Los conflictos golpean la actividad económica en el centro del poder político de Bolivia
Hace un mes que la Policía instaló vallas de seguridad y restringió el ingreso a la plaza Murillo y calles adyacentes, donde se encuentran los palacios de Gobierno y Legislativo, además de la Gobernación de La Paz. Los negocios que se encuentran en los alrededores registran pérdidas de hasta el 80% en sus ingresos.
Desde hace un mes, el centro del poder político en Bolivia se convirtió en un lugar de difícil acceso por la seguridad policial dispuesta en el lugar, que incluye vallas metalicas de seguridad y una permanente vigilancia policialcon un objetivo: contener la protesta de personas con discapacidad. La restricción de ingreso a plaza Murillo y calles aledañas genera pérdidas de hasta 80% de ingresos en los negocios del lugar, según cuentan los afectados.
Mariano Silvestre es uno de ellos. En los 35 años que lleva como lustrabotas, dice que no pensó en ser testigo de un cierre tan prolongado del acceso a esta plaza y con vallas de seguridad incluido. Dice que sus clientes bajaron en un 90% desde que la movilización de las personas con discapacidad llegó a la Sede de Gobierno.
El 25 de abril llegó a la ciudad de La Paz la caravana de personas con discapacidad que demanda un bono mensual de Bs 500 en vez de los Bs 1.000 que reciben anualmente. Recorrieron 379 kilómetros desde Cochabamba en medio de intentos de diálogo que hasta el momento no lograron resultados por posiciones contrapuestas sobre el bono.
La Policía reforzó su presencia e instaló vallas de seguridad en los puntos de ingreso a la plaza Murillo y calles aledañas para contener los intentos de romper el cerco por parte de los movilizados, quienes optaron por instalar vigilias, principalmente entre las calles Junín e Indaburo, frente a los contingentes policiales que permanecen día y noche en sus puestos de resguardo y vigilancia.
Fueron registrados varios incidentes en el intento de los movilizados de romper el cerco policial. “Ya va a ser un mes, nos ha afectado totalmente, necesitamos nosotros el recurso para trabajar porque están estudiando mis wawas (hijos)”, lamentó Silvestre, quien como otros tiene entre sus clientes a gente que a diario pasa por el centro del poder político y que hoy tiene restringido el tránsito.
La tienda de revelado de fotografías y artículos varios de Kodak Express se encuentra en la calle Comercio, a unos pasos de la plaza Murillo. Luis Choque, responsable del negocio, lamentó que hasta el momento no haya una solución y aseguró que los ingresos diarios disminuyeron de hasta Bs 900 a menos de Bs 100 al día. “Éste negocio es en alquiler y la dueña tiene que conseguir de algún lado para pagar”, indicó.
Silvestre recordó que el conflicto del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) –que fue en julio de 2015– también se prolongó por varias semanas (24 días), pero no como el de las personas con discapacidad, que ya lleva un mes. Explicó que habitualmente gana Bs 80 al día, pero debido al conflicto sus ingresos bajaron a menos de Bs 30.
El negocio de venta de maíz para alimentar a las palomas también está afectado. Paola Calle, quien lleva dos años en el negocio, explicó que la venta de sus productos disminuyó en un 50%. Dijo que lo que gana solo le alcanza para recuperar la inversión, comer y para el transportarse.
“Nos perjudican totalmente, aquí hay varias compañeras que no están saliendo tampoco porque están yendo a buscar otro trabajo; otras están yendo a lavar ropa y vender otras cosas”, explicó.
La situación no es diferente en la sucursal de la panificadora San Luis, ubicada a unos metros de la valla de seguridad de la calle Socabaya. Jhoselin Condori, de 20 años, señaló que la venta de pan disminuyó hasta en un 70%. La gente que quiere comprar tiene que pedir permiso a los policías para entrar, explicó.
La farmacia Congreso, con más de 20 años de funcionamiento frente a plaza Murillo, es otro negocio afectado. Allí, Enrique Capela aseguró que desde que comenzó el conflicto solo los efectivos policiales ingresan a comprar, principalmente antigripales, por lo que las ventas bajaron hasta en 80%.
«¿Se imagina no tener ventas casi un mes? Con qué pagamos alquileres, sueldos; todos tienen responsabilidades, obviamente, yo estoy ni de parte de los que hacen los problemas, tampoco estoy de parte del Gobierno, pero sí deberían entrar a un diálogo y darle solución”, demandó Juana Torrico, administradora de la librería Torre, situada en la calle Bolívar.
Señaló que las ventas disminuyeron casi en un 100% debido al conflicto. “No tengo un centavo para pagar el alquiler y cada vez se cierra y se cierra hasta que un día tuvimos la decisión de retirarnos pero no hemos conseguido un local tan adaptado como este y a bajo costo”, lamentó.
El conflicto persiste y cada día que pasa se acentúa los perjuicios para los dueños de los negocios dentro de la plaza Murillo y calles aledañas. Los afectados coinciden en que la mejor solución es el diálogo para resolver conflictos que dejan aislado al centro del poder político, donde están Palacio de Gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cancillería, la Gobernación de La Paz y negocios privados.
El Gobierno logró hasta el momento firmar un documento de 42 puntos con la dirigencia de los discapacitados no movilizados, lo que es desconocido por los que marcharon. Exigen un bono de Bs 500, mientras que el Gobierno negó en reiteradas oportunidades atender el pedido por el costo que representa para el Estado, más de Bs 300 millones, y sus insostenibilidad.
