La disputa entre micreros, vecinos y autoridades municipales por el reajuste de tarifas en el transporte público podría derivar en un paro con bloqueo departamental. Así lo hicieron conocer los dirigentes del transporte, al concluir las mesas técnicas convocadas por el alcalde, Jhonny Fernández. La aprobación de una nueva ley municipal que establece el mantenimiento del pasaje en Bs 2 impidió llegar a un nuevo precio consensuado del pasaje.

Fernández criticó duramente al Concejo Municipal por lo que calificó como una decisión apresurada e inconsulta. “El Concejo no hizo su trabajo. Determinaron que el pasaje sea de Bs 2 bolivianos sin verificar los precios de los repuestos, las rutas, ni las recaudaciones”, afirmó. El burgomaestre defendió las mesas técnicas que se realizaron, con participación de los micreros, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y el control social. Las mismas validaron un estudio que proponía una tarifa técnica de entre Bs 2,18 y Bs 2,37.

“Lo que ellos (los concejales) no hicieron, lo han hecho los ciudadanos. Este es un intento político para entorpecer el trabajo técnico y social que hemos logrado en conjunto con los sectores”, enfatizó Fernández. Además, acusó a los legisladores de actuar con una intencionalidad política que “solo busca paralizar el proceso y generar conflictos en la ciudad”.

Descontento en los micreros

Por su parte, los dirigentes del transporte mostraron su indignación ante la medida del Concejo. Bismarck Daza, representante del transporte federado, consideró que la ley municipal aprobada “entorpece todo el proceso”. “Lamentamos que los concejales saquen leyes entre gallos y medianoche. Nosotros pensábamos llevar un decreto edil a nuestras bases, pero esto nos molesta y nos obliga a analizar medidas”, señaló.

Ronald García, otro dirigente de los micreros, fue más directo al anticipar posibles movilizaciones. “Estamos en cuarto intermedio, pero desde el lunes a la medianoche no descartamos un paro con bloqueo departamental. Esto lo decidiremos junto a nuestras bases, porque no podemos seguir sin una tarifa clara para el transporte público en Santa Cruz”, declaró.

Mientras tanto, la Fejuve se manifestó preocupada por el impacto de las medidas de presión en los vecinos. “El vecino ya está cansado de transportarse en camiones y volquetas, exponiendo su vida”, comentó su dirigente. A su vez, acusó al Concejo de “politizar el tema”. Fue contundente al señalar que “si el lunes hay bloqueos, será culpa de los concejales. Es diciembre y deberíamos estar trabajando para progresar, no sumidos en conflictos”, aseveró.

Previamente, la presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, defendió la nueva ley. Dijo que es un paso hacia un sistema de transporte más moderno y eficiente. “Lo importante es que Santa Cruz tendrá un nuevo sistema integrado. Mientras tanto, el pasaje de Bs 2 se mantiene. El Ejecutivo debe liderar el comité técnico para implementar esta transición a corto, mediano o largo plazo”, afirmó.

El conflicto tiene en vilo a la capital cruceña, generando incertidumbre tanto en los usuarios como en los transportistas. En las últimas semanas, el servicio de transporte ha sido interrumpido parcialmente, obligando a muchos vecinos a buscar alternativas riesgosas para movilizarse.

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Una «tía», que es como se denomina a las encargadas de cuidar a niños y bebés en las guarderías, quedó detenida por maltratos a menores. Junto a ella, varias otras personas están siendo acusadas por los mismos cargos.

La “tía” Dieny Gutierrez Cordano se abstuvo a declarar al presentarse ante el Ministrio Público, hoy viernes en la capital cruceña. La educadora tendrá una audiencia ante un juez cautelar en las próximas horas. Pesa sobre ella el delito de violencia familiar o doméstica.

“Nosotras tenemos identificadas siete víctimas” precisó la jefa de la Defensoría de la Niñez y adolescencia, Mónica Selaez. “Hemos solicitado, de todas nuestras guarderías que cuentan con cámaras de seguridad, se nos remita de manera inmediata las imágenes”, aseveró. Con esto, las autoridades buscan identificar si no hay más casos de maltratos en los parvularios administrados por la Alcaldía cruceña.

“Hemos hecho las denuncias ante la Fiscalía y Transparencia. Se pide la destitución inmediata de las funcionarias”, explicó la secretaria de Desarrollo Humano, Isabel Fernández.

Más de una ‘tía’ denunciada

“Mi bebé fue una víctima más de estas abusadoras, como más niños. Algunos ya confirmados con cámaras de seguridad. que recién pusieron en septiembre en la guardería”, dijo de manera testimonial, en redes sociales, una madre afectada. “Siempre me llegaba con moretones. Incluso una vez me llegó con un chichón en la cabeza y nunca nos informaban porque”, relató.

