El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, ratificó el paro de 96 horas desde este lunes 17 hasta el jueves 20 en rechazo a la “jubilación forzosa” a los 65 años que, en su opinión, pretende el Gobierno con el proyecto de Ley 035.

Explicó que durante seis semanas se debatió con asambleístas de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, y solo se llegó a respuestas negativas, por lo cual abandonaron las negociaciones. 

“Del lunes 17 al jueves 20 estaremos movilizados en todo el país denunciando que hoy en Bolivia es un delito tener una edad, es un delito reclamar estabilidad laboral y denunciando que en Bolivia hay un Gobierno socialista que quiere eliminar y enviar a la calle a miles de trabajadores”, sostuvo el dirigente.

Lamentó que el Ejecutivo pretenda obligar a jubilarse a los trabajadores con rentas “miserables”, por lo que estarán en las calles rechazando el proyecto de ley.

Lea más: Médicos vuelven a la carga por la ‘jubilación forzosa’ y anuncian paro de 96 horas

El viernes, los dirigentes de los médicos, del denominado comité “Por una Jubilación Digna”, abandonaron el diálogo con la Comisión de Planificación, tras no obtener respuestas positivas a sus demandas.

El proyecto de Ley 035/23-24 modifica los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, que implica una mejora de hasta Bs 1.000 en las rentas bajas de los jubilados; y abre la posibilidad de jubilación voluntaria a los 65 años, previa evaluación médica.

El Gobierno informó, en varias ocasiones, que lo que busca el planteamiento es proteger la seguridad de los trabajadores y que a los 65 años se realicen un examen médico para establecer su condición de salud. El Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) será responsable de esa evaluación.

No obstante, sobre la medida de presión, el dirigente médico aseguró que la atención en las unidades de emergencia se realizará de manera normal en todos los hospitales del país.

Tras el escándalo del diario del jesuita pederasta Alfonso Pedrajas (+), este domingo se reveló otro, el del también español Luis María Roma Pedrosa (+), a la par de documentos sobre la investigación interna de la orden de los jesuitas que prueban el encubrimiento y las “monstruosidades” del sacerdote contra centenares de niñas en los Yungas y Charagua.

El diario español El País publicó este domingo el reportaje “Los manuscritos de Charagua: la investigación que los jesuitas ocultaron sobre el misionero pederasta que registraba sus crímenes”. “El sacerdote catalán Lucho Roma abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito, en el segundo diario de un cura pederasta al que tiene acceso El País”, dice la presentación.

Lea más: Otro jesuita abusaba menores en Charagua, el caso de 2019 no pasó a la Justicia sino ahora

El caso de Roma intentó ser indagado por la Fiscalía, que terminó por archivarlo porque no se pudo ubicar a las víctimas. Tras lo descubierto sobre Pedrajas el año pasado, la Compañía de Jesús puso recién en manos de las autoridades los legajos el 9 de mayo de entonces, cuando solo eran de conocimiento de la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma, Italia.

La investigación canónica realizada desde marzo de 2019, cuando llegó la denuncia contra Roma, concluye lo siguiente: “Se ha establecido con un alto grado de probabilidad que estos hechos fueron de conocimiento de provinciales y superiores de comunidades en las que vivió el P. Roma, sin que se hubiera actuado con la diligencia debida y oportuna para investigar los hechos, sancionar debidamente al autor y llegar de forma más oportuna y eficaz a las víctimas”.

El País realizó el reportaje con base a informes periciales, interrogatorios, parte del archivo que Roma guardaba en su habitación de la residencia de los jesuitas en Cochabamba y archivos de la congregación religiosa. Además, consiguió contactar a víctimas de este cura y seis especialistas, testigos, inspectores y psicólogos que participaron de las pesquisas internas.

Las memorias de quien era conocido como “Lucho” fueron bautizadas por los investigadores eclesiásticos locales como “Los manuscritos de Charagua”. En total, 75 hojas guardadas en tres carpetas, escritas a mano cuando era misionero en Charagua, Santa Cruz, localidad del pueblo guaraní, entre 1994 y 2005. Allí confesó “cómo fotografiaba, filmaba y abusaba de más de un centenar de niñas, la mayoría indígenas guaraníes”, relata el artículo filmado por Julio Núñez.

Tras el escándalo del diario del jesuita pederasta Alfonso Pedrajas (+), este domingo se reveló otro, el de Luis María Roma Pedrosa (+), a la par de documentos sobre la investigación interna de la orden de los jesuitas en Bolivia que prueban el encubrimiento al sacerdote y las “monstruosidades” de éste contra centenares de niñas en los Yungas y Charagua.

