Sociedad

Friday 26 Apr 2024 | Actualizado a 06:07 AM

Morir con COVID-19 sin saberlo y después de peregrinar clínicas con diagnóstico errado

Una abogada murió en Santa Cruz luego de varios días de padecer los síntomas del nuevo coronavirus sin un resultado fehaciente que le permita un tratamiento adecuado. Ahora su esposo tiene que lidiar con quienes quedaron en casa, unas cinco personas de su entorno.

/ 7 de mayo de 2020 / 14:14

La historia es de terror, y contada de primera fuente. Una mujer murió en Santa Cruz con un diagnóstico equivocado, rezagados y complicado de vaivenes entre una enfermedad común y de menor riesgo, ¡y COVID-19!

Ocurrió en Santa Cruz, entre un hospital del seguro social, una clínica privada y un centro de aislamiento para pacientes contagiados del nuevo coronavirus, por los que peregrinó el cuerpo moribundo de la abogada Erika Salvatierra Castedo, de 37 años, que murió infectada de la pandemia sin que se sepa el resultado del análisis en el momento del deceso.

Molesto, dolido e indignado, el esposo, Mario Requena, relató el miércoles el suplicio en una entrevista con radio Fides.

El caso

Todo comenzó cuando el 28 de abril la funcionaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) fue trasladada por su esposo al Hospital del Seguro Universitario para un diagnóstico de posible caso de dengue o una infección que, al final, resultó negativo.

Tenía “una pequeña fiebre y dolor de cuerpo”, contó Requena.

Sin embargo, ante la persistencia del malestar, Salvatierra fue llevada a la clínica Niño Jesús, donde inicialmente la diagnosticaron COVID-19. “Se cumple el protocolo y es aislada en los centros COVID-19 que tiene la clínica”, afirmó el esposo.

Conocida la sospecha, las pruebas fueron de conocimiento del Centro de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), encargado en el momento para los test del nuevo coronavirus para Santa Cruz y otras regiones del país. “Lamentablemente, ese análisis no sale en 48 horas y el 2 de mayo llamo al Cenetrop, pero me dicen que los análisis saldrán en Sedes (Servicio Departamental de Salud)”, reclamó.

Llamada

Requena dijo que luego llamó a la línea de emergencia 108 para reclamar por los resultados de la prueba. “Mi esposa estaba mal y no podía pararse; necesitaba esas pruebas para que la clínica cumpla con los protocolos pertinentes”.

No tuvo éxito, hasta alzó la voz ante su interlocutora, a la que incluso le dijo que se ponga en su lugar en la desesperación. Aquélla le colgó el teléfono, incluso –según la historia— lo amenazó con una denuncia por presunto hostigamiento.

“Se llenan la boca diciendo que las pruebas salen en 48 horas y resulta que la primera persona con la que hablo me dice que las pruebas están tardando seis días. ¡En seis días una persona se muere!”, protestó Requena.

Al final, “en el día 3 y avanzando con horas al día 4”, se comunicó con otro funcionario, quien luego, a las 19.00, le devolvió la llamada para informarle que “los análisis salieron negativos”. Era el 2 de mayo, cuando Salvatierra fue devuelta del centro de aislamiento hacia una sala de tratamiento para pacientes “normales” en la clínica Niño Jesús, donde recibió medicamentos para casos de enfermedades ajenas al nuevo coronavirus.

“A los dos días de estar en pieza el médico me dice que ella debe pasar a terapia intensiva, que su respiración bajó y no había mejorías”, contó Requena, quien a esas alturas estaba azorado por la situación de su esposa.

La paciente estaba en una sala de terapia intensiva, otra vez, para pacientes no contagiados de COVID-19. “Durante esos dos días yo visité a mi esposa, estuve con ella, ingresé a la sala e  ingresaron más de 16 enfermeras y médicos, con una paciente que estaba con COVID-19. Debió seguir aislada si el resultado salió positivo”, dijo.

