Sociedad

viernes 7 may 2021 | Actualizado a 11:24

‘Postconfinamiento’ en septiembre, los fines de semana circularán personas y vehículos

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que aún es obligatorio “seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad”.

El ministro Yerko Núñez, en conferencia de prensa la noche de este jueves. Foto: ABI

/ 27 de agosto de 2020 / 21:49

Desde el 1 de septiembre cambian las reglas que hasta ahora regían por la emergencia sanitaria en el país. Comienza la fase “postconfinamiento” y se suspenden algunas restricciones: habrá circulación de personas y vehículos de noche, y los sábados y domingos, pero aún bajo ciertos horarios.

La disposición, que estará vigente entre el 1 y 30 de septiembre, fue comunicada esta noche por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien dijo que “las modificaciones se han establecido pensando en las familias bolivianas, que necesitan ingresos”.

“Se transitará de la cuarentena a una fase de postconfinamiento y vigilancia comunitaria; iniciamos una fase que establece las condiciones que regirán para el control y vigilancia de la pandemia del COVID-19 durante el mes de septiembre”, afirmó el funcionario.

Entre las principales medidas adoptadas por el gabinete de ministros de este jueves está la apertura de la circulación de personas y vehículos de lunes a viernes entre las 05.00 y 20.00, y los sábados y domingos desde las 05.00 hasta las 16.00.

Vea las restricciones de la nueva fase de la cuarentena. Infografía: Federico Martínez

Las actividades económicas serán reguladas por los comités de operaciones de emergencia departamental y municipal de acuerdo a los índices de riesgo locales. “La producción y el abastecimiento están totalmente garantizados”, dijo Núñez.

Con las nuevas determinaciones, se abrirán también las fronteras aéreas y el transporte de pasajeros y mercadería será regulado por el Ministerio de Obras Públicas.

En conferencia de prensa en la Casa del Pueblo, Núñez afirmó que “en todos los casos es obligatorio seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad”. Y la responsabilidad de hacer cumplir las nuevas determinaciones recae en los gobiernos nacional, departamental y municipal.

El país se encuentra en cuarentena total desde el 22 de marzo, días después de que aparecieran por primeros dos casos de COVID-19 el 10 de marzo en Santa Cruz y Oruro. Desde el 1 de julio rige la cuarentena dinámica, que significa la reapertura de actividades económicas en función del nivel de riesgo loca, departamental y nacional.

(27/08/2020)

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Organismo de DDHH argentino denuncia impunidad sobre las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata

“Porque cada día que pasa aleja a las víctimas de estas masacres y sus familiares del derecho a la verdad y a la justicia”, cuestionó el martes la organización.

El velatorio de las víctimas de Senkata bajo el puente de la zona en El Alto. Foto: La Razón

/ 6 de mayo de 2021 / 00:14

El martes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, una organización que promueve los derechos humanos, denunció que el Estado de Bolivia aún no da señales sobre el esclarecimiento de las “masacres” de Sacaba y Senkata, durante el gobierno de Jeanine Áñez en 2019.

Ante la falta de investigaciones por parte del Estado boliviano, la organización llamó la atención de las autoridades para que cumplan con las exhortaciones de la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, que conoce la denuncia de CELS desde el 20 de agosto de 2020.

“Porque cada día que pasa aleja a las víctimas de estas masacres y sus familiares del derecho a la verdad y a la justicia”, cuestionó el martes la organización.

El 15 de noviembre de 2019, al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los elementos de seguridad, el gobierno de Áñez instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas intervenir las protestas que entonces eran convocadas en contra de la administración transitoria, cinco días después de la renuncia del presidente Evo Morales. Entonces, una columna multitudinaria de campesinos y cocaleros fue interceptada por las fuerzas combinadas en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

La intervención policial-militar terminó con la muerte de al menos nueve personas ese día. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que las muertes ocurrieron porque los manifestantes se dispararon entre sí.

Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra manifestación de civiles fue intervenida por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en Senkata, en El Alto, La Paz. El resultado fue otros nueves fallecidos.

Entonces, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, deslindó responsabilidades de parte de las Fuerzas Armadas en los hechos y afirmó que el Ejército no disparó “ni un solo cartucho”.

“En ambos casos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestantes y terceros, dejando un total de 27 muertos y cientos de personas heridas”, recuerda CELS.