El diario español El País publicó este domingo una investigación titulada “Los manuscritos de Charagua: la investigación que los jesuitas ocultaron sobre el misionero pederasta que registraba sus crímenes”. “El sacerdote catalán Lucho Roma abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito, en el segundo diario de un cura pederasta al que tiene acceso El País”, dice la presentación.

Noticia en desarrollo…

Un último informe internacional sobre la libertad religiosa con datos de la Cancillería, señala que en Bolivia hay al menos 680 organizaciones religiosas registradas y que conviven en el país desde hace muchos años.

El reporte especifica que hubo un relativo incremento en 2022 con relación a los datos de 2021, cuando coexistían 648 entidades religiosas y 40 grupos adicionales que presentaron sus respectivas solicitudes al Ministerio de Relaciones Exteriores para tramitar sus registros.

Según estas cifras, el 70% de la población se identifica como católica; 14,5% como protestante evangélica; 6,6% de ninguna religión; 3,5% como miembros de otras religiones; 2,5% adventistas del séptimo día; 1,2% son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y el resto corresponde a religiones no especificadas (agnósticos o ateos).

De hecho, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días manifiesta que en el país residen unos 300.000 seguidores de esta organización y la página web central y oficial de esta iglesia estima que son más de 200.000.

Con respecto a otros grupos, aproximadamente hay 70.000 menonitas que en una mayoría vive en las tierras bajas del departamento de Santa Cruz, según líderes comunitarios. Además, hay unos 1.500 musulmanes y 450 judíos.

La Ley de Libertad Religiosa y una norma específica para su registro, permitieron a estas organizaciones salir a la luz y hacer crecer sus mensajes en todo el país.

Según estas organizaciones religiosas, el proceso de registro generalmente tomaba de cuatro a seis meses para completarse, y la mayoría de las instituciones cumplieron con el requisito de registro.

En noviembre de 2021, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores declararon que estaban trabajando en un sistema para digitalizar el proceso de registro con el fin de reducir el plazo a uno o dos meses; sin embargo, el gobierno no había completado el proceso a fines de ese año.

La Constitución Política del Estado (CPE) expresa que el Estado Plurinacional de Bolivia es independiente de alguna religión e instaura la “libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, individual o colectivamente, en público y en privado”. Es importante mencionar que la CPE y otras leyes otorgan a las instituciones educativas el derecho a enseñar religión, incluidas las clases de creencias espirituales indígenas propias de la cultura.

El Gobierno informó que los retrasos administrativos y por la pandemia de COVID-19 postergaron la implementación y el cumplimiento pleno de la Ley de libertad religiosa de 2019 que creó una clara distinción entre organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones religiosas.

La Constitución, modificada en en la gestión 2009, dice que el Estado Plurinacional de Bolivia respeta y garantiza la “libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto”, expresada individual o colectivamente, en público y privado. La ley estipula que el Estado es independiente de toda expresión religiosa o grupo.

Las organizaciones religiosas deben presentar 14 requisitos documentales para registrarse ante el gobierno. Estos incluyen documentos legales notariados, incluidos estatutos, reglamentos y procedimientos internos; documentos del contrato de alquiler, facturas de servicios públicos para el o los lugares de culto y un mapa del sitio; información detallada sobre los miembros de la junta directiva y los representantes legales, incluidas las verificaciones de antecedentes que correspondan.

En el documento también se corrobora que el gobierno puede revocar la licencia de funcionamiento de una organización espiritual o religiosa por incumplimiento de los requisitos de registro si la organización no presenta un informe anual de actividades durante más de dos años consecutivos; no cumple con sus objetivos declarados; realiza actividades distintas a las establecidas en sus estatutos; o realiza actividades contrarias a la Constitución, las leyes, la moral o las “buenas costumbres” que rigen en el país.

Asimismo, los líderes religiosos y otras fuentes dijeron que el gobierno no había implementado ni hecho cumplir por completo la Ley de libertad religiosa que se aprobó en 2019, en particular los aspectos relacionados con el requisito de registro, debido a la inestabilidad política en el país y las restricciones prolongadas relacionadas con demoras administrativas y la pandemia de COVID-19.

En septiembre, miembros de la Embajada de EEUU se reunieron con líderes religiosos de las comunidades protestante evangélica, sikh, musulmana, católica y judía para conversar sobre temas de libertad religiosa y alentar a los líderes religiosos a entablar un diálogo interreligioso.

