Sociedad

Sunday 27 Nov 2022 | Actualizado a 10:30 AM

¿Está preparada Bolivia para la muerte asistida? Hay varios factores que la impiden

La muerte asistida no está legalizada en el país, aunque Margareth Hurtado admite que hay prácticas culturales en el país para la muerte curiosa de personas.

Margareth Hurtado, Claudia Benavente y Pedro Urquidi. Foto: Oswaldo Aguirre

/ 19 de septiembre de 2022 / 19:16

¿Está preparada Bolivia para la muerte asistida? Aún no, hay factores culturales y sociales que lo impiden, hasta la ley y el juramento hipocrático de los médicos, que precautelan la vida.

Este asunto, a colación del suicidio asistido del cineasta francés Jean-Luc Godard a los 91 años, fue abordado en transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, este lunes.

En criterio de la psicóloga Margareth Hurtado, la eutanasia implica un problema ético vinculado a cuatro factores: paciente, enfermedad, familia y médicos.

En todos los casos, “se convierte en una condición médica que representa un sufrimiento enorme”, dijo en relación a todos los que intervienen en el caso.

El paciente no está en condiciones de decidir, la enfermedad es compleja, la familia lleva el peso de la “carga” del enfermo y los médicos tropiezan con el dilema de las leyes.

La experiencia de Godard

Godard falleció “en paz y en casa”, dijeron los familiares de al afamado cineasta fallecido en Suiza, donde la muerte asistida es legal.

En Bolivia, el artículo 15, parágrafo I señala que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”.

“Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”, complementa la ley fundamental.

En criterio del perito en psicología Pedro Urquidi, no hay ley en el país que aborde el sufrimiento de las personas. Incluso el juramento hipocrático de los médicos impide la eutanasia.

Juramento hipocrático

“Los médicos hacen un juramento hipocrático: la vida ante todo. Pero, ¿quién pone límite al sufrimiento?”, se preguntó en el programa.

Y la Iglesia y otras instituciones intervienen “para promover la vida”. Hasta la espiritualidad de las personas se convierten en otro factor de impedimento.

Claudia Benavente, directora de La Razón y conductora de la transmisión digital, se encargó de poner las íes al documento hipocrático.

“Jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré medicamente abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mir arte de forma santa y pura”, leyó.

Hurtado complementó: “Si no puede curar, voy a consolar”. “Es la parte más sublime” del documento, dijo.

En su opinión, el consolar a los pacientes significa acompañarlos y ofrecerles “calidad de vida”.

Sin embargo, Hurtado admitió que “en Bolivia no hay una legislación que hable de eutanasia o suicidio (asistido)”. Ni para la “eutanasia pasiva”, como en caso de ancianos que “dejan de alimentarse y tomar medicamentos, y parten”.

Cuestionó que haya prácticas en ese sentido, hasta en casos de niños que nacieron con problemas genéticos o enfermedades raras. “Curiosamente, aparecen muertos, congelados; o no les dan comida o los dejan durmiendo a lado de una ventana abierta”, develó.

“Hay una serie de prácticas culturales sobre las cuales no hablamos, no ha estadística”, insistió.

Urquidi cuestionó la ausencia de normas contra el sufrimiento médico de las personas, menos sobre la salud mental o el ejercicio de los psicólogos.

Dijo que en la transición de la vida a la muerte, la muerte no es el problema como tal. La muerte es consecuencia de una enfermedad y un sufrimiento.

“Todos tenemos derecho sobre nuestros cuerpos, pero la pregunta es: ¿en qué momento asumimos ese derecho en vista en que muchos somos parte del núcleo familiar donde también asumen derechos sobre nuestra propia vida?”.

Urquidi consideró que la aplicación de la eutanasia en el país debe sopesar incluso «intereses personales y políticos». Hay familias que incluso esconden a víctimas de enfermedades por «vergüenza», dijo.

En Bolivia, la eutanasia no está legalizada; sí en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. En Austria existe “suicidio asistido” luego de un fallo constitucional y en Estados Unidos hay estados que la permiten, como en Australia y Nueva Zelandia.

