Sociedad

Tuesday 27 Feb 2024 | Actualizado a 01:48 AM

La telefónica paceña apuesta al Triple Play

Experto considera que el uso de la fibra óptica ofrece más ventajas para los usuarios

Por La Razón

/ 26 de diciembre de 2010 / 05:00

Para salir del déficit y la crisis financiera en la que se encuentra, la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) apunta a la promoción del Triple Play. Un experto sostiene que esta oferta tiene sus desventajas técnicas.  

Según el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Jorge Paco Marín, el Triple Play es un pack que une tres servicios: llamada telefónica, envío/recepción de datos para internet ADSL y señal analógica para la recepción de señal de Tv Cable. El costo total del modem es de Bs 920 al contado, se puede pagar en dos pagos de Bs 500 o en cuatro cuotas de Bs 250. El servicio tendrá un costo de Bs 193 por mes.

«Sólo con una línea puedes usar todos los servicios, un mes gratis de internet por pagos semestrales y dos por a-nuales. Si uno compra el modem al contado tiene cuatro meses gratis de internet. La transmisión de datos es mas rápida entre usuarios de la red de Cotel ya que es una red local».

Paco explicó sin embargo que la mayor desventaja es que quienes quieran acceder al servicio deben vivir en las áreas donde existe cobertura.

Según el técnico de Consultores en Telecomunicaciones y Servicios (CTS), Mirko Mijaich, Cotel debería apostar a un sistema más económico, que es la red de fibra óptica. La diferencia entre la fibra óptica y el Triple Play es que en el primero se puede acceder a 10 servicios en uno, siete más que el servicio ofertado por la cooperativa paceña. 

«Sería mejor noticia que anunciaran una mega ampliación de cobertura de fibra óptica o en su defecto una baja enorme en banda ancha, lo que abarataría los costos, cosa que hasta la fecha he visto que ha quedado en el olvido». Explicó que debido al uso de un sistema analógico que será obsoleto, el Triple Play puede quedar desfasado dentro de dos años.

Comteco oferta red de fibra

Comteco ya usa en su red local la fibra óptica a través de la cual se puede transmitir videoclips, radioemisoras, música on line, juegos on line, tv cable e internet; tiene más beneficios con respecto al Triple Play. Se proyecta su expansión a las ciudades intermedias colindantes.

Cotas Tv e Interac Tv apuntan a lo digital

Al margen de la telefonía, dos servicios permiten a las cooperativas generar recursos, la televisión por cable y la internet.   La Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) tiene como fortalezas los sistemas digitales de Tv de alta definición (HDTV) y Video Bajo Demanda. A través de estos sistemas el usuario puede tener paquetes con mayor número de canales y el acceso a la televisión interactiva.

Esta operadora logró la franquicia para estos dos sistemas de la Home & Networks Mobility en febrero del 2009.  «Es una televisión más interactiva, flexible y personalizada, con mejor manejo de paquetes de programación y mayor versatilidad», dijo Adrián Vaca, gerente de la Unidad de Cotas Cable Tv.

En el caso de Interac Tv, la empresa de cable de la cochabambina Comteco apunta a la televisión interactiva con la implementación de un sistema digital de alta definición para los usuarios.  «En la actualidad ofrece a los usuarios paquetes con más de 120 canales con una señal limpia y de alta fidelidad», dijo el presidente del Consejo de Administración, Jorge Zenteno. 

Ambas cooperativas también han puesto en marcha los servicios banda ancha en el servicio de internet con distintos paquetes para sus socios.  En Santa Cruz, los puntos de servicio internet de Cotas han proliferado por todas las zonas de la ciudad y se han expandido a 45 áreas rurales.

Los dos servicios son parte de la oferta de expansión de fibra óptica por parte de las dos empresas. En Santa Cruz la red se ha extendido desde el primer anillo urbano al cuarto anillo, Y en Cochabamba en la zona norte.

En Comteco se pagan excedentes a los socios

La situación financiera de la cooperativa cochabambina Comteco el 2009 le permitió por quinto año consecutivo distribuir excedentes entre sus socios el 2010. Esta telefónica es la única que paga excedentes a sus accionistas. Sus 122.697 socios se beneficiaron con la distribución de Bs 691 por año, lo que hace un total de Bs 76 millones. 

Según dictamen de una auditoría de Price Waterhouse Coopers, cada año del último quinquenio, Comteco presentó una situación patrimonial y financiera estable como resultado de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y su flujo efectivo.

Según ese estudio, el 2009 los ingresos superaron los Bs 309 millones y el valor de sus activos fue mayor a los 273 millones de dólares. «La solidez financiera ha mejorado ostensiblemente, como producto de la reducción significativa de pasivos que alcanzó un nivel de cero de deuda financiera».

