Exigir la anulación de la sigla del MAS, argumentando la responsabilidad en el fraude electoral de las elecciones del 2019.

La asistencia en esta ocasión fue reducida, en comparación con los cabildos de años anteriores. El Comité Pro Santa Cruz no participó del evento y más bien lo tildó de «divisionista». Tampoco se hicieron presentes el gobernador en funciones, Mario Aguilera; el alcalde, Jhonny Fernández; y otras personalidades como los anteriores presidentes cívicos.

Le puede interesar: Cainco dice que el Presupuesto 2025 es una ‘carta blanca para el endeudamiento’

El paro indefinido del transporte público en Santa Cruz continuará, según anunciaron los dirigentes del sector, tras rechazar la propuesta del alcalde Jhonny Fernández. El conflicto, que ingresa a su tercer día, se agrava. Los micreros amenazan con un bloqueo departamental a partir del lunes si no se alcanza una solución antes del fin de semana.

“Hoy nuestras bases se mantienen firmes en la lucha, mantienen el paro hasta que las autoridades nos den una solución satisfactoria. Pedimos una nivelación de tarifas justa. Incluso pedimos una tarifa solidaria o transitoria de Bs 2,50 para que nuestros compañeros puedan trabajar sin pérdida”, dijo Bismarck Daza, dirigente del sector.

El principal reclamo de los transportistas gira en torno al precio del pasaje, que actualmente es de Bs 2 en la capital cruceña. Según los dirigentes, Bs 2,50, es una tarifa necesaria para equilibrar los costos operativos ante la situación económica imperante en el país.

La postura del sector refleja una tensión creciente entre el cumplimiento de las normas municipales y las necesidades económicas de los transportistas. Daza añadió que, pese a la disposición para el diálogo, las reuniones con el alcalde no han resultado en acuerdos concretos. “El transporte tiene toda la predisposición para llegar a un acuerdo, pero lamentamos que no nos hayan dado una solución”, añadió Daza.

Paro indefinido y otras medidas

Los transportistas dijeron que su descontento puede extenderse más allá de la ciudad, con la posibilidad de sumar bloqueos en las principales carreteras del departamento. Ronald García, otro dirigente del sector, detalló los pasos a seguir. “Convocaremos a un ampliado departamental el día viernes. Si no hay solución hasta entonces, el lunes entraremos en paro con bloqueo departamental de todo el transporte urbano, intermunicipal e interprovincial, hasta que haya una solución de la autoridad municipal”, aseveró.

García también destacó que han solicitado al menos una tarifa transitoria como gesto de negociación, pero esta propuesta fue rechazada. “Nosotros pedíamos una tarifa transitoria de Bs 2,50 hasta que se hagan los estudios correspondientes para definir una tarifa definitiva. Sin embargo, no hemos visto predisposición de las autoridades”, afirmó.

Previamente, el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, llamó al sector a la cordura y la reflexión, pidiendo que se restituya el servicio a la brevedad. La autoridad dijo que, de mantenerse el paro por tercer día consecutivo, los micreros podrían perder las licencias para sus líneas de operación.

La respuesta de los dirigentes fue desafiante. “Sabemos lo que dice la ley y el reglamento. Después de tres días pueden iniciarnos procesos administrativos, pero son cinco procesos en total para perder nuestras rutas. No tenemos miedo, que lo hagan”, afirmó García.

La población, por su parte, sigue esperando una solución que ponga fin a un conflicto que ha paralizado gran parte de la actividad cotidiana en Santa Cruz. La gente se ha visto obligada a trasladarse en camionetas y camiones improvisados, pagando tarifas de hasta Bs 3.

El paro indefinido de transporte público en Santa Cruz de la Sierra cumplió su segundo día, dejando a la ciudadanía en una situación crítica al momento de trasladarse. La reunión de la tarde de hoy martes con el alcalde Jhonny Fernández no llegó a una solución. El burgomaestre propuso activar desde mañana miércoles una serie de reuniones por tiempo y materia para lograr una salida. Los transportistas solicitaron un cuarto intermedio y se encuentran analizando si continuarán con la medida por tercera jornada consecutiva, lo que también pone en riesgo sus licencias para brindar el servicio.

