Seguridad Ciudadana

domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 02:50

La Policía rescata con vida a la bebé Samanta y detiene a su secuestradora

"Puedo informar que la niña Samanta ha sido rescatada, secuestradora presa. El esfuerzo, las críticas y las horas de trabajo rindieron sus frutos", escribió en Twitter el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

La madre de la menor, cuando se presentó en dependencias de la FELCC. Foto: Roberto Guzmán

/ 12 de octubre de 2020 / 15:30

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció este lunes el rescate de la bebé Samanta, secuestrada en La Paz hace un mes, y la consiguiente detención de su raptora.

#LoÚltimo El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anuncia el rescate de Samanta, la recién nacida raptada por una malhechora hace un mes en La Paz. «La niña Samanta ha sido rescatada, secuestradora presa», dice parte del texto del funcionario en su cuenta de la red social, en la que adjuntó una fotografía de la bebé.

«Puedo informar que la niña Samanta ha sido rescatada, secuestradora presa. El esfuerzo, las críticas y las horas de trabajo rindieron sus frutos», escribió el funcionario.

Noticia en proceso

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Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el lunes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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La Justicia rechaza la acción con la que la Alcaldía de La Paz pretendía obligar la vacunación

Al contrario, la decisión judicial exhorta a los gobiernos nacional y subnacionales a ejecutar medidas, en función de sus competencias, para evitar más contagios.

La campaña de vacunación en La Paz. Foto: La Razón-archivo

/ 23 de octubre de 2021 / 16:00

No será obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en La Paz. La Justicia denegó la acción popular del alcalde Iván Arias debido a que no cumplió con presupuestos procesales; al contrario, exhortó a los gobiernos nacional y subnacionales a evitar la propagación de los contagios.

Según supo La Razón, se denegó la tutela por no haber sido planteada conforme la normativa constitucional vigente, no especificó si se reclama una acción u omisión del accionado, no se adjuntó prueba, salvo publicaciones de prensa.

El 4 de octubre, Arias presentó una acción popular ante el Tribunal de Garantías Constitucionales con el fin de obligar la vacunación en el municipio. “Si nos piden el carnet (de sufragio), ¿cómo no es posible que no nos pidan para salvar una vida, el carnet?”, arguyó esa vez.

En segundo término, la Sala Constitucional exhortó a los niveles de gobierno y subnacional a que, en el marco de sus competencias, establezcan acciones para evitar la propagación del COVID -19.

La acción popular planteaba como recurridos el Ministerio de Salud, las gobernaciones y las alcaldías. Si bien es necesaria, la vacunación contra el nuevo coronavirus en el país es voluntaria.

Hasta el viernes, 3,5 millones de personas recibieron la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19, 2,8 millones la segunda dosis y 133.491, la tercera dosis. La dosis única alcanzó a 918.328 personas.

El Ministerio de Salud admitió que la campaña de vacunación está rezagada, principalmente en los departamentos de Beni, Pando, Potosí y La Paz.

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Recuerdan que en 2019 hubo grupos paraestatales como con Banzer o García Meza

La activista de derechos humanos Kathryn Ledebur afirmó en Piedra, papel y Tinta de La Razón que Donald Trump coadyuvó con el "golpe de Estado" de 2019.

El conversatorio en Piedra, Papel y Tinta de este miércoles.

/ 20 de octubre de 2021 / 19:29

A raíz de la preocupación expresada por Estados Unidos acerca de la presencia de “grupos paraestatales” en Bolivia, activistas recordaron que en 2019 actuaron esas facciones irregulares como en las dictaduras de Luis García Meza y Hugo Banzer.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, recordó que como ocurrió en 2019 con la irrupción de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en las dictaduras hubo grupos paraestatales incluso que también usaron motos para el acoso.

“Los primeros motoqueros fueron Los Marqueses”, quienes tomaron la universidad, en el gobierno dictatorial de Banzer, dijo este miércoles en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

“En el periodo de Banzer, en Santa Cruz, actuó la Triple A boliviana; y Los Novios de la Muerte en el periodo de García Meza”, explicó.

En el mismo espacio, desde Washington (Estados Unidos), la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, consideró que la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) “son muy parecidos con lo que ha pasado en las dictaduras anteriores”.

La activista de los derechos humanos apareció en los últimos días en medio de una preocupación que expresó la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, sobre la seguridad de la ciudadana estadounidense.

Así, pidió el Gobierno de Bolivia, a través de una carta dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, desmantelar esos “grupos de seguridad paraestatales violentos”.