A lo largo del año, funcionarios de la Embajada se reunieron individualmente con líderes de las comunidades católica, protestante evangélica y menonita para analizar el estado de la libertad religiosa que hay en Bolivia.

En cuanto a las tarifas para la obteneción de una licencia de funcionamiento difieren entre “organizaciones religiosas” y “organizaciones espirituales” a un costo de Bs 6.780 ($us 990) y 4.068 ($us 590), respectivamente.

La constitución y otras leyes bolivianas brindan a las instituciones educativas la opción de impartir cursos de religión, incluidas las clases de creencias espirituales indígenas originarias que rigen.

Por ley, los bolivianos pueden vivir en libertad de religión

La ley 1161 del 11 de abril de 2019, promulgada por el entonces presidente Evo Morales, establece un marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, de culto, de conciencia y de pensamiento de forma individual o colectiva, pública o privada; y el reconocimiento institucional de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales en Bolivia

En su artículo segundo señala que la norma reconoce y respeta la libertad de religión y de creencias espirituales con la finalidad de promover la convivencia pacífica y coexistencia de diversas religiones y de creencias espirituales en Bolivia.

Además, instituye lineamientos generales para el accionar de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, de acuerdo a sus respectivas cosmovisiones.

En el país se identifica el catolicismo como la religión principal. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de la encuesta de 2001, aproximadamente el 78% de la población es católica, el 19% es protestante, 2,5% no tiene religión y 0,5% es de otras religiones. Abarcan grupos misioneros bautistas, menonitas, mormones, pentecostales, adventistas del séptimo día y una variedad de grupos evangélicos.

Bolivia también tuvo un pequeño grupo de judíos y hay más de 5.500 personas que son miembros de la fe Bahá’í. Hay varias organizaciones islámicas como el Centro Islámico Boliviano en Santa Cruz, y otros en las ciudades de Sucre y Cochabamba. El Centro Islámico Boliviano fue formado por Imam Mahmud Amer Abusharar en 1986.

También puede leer: La cantidad de donantes voluntarios de sangre subió a 45% en el país

Los credos y ceremonias indígenas originarias son ejercidos por el Quechua, Guaraní, Chiquitano, Aymara y otros grupos nativos. Varios grupos indígenas aún persisten con algunas creencias supersticiosas. Algunas de las creencias tradicionales incluyen Akeko (un dios de las cosechas, la suerte y la abundancia) y la Pachamama (la madre tierra).

Cabe mencionar que El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia se constituye en la autoridad competente para realizar el proceso de otorgación y revocación de la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, además de registrarlas oficialmente.

Las organizaciones religiosas y de creencias espirituales, podrán impartir su doctrina religiosa o espiritual dentro de las mismas, en el marco de los instrumentos normativos en la Constitución Política del Estado.

Una encuesta de CIES Internacional, realizada en cuatro ciudades el eje troncal del país, devela que el cristianismo predomina en Bolivia. El 90% de los encuestados reconoce que profesa alguna religión cristiana. De ellos, el 10% se declara protestante o evangélico y el 81% católico.

Mapiri ya sueña con su nuevo puente. El presidente Luis Arce dio inicio a las obras de construcción de esta vía de acceso para el municipio ubicado en el norte del departamento de La Paz; se comprometió una inversión de Bs 53 millones.

“El norte paceño significa para nosotros desarrollo, crecimiento y producción; pero para eso hay que velar por la infraestructura productiva e integración de nuestros municipios del norte”, expresó el mandatario.

Lea también: Arce anuncia que el reactor nuclear será concluido en junio de 2025

Este puente conectará al municipio de Mapiri con el departamento de Pando. El objetivo es impulsar las capacidades productivas de esta región, que es conocida por sus frutas y verduras. Lamentablemente, Mapiri fue golpeado por inundaciones y otros desastres durante la época de lluvias, por eso también la importancia de conexiones viales para facilitar su transporte.

“Pronto esta región generará desarrollo, crecimiento y posicionará nuevamente a La Paz en el liderazgo de la economía de Bolivia, ahí apuntamos”, aseveró Arce.

El objetivo no solo está en Mapiri. También se busca impulsar a otras regiones. Hay otros puentes en estudio y de esta manera se pretende consolidar una conexión que aporte al desarrollo comercial del norte de La Paz.

“Estoy viniendo de Apolo (municipio del norte de La Paz) y ese es el rumbo que tenemos que seguir; el camino desde Mapiri hasta Apolo, como desde Charazani hasta Apolo, y desde Apolo hasta Ixiamas, y desde Ixiamas hasta Pando”, indicó.