“Cuando ella estaba en terapia intensiva, el médico me dice que vio las plaquetas y que avanzó (la enfermedad), que atacó los pulmones de manera fulminante ‘y tengo una leve sospecha que tenga COVID-19’, y me recomienda un nuevo análisis”, recordó el afligido hombre.

Otra prueba en el Cenetrop, sobre las mismas muestras por supuesta influenza de antes. La cuñada se encargó de tramitar el análisis ante una técnica del laboratorio.

Resultados

Mientras Requena esperaba los resultados, su esposa murió a las 02.30 del martes 5 de mayo. “El análisis no llegó nunca”, dijo.

“Que no nos mientan, que nos digan ‘señores, no hemos podido organizar, en 40 días no hay químicos (reactivos), a cuidarse como uno pueda’. Que no nos mientan. Yo he llorado, me quiero morir, no sé qué hacer, siento una impotencia grandísima”.

La noche del martes, el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, anunció su último reporte al saberse sospechoso de coronavirus debido al contagio confirmado de uno de sus colegas funcionarios. En la rueda de prensa dio cuenta de la muerte por COVID-19 de “dos señoras” en el día, una de 56 años y otra de 37.

Requena lamentó que las autoridades pretendan responsabilizar de la muerte a las clínicas donde Salvatierra fue atendida. “La clínica tiene que creer en los análisis de Cenetrop”, dijo.

Denunció que, a pesar de que le prometieron salvaguardar a la familia tras la muerte de su esposa, no lo habían llamado hasta ayer para ayudarlo. Tiene en casa dos niños, de 9 y 11 años, además de la trabajadora del hogar y su hijo, y la suegra enferma con cáncer.

“Si mi esposa estaba con (análisis de) COVID-19, yo también me hubiera aislado. Yo salí de mi casa, me han parado policías y he entrado a la clínica; los médicos y enfermeras han estado en contacto con mi esposa”, relató.

Su suplicio continúa, estará aislado por su cuenta junto a los suyos. Mientras, las autoridades no han expresado posición alguna sobre su caso hasta la noche del miércoles. (07/05/2020)

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Otra vez, los plazos ponen en vilo a las elecciones judiciales

La Ley 1549 dicta 80 días para la preselección, cuyo plazo vence en 10

La sesión de la Cámara de Senadores para tratar el proyecto de ley para las elecciones

Por Rubén Atahuichi

/ 25 de abril de 2024 / 07:16

Cuando se presumía que todo avanzaba con llamativa normalidad, el proceso de calificación de méritos de los postulantes a las elecciones judiciales fue frenado por recursos judiciales que, otra vez, dejaron en vilo los comicios debido a los plazos.

Promulgada el 6 de febrero por el presidente Luis Arce, luego de más de más de un año de incertidumbres, la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, estableció 80 días para el trabajo de la Asamblea Legislativa de preselección de postulantes, luego candidatos, para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.

Ante el freno que impuso al proceso la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante un amparo presentado por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, la evaluación de méritos de 405 postulantes quedó en suspenso sin fecha, hoy mismo a 10 días del límite legal.

Consulte: Comisiones suspenden exámenes a postulantes mientras se resuelven amparos

Elecciones judiciales

El proceso había comenzado el 16 de febrero con la aprobación de la convocatoria y siguió el 19 de ese mismo mes con el inicio del registro de postulantes.

El trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural había avanzado hasta la calificación de méritos, cuando el martes 16 de abril la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz notificó su suspensión ante al amparo constitucional presentado Margarita Medrano, una de las postulantes al Consejo de la Magistratura inhabilitadas.

Al instalarse la audiencia de resolución del caso el lunes 22, fue pospuesta hasta este viernes.

Los plazos corren sin ninguna decisión de la Asamblea Legislativa. El martes, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame dijo a La Razón Radio que, si bien “se ha perdido” una semana en la calificación de méritos, no hay riesgo de paralización de las elecciones judiciales.

Sin embargo, advirtió de la existencia de una “mano negra” en el TPC que busca frenar los comicios judiciales suspendidos.

Entre el y 15 de abril las comisiones debían tomar examen a los postulantes. Esta fase del proceso de preselección quedó en pausa.