En conferencia de prensa, el alcalde Fernández destacó los daños económicos y sociales que ha generado el paro. Afirmó que esta situación “no puede seguir perjudicando a los ciudadanos”. La autoridad propuso una mesa de trabajo interinstitucional, pero condicionó su instalación al levantamiento previo de la medida. Según Fernández, esta instancia incluiría a juntas vecinales, asociaciones gremiales y otros sectores sociales, conforme lo establece el reglamento de tránsito y transporte municipal.

El conflicto tiene como eje la demanda de incrementar el pasaje de Bs 2 a Bs 3 en la capital cruceña. Según el alcalde, este punto debe ser abordado en el marco de un análisis más amplio que contemple aspectos legales, técnicos, además de los económicos. La autoridad fue tajante al sentenciar que “no se puede violar la ley ni el reglamento vigente”.

Advertencia a los transportistas

Fernández advirtió que, de persistir la medida, los transportistas podrían enfrentar consecuencias legales y administrativas. Según explicó, el tercer día consecutivo de paro implicaría la pérdida del derecho a operar como transporte público, declarándolos como ilegales. Además, remarcó que es responsabilidad del gobierno municipal garantizar el cumplimiento de las normativas y la continuidad del servicio para los ciudadanos.

“Si no levantan el paro, no sólo habrá sanciones económicas; perderán el derecho a trabajar como transporte público”, afirmó el alcalde y llamó a la reflexión a los dirigentes del sector.

El paro está generando un impacto profundo en la vida cotidiana de los habitantes de la capital cruceña, especialmente para los sectores más vulnerables que dependen del transporte público para sus actividades diarias. Comerciantes y trabajadores informales también reportan pérdidas debido a la falta de movilidad. Todo esto suma presión a una economía ya golpeada por otros factores.

Aunque las propuestas del gobierno municipal han sido presentadas, la decisión final sobre la continuidad del paro recae ahora en las bases del sector transportista. Según Fernández, se espera que en las próximas horas los dirigentes entreguen una respuesta definitiva.

“Esperemos que prime la sensatez y se restablezca el servicio de transporte. Estamos abiertos al diálogo, pero necesitamos trabajar en un marco de legalidad y compromiso con la ciudadanía”, concluyó el alcalde.

Le puede interesar: Gobierno explica a la CAO artículo del PGE sobre control a productos alimenticios

El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025 autoriza el uso de activos virtuales para las transacciones de las empresas instituciones. La medida tiene por objetivo aliviar la escasez de dólares y permitir que la economía continúe moviéndose.

“Se faculta a las empresas y entidades públicas, que realicen actividades comerciales, a obtener activos virtuales y transferir para cumplir sus obligaciones contractuales contraídas en moneda extranjera; para cuyo efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitirá la reglamentación correspondiente”, dice el artículo 7 del proyecto de ley del presupuesto nacional.

El pasado 25 de junio, el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió la Resolución de Directorio 082/2024. Mediante esta disposición se habilitó el uso de canales e Instrumentos electrónicos de pago para acceder a la compra y venta de activos virtuales en Bolivia. Desde entonces la adopción de los criptoactivos no ha hecho sino crecer.

Según un informe reciente del BCB, los montos transados en la plataforma Binance, la más usada en el país, crecieron. Pasaron «de $us 13,7 millones en julio a $us 23,7 millones en octubre”. El ente monetario añadió que las transacciones acumularon “en cuatro meses más de $us 75 millones”.

En el sistema financiero nacional el salto fue aún más espectacular. “Entre julio y octubre pasado, la cantidad de operaciones con estos activos escaló de 812 a 1.719”, indicó el BCB. El reporte oficial señala que “el valor de las transacciones que subió de Bs 0,6 millones a Bs 20,1 millones”.

Este domingo, en Energías & Negocios, de La Razón, conversamos al respecto con el especialista en tecnología y economía digital, Hugo Miranda. En una entrevista exclusiva, el experto entra en detalles sobre el uso de criptoactivos en Bolivia y sus perspectivas.