En Colombia es una “derecho constitucional” y en Chile, Portugal, Francia e Irlanda hay iniciativas en marcha.

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Vicerrector de la UAGRM molesto: ‘Dos o tres personas no pueden rifar la lucha del pueblo’

“Si yo no tengo los pantalones y me siento presionado y no puedo resolver algo, hablo de mi persona, me voy; no puedo perjudicar al resto de la gente”, insinuó Reinerio Vargas

Reinerio Vargas y Vicente Cuéllar, en una de las movilizaciones cívicas. Foto: Vicente Cuéllar

/ 27 de noviembre de 2022 / 08:34

Molesto por la suspensión del paro indefinido en Santa Cruz, el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, lamentó que dos o tres personas “no pueden rifar la lucha de un pueblo” y que, ahora, deben dar la cara.

Aunque no los nombró, apuntó al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y al rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, que el sábado anunciaron el fin del paro.

“No pueden rifar la lucha del pueblo entre dos o tres personas, ¿quiénes son los que han decidido? Que den la cara. Bueno, ahí hubo dos caras”, dijo Vargas, uno de los dirigentes más radicales del paro.

Suspensión

Al mediodía del sábado, Calvo y Cuéllar aparecieron juntos en la conferencia de prensa en la que el dirigente cívico anunció “un cuarto intermedio” en las protestas que pretendían Censo en 2023.

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“A partir de este momento hacemos un cuarto intermedio, levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha. Seguimos en emergencia, sepamos administrar nuestra victoria”, dijo el líder cívico.

No estuvo el gobernador Luis Fernando Camacho, que usualmente los secundaba. Sin embargo, en sus redes sociales, asintió la suspensión del paro que terminó luego de 36 días.

Vayan a las rotondas

Vargas fue quien impulsó a los universitarios en los bloqueos. Fue quien estuvo en las vigilias en las gerencias de Impuestos Internos, cuando dijo que habrá que controlar a las entidades “recaudadoras”.

“Es triste (la suspensión), está dejando a todo un pueblo que ha luchado, que espera que estas personas que nunca han estado a un rotonda, vayan a las rotondas y les expliquen qué es lo que han negociado”, protestó el sábado.

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¿Cuarto intermedio para qué? ¿Nos van pillar de nuevo? No somos muchachos de nadie; el pueblo merece respeto”, insistió Vargas.

Renuncia

Consideró que quienes tomaron la decisión de suspender el paro, motivados por la aprobación de la ley del Censo en la Cámara de Diputados, deben renunciar.

“Una autoridad, cuando se siente atemorizada, debe dar un paso al costado; no puede rifar la esperanza de un pueblo; han seguido el juego del masismo, han sido funcionales”, lamentó.

Consultado sobre si con eso se refiere al rector Cuéllar, Vargas dijo que “seguramente” éste tendrá que explicar la decisión y, “mínimamente”, convocar a una reunión del Comité Interinstitucional.

“Si yo no tengo los pantalones y me siento presionado y no puedo resolver algo, hablo de mi persona, me voy; no puedo perjudicar al resto de la gente”, insinuó.

Líderes del paro

Cuéllar, Calvo y Camacho lideraron las movilizaciones en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023, y no en 2024, como planteó el Gobierno.

El miércoles, ante la inminente aprobación de la ley, Camacho había dicha que la fecha del Censo era un “concho” (sobra) y “ya no es determinante”, en razón de que la ley prevé redistribución de escaños y recursos antes de las elecciones generales de 2025.

Además, junto a Cuéllar, afirmó que, con esos antecedentes, no es posible Censo en 2023, en contraposición a la firmeza con la que defendió ese plazo en todo el conflicto.

La ley pasó a consideración de la Cámara de Senadores para su eventual sanción. Ratifica la fecha del 23 de marzo de 2024 para el Censo, como dispone el Decreto Supremo 4824.