Dato

Se prevé que el plazo de 80 días calendario termine el 10 de mayo con la emisión de la resolución de la Asamblea Legislativa, aprobada por dos tercios de votos, de la lista de 192 candidatos. En dos días más, esa lista debería ser enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, a su vez, tendría que convocar y organizar las elecciones en un plazo de 150 días.

La situación actual de los comicios es parecida a la ocurrida en 2023, cuando el 12 de abril la Asamblea Legislativa informó de la suspensión del mismo proceso en sujeción al mandato de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a instancias del ciudadano Miguel Ángel Balcázar.

Otro amparo constitucional, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, derivó, el 31 de julio del año pasado, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2023 del TCP, que dejó en fojas cero los comicios.

Luego, una consulta sobre la viabilidad de una ley de excepción postergó las elecciones. El 12 de diciembre, a través de la Declaración 0049/2023, el TCP exhortó a una nueva convocatoria y prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.

(25/04/2024)

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El artículo 13 del estatuto del MAS traba su congreso

El vocal Tahuichi admitió que el oficialismo está inmerso en un ‘círculo vicioso’

El fallido congreso ordinario del MAS celebrado en octubre de 2023 en Lauca Ñ

Por Rubén Atahuichi

/ 24 de abril de 2024 / 10:10

A pesar de las disputas internas que datan de hace más de un año y medio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra en un “círculo vicioso” a raíz del artículo 13 de su estatuto orgánico que frena la convocatoria a un congreso partidario único.

“El Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”, señala la carta vigente desde el 22 de septiembre de 2022.

Develada la crisis partidaria a inicios de septiembre de 2022, cuando el expresidente y líder de esa organización política, Evo Morales, cuando dijo que es víctima de una “plan negro” del gobierno de Luis Arce, la situación del MAS se complicó debido a la necesidad de renovación de su dirección nacional en congreso.

Lea: Sin consenso, hay riesgo ‘inminente’ de perder la sigla del MAS, dice García Linera

Congreso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre sus últimas decisiones, rechazó las solicitudes de supervisión planteadas paralelamente por las facciones arcista —el Pacto de Unidad— y evista del MAS. La primera planteaba congreso ordinario para los días 3, 4 y 5 de mayo en El Alto y la segunda, 10 de junio en Villa Tunari.

En el caso interpuesto por los dirigentes Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Kuno, el TSE emitió la Resolución 140/2024, que considera que su solicitud no cumplió el mandato del artículo 13 del estatuto del MAS respecto de la acreditación de la dirección nacional partidaria.

Y sobre la solicitud del ala liderada por Morales, el tribunal promulgó la Resolución 141/2024, que resolvió que la solicitud no cumple con el mismo artículo 13 respecto de la coordinación para la convocatoria con las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

Ambas resoluciones fueron publicadas el 17 de abril y el TSE otorgó 72 horas al Pacto de Unidad para que subsane las observaciones y recordó al ala evista cumplir la conminatoria hasta el 22 de abril, por mandato del auto judicial del 20 de marzo. Dichos plazos están vencidos y la Sala Plena del TSE tendrá, otra vez, la última palabra.

¿Será un círculo vicioso el hecho de que el TSE exija el cumplimiento del estatuto y el partido no cumpla? La pregunta fue planteada ayer por La Razón Radio al vocal Tahuichi Tahuichi. “Es verdad lo que dice”, respondió.

Al respecto, el lunes, en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, otro vocal, Francisco Vargas, recordó que la tarea del TSE no es propiciar consensos y que “todos los partidos tienen que tener dirigencia vigente, no prorrogada”.

“Este estatuto lo han escrito ellos; nosotros no nos inmiscuimos en su democracia interna, pero sí supervisamos que se cumpla su estatuto”, insistió Tahuichi.

Sobre el estancamiento del MAS en la convocatoria a su congreso, el exvicepresidente Álvaro García Linera advirtió ayer, en entrevista con DTV, que el MAS está en riesgo de proscribirse. “De continuar esta negativa a encontrar un acuerdo y una convocatoria conjunta, que sería lo ideal, el riesgo de que el MAS desaparezca como sigla es inminente”, afirmó.

