A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce celebró el Día Nacional de la Cueca, danza de la que dijo que una de las “más emblemáticas” del país.

La cueca “refleja la riqueza cultural y la identidad de nuestro país” y “es un símbolo de alegría, tradición y unidad, que nos invita a disfrutar de su ritmo y a compartir momentos especiales”, escribió el mandatario.

El Día Nacional de la Cueca Boliviana se celebra cada primer domingo de octubre; fue instituido por la Ley 764, del 30 de noviembre de 2015, firmada entonces por el presidente en ejercicio Álvaro García.

Además, esa ley declara a la cueca boliviana Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Honra la diversidad de las expresiones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentaria de la danza, “para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y populares, que le otorgan identidad nacional”.

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El promotor de la celebración es el eximio guitarrista Willy Claure, quien, precisamente, es parte, este domingo, de dos actividades relativas a la celebración: la premiación del Concurso de Cueca Afroboliviana en La Paz y el Festival de la Cueca en Sacaba, Cochabamba.

“Que este día nos inspire a seguir promoviendo y preservando nuestras costumbres, llevando en cada paso el orgullo de ser bolivianos”, escribió el presidente Arce.

La cueca es una danza nacional interpretada en casi todo el país, especialmente en Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz.

Se caracteriza por su ritmo cadencioso y de coqueteo entre los intérpretes, que ondean pañuelos mientras cruzan sus pasos. Tiene dos momentos (primera y segunda), con un zapateo que la tradición boliviana la llama “quimba”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) develó que el Estado boliviano no respondió a las recomendaciones sobre reparación judicial y procesos a favor de las víctimas del caso Terrorismo. Por eso, el organismo acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

A través de sus redes sociales, la CIDH difundió el viernes el informe sobre recursos planteados por Mario Francisco Tadic Astorga y otros en relación a la violación de derechos a la vida en el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.

Entonces, un comando de élite irrumpió en el establecimiento en su afán de detener al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, entonces acusado de pretender una ola terrorista en el país. El hombre murió acribillado, como dos de sus compañeros, el irlandés Dichael Dwyer y del rumano Magyarosi Arpád.

Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó y Mario Tadic, salvaron la vida, pero fueron aprehendidos. Otros dos, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, fueron detenidos semanas después, el 28 de abril.

Demanda en la CIDH

Tadic, Tóásó y otros acudieron a la CIDH para denunciar que, en la detención, sufrieron torturas y otros vejámenes contra sus derechos. Y el organismo les dio la razón.

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El 26 de julio, la CIDH acudió a Corte-IDH para someter al Estado de Bolivia a su jurisdicción. En carta dirigida al secretario de ese tribunal, Pablo Saavedra Alessandri, el organismo explica los pormenores de sus conclusiones.

En un capítulo especial, recuerda que Bolivia fue notificada sobre su Informe de Fondo del caso el 26 de julio de 2022. Esa vez otorgó al Estado dos meses de plazo para “informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones”.

“Tras el otorgamiento por parte de la CIDH de siete prórrogas, el 11 de julio de 2024 el Estado solicitó una octava prórroga”, señala el informe del organismo.

Al recibir la solicitud, “valoró las gestiones realizadas por el Estado”. Sin embargo, devela que, “a pesar de ello, observó que han transcurrido dos años desde la notificación del Informe de Fondo sin que haya avances concretos en el cumplimiento de las recomendaciones”.

Corte-IDH

Debido al incumplimiento de los plazos y las recomendaciones, la CIDH se vio obligado a acudir a la jurisdicción de la Corte-IDH, “ante la necesidad de justicia y reparación integral, y considerando la voluntad de las víctimas”.

La CIDH recomendó al Estado de Bolivia reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial; disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso; iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos; y adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.

En su informe sobre el caso, la CIDH “determinó que los actos perpetrados en contra de los señores Tadic y Tóásó, durante y después de su detención y en contra de los señores Guedes y Mendoza, durante su traslado a La Paz, constituyeron actos de tortura”, concluyó la CIDH.