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Camacho asiente la suspensión del paro y dice que ‘consiguió asegurar’ el Censo en 2024

“En estos 36 días, nuestro paro consiguió asegurar la realización del censo, como derecho de todos los bolivianos, y la entrega de los resultados y su aplicación oportuna”, escribió en Twitter Luis Fernando Camacho.

Luis Fernando Camacho, abordado por periodistas durante el paro. Foto: Luis F. Camacho

/ 26 de noviembre de 2022 / 17:30

El gobernador Luis Fernando Camacho asintió la suspensión del paro indefinido en Santa Cruz, del que dijo que “consiguió asegurar” el Censo en 2024, definido por el presidente Luis Arce.

“En estos 36 días, nuestro paro consiguió asegurar la realización del censo, como derecho de todos los bolivianos, y la entrega de los resultados y su aplicación oportuna”, escribió en Twitter.

Camacho, que defendió con firmeza la necesidad de un Censo en 2023, no acompañó este sábado a Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar en la conferencia de prensa en casa del líder cívico.

Apoya la suspensión

Sin embargo, en hilo por la red social, el Gobernador asintió la decisión. “Nuestro Comité decidió que se levanta el paro, pero nuestra lucha por los presos políticos sigue”, dijo.

“Santa Cruz ha logrado con su lucha pacífica convertirse en el bastión de la democracia, sigamos así”, exhortó.

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Desde cuando se postergó el Censo de Población y Vivienda, Camacho abanderó la demanda del empadronamiento en 2023, como mandato del cabildo del 30 de septiembre.

Censo en 2023

“Puede haber mesas técnicas, de diálogo, pero el mandato es Censo en 2023, no puede haber ninguna negociación por arriba o por abajo, y nosotros debemos ser obedientes”, dijo el 3 de noviembre.

Sin embargo, el miércoles, ante la inminente aprobación de una ley que blinde el Censo en 2024, Camacho dijo que la fecha es un “concho” (sobra) y “no es determinante”.

Es más, con conferencia de prensa junto a Cuéllar en la noche, dijo que ya no es posible realizar el empadronamiento en 2023.

Avance

“En democracia, cuando se lucha por los derechos del pueblo, todo lo que se logra es un avance”, admitió este sábado en sus redes sociales.

Además, agradeció a quienes se sumaron a las protestas y destacó su “lucha pacífica”.

“Hagamos entender con hechos al gobierno y al centralismo que, en cuanto nos respeten, seguiremos aportando al país”, escribió también Camacho.

Ley

La madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 05, que blinda la realización del Censo del 23 de marzo de 2025 y garantiza la redistribución de escaños y recursos.

El 11 de noviembre, luego de la sugerencia de la mesa técnica de Trinidad, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4824, que establece la fecha definitiva.

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Calvo anuncia un ‘libro de cobranzas’ para ‘cuando se restituya el Estado de derecho’

Rómulo Calvo dijo que se va a hacer un “registro formal” de los delitos violaciones constitucionales, abuso de poder y “conducta ilegal” de autoridades gubernamentales, legislativas, electorales, judiciales, policiales y militares.

Rómulo Calvo junto a Vicente Cuéllar, en conferencia de prensa, este sábado.

/ 26 de noviembre de 2022 / 16:02

Rómulo Calvo anunció este sábado la apertura de un “libro de cobranzas” con el objetivo de registrar las actuaciones de las autoridades contra los derechos de “personas naturales o colectivas”.

“Será un libro de cobranzas para cuando se restituya el Estado de derecho se acabe la impunidad”, advirtió el titular del Comité pro Santa Cruz en la conferencia en la que anunció la suspensión del paro indefinido.

En un mensaje duro, a propósito de la aprobación de la Ley del Censo en la Cámara de Diputados, Calvo explicó el sentido de la apertura notariada de ese libro.

‘Registro formal’

Dijo que se va a hacer un “registro formal” de los delitos violaciones constitucionales, abuso de poder y “conducta ilegal” de autoridades gubernamentales, legislativas, electorales, judiciales, policiales y militares.