En comunicación dirigida por CELS y otras organizaciones de derechos humanos a Agnés Callamard, relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, solicitaron a la funcionaria “que declare la responsabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia de Bolivia por las ejecuciones extrajudiciales y las demás violaciones contra la integridad cometidas en las masacres de Sacaba y Senkata”.

CELS recordó que tres meses y medios de esa solicitud, un conjunto de varias relatorías de la ONU instó al Estado boliviano a tomar acción porque “existe un asunto que justifica una atención inmediata” del caso.

Además, invitaron al Estado a adoptar “todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como a tomar “las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan”. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desplazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), trabaja por seis meses en Bolivia con el objetivo de esclarecer los hechos luctuosos en la crisis poselectoral de 2019.

En un informe preliminar, la CIDH, organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que en Sacaba y Senkata hubo masacres y graves violaciones a los derechos humanos.

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Jeanine Áñez decidió en 2019 tratar las renuncias de Morales y García Linera

Desde el día de la renuncia del Presidente, la legisladora se sabía su sucesora.

Jeanine Áñez, en la testera de la Asamblea Legislativa y junto a sus colegas.

/ 2 de mayo de 2021 / 16:30

Senadora aún, Jeanine Áñez llega a la Asamblea Legislativa con una cápsula de seguridad, de policías motorizados, vehículos blindados y hombres de negro. La recibe el expresidente Jorge Quiroga y sus colegas senadores de Unidad Demócrata (UD).

Es 11 de noviembre de 2019, un día después de la renuncia del presidente Evo Morales y un día antes de su proclamación.

Entonces había llegado de Trinidad a El Alto en un vuelo de emergencia y de El Alto a La Paz, en un helicóptero oficial.

Era señalada como sucesora del mandatario dimisionario, a juzgar por sus declaraciones previas y el operativo policial-militar montado para su llegada a la sede de gobierno en medio de una crisis política derivada de unas cuestionadas elecciones generales por parte de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, lejos de la sucesión constitucional, a pesar de las renuncias verbales de la presidenta de ese órgano legislativo, Adriana Salvatierra, de la bancada de dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), y del titular de Diputados, Víctor Borda, también del MAS.

Para entonces, incluso había renunciado el primer vicepresidente de Senadores, Rubén Medinacelli (MAS). Solo quedaba en funciones la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero (MAS).

En una entrevista con el streaming La Razón Radio, el 19 de febrero de este año, la expresidenta de la Cámara de Senadores Eva Copa develó que la actuación entonces de la oposición y los detractores del gobierno de Morales fue estratégica: atacar a los cuadros de la sucesión constitucional del MAS: “Adriana nos dijo que la estaban esperando con una citación de aprehensión en el aeropuerto (de El Alto) y tuvo que irse a asilar a la Embajada de México, a Medinaceli le pusieron dinamita en su casa de Oruro, iban a hacer explotar si no renunciaba, y al hermano del diputado Borda lo agarraron y corretearon en la plaza (en la ciudad de Potosí)”.

Morales había renunciado entonces en medio de un conflicto cívico, un motín policial iniciado dos días antes en Cochabamba y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de renunciar presentada por su comandante, el general Williams Kaliman.

Eran las 16.50 del 10 de noviembre cuando el mandatario renunció en Chimoré, en el Chapare, acompañado del vicepresidente Álvaro García y la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

Esa noche, a las 18.45, Áñez se declaró potencial sucesora de Morales. “Estoy en la Segunda Vicepresidencia (del Senado) y en el orden constitucional me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, de pacificar al país y de que todo vuelva a la normalidad”, declaró a la red Unitel.

Según la Constitución Política del Estado (CPE), la línea sucesoria ante la renuncia del mandatario continúa con el vicepresidente del Estado, el presidente de la Cámara de Senadores y, finalmente, el titular de la de Diputados.

A insistencia de la periodista, que preguntó si le correspondería asumir la jefatura del Estado, la senadora respondió que “es correcto, que ésa sería la sucesión”.

Sin embargo, adelantó algo que no ocurrió después. “Tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios; yo espero que tengamos quórum necesario porque el país sabe que el MAS tiene dos tercios”, dijo.