Ledebur se refirió a la RJC y la UJC. “Lo que me ha pasado, tal vez como extranjera, es mucho menor de lo que han sufrido muchísimos bolivianos y bolivianas, especialmente en el caso de la RJC: mujeres de pollera, personas de Cochabamba, y en el caso de la UCJ y Cascos Blancos (La Paz), también”.

Estados Unidos

Su queja llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia debido a las amenazas constantes, de hasta 12 veces a la semana a través de redes sociales, y que persisten en su contra. Sufro “hostigamiento por redes sociales desde antes del golpe de Estado, hostigamiento que señala mi casa, que muestran la foto de mi hija, que me dicen terrorista, que debo ser procesada y expulsada, que me iban a buscar”, dijo a La Razón.

Un caso similar fue reportado por el abogado estadounidense Thomas Becker, quien patrocinó a los familiares de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003. Éste también dijo que su caso es menor en relación a lo que sufren las víctimas de la RJC y la UJC.

También puede leer: El Gobierno anuncia el plan de desmantelamiento de grupos irregulares como RJC y UJC

Desarticulación

“Es importante que se desarticulen estos grupos, que su actividad es ilegal y que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) lo ha comprobado; existe bastante documentación y miles de hojas de testimonios en el expediente”, insistió Ledebur.

“La obligación de desarticular estos grupos no es porque Estados Unidos lo dice, sino que para haya justicia y reconciliación estos grupos ilegales no pueden seguir funcionando”, insistió.

La activista aplaudió la preocupación expresada por su embajada. “Casi nunca aplaudo acciones de mi embajada, pero en este caso ha sido una decisión correcta, ética y moral”, dijo.

Ledebur consideró que en el “golpe de Estado” de 2019 estados Unidos tuvo un papel importante. “Recibí respuesta de la embajada (en sentido de) que están preocupados por mí, pero en la época de Donald Trump no recibíamos desde Washington ni una señal de preocupación, ninguna expresión de rechazo a un golpe violento; la administración Trump coadyuvó en el golpe de Estado en Bolivia y que hay indicios fuertes de eso”, reveló.

En la crisis poselectoral de 2019 fue visible la presencia de la RJC, cuyo centro de operaciones fue la plazuela de Cala Cala en Cochabamba. Su modus operandi fue perseguir a quienes entonces defendían al gobierno de Evo Morales. Una de sus víctimas fue la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien fue vejada, sacada con violencia de su oficina, echada con pintura, rociada con combustible y cortada del cabello.

Su caso fue conocido por el GIEI, que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. El organismo de expertos pidió a las autoridades judiciales investigar el caso, además de exhortar al Estado boliviano a desmantelar estos grupos “parapoliciales”.

La RJC actuó con la aquiescencia de ciertas autoridades de la Policía Boliviana.

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Tres dirigentes mineros de Huanuni mueren en accidente vial de 12 fallecidos

La colisión frontal de dos vehículos ocurrió en las cercanías de la comunidad Sora Sora, en la vía interprovincial entre Oruro y Huanuni.

Uno de los vehículos accidentados. Foto: Código Policial.

/ 20 de octubre de 2021 / 10:59

La madrugada de este miércoles, tres dirigentes sindicales de la Empresa Minera Huanuni fallecieron en una colisión de dos vehículos que cobró la vida de 12 personas.

El hecho ocurrió en cercanías de la comunidad Sora Sora, en la vía interprovincial entre Oruro y Huanuni.

Según reportó radio Horizontes, de la red Erbol, los dirigentes fallecidos son Reynaldo Villca (de 42 años), secretario de Relaciones del sindicato; Miguel Cassia (35), secretario de Hacienda, y Jhonatan Reyes (35), secretario de Actas.

Estas personas volvían a su distrito luego de una reunión que habían sostenido con las autoridades del Gobierno en La Paz. El vehículo en el que viajaban colisionó de manera frontal con un minibús de servicio público.

La Alcaldía de Huanuni declaró duelo local con suspensión de actividades escolares entre este miércoles y el jueves, además de la disposición de crespones negros en las viviendas del municipio.

La lista de fallecidos:

Francisco Villa Choquecallata (42)

Jhonatan Reyes Flores (35)

Miguel Ángel Cassia Arispe (35)

Temistocles Calorias Lora (33)

Reyna Isabel Viscarra Patzi (25)

Adalid Jesús Calani Pérez (38)

Luis Peter Flores Arias (38)

NN varón (38)

NN mujer (25)

NN mujer (30)

NN menor (un año)

NN varón (38)

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En 2003, Carlos Mesa juró bajo sucesión constitucional

El 17 de octubre, la masacre supuso la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada.