Fracaso

El MAS no puede organizar su congreso desde el fallido encuentro de Lauca Ñ (Cochabamba) del 3 y 4 de octubre de 2023. Si bien el TSE supervisó esa reunión, no la validó debido a observaciones en la convocatoria y la elección de la dirigencia.

Ante esa situación, el tribunal amplió el mandato de Morales y de su dirección electos en 2017 hasta un nuevo congreso.

La cuarta ampliación del plazo para que las organizaciones políticas cumplan con la elección de directivas, la adecuación de estatutos, la actualización de listas de militantes y la rendición de cuentas vence el próximo 5 de mayo.

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En vida, hermano, en vida…

La prole ha crecido, que tienen 26 nietos (dos en la eternidad) y cuatro bisnietos

Rubén Atahuichi

Por Rubén Atahuichi

/ 24 de abril de 2024 / 06:47

Matilde es de armas tomar y de temer también. Luego de sus tres primeros partos, siempre pensó que en el siguiente iba a a morir ella o el hijo que venía en camino. Es que las condiciones de salud en el pueblo eran extremas, a 155 kilómetros lejos de la ciudad y a unos pasos de un vetusto centro médico que —¡vaya paradoja!— no tenía un médico, sino una enfermera.

Con las arrugas pronunciadas y la nieve cada vez más blanca de su cabello, se anima poco a poco a contar sus 80 años. Es una sonata escuchar sus historias, sus sufrimientos y sus alegrías en aymara, y a la vez, en castellano. Siempre con un dejo de humildad.

Revise: El MAS, la papa caliente del TSE

Ya baja el ritmo de sus caminatas tras el ganado, su querido hato de llamas y alpacas blancas, por los cerros y Cantuyu. Es que hace unos meses un dolor en el talón de Aquiles le impide el esfuerzo de siempre, aunque el parche León le hace bien. Ni las dos vértebras rotas en la caída de una pasarela del Carnaval de Oruro de 2014 la habían afectado tanto como ahora. “Los años, pues, ya me pesan”, dice con resignación.

Matilde pasó su vida en mil oficios, desde ayudar a sus padres a hacer carbón y cargarlo hacia el pueblo para que don Enrique Ortega o don Zoilo Verástegui, en sus viejos camiones, lo vendan en la ciudad; hasta hornear pan desde cuando murió su padre, vender choclos frescos con queso en la feria de Walpuni, en la frontera con Chile, o hacer helados con pan fresco en los campeonatos de fútbol, preparar té con té en las noches frías de junio de aniversario del pueblo y vender charquekán en la parada de los buses, cuando la carretera hacia la ciudad era aún de tierra.

Su compañero de vida, Eduardo, ya sufrió el freno de sus casi 82 octubres; un dolor —superado por ahora— en la ciática casi lo deja sin sus pasos altivos hace un par de años. “Si no fuera por su carro, ya no caminaría mucho”, cuenta Matilde.

También abre su libro de historias: su decisión de estudiar docencia en la normal de Corque, sus sufrimientos al responsabilizarse de sus hermanitas Berna y Sara al morir sus papás, su tarea de administrador de la pulpería de la planta de pólvora en Chile, su trabajo en el techo en el templo colonial del pueblo, el gran futbolista que fue y sus campeonatos o la vez que un tío suyo le entregó una desvencijada bicicleta a cambio de la deuda de 18 llamas a su padre. ¡18 llamas!

Maestro rural, las generaciones que pasaron por su carrera lo recuerdan como “el más estricto, pero un buen profesor”. Es memorable en mis relatos la vez que —siendo mi profesor de primaria— me corrigió un dibujo de Eduardo Abaroa con el bigote caído, cuando, en realidad, decía que el héroe del Topáter los llevaba ondulado en los extremos. ¡Qué lección, que me ayudó siquiera a ser un artista en pausa en el oficio!