La afligida progenitora contó que la «tía» le hacía creer que su hijo era conflictivo. En contraste, las imágenes que desataron el escándalo muestran a una educadora arrastrando a una menor sin ninguna provocación aparente.  

En contacto con La Razón, el concejal Maykol Negrette informó que en el transcurso de la semana llegaron varias denuncias de maltrato contra las “tías” educadoras. “Estamos pidiendo un informe sobre el total de las denuncias, así como los files de las personas involucradas”, aseveró.

Negrette indicó que la gestión 2024 ya está llegando a su fin, pero que en 2025 debe mejorarse el servicio. Como medida correctiva a futuro, el concejal apuntó a que, “en el tema del cuidado de los pequeños, debe hacerse una selección exhaustiva del personal”.

Los familiares de los menores señalan por lo menos a cuatro educadoras involucradas en los maltratos.

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La reciente decisión del gobierno boliviano de suspender temporalmente las exportaciones de aceite comestible ha generado una profunda preocupación en el sector afectado. La medida, anunciada por el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, busca garantizar el abastecimiento interno a precios justos. Sin embargo, desde el lado empresarial advierten sobre sus consecuencias negativas, especialmente en la relación con los mercados externos.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), expresó un enérgico rechazo a la decisión. Desde su perspectiva, la medida es «desconcertante e innecesaria». Según explica, el sector oleaginoso ha cumplido con garantizar el abastecimiento interno pese a las adversidades económicas y climáticas. “Es difícil comprender cómo, después de constatar que la industria cumplió con garantizar el mercado interno y mantener un stock suficiente hasta 2025, se opta por una medida que penaliza a quienes han actuado responsablemente”, aseveró.

Exportaciones futuras en riesgo

El ejecutivo observa que la suspensión afectará no solo al sector industrial, sino también a la credibilidad del país como proveedor internacional. “La restricción de exportación implica incumplimientos de contratos, penalidades financieras y el riesgo de perder mercados y clientes estratégicos”, advirtió Rodríguez. Además, lamentó que esta decisión se tome en un momento crítico para el sector, golpeado por la sequía, la escasez de diésel y el encarecimiento del dólar en el mercado paralelo.

El gerente del IBCE subrayó que el problema principal no radica en la producción ni en la industria, sino en la comercialización y el contrabando. “El contrabando a la inversa, como lo denomina el propio presidente, es el verdadero problema. Productos como el aceite, ofrecidos a precios bajos en el mercado interno, salen ilegalmente hacia países vecinos, donde se venden a precios más altos”, indicó. Añadió que estas prácticas ilegales son incentivadas por la diferencia cambiaria en el mercado negro.

Fundamentos del Gobierno

La suspensión de exportaciones fue anunciada tras verificativos en mercados y centros de abasto que revelaron insuficiencia de producto y precios elevados. Según Huanca, la medida responde a “la obligación de garantizar la seguridad alimentaria”. El ministro argumentó que, aunque la producción y distribución fueron declaradas normales por la industria, los grandes consumidores señalaron una reducción en los volúmenes entregados.

“La sequía y los bloqueos afectaron la distribución. Es deber del Gobierno anteponer los intereses del pueblo por encima de cualquier interés sectorial”, sostuvo Huanca. Además de la suspensión, se implementarán controles fronterizos para frenar el contrabando y se reforzarán medidas contra la especulación en la cadena de distribución.

Otros impactos

Desde el sector exportador, se advierte que el “remedio puede ser peor que la enfermedad”. Rodríguez advirtió que esta decisión no solo reducirá la entrada de divisas al país, sino que también afectará la estabilidad financiera de la industria. “Quienes deben estar celebrando esta decisión son los contrabandistas, que ahora tendrán más disponibilidad de aceite barato para lucrar”, dijo.

El gerente del IBCE lamentó que el diálogo técnico con las autoridades no haya evitado la implementación de esta medida. “Es triste ver cómo, en lugar de apoyar a un sector clave para la economía nacional, se imponen restricciones que agravan la crisis”, concluyó.

La situación tensiona las relaciones entre el Gobierno y el sector privado, con impactos potenciales para la economía y la reputación de Bolivia en el mercado internacional. Así, el país se debate entre equilibrar la seguridad alimentaria y el mantenimiento de su competitividad exportadora.

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Un cabildo convocado en la capital cruceña tuvo lugar la tarde de hoy miércoles a los pies del monumento al Cristo Redentor. La multitud determinó dar un plazo al Gobierno nacional para liberar a Luis Fernando Camacho y otros denominados «presos políticos». Nueve preguntas afloraron ante los presentes, todas respondidas afirmativamente por aclamación.

«¿Están de acuerdo en establecer un plazo máximo hasta el 16 de enero de 2025 para que este Gobierno central proceda con la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y los demás presos políticos?», inquirió la octava pregunta del cabildo.

