Bloqueos impiden notificar al alcalde de Achacachi y no acude a acto de fiscalización legislativa
El alcalde Édgar Ramos no pudo ser notificado por el bloqueo de pobladores de Achacachi, que se extendió por cuatro semanas. Empero, Ramos no trabaja en la sede de sus funciones desde febrero
El alcalde de Achacachi, Edgar Ramos, no pudo ser notificado para comparecer este miércoles ante una comisión del legislativo por las denuncias en su gestión debido a los bloqueos que impedían el paso a esa región, se informó. Sin embargo, Ramos desde febrero que no trabaja en la sede de sus funciones.
Debía brindar un informe ante la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, pero el servicio de courier no pudo llegar con la notificación hasta las oficinas de la alcaldía de Achacachi por el bloqueo que empezó el 22 de agosto y fue levantado por la Policía cuatro semanas después.
El presidente de la comisión legislativa, Erick Morón, informó que la convocatoria fue diferida para el 18 de octubre con la finalidad de que responda por la serie de denuncias de corrupción e irregularidades que estaría cometiendo en su gestión y que desataron los conflictos.
En febrero empezaron los problemas en esa región del altiplano paceño y desde entonces Ramos no trabaja en la sede de sus funciones, Achacachi. Se dijo que trabajaba desde Warisata o en una oficina en El Alto.
Ramos debía responder a 19 preguntas relacionadas a su gestión como el manejo del presupuesto general del municipio, la construcción y financiamiento de una cancha sintética y de la plaza principal.
Un bloqueo de cuatro semanas entre agosto y septiembre de la vía a Copacabana exigía la renuncia del alcalde y la libertad de dirigentes detenidos por el conflicto de febrero. La Policía intervino con violencia y levantó la medida de presión que acabó con al menos 19 encarcelados.
El 20 de septiembre, el cuestionado burgomaestre había confirmado su participación en el acto de fiscalización o a cualquier otra instancia que lo requiera para aclarar las denuncias que hay sobre su gestión.
Las movilizaciones están en cuarto intermedio a la espera del resultado del diálogo que gestiona la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. Para el Gobierno el conflicto es local y debe resolverse por vía de un referéndum de revocatoria de mandato o un proceso judicial que aleje del cargo al burgomaestre cuestionado. (27/09/2017)