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Calvo trajo a colación la apertura de ese libro luego de denunciar varios actos que, en su criterio, violaron los derechos de los cruceños durante el paro de 36 días.

Apuntó a algunos policiales, que, según juzgó, expresaron “su racismo” contra la gente. “Instamos a la ciudadana a identificar con fotografías, nombre y apellido de todo policía atropellador”, dijo.

Estrategia

“No funcionó la estrategia de dividirnos, cercarnos, avasallarnos o agredirnos”, dijo Calvo en referencia la acción del oficialismo en la gestión de la crisis en Santa Cruz.

La conferencia completa de Rómulo Calvo aquí.

También dijo que “no le ha funcionado ni la toma de tierras ni trancar carreteras y refinerías, ni la postergación ni dilaciones”. “Las hordas que vinieron, tuvieron que volverse con la cola entre las piernas”, insistió.

Es más, “la Policía, tan estúpidamente guiada, ya comenzaba a desobedecer órdenes criminales. Lo seguirán intentando y nosotros seguiremos luchando”, afirmó Calvo.

Paro indefinido

El paro indefinido comenzó el 22 de octubre con un fallecido, Pablo Taborga, a causa de una presunta golpiza que recibió de parte de bloqueadores allegados al Comité pro Santa Cruz en puerto Quijarro.

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Además, se empañó con la muerte de un motociclista en un punto de bloqueo, degollado por un cable tendido que no vio la víctima al cruzar en la madrugada.

Una persona murió apuñalada en un punto de bloqueo. El Ministerio de Gobierno informó que posiblemente se trataba de un pandillero, que se disputada con otro el control del lugar.

Luego de una movilización de gremiales y transportistas contra el paro, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UCJ), el brazo operador del Comité pro Santa Cruz, generó desmanes y enfrentamientos con la Policía.

Quema

Más tarde los incidentes devinieron en la quema de la sede de los campesinos y el saqueo de las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD).

El Comité pro Santa Cruz, por su lado, denunció la complicidad de la Policía en las movilizaciones de facciones contra el paro. Este sábado fue vehemente en denunciar ese extremo.

El 1 de noviembre, policías y miembros de la UJC se enfrentaron en La Guardia, cuando esto pretendían levantar el cerco de campesinos la zona. Un periodista resultó herido en medio de los incidentes.

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Morales cree que con el acuerdo por la Ley del Censo ha vuelto la ‘democracia pactada’

En criterio del expresidente Evo Morales, “la ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos”.

Una escena de la sesión que aprobó la Ley del Censo, la madrugada de este sábado.

Por Rubén Atahuichi

/ 26 de noviembre de 2022 / 11:46

Molesto por cómo algunos legisladores de su partido respaldaron la aprobación de la Ley del Censo, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, consideró que ha vuelto la “democracia pactada”.

“Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal, a la pactocracia o gobierno de pactos, a espaldas del pueblo”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.

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La madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, a iniciativa de la diputada oficialista Deysi Choque.

Ley

La norma había sido impulsada por la diputada cruceña del oficialismo Deysi Choque, que, sin embargo, fue modificada para consignar propuestas de las bancadas de oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos.

El proyecto de Ley 05, que pasó a revisión de la Cámara de Senadores, corrobora el 23 de marzo de 2024 como fecha del Censo, consignada en el Decreto Supremo 4824, del 11 de noviembre.

Era el último recurso del Comité Interinstitucional que, con este sábado, propicia un paro indefinido por 36 días en demanda de Censo en 2023. Se adelantó que este día será evaluada la continuidad de la protesta.

Pacto de impunidad

En criterio de Morales, “la ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores renovadores y masacradores de nuestros hermanos”. “Los revolucionarios no negociamos con la derecha”, aseguró.

El exmandatario tiene una especial animadversión con el ahora gobernador Luis Fernando Camacho, quien, en 2019, siendo titular del Comité pro Santa Cruz, fue uno de los principales protagonistas de su derrocamiento.