“Primero tengo que convocar a la Asamblea para la consideración de las renuncias, en ese sentido es que viene la sucesión constitucional; así lo establece la propia Constitución”, insistió la legisladora de oposición, quien aclaró que “esto es transitorio”, mientras sean convocadas las nuevas elecciones y sean nombrados los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al día siguiente, lunes 11 de noviembre, el país se encontraba en vilo; Morales y García habían partido a México, donde se refugiaron después, y se abría un par de días de desgobierno en medio de disturbios sociales.

Un operativo de emergencia fue montado para trasladar a Áñez de Trinidad a El Alto, ella había dicho que “no tenía condiciones” para un vuelo particular. Su ingreso a la plaza Murillo —a las 14.04— fue apoteósico, en medio de fuertes medidas de seguridad, colegas suyos y la expectativa de los medios de información.

Jeanine Áñez junto a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el balcón del Palacio.

EL MENSAJE

Nada más al bajar de un vehículo oficial, fue recibida por Quiroga, quien fue el operador político de la transición. Ambos se abrazaron efusivamente.

En segunda línea, su colega senador Arturo Murillo hizo lo mismo, y en medio de ese abrazo tan familiar le dijo algo al oído. El legislador cochabambino se convertiría después en el hombre fuerte del nuevo gobierno.

Luego se sumaron a su entorno, muy sonrientes y emocionados, los también senadores Yerko Núñez, María Elva Pinckert, también ministros después.

Ya dentro del edificio de la Asamblea Legislativa, se instaló en las escaleras que guían hacia la Cámara de Senadores. “Esto es por Bolivia, queremos la pacificación del país. De manera constitucional, voy a asumir primeramente la presidencia del Senado”, adelantó un tanto agitada.

La legisladora manifestó su seguridad respecto de los acontecimientos posteriores en la Asamblea Legislativa. Ya se sabía presidenta del país, insistió en que lo que se viene se trata de una situación “simplemente de transición” y que va a llamar “a alecciones con personalidades probas” y “con la bendición de Dios”.

Ese “mensaje al pueblo” se convirtió luego en una conferencia de prensa. Los periodistas abundaron en preguntas relativas a la sucesión constitucional pendiente.

Y Áñez habló de la recomposición de la Cámara de Senadores. “Vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas”.

Garantizó la asistencia de todos los legisladores. “El momento en que estemos convocándolos, tengan la seguridad de que nada les va a pasar”, afirmó.

Consultada sobre si pudo hablar con el comandante de las Fuerzas Armadas (Kaliman), Áñez dijo: “Ellos están comprometidos con las fuerzas cívicas”.

Esa noche, los disturbios se incrementaron, especialmente en La Paz y El Alto. Un clima de tensión caracterizaba el ambiente.

A través de un video, en el que se atribuyó la presidencia de la Cámara de Senadores, Áñez conminó a Kaliman a desplazar fuerzas militares en las calles. “No queremos muertos en este país; si hay alguna persona que cae después de esta solicitud (…) es de su entera responsabilidad”, advirtió.

Para entonces, la Unión Europea, la Iglesia Católica y representantes políticos, como Quiroga, Samuel Doria Medina y Ricardo Paz, además de activistas como Waldo Albarracín y Juan Carlos Núñez, y algunos embajadores, entre ellos León de la Torre, habían intentado un acuerdo extralegislativo en ambientes de la Universidad Católica, en La Paz.

El cabildeo continúo al día siguiente, 12 de noviembre. En una entrevista con la transmisión Piedra, papel y tinta, de La Razón, Rivero, entonces vicepresidenta de la Cámara de Diputados, denunció que la ignoraron en las negociaciones. Dijo que Doria Medina develó un “plan B” en caso de que el MAS no tome decisiones; ese plan B era Áñez.

En la noche, en cuestión de 11 minutos y 20 segundos, la senadora se proclamó titular de la Cámara de Senadores, primero, y presidenta del Estado, después. No hubo lectura de alguna resolución, tampoco quórum y, como denunció Copa, la bancada del MAS fue impedida de ingresar al hemiciclo, que había cordones de policías, militares y grupos civiles que controlaban el paso.

Un militar le coloca la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019. Foto: Twitter de Óscar Ortiz

Proclamación de 11 minutos  y 20 segundos

Los sendos actos con los que la otrora senadora Jeanine Áñez se proclamó titular de la Cámara de Senadores, primero, y presidenta del Estado, luego, duraron apenas 11 minutos y 20 segundos.