El principal argumento para el pago de excedentes a los socios, según el informe de la consultora, es el alto nivel de utilidades y la liquidez disponible. El 2005 las utilidades fueron de Bs 9,15 millones; el 2006, de Bs 12,35 millones; el 2007 de Bs 13,52 millones; el 2008 de Bs 18,3 millones y el 2009 se elevó este monto a Bs 24,53 millones.

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Receso por cansancio

Por La Razón

/ 25 de febrero de 2024 / 00:30

Luego de una malograda jornada con interrupciones, intercambio de insultos e inaceptable violencia, la Cámara de Diputados entró en receso por razones de “cansancio físico y mental” (sic). El saldo es una sesión vergonzosa, con pésima gestión del orden del día y la polémica aprobación de un crédito. Sin acuerdos, las fuerzas políticas están condenadas a repetir el espectáculo.

En una reunión más propia de pelea callejera que de un Órgano Legislativo, las y los diputados volvieron a demostrar el viernes pasado que la pequeñez, la primacía de intereses particulares y la falta de voluntad política derivan invariablemente en parálisis decisoria. Cuando fallan la deliberación y las soluciones de compromiso, sobran lógicas autoritarias de imposición, bloqueo y/o veto de mayorías y minorías. El resultado, a la vista de todos, son agresiones en lugar de acuerdos y leyes.

La última sesión en Diputados venía precedida de otra igualmente bochornosa e inútil. Luego del celebrado pacto político para encaminar finalmente las elecciones judiciales, obstaculizadas durante casi todo el año 2023, las bancadas de asambleístas se enfrentaron por la interpretación y cumplimiento del acuerdo. De un lado están los arcistas, empeñados en la aprobación unilateral de siete créditos; del otro, la oposición y los evistas, que condicionan todo al cese de magistrados del TCP. Así no hay avance posible.

Cuando las y los diputados se recuperen del cansancio, en especial aquellos que convirtieron el hemiciclo en teatro de la náusea, sesionarán nuevamente. Es bastante probable que, en ausencia de un esfuerzo previo de concertación en torno a la agenda y el orden del día, este martes tengamos otro encuentro denigrante de su condición de representantes. Para evitarlo, se requieren condiciones y acuerdos mínimos: que el debate destierre a los escupitajos, los manotazos y las exhibiciones indecorosas.

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Si las tres fuerzas políticas con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, todas ellas con facciones y disidencias, de verdad quieren cumplir el acuerdo que firmaron, deben tener la madurez política y emocional para que se exprese en el orden del día. Y respetarlo. Ello supone aprobar tres créditos (suponiendo que uno ya está aprobado, aunque hay dudas), tratar los proyectos de ley 073 y 075 sobre la autoprórroga de los magistrados, y aprobar los restantes créditos en agenda.

Esa dinámica no es automática. Ni menos será el resultado forzado de amenazas, barras bravas o tomas del hemiciclo. Se requieren acuerdos para asumir reglas básicas de respeto, deliberación y toma de decisiones. El riesgo de no hacerlo es alto: no tanto que luego de una sesión maratónica terminen otra vez “cansados” y magullados, sino que aceleren y profundicen el agotamiento de la población. Cuidado que de tanto bloqueo y bochorno legislativo se imponga la consigna popular de “que se vayan todos”. 

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Un acuerdo prometedor

El acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2024 / 06:29

Finalmente, luego de un 2023 marcado por la incertidumbre y la desinformación, irónicamente producidas desde el propio Gobierno, el gremio de los empresarios privados no solo logró reunirse con autoridades del sector económico, sino que además obtuvo un ambicioso acuerdo orientado a facilitar el ingreso de divisas al país, así como a estimular el aparato productivo.

La reunión, realizada el lunes último en el Ministerio de Economía y Finanzas, contó con las más importantes representaciones del empresariado boliviano (pero no todas, pues algunos gremios reclamaron por no haber sido invitados), especialmente la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que en un comunicado difundido luego del encuentro saludó una “nueva etapa” en la relación con el Estado en la que “se prioriza el diálogo directo para encontrar soluciones conjuntas”.

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El acuerdo de 10 puntos, se informó luego, no fue solo resultado de las cinco horas de reunión del lunes, sino que se produjo luego de semanas de negociación entre los privados y los ministros de Economía y de Planificación de Desarrollo, los mismos que durante meses habían porfiado en señalar que la escasez de dólares o era falsa o era producto de la mala fe de algunos agentes económicos.

Finalmente, llegó el momento de la sinceridad y se acordó diversas medidas para, por un lado, favorecer el ingreso de divisas al país, así como para facilitar la adquisición de combustible (particularmente diésel) a los grandes consumidores, tanto de la industria y la minería como del agro. Es evidente que las declaraciones públicas no bastaban para calmar la creciente irritación de quienes sintieron la falta de dólares y de carburantes para desarrollar sus actividades.