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“Denunciamos que diputados que en la campaña prometieron al pueblo justicia para las víctimas del gobierno de facto, cruzaron ríos de sangre, se aliaron a las bancadas de Mesa y Camacho y aprobaron una ley a pedido de esos golpistas”, fustigó.

Traición

“Eso no es renovación, eso se llama traición”, protestó el líder del MAS

Una vez que el 10 de noviembre de 2019 renunció Morales, la senadora Jeanine Áñez se proclamó sucesor, a iniciativa de una reunión extralegislativa en la Universidad Católica, en la que participó activamente Carlos Mesa.

En medio de la crisis política y social, los primeros días del nuevo régimen degeneraron en las masacres de Sacaba, el 15 de noviembre, y de Senkata, el 19.

Masacres

Entonces, Áñez y su gabinete, entre ellos los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, instruyeron la represión de las movilizaciones cuyo saldo inicial fueron 20 fallecidos en ambas masacres, todos con armas de fuego.

Militares y policías actuaron en ambas represiones al amparo del Decreto 4078, que los eximía de responsabilidades penales.

La ley fue aprobada con 91 de 119 votos registrados; 25 diputados rechazaron la norma y tres votaron en blanco. El MAS no hizo espíritu de cuerpo en la decisión legislativa, como solía ocurrir antes.

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Francisco Vargas: ‘Existe mucha desinformación y se genera desconfianza’

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas explicó, entre otros temas, sobre la distribución de escaños, el padrón electoral y la ‘desinformación’ en algunos actores ‘que buscan forzar la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral’.

/ 26 de noviembre de 2022 / 06:42

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas afirmó que la distribución de escaños legislativos está normada en la Ley 026, de Régimen Electoral, y en la propia Constitución Política del Estado (CPE).

Consultado ayer en LA RAZÓN Radio sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, el juez electoral apeló a ambas normas para su respuesta.

También dejó en claro que no existe una relación jurídica entre el Censo de Población y Vivienda y el padrón electoral biométrico

Aseveró que el padrón electoral es “altamente confiable” y que “existe mucha desinformación” en algunos actores “que buscan forzar la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tenemos”.

A la pregunta de si hay diferencias entre los votos rural y urbano, Vargas reivindicó el principio de “un ciudadano, un voto”, lo que está inscrito en la Constitución Política del Estado (CPE).

—¿Valía la pena llegar a este clima de situación crítica en el país con la discusión sobre la fecha del Censo?

—La Constitución es clara, el artículo 146 establece que para la redistribución de escaños se utilizarán los datos del último Censo de Población y Vivienda.

Si el Censo se realiza de manera previa a la convocatoria a la realización de una elección general, todos los órganos del Estado deben hacer los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a esta disposición constitucional; además, llevar adelante el proceso de nueva distribución de escaños parlamentarios.

Francisco-Vargas
Foto. TSE

—El senador Andrónico Rodríguez decía que no se necesita una ley específica para la redistribución de escaños porque la Ley 026, de Régimen Electoral, ya plantea ese trámite una vez conocidos los datos del Censo

—La Constitución y la Ley 026 establecen quiénes son las instancias que son parte de este proceso de elaboración de la ley, porque una ley de distribución de escaños debe tener un sustento técnico, salir del Tribunal Supremo, debe ser remitida a la Asamblea Legislativa y es esta instancia que deliberará su aprobación.

La distribución de escaños parlamentarios no se basa solamente en el criterio de población o de cierta cantidad de población para establecer una circunscripción o representación política.

Nuestra Constitución también habla del criterio de equidad basado en otorgar escaños a departamentos que tienen menor grado de desarrollo económico y menor población. Son dos criterios adicionales que deben ser considerados para la nueva distribución de escaños.

La distribución de escaños sí debe llevarse adelante con una ley debidamente aprobada y promulgada con carácter previo a la emisión de una convocatoria para un proceso electoral general.