Luego de la aprobación, el orador prosiguió aseverando que «si hasta el 16 de enero, el gobernador y los presos políticos no son liberados, ¿están de acuerdo que, a las 00:00 del día 17 de enero, nos convoquemos a un paro indefinido?»

Richard Ribera, diputado de Creemos, leyó las interrogantes. Junto a él, en la testera, estaba el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, y otros activistas ligados al camachismo.

La novena y última pregunta de la noche consultó sobre si los presentes en el cabildo se comprometían, «a los pies de nuestro Cristo Redentor, a defender las demandas y las decisiones tomadas».

Los otros temas del cabildo

En las preguntas del cabildo, previamente leídas por el diputado Ribera, se abordaron diversas cuestiones: 1) Exigir responsabilidad y seriedad en la administración económica del Estado al Gobierno nacional y eliminar las filas por combustibles; 2) Pedir nuevo censo poblacional en el país en 2025; 3) Exigir redistribución de recursos: 50% para el nivel central, 50% para entidades autónomas y universidades; 4) Desalojo de asentamiento ilegales y dotación de tierras a través de instituciones departamentales; 5) Revisión del padrón electoral; 6) Exigir nueva ley contra incendios forestales; y 7) Exigir la anulación de la sigla del MAS, argumentando la responsabilidad en el fraude electoral de las elecciones del 2019.

La asistencia en esta ocasión fue reducida, en comparación con los cabildos de años anteriores. El Comité Pro Santa Cruz no participó del evento y más bien lo tildó de «divisionista». Tampoco se hicieron presentes el gobernador en funciones, Mario Aguilera; el alcalde, Jhonny Fernández; y otras personalidades como los anteriores presidentes cívicos.

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El paro indefinido del transporte público en Santa Cruz continuará, según anunciaron los dirigentes del sector, tras rechazar la propuesta del alcalde Jhonny Fernández. El conflicto, que ingresa a su tercer día, se agrava. Los micreros amenazan con un bloqueo departamental a partir del lunes si no se alcanza una solución antes del fin de semana.

“Hoy nuestras bases se mantienen firmes en la lucha, mantienen el paro hasta que las autoridades nos den una solución satisfactoria. Pedimos una nivelación de tarifas justa. Incluso pedimos una tarifa solidaria o transitoria de Bs 2,50 para que nuestros compañeros puedan trabajar sin pérdida”, dijo Bismarck Daza, dirigente del sector.

El principal reclamo de los transportistas gira en torno al precio del pasaje, que actualmente es de Bs 2 en la capital cruceña. Según los dirigentes, Bs 2,50, es una tarifa necesaria para equilibrar los costos operativos ante la situación económica imperante en el país.

La postura del sector refleja una tensión creciente entre el cumplimiento de las normas municipales y las necesidades económicas de los transportistas. Daza añadió que, pese a la disposición para el diálogo, las reuniones con el alcalde no han resultado en acuerdos concretos. “El transporte tiene toda la predisposición para llegar a un acuerdo, pero lamentamos que no nos hayan dado una solución”, añadió Daza.

Paro indefinido y otras medidas

Los transportistas dijeron que su descontento puede extenderse más allá de la ciudad, con la posibilidad de sumar bloqueos en las principales carreteras del departamento. Ronald García, otro dirigente del sector, detalló los pasos a seguir. “Convocaremos a un ampliado departamental el día viernes. Si no hay solución hasta entonces, el lunes entraremos en paro con bloqueo departamental de todo el transporte urbano, intermunicipal e interprovincial, hasta que haya una solución de la autoridad municipal”, aseveró.

García también destacó que han solicitado al menos una tarifa transitoria como gesto de negociación, pero esta propuesta fue rechazada. “Nosotros pedíamos una tarifa transitoria de Bs 2,50 hasta que se hagan los estudios correspondientes para definir una tarifa definitiva. Sin embargo, no hemos visto predisposición de las autoridades”, afirmó.

Previamente, el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, llamó al sector a la cordura y la reflexión, pidiendo que se restituya el servicio a la brevedad. La autoridad dijo que, de mantenerse el paro por tercer día consecutivo, los micreros podrían perder las licencias para sus líneas de operación.

La respuesta de los dirigentes fue desafiante. “Sabemos lo que dice la ley y el reglamento. Después de tres días pueden iniciarnos procesos administrativos, pero son cinco procesos en total para perder nuestras rutas. No tenemos miedo, que lo hagan”, afirmó García.

La población, por su parte, sigue esperando una solución que ponga fin a un conflicto que ha paralizado gran parte de la actividad cotidiana en Santa Cruz. La gente se ha visto obligada a trasladarse en camionetas y camiones improvisados, pagando tarifas de hasta Bs 3.