Aquel 12 de noviembre de 2019,  segundo día de desgobierno en el país luego de la renuncia del presidente Evo Morales, la legisladora beniana se atribuyó la convocatoria a sesiones en su condición de segunda vicepresidenta.

Ese tiempo corto comenzó su cuenta regresiva cuando, en la Cámara de Senadores, Víctor Hugo Zamora fue encargado por Áñez de repasar el quórum. “No está en condiciones, por no existir el quórum suficiente para instalar la sesión”, respondió el legislador.

Enseguida, Áñez suspendió la sesión y acto seguido pidió a sus colegas senadores permitirle hacer una “aclaración a la opinión pública sobre el carácter legal” de sus actuaciones.

Comenzó a justificar sus nuevas funciones. Sin leerlo, apeló al inciso a) del artículo 41 del Reglamento General de la Cámara de Senadores: “Reemplazar a la Presidenta o Presidente (del Senado) y la Primera Vicepresidenta o Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento”.

“Corresponde a mi persona asumir la presidencia de este ente camaral”, justificó entonces.

Luego bajó por las gradas hacia el hemiciclo de la Cámara de Diputados y allí, poco más de seis minutos después, otra vez sin quórum ni la revisión de la asistencia, y en ausencia de diputados y senadores del MAS, abrió el acto; esta vez solo ella habló. Comenzó directamente a leer los argumentos de la “sucesión constitucional”, en la que, luego de resaltar la ausencia del MAS, hizo un repaso de las movilizaciones cívicas y políticas, el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las ausencias físicas de Morales, Álvaro García y la dimisionaria Adriana Salvatierra.

Áñez siguió con la lectura de su texto; a los 10 minutos y 30 segundos de haber comenzado su periplo en la Cámara de Senadores comenzaba su declaratoria de sucesión en la Asamblea Legislativa. “Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”, arengó.

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Arce fustiga a funcionarios de Entel que aplaudieron ‘el golpe’ y lamenta caída de utilidades

La Gerencia General de Entel presentó, en el acto de aniversario de la empresa estatal, la nueva imagen institucional, un logotipo que sustituye al del periodo transitorio.

El presidente Luis Arce en la presentación de la nueva imagen de Entel. Foto: Rodwy Cazon-La Razón.

/ 30 de abril de 2021 / 13:06

Molesto, el presidente Luis Arce lamentó que algunos funcionarios de la empresa estatal Entel hayan aplaudido al “gobierno de facto” de Jeanine Áñez. Dijo que esos trabajadores no entendieron la nacionalización de la telefónica, ocurrida el 1 de mayo de 2008.

“En las redes sociales veíamos con mucha lástima que muchos funcionarios veían con agrado el golpe de Estado, y eso significó, en realidad, que no se entendía el objetivo de la nacionalización y el riesgo en que se encontraba nuestra empresa”, protestó el mandatario.

En su discurso de conmemoración de los 13 años de la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones, al influjo del entonces presidente Evo Morales, Arce informó que durante el gobierno transitorio las utilidades de la firma cayeron en 45%, extremo que —en su criterio— puso en riesgo a la compañía. Afirmó que en ese periodo las utilidades bajaron a Bs 511 millones, a diferencia de los Bs 921 millones conseguido en 2019.

“Hemos visto con mucho dolor que luego del golpe de Estado nuestra empresa ha tenido los peores resultados después de la nacionalización y quizás la poca comprensión de los compañeros trabajadores a lo que significa la nacionalización”, insistió.

Arce destacó la nacionalización de Entel. “No fue un capricho, no fue simplemente una decisión política; detrás de la nacionalización estaba mejorar las comunicaciones en el país, invertir para llegar a todos los puntos, reivindicar el derecho humano de la comunicación como servicio básico”.

Y lamentó que entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 las mismas fuentes de trabajo de los empleados estuvieron en riesgo. “Estaban en riesgo las fuentes de empleo de quienes no entendían la nacionalización de Entel, porque muchos de los funcionarios están más de 13 años en nuestra institución”, dijo.

Antes, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, recordó la reciente renuncia sobre el pago de $us 390.000 a una presunta empresa “fantasma” en Perú y la detención de una funcionaria que, posiblemente, desvío $us 500.000 a cuentas particulares.