Recuerdo los años 90 cuando sufría una leve depresión al saberse jubilado. Aprendió a preparar charque de llama (carne deshidratada) para venderlo en sobres manila. Fue el pionero del oficio y se fue a Puno, Perú, a aprender a hacer embutidos también. Montó una planta tecnificada de producción de charque, que, ahora, con poca actividad, parece convertirse en una sala de museo.

Matilde y Eduardo viven solos en una casa para más de 11 personas, sin contar el hospedaje que instalaron. Ahora pueden tener comodidades que no pudieron tener “por sacar adelante” a sus nueve hijos. Sin embargo, se entiende, tenerlo todo no es nada si en el día a día solo se miran y recuerdan con nostalgia cómo sus criaturas llenaban de alegría y rabietas la casa, y ahora son adultos ocupados en sus quehaceres y sus propios sueños, lejos del pueblo; a veces, a su turno, solo los fines de semana, en los feriados o en el Carnaval.

La prole ha crecido, que tienen 26 nietos (dos en la eternidad) y cuatro bisnietos; devenidos del tronco ancestral, los bisabuelos Celestino y Micaela, y Manuel y Fabiana, y los tatarabuelos Marcelo y Carlota, Rufino y María, Jorge y Felisa, y Santiago y Emiliana.

Son mis padres, ahora siento más ganas de estar con ellos; quise hacerles este homenaje. “En vida, hermano, en vida”, decía la poeta mexicana Ana María Rabatté.

(*) Rubén Atahuichi es periodista

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Rózsa y su plan: ‘No hay ejército todavía, hay que realizarlo’

En una entrevista con András Kepes en 2008, contó sobre su incursión

Eduardo Rózsa Flores en una toma anterior a 2008

Por Rubén Atahuichi

/ 16 de abril de 2024 / 06:45

Un primer registro próximo de ingreso/regreso al país de Eduardo Rózsa Flores data del 6 de noviembre de 2008. Aquel día se hospedó en el hotel Buganvillas de Santa Cruz, en la suite 334.

Luego, el 24 de diciembre de ese año, se trasladó a la habitación 326 del hotel Las Américas, en la misma ciudad. Aquí compartió la pieza con Dudog Gabor.

Volvió al mismo hotel el 12 de enero de 2009 y se quedó hasta el 21 de febrero. Estuvo acompañado, esta vez, por Magyarosi Arpád. Usó el nombre de Jorge Flores.

Consulte: Morales reivindica: La toma del hotel Las Américas fue en ‘defensa de la patria’ y contra el ‘separatismo’

Plan de Rózsa

Entre el 3 de abril y 14 de abril estuvo hospedado el hotel Santa Cruz bajo el nombre de Jorge Hurtado. Ese mismo 14 de abril se trasladó al hotel Las Américas, donde dos días después fue abatido por un comando policial junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

Una investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2009, estableció que quienes pagaron el hospedaje de Rózsa Flores y sus compañeros fueron, a su turno, Luis Alberto Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza y Carlos Guillén (+).

Alejandro Melgar compró los pasajes de avión de la célula.

 Mientras Rózsa vivía de forma discreta en el país (había llegado el 4 de octubre, según contó al periodista András Kepes), Bolivia salía de la crisis la Masacre de Porvenir, aquella intervención civil del 11 de septiembre contra manifestantes liderada por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que terminó con 13 muertos. Un estado de sitio en ese departamento y el último tramo de discusiones en la Asamblea Constituyente completaban el marco que recibió al ciudadano de origen boliviano y nacionalidad croata y húngara, nacido en Santa Cruz el 31 de marzo de 1960.

Cuando el comando de élite de la Policía Boliviana intervino en el hotel Las Américas, la nueva Constitución Política del Estado había pasado la prueba de un referéndum nacional y el país se encontraba en un nuevo debate: la Ley de Régimen Electoral. El MAS pretende ahogar al Congreso por su ley electoral, titulaba La Razón el martes 7 de abril de 2009.

Y el día D, este mismo diario titulaba una noticia secundaria con No hay pistas del atentado al Cardenal. Era jueves ese fatídico día, hace 15 años como hoy.