En ese contexto, también se acordó implementar medidas para facilitar las exportaciones, comenzando por la eliminación de las restricciones a las exportaciones de alimentos y terminando por la decisión de avanzar en el uso de “tecnología agropecuaria de precisión”, eufemismo que confundió a comentaristas y periodistas interesados en el uso de biotecnología en los sembradíos de alimentos. También se acordó favorecer la importación de vehículos eléctricos y poner límites a las comisiones que cobran los bancos por las transferencias de dinero al extranjero.

Como pocas veces, el acuerdo comenzó a ser ejecutado de inmediato, y son varias las instancias gubernamentales dedicadas activamente a hacer realidad las decisiones. Hay analistas que afirman que si el acuerdo funciona como debería, el Gobierno, especialmente el Presidente, estaría acumulando puntos a su favor en la liza hacia la candidatura presidencial. Previsiblemente, las mayores críticas al acuerdo provienen de comentadores y analistas afines al expresidente Evo Morales.

En todo caso, y al margen del posible efecto político, el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática en la que las exclusiones fundadas en presupuestos meramente ideológicos o posiciones sectarias no tengan más cabida.

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Rumbo incierto

Por La Razón

/ 18 de febrero de 2024 / 01:21

Diferentes estudios cualitativos y de opinión pública muestran que la sensación predominante en este momento en el país es de incertidumbre. Una reciente encuesta señala un aumento en la insatisfacción con la situación actual. Y la mayoría de la población no cree que la política ni la economía mejoren en los próximos meses. Son señales de alerta que deben preocuparnos.

Durante la coyuntura crítica de fines de 2019, prolongada en 2020 con el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, se instaló en Bolivia una sensación extendida de crisis múltiple y polarización, acompañada de incertidumbre. Contribuyeron a ello la crisis sanitaria por el COVID-19, la sucesiva postergación de las elecciones generales, la persistente disputa de relatos en una sociedad dividida y la desastrosa gestión gubernamental. La percepción de crisis y de incertidumbre disminuyó con la victoria electoral de Luis Arce.

Transcurrido este tiempo, se ha ido ampliando la sensación de que el rumbo del país es incierto. Por un lado, los actores políticos relevantes, en especial en la Asamblea Legislativa, parecen empeñados en exhibir sus diferencias y la incapacidad de lograr acuerdos, como se vio en varios temas de la agenda legislativa. El bloqueo a las elecciones judiciales en 2023 y la autoprórroga de mandato de los magistrados aumentó la elevada desconfianza en los políticos y en las instituciones.

Pero el punto de inflexión respecto a la situación actual y la expectativa de futuro se produjo el primer trimestre del año pasado, cuando empezaron a faltar dólares y se generó un mercado paralelo. Más allá de la baja inflación, que es un dato sustantivo, así como de la disminución del desempleo, varios indicadores macroeconómicos son negativos para la economía nacional. Es particularmente crítico el boquete cada vez más grande y difícil de cubrir producido por la subvención a los hidrocarburos.

Con un sistema político sin acuerdos mínimos y parálisis decisoria en la Asamblea Legislativa (aunque debemos celebrar la convocatoria a las elecciones judiciales), y con la sensación creciente de duda sobre la estabilidad económica (principal pilar del gobierno de Arce), el actual contexto en el país es de preocupación e incertidumbre. ¿Los actores políticos e institucionales lograrán acuerdos básicos para encaminar la agenda de políticas públicas? ¿Se podrá sostener la economía sin escenario de crisis?

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Estas señales de alerta, que están en el día a día de la ciudadanía, empeñada en procurar condiciones de vida dignas, debieran concentrar la atención de todos los actores estratégicos, en especial del Órgano Ejecutivo. Las disputas políticas y de intereses particulares son normales en una democracia plural, pero se convierten en lastre cuando subordinan y hasta ignoran la agenda común y el bienestar colectivo. Es fundamental preservar la estabilidad y dar certidumbre sobre lo que viene.

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Difícil ruta crítica

El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa

Por La Razón

/ 15 de febrero de 2024 / 06:31

Lo que hasta la semana pasada parecía una salida al laberinto de la ley de convocatoria a elecciones judiciales se convirtió, en vísperas del Carnaval, en un nuevo reto para el espíritu democrático de algunos y más del mismo juego iniciado hace casi un año, para otros. Se espera que esta semana se implemente la ruta crítica y la convocatoria a elecciones sea publicada.

El escenario parecía haberse aclarado con el acuerdo “bicameral y multipartidario”, suscrito a instancias del Vicepresidente del Estado, y entonces se celebró “el triunfo de la política” por encima de las mezquinas actuaciones de algunas y algunos legisladores; sin embargo, la semana pasada, en vísperas del Carnaval, las cosas volvieron a complicarse cuando los jefes partidarios decidieron ignorar el contenido del acuerdo.