Además, rememoró los casos de corrupción develados en el periodo transitorio como, por ejemplo, el pago de viajes particulares de funcionarios de Entel con fondos públicos, la compra de celulares de lujo o el alquiler de hoteles para empleados traídos de otras regiones. Por estos casos, el otrora gerente de la firma Elio Montes es investigado, aunque el hombre salió del país y el año pasado fue detenido en Estados Unidos por no declarar la legalidad de $us 50.000 entonces en su poder.

El ahora gerente de Entel, Roy Méndez, aprovechó el acto para la presentación de la nueva imagen de la empresa, el nuevo logotipo que sustituye a otro que su antecesor, Eddy Luis Franco, presentó el año pasado al anunciar el funcionamiento de la fibra óptica en el país.

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Los hijos de Áñez acuden a los de Arce y piden un ‘trato humanitario’ para su madre

“Hoy se la juzga por aquello que más orgullo: ser una buena persona, una boliviana de coraje y en definitiva una mujer valiente”, señala la carta de los hijos de la exmandataria.

Jeanine Áñez y sus hijos, en una fotografía familia publicada en redes sociales de la exmandataria.

/ 30 de abril de 2021 / 11:23

A través de una carta pública, los hijos de Jeanine Áñez pidieron a los del presidente Luis Arce ayuda para un “trato humanitario” a su madre, bajo detención en la cárcel de Miraflores de La Paz. Argumentan que la exmandataria transitoria tuvo otrora un desprendimiento a favor del entonces ministro de Economía.

“No pedimos nada a cambio, tampoco pedimos privilegios, no se trata de eso; pedimos solo que se le dé un trato humanitario que cualquier ser humano merece, para que mi madre sea atendida de acuerdo a lo que hoy necesita su cuadro clínico y pueda también ser juzgada basado en las leyes y no en la sed de venganza”, dice la misiva firmada por Carolina y Armando Ribera Áñez.

Los jóvenes acudieron a los hijos de Arce con el argumento que antes el exministro de Economía fue beneficiado por Áñez con la otorgación de un salvoconducto para viajar a Brasil para un tratamiento médico. El ahora mandatario era acusado por el gobierno transitorio y requería atención médica urgente en el país donde en 2017 se hizo un tratamiento clínico.

La carta pública de los hijos de Jeanine Áñez.

“En aquellos días, su padre, el ahora presidente Luis Arce, pidió un salvoconducto humanitario por su salud; no hubieron dudas, nuestra madre otorgó ese salvoconducto porque la vida siempre está por encima de la política (sic)”, señala la carta.

Áñez se encuentra con detención preventiva por seis meses acusada, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Esta semana, el Ministerio de Gobierno solicitó al Ministerio Público complementar la imputación con el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, esto debido a la forma cómo llegó al poder.

El 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Morales, Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores, y, luego, presidenta del Estado en sendos actos —“simulación” de sesión, arguye el Ministerio de Gobierno— en los que no hubo llamada de lista de legisladores ni quorum ni presencia de la bancada del MAS, tampoco resolución alguna.

“Hoy se la juzga por aquello que más orgullo: ser una buena persona, una boliviana de coraje y en definitiva una mujer valiente”, señala la carta de los hijos de la exmandataria.

áñez y sus otrora ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra fueron aprehendidos el 13 de marzo en Trinidad, desde donde fueron trasladados a La Paz, implicados en el llamado caso «golpe de Estado» junto a Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité pro Santa Cruz, y otros.

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El Parlamento Europeo pide liberar a Áñez y el oficialismo denuncia ‘intervencionismo’

“Si el Parlamento Europeo considera a la golpista Áñez una heroína, ¿qué será lo siguiente? ¿Reivindicar a Pinochet y Videla?”, dijo el eurodiputado español Manu Pineda.

Jeanine Áñez, en el balcón del Palacio de Gobierno, la noche de su proclamación. Foto: La Razón-archivo

/ 29 de abril de 2021 / 14:34

El Parlamento Europeo condenó este jueves —en una resolución “no legislativa” aprobada con 396 votos contra 267 y 28 abstenciones— la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, decisión que causó rechazo en el oficialismo, que consideró que la determinación valida el “golpe de estado” en 2019.

El órgano europeo “denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los

liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”, señala el documento difundido a través de cuentas oficiales.

Acusados por presuntos de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, Áñez y dos de sus ministros, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, fueron detenidos el 13 de marzo en Trinidad. Los tres guardan ahora detención preventiva en las cárceles de Miraflores y San Pedro, en La Paz.