El 8 de septiembre de 2008, Kepes, nacido en Budapest, Hungría, entrevistó a Rózsa, cuyo testimonio es crucial para comprender su incursión en Bolivia y la conformación de una célula inicial.

“Hace un año y medio me buscaron de Bolivia, donde yo nací, en Santa Cruz”, develó.

Nunca el hombre supo decir quién lo contactó, aunque habló de que estaba “en contacto, casi siempre por internet”.

Sin embargo, su propósito era mayor. Cuando Kepes le preguntó si le llamaron a la posición del “comandante general del ejército”, Rózsa respondió: “No, no hay ejército todavía, hay que realizarlo”.

Advirtió que la conformación de ese ejército tardaría décadas. Pero apostaba por conformar “urgentemente” un “núcleo”. Será “dentro de la nada el núcleo de lo que en el futuro convertirá en milicia, cuya tarea principal será la autodefensa” y señalar la “fuerza”.

Dato

No obstante, Rózsa aclaró: “Pues no se trata de que los chicos vayan marchando en las calles con banderas y barras de bambú, sino que hacen falta armas”.

“Por ahora ayudo a coordinar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el Gobierno, con la fuerza militar, atacaría esta ciudad”, suponía.

Contó que el “consejo cruceño” estaban planteando un plan de defensa. “Este plan exige que se cuide la propiedad privada, que los ciudadanos puedan vivir en paz y que hay que defender a las autoridades como el prefecto y otros ciudadanos”.

“Y les dije: ‘hermanos cómo se va a llamar el grupo’”, recordó.

Rózsa sabía de sus limitaciones y temía que la incursión termine en caos.

“¿Qué busco yo aquí? Algunas personas piensan que aquí va a haber problemas más grandes. Hay una persona que pidió cooperación, que vuelva a casa y que ayude. Bueno, no soy Rambo, ni Superman”, admitió.

Objetivo

 “Yo tengo un poco de experiencia de guerras”, llamó la atención Rózsa, no obstante.

Pero fue contundente: “Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes, y haremos un nuevo país. Ésa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente, pero queremos mostrar la fuerza e independizarnos. Mi alma ya está en Santa Cruz”.

Presume el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados que el “consejo” al que aludió Eduardo Rózsa Flores estaba conformado por Rubén Costas Aguilera, Branko Marinkovic, Eduardo Paz, Mauricio roca y Germán Antelo.

(16/04/2024)

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‘Víctimas’ acuden a la CIDH y acusan al Estado

El procurador César Siles informó de otras seis peticiones pendientes

El procurador César Siles, este domingo

Por Rubén Atahuichi

/ 15 de abril de 2024 / 10:16

El procurador general del Estado, César Siles, informó ayer que siete “supuestas víctimas” acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Estado es notificado por una petición de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes, Michael Dwyer (+) y Alcides Mendoza”, informó ayer en Bolivia TV.

Según explicó Siles, esas “supuestas víctimas”, como llamó, “persiguen que el Estado sea responsabilizado internacionalmente por vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales” en el caso de la intervención del hotel Las Américas en 2009.

A la primera petición ante la CIDH, del 29 de septiembre de 2009, se han sumado otras seis más, planteadas por Ronald Castedo, Juan Carlos Santiesteban, Alejandro Santiesteban, Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic.

Consulte también: Giro del caso Terrorismo: Morales no se presentará, desafía a que lo encarcelen

Estado

En criterio de Siles, la Procuraduría, como “abogado” del Estado, está “pidiendo que se acumulen (las peticiones) porque hay identidades de sujeto, objeto y causa”.

Aclaró que las sindicaciones no son contra una persona en particular, sino contra el Estado.

El caso se encuentra en “un momento procesal” de un informe de fondo que contiene cinco recomendaciones para el Estado: reparación económica, rehabilitación, satisfacción pública, investigación y modificación de currículas en la Fiscalía y la Policía.

Bolivia está en proceso de cumplimiento, afirmó Siles.

Dijo que hay riesgo de que el caso llegue la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(15/04/2024)

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