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Detención

Además, señaló que “las condiciones de detención en la cárcel de San Pedro significaron una afectación del derecho de los internos a vivir en un régimen de detención compatible con su dignidad personal”.

Así, la CIDH “consideró que el Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal y a sus obligaciones derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.

El caso Terrorismo fue investigado a instancias del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, el 23 de septiembre, dicho despacho gubernamental, entonces a cargo de Arturo Murillo, se retiró como parte acusadora de la causa.

Esa decisión obligó al cierre del caso. El entonces ministro de la presidenta Jeanine Áñez consideró la determinación como un “regalo al pueblo cruceño”, en vísperas de su efeméride departamental- Una investigación de una comisión multipartidaria de la Asamblea Legislativa develó que muchos dirigentes políticos y empresarios tuvieron vínculos con la célula de Rózsa, al punto de facilitarle su ingreso al país, pasajes de avión, hoteles y hasta ambientes para sus operaciones.

Como cada año desde 2015, Bolivia celebra el primer domingo de octubre el Día de la Cueca Nacional. Ese día, en la Plaza de la Cueca, en Sacaba, Cochabamba, dicha danza será la estrella, entre pañuelos, quimbas y segundita.

La Fundación Cultural Cueca Boliviana, presidida por el eximio guitarrista y cantautor Willy Claure, organiza el evento, del que se espera amplia participación.

“Si hay gente que viene a cantar, a tocar y a bailar, será bienvenida”, invitó el músico a través de La Razón.

A la cita de entre las 16.00 y 18.00 en el barrio Guadalupe, en la ciudad de Sacaba, fueron invitadas escuelas de danza, fraternidades y la Comunidad Afroboliviana, entre otras organizaciones culturales.

“Voy a cantar unas canciones”, adelantó Claure, quien, ese día, tendrá una jornada ajetreada.

Es que, en la mañana, a las 10.00, asistirá a la premiación del Concurso de la Cueca Afroboliviana en La Paz en la plaza Tejada Sorzano, en el atrio del estadio Hernando Siles.

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Cada año, Claure, autor del volumen Cuecas para no bailar, organiza una serie de eventos no solamente por el Día de la Cueca, que es, precisamente, su iniciativa.

El Día Nacional de la Cueca Boliviana fue instituido por la Ley 764, del 30 de noviembre de 2015, firmada entonces por el presidente en ejercicio Álvaro García.

Además, esa ley declara a la cueca boliviana Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Honra la diversidad de las expresiones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentaria de la danza, “para la salvaguarda de los valores culturales, tradicionales y populares, que le otorgan identidad nacional”.

La cueca es un a danza típica de Bolivia que se caracteriza por su presentación ceremoniosa, romántica y en dos etapas, mediadas por una quimba (el zapateo), y el coqueteo de sus intérpretes.

A través de sus redes sociales, el expresidente Evo Morales dijo que es blanco de una “campaña sucia y mentirosa” de parte del gobierno del presidente Luis Arce, al que acusó de pretender su inhabilitación electoral.

“Esta campaña sucia y mentirosa tiene el objetivo de anular políticamente cualquier opción electoral que represente una alternativa para salir de la crisis económica”, escribió el exmandatario.

Morales es ahora centro de atención debido a un caso que lo involucra con presuntos delitos de trata de personas y estupro agravado relativos a una posible relación de pareja con una adolescente de 16 años y la concepción de una hija.

El miércoles, la ahora destituida fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez informó sobre la resolución de aprehensión de Morales por eso caso, aunque una acción de libertad dictada por una jueza de garantías impidió la acción.

Abuso de poder

“La desesperación los arrastra a buscar conseguir con el abuso de poder, lo que ya no pueden conseguir con la legitimidad que otorga la democracia”, espetó Morales al gobierno de Arce.

Al contrario, cuestionó que la administración gubernamental esté ocupada en buscar su inhabilitación y la proscripción del Movimiento Al Socialismo (MAS), “en vez de dedicar sus esfuerzos a garantizar combustibles, contener la inflación y la crisis económica que azota a las familias bolivianas”.