/ 17 de octubre de 2021 / 02:32

En 2003, Carlos Mesa esperó fuera del gobierno la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y, al consumarse el hecho, sucedió al presidente dimisionario en una sesión extraordinaria en el entonces Congreso Nacional, con todos los protocolos de ley.

El lunes 13 de octubre, el entonces vicepresidente renunció al gobierno, no así a sus funciones, indignado por la indolencia del mandatario respecto de la crisis que ese mes había tenido su desenlace en la muerte de unas 69 personas por la represión policial y militar desatada en las protestas que pretendían impedir la exportación de gas natural licuado a través de puertos chilenos.

Según cuenta en su libro Presidencia sitiada (Plural, 2018), sobre su experiencia en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y el suyo (2003-2005), Mesa no había logrado convencer al presidente sobre la atención de las demandas sociales que habían, entre ellas una consulta popular sobre el gas. “Si haces esto, podrás suavizar el tema de la Constituyente y decir que estás dispuesto a considerar la posibilidad”, recuerda lo dicho.

Era el domingo previo, en la casa presidencial de San Jorge. Ahí deslizó la premonición fatal sobre la crisis, ante el carácter testarudo y manipulador de Sánchez de Lozada, como lo describe.

“Los muertos te van a enterrar”, cuenta que le espetó al mandatario, con quien ya tuvo serias diferencias cuando en febrero de ese año el gobierno intentó imponer un impuesto al salario, que desató una grave crisis, un motín policial y el enfrentamiento entre policías y militares, cuyo saldo fue 27 fallecidos, sedes partidarias y oficinas del Estado, como la Vicepresidencia, quemadas.

Cuenta Mesa que entre ese lunes 13 y el mismo día de su asunción, el 17 de octubre, se guareció en su residencia privada, acompañado en algunas ocasiones por sus colaboradores leales, entre ellos José Galindo, Lupe Cajías, Oswaldo Candia y Patricia Flores, quienes, al llegar a la Presidencia, fueron parte de su gabinete.

Pero, ¿por qué no renunció también a la Vicepresidencia? Mesa arguye que un hecho en Argentina le hizo reflexionar: en 2000, el vicepresidente Carlos Alberto Álvarez renunció a sus funciones y en 2001, luego de una revuelta popular, también renunció el presidente Fernando de la Rúa. “Si algún valor tenía el cargo, pensé, era precisamente el garantizar la continuidad democrática en caso extremo”, relata en el libro.

La renuncia de Mesa al gobierno fue entonces motivo de debate y críticas. En medio de estos episodios, recuerda que el periodista Andrés Rojas lo entrevistó la mañana previa a la renuncia de Sánchez de Lozada: ¿Tiene usted el valor de asumir las muertes de las que es responsable este gobierno del que ha formado parte?

Dice que la pregunta lo enfureció. Por eso en una conferencia de prensa posterior quiso poner las cosas claras, aunque sus palabras despertaron más suspicacia, porque no se sospechaba que el de la pregunta era un periodista.

“Me han preguntado si tengo el valor de matar, y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar ni tendré mañana el valor de matar”, dijo en la rueda de prensa, en la que ratificó que no volvería al gobierno en esa situación.

Es día había 41 piquetes de huelga que pedían la renuncia del presidente y miles de personas habían llenado la plaza San Francisco contra el gobierno y la violencia estatal, como describió en su edición del domingo 17 de octubre La Razón: Una masiva marcha le dice a Goni “ya es tarde”.

Y era tarde. La mañana del 17, Mesa comenzó a tener visitas oficiales, locales e internacionales, y cuenta que a las 18.00 recibió la visita de los presidentes de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Óscar Arrien, quienes le dijeron que esperaban la renuncia de Sánchez de Lozada. A las 19.00 se cuadraron ante él los jefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Entre las 17.25 y las 22.30 de ese día, nadie gobernó Bolivia. Sánchez de Lozada renunció ante el Congreso Nacional antes de emprender su huida a Estados Unidos. Cuenta Mesa que mientras el avión decolaba, a las 22.45, él pronunciaba su discurso de posesión ante diputados y senadores. Era presidente por sucesión.

“Le dio la espalda al presidente constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó a la democracia”, le reclamó en octubre de 2019 el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar.

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