Sobre los delitos, el organismo legislativo europeo cuestionó específicamente recordó que el de terrorismo “viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución boliviana” y, además, “inevitablemente resulta demasiado amplia o imprecisa”.

En las consideraciones de la resolución, promovida por un grupo de senadores y diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, el Parlamento Europeo incluso cuestionó “la credibilidad del sistema judicial boliviano”, del que dice que “se está viendo afectada por las continuas denuncias de falta de independencia, interferencias políticas generalizadas y corrupción”.

“Insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva”, señala la resolución.

En un repaso sobre la situación política en al país, “que se ha ido deteriorando” desde 2019, el Parlamento Europeo lamentó “profundamente la tragedia que ha golpeado a todas las víctimas de los disturbios en el país, de todas las partes”, sin aludir a las “masacres” —como consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y Senkata, cuatro días después, donde luego de una intervención militar-policial, al amparo del Decreto Supremo 2478, murió una veintena de manifestantes.

Ni la Cancillería de Bolivia ni alguna autoridad del Gobierno expresó posición alguna sobre la resolución, que, sin embargo, causó indignación en Evo Morales, expresidente y líder del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), quien consideró que aquella confirma “la complicidad en el golpe de Estado y en clara actitud intervencionista pide impunidad y olvidar muertos de Sacaba y Senkata”.

“Rechazamos la iniciativa intervencionista impulsada por la extrema derecha en el Parlamento Europeo que promueve la impunidad frente a las muertes y las graves violaciones de DDHH durante el golpe. #Bolivia es un pueblo libre que ejerce su soberanía con dignidad e identidad”, insistió en su cuenta de Twitter.

Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN) y otrora aliado de Áñez, afirmó que Áñez, Guzmán y Coímbra fueron llamados en el Parlamento Europe “presos políticos”. “La maniobra del MAS y la justicia servil no ha engañado al mundo. Añez debe ser liberada y se debe reconducir los procesos políticos que sigue el MAS”, reclamó en sus redes sociales.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa de Renew Europa (ultraderecha) Dita Charanzová, aplaudió la resolución. “Hemos observado con espanto la ola de persecución política. Que quede claro, la sucesión presidencial en 2019 fue constitucional”, dijo.

En tanto, en la sesión europea, el eurodiputado español Manu Pineda, de Unidas-Podemos (izquierda), cuestionó la resolución y recordó que los días posteriores al “golpe de Estado de 2019” se caracterizaron “por la represión, los secuestros y masacres como las de Sacaba y Senkata”.

“Si el Parlamento Europeo considera a la golpista Áñez una heroína, ¿qué será lo siguiente? ¿Reivindicar a Pinochet y Videla?”, dijo en un mensaje reproducido en su cuenta de Twitter.

Por su parte, en su intervención, su colega Jordi Solé, del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, reclamó independencia en las investigaciones y pidió al presidente Luis Arce buscar la reconciliación nacional.

“No nos van a encontrar en la narrativa que dice que en 2019 en Bolivia hubo fraude electoral, que la señora Áñez con la Policía y el Ejército tuvieron que salir a salvar el país y que el señor Evo Morales libremente decide marcarse. No, allí lo que ocurrió y es que se generaron y aprovecharon circunstancias para forzar un cambio del poder con el concurso del Ejército y la Policía, ergo: un golpe de Estado”, dijo no obstante.

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en rechazo a la postura del Parlamento Europeo. “Rechazamos todo acto de intromisión política que promueven y pretenden realizar algunos Parlamentarios Europeos de ultra derecha, como: Jorge Buxadé, Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar y Margarita de la Pisa Carrión, quienes repiten la versión que sostienen algunos asambleístas del Estado Plurinacional de Bolivia, de igual orientación política de derecha, quienes tratan de justificar sin argumento técnico/jurídico las acciones ilegales que ahora se investigan”, señala uno de los puntos.

Senadores y diputados de CC y Creemos, segunda y tercera fuerzas de oposición en la Asamblea Legislativa, viajaron a Estados Unidos en su afán de promover la denuncia de “persecución política” en Bolivia. La semana pasada se reunieron con distintos organismos multilaterales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, es señalado por el MAS y el gobierno de Arce de haber promovido el “golpe de Estado” en Bolivia.

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