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En su criterio, luego de la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, que recorrió la ruta entre Caracollo (Oruro) y La Paz del 17 al 23 de septiembre, el Gobierno activó, “de forma simultánea”, cuatro procesos penales para su eventual aprehensión.

“Creen que enviándome a la cárcel callarán la voz de un pueblo descontento con una gestión que arrastró al país a la quiebra”, afirmó.

Conferencia

La mañana de este viernes, en conferencia de prensa en Cochabamba, abordó las últimas denuncias en su contra. Acompañado de dirigentes, dijo que este caso fue resuelto en 2020 a instancias del gobierno de Jeanine Añez y el ministro de entonces Arturo Murillo.

Culpó a Arce de actuar como aquellos. “No hubo nada, es una mentira”, afirmó respecto del delito que se le atribuye.

Al ser consultado por un periodista sobre si tuvo una hija en 2016 con una adolescente, Morales respondió molesto: “Lucho ha dicho que no se metan con la familia. No se metan con la familia; la familia es (algo) sagrado”.

El exmandatario se refirió al presidente Luis Arce, que, ante las denuncias sobre presunta corrupción de uno de sus hijos, le dijo a Morales que no se meta con su familia.

Al referirse al caso de presunto delito de trata y tráfico que involucra al expresidente Evo Morales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, felicitó a la destituida fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y reclamó un informe del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Quiero “felicitar y resaltar el trabajo de la fiscal departamental de Tarija, que, sabiendo las consecuencias, ha tenido la plena hidalguía de llevar a cabo esta denuncia penal que nadie antes se había animado”, dijo en rueda de prensa en puertas del Palacio Quemado.

Del Castillo se refirió al caso que implica a Morales, cuya aprehensión fue dejada sin efecto a raíz de una acción de libertad presentada por la defensa del exmandatario. Una comisión de fiscales apuntó a Morales de haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente.

Lamentamos el actuar de “algunos malos administradores de justicia” y algunos “encargados del Ministerio Público que no están permitiendo que se llegue a dar justicia con las víctimas de violación”, dijo el ministro.

Gutiérrez

Se refirió a la destitución de Gutiérrez por parte de Lanchipa, en medio de las diligencias del Ministerio Público contra el exmandatario, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El miércoles, la ahora exfiscal denunció que la orden de aprehensión fue filtrada y no se ejecutó. “Faltando una hora, se nos notifica con una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales”, contó a los medios de información.

Gutiérrez lamentó que, a raíz del caso, fue destituida por el fiscal Lanchipa. “Para mí es una persecución”, denunció

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La mañana de este jueves, Lanchipa deslindó responsabilidad en la suspensión de la orden de aprehensión contra Morales y otros implicados en el caso. “En la tramitación de la causa, el suscrito fiscal general del Estado, en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado”, afirmó.

Lanchipa

Justificó la destitución de Gutiérrez con una supuesta negligencia en las investigaciones del caso.

Al respecto, el ministro Del Castillo demandó explicaciones de parte del Fiscal General. Lanchipa “deben rendir un informe al pueblo boliviano”, desafió.

Además, denunció que la suspensión de la orden de aprehensión contra Morales resultó de una “injerencia” política. Que se deje y “cese de injerencia de algunas personas en contra de algunos fiscales de materia que han realizado un excelente trabajo en Tarija”, dijo.

Consultado sobre si conocer más casos que vinculan a Morales con el ilícito, Del Castillo respondió: “No descartamos que existan otros presuntos hechos de violación presuntamente cometidos por el autor que todo el pueblo boliviano conoce”.

Asamblea

Aprovechó la oportunidad para reclamar de la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes presentado en diciembre de 2023 por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Ellos son, los que están al frente (NdR: apuntó al edificio legislativo), los responsables de que sigan existiendo delitos de violación a niñas y niños”, denunció Del Castillo.

Consideró que algunos senadores y diputados no aprueban la norma “por cálculos políticos”. Ellos “están promoviendo la pedofilia, la pederastia y la violación de niñas y niños”, espetó.

El caso que vincula a Morales ha generado nuevas disputas entre las facciones arcista y evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Unos demandan proceso al exmandatario y otros reivindican a éste.