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A despecho de lo que pudieran creer y afirmar los dirigentes políticos interesados en impedir la pronta realización de las elecciones judiciales o en mantener en status quo la “autoprórroga” de las y los magistrados en ejercicio, el acuerdo sostiene que el debate legislativo sobre el mandato de los jueces, magistrados y tribunos debía producirse “en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley N° 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley” referidos a créditos externos. El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa.

Sin embargo, legisladores de las tres fuerzas representadas en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de publicar hasta el fin de semana la convocatoria al registro de postulantes, paso que dará inicio al calendario electoral, que debe desarrollarse en 80 días en el ámbito legislativo y luego en 150 días en manos del Tribunal Supremo Electoral.

Mientras tanto, la interminable pulseta, en la que es imposible identificar alguna parte que no hubiese mostrado signos de mala fe, se alimenta de amenazas de declarar “incompetente” al presidente de la Cámara de Diputados o de reactivar los bloqueos de caminos desde la próxima semana, habida cuenta que, según varios comentadores y analistas, el bloqueo sí produjo los resultados que su impulsor, el expresidente Evo Morales, buscaba.

Por su parte, el Gobierno sigue mostrándose débil y arrinconado, y sin darse cuenta de que los discursos en los que se muestra como víctima tienen poco o ningún efecto en la opinión, seguramente porque se espera que las autoridades electas con más de la mitad de los votos sean capaces de proponer iniciativas que muestren proactividad. Mientras tal cosa no suceda, es de esperar que los líderes de oposición sigan manejando la agenda política según sus caprichos y que, como dijo una senadora de CC, siga alargándose “la agonía de los ciudadanos”.

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Créditos y/o cese

Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad.

Por La Razón

/ 11 de febrero de 2024 / 00:22

El acuerdo in extremis suscrito la semana pasada para destrabar las elecciones judiciales tropezó con la disputa por el cese de magistrados y la aprobación de créditos. Era previsible. El Gobierno busca mantener la autoprórroga y la oposición (evistas incluidos) condiciona los contratos de préstamo. Prosigue así la lógica de bloqueo con parálisis decisoria en la ALP.

Tras cinco días de debate y bajo presión del bloqueo de caminos, las jefaturas de bancada de las tres fuerzas políticas y las autoridades de ambas cámaras legislativas suscribieron un acuerdo con tres puntos. El primero se cumplió pese a los augurios en contrario. El lunes 5 fue aprobada en Diputados la Ley 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Al día siguiente se sancionó en el Senado y, horas después, fue promulgada por el Ejecutivo. Se asumió así una solución de compromiso que fue cumplida.

El problema surgió a la hora de tratar los siguientes dos puntos del acuerdo. ¿Primero aprobación de créditos y luego tratamiento de los proyectos de ley para el cese de magistrados y suspensión de plazos procesales? ¿O primero cese de los autoprorrogados y después consideración de los siete proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica? Hay una cuestión de confianza (se habla de “maniobras” y de “chantaje”). Pero también de maximalismo político para imponer un punto de vista.

Según el mencionado acuerdo, los dos proyectos de ley relacionados con el cese de magistrados deben tratarse por tiempo y materia en Diputados luego de la ya aprobada ley de convocatoria a las elecciones judiciales y la aprobación de al menos cuatro de las siete leyes sobre contratos de préstamo para diferentes proyectos y obras. Quedarían pendientes las otras tres leyes de la agenda económica. Ello debió expresarse de manera inequívoca en el orden del día de la sesión. Y no fue así, generando conflicto.

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Es evidente que voceros de uno y otro lado están bloqueando el cumplimiento del acuerdo. Ahí están actores de la oposición que rechazan por anticipado la aprobación de los créditos y actores del Gobierno que desahucian el cese de magistrados. Ambos se acusan de la “ruptura” del acuerdo político. El resultado fue una fallida sesión en Diputados y el triste espectáculo de horas inútiles de discursos sin resultado. La sesión fue suspendida y postergada sin fecha. Como si no hubiera urgencias y riesgo de enfrentamiento.

¿Qué sigue? ¿El Gobierno aceptará el cese de los autoprorrogados a cambio de la aprobación de créditos? ¿La oposición condicionará todo, incluidas las elecciones judiciales, al cese de magistrados? Es innegable que cualquier solución requiere madurez y voluntad política. Y en este momento el oficialismo del presidente Arce está en minoría en la Asamblea. Hay pues la necesidad de pactar, sin imposiciones ni vetos, para fines de gobernabilidad en un contexto difícil para la política y la economía.

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