La directorade La Razón, Claudia Benavente, y el periodista Ricardo Aguilar se acogieron alderecho al silencio en la audiencia sobre el proceso instaurado por laProcuraduría del Estado, que considera que hubo delito de espionaje yrevelación de secretos en un reportaje sobre la demanda marítima publicado el13 de abril en el suplemento Animal Político.

Ambosperiodistas acudieron este viernes a la citación en las instalaciones de laFiscalía de Distrito de La Paz. Comparecieron ante el fiscal del caso, FacundoCoronel, quien investiga la denuncia presentada por el procurador Héctor Arce.

La Directorade La Razón informó escuetamente que, junto a Aguilar, se acogió al derecho alsilencio. Añadió que por orden judicial, que estableció reserva en lasinvestigaciones, no puede referirse al caso.

El juez 11ºde Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado, ordenó al periodistaAguilar, quien firma el reportaje, levantar el secreto de imprenta y le fijó unplazo de tres días.

Lainstrucción judicial, según boletín de prensa divulgado ayer por el demandante señalaque debe ser revelado: “El nombre o los nombres de las autoridades oexautoridades, del funcionario o funcionarios públicos, exfuncionario oexfuncionarios públicos que le reveló o revelaron información reservada sobrela demanda marítima boliviana”.

Los periodistasde La Razón determinaron declarar estado de emergencia en defensa delsecreto de imprenta, reconocida en la vigente ley de Imprenta. Diferentesorganizaciones de periodistas expresaron su respaldo a los trabajadores delmedio demandado y reivindicaron la vigencia de los tribunales especiales.

La Defensoría del Pueblo advirtió hoy de riesgos a laslibertades de prensa, expresión e información en la denuncia interpuesta por laProcuraduría del Estado y la decisión judicial de exigir el levantamiento delsecreto de imprenta. Anunció que hará seguimiento del caso para precautelar quelos derechos expuestos no sean vulnerados.

La Procuraduría aseguró ayer en el boletín de prensa: que“es profundamente respetuosa de los derechos que hacen a la libertad deexpresión, como base del Estado de Derecho y la institucionalidad republicana”y que optó por la demanda debido a que se trata “de la protección del tema másimportante de las relaciones internacionales”.

La defensa de La Razón anunció que interpondrá los recursosnecesarios ante las instancias pertinentes. Varios periodistas protestaron en puertas de la oficina del fiscaly exigieron el respeto al secreto de imprenta.