—Si ya está todo definido, ustedes no necesitan una ley para comenzar a aplicar una redistribución con base en estos dos criterios

—El Órgano Electoral requiere los datos oficiales que se vayan a dar después del Censo, deben ser oficializados por el Órgano Ejecutivo, que es la instancia de la que depende el Instituto Nacional de Estadística (INE) para que podamos realizar nuestro trabajo.

En cuanto a la ley que se está debatiendo, corresponde que los miembros del Órgano Legislativo puedan dar a conocer sus fundamentos y opiniones. Como Órgano Electoral, somos muy respetuosos de las atribuciones de cada uno de los órganos del Estado.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ya hizo un pronunciamiento en días pasados en el que hizo conocer que requiere tener datos oficiales en el mes de septiembre (2024) para llevar adelante el proceso de elaboración de una ley debidamente sustentada para la distribución de escaños, y, luego de aprobarse dicha ley, proceder a la delimitación de circunscripciones uninominales.

—Una discusión que se ha desatado es el saneamiento del padrón electoral, incluso autoridades electas con el padrón actual cuestionan su transparencia. ¿Hay un criterio previo en este sentido del Tribunal Supremo?

—Existe mucha desinformación y se genera desconfianza en torno al registro electoral.

No existe relación jurídica entre el Censo de Población y Vivienda y el padrón electoral biométrico; son dos cosas diferentes.

La única relación que pueda existir es de tipo estadística en el sentido de que el Censo puede arrojar datos de cierta cantidad de personas mayores de 18 años, que deberían estar en el padrón, versus los datos que cuenta el Órgano Electoral del padrón electoral, que solo registra a personas mayores de 18 años (…).

Al contrario, los datos de ciudadanos empadronados son inferiores a los datos de ciudadanos censados mayores de 18 años, porque en nuestro país aún existe un subregistro electoral de algunas personas que por diferentes cuestiones han decidido no empadronarse.

A pesar de los esfuerzos del Órgano Electoral, aún hay personas que no son parte del padrón electoral, como la comunidad de menonitas o personas en situación de calle o en comunidades alejadas.

No existe una relación jurídica y no ha permitido nunca los datos del Censo determinar que un padrón electoral sea invalidado; es más una cuestión de desinformación de algunos actores políticos que buscan forzar el tema de la democracia en relación a la deslegitimación del padrón electoral que tenemos.

Nuestro padrón es altamente confiable, en 2017 fue sometido a una auditoría integral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y confluye que es confiable para la realización de diferentes procesos electorales.

Se trabaja en las recomendaciones como mayor eficiencia en la depuración de fallecidos, llevar adelante mejores procesos de saneamiento o la actualización de la plataforma tecnológica y es lo que el Órgano Electoral lleva adelante.

—Otra de las observaciones de actores políticos es la diferenciación entre votos del campo y ciudad, ¿existe esto?

—Nuestro sistema electoral es mixto, no todos los diputados se eligen en circunscripciones uninominales, la mitad de los diputados se elige bajo el sistema proporcional en una circunscripción departamental.

60 de los 130 diputados se eligen en circunscripción departamental bajo el sistema proporcional. O sea, el partido que gana en el departamento, bajo este sistema proporcional, gana mayor cantidad de diputados plurinominales.

Otra cierta cantidad, que son 63 diputados, se elige por mayoría de votos en la circunscripción. Una circunscripción está conformada por ciudadanos que habitan en un determinado territorio.

En algunos casos, varias circunscripciones son parte de una ciudad y, en otros casos, una circunscripción tiene varios municipios que son las circunscripciones rurales. Otros siete diputados se eligen bajo el criterio de plurinacionalidad; son siete diputados de las circunscripciones especiales indígenas que representan el 4% del total de miembros de la Asamblea Legislativa.

Nuestra representación política no solamente está basada en el criterio de representación por circunscripciones uninominales; la mitad de los diputados, o poco menos de la mitad, se elige bajo el sistema proporcional.

Una organización política que gane en un departamento va a ganar más diputados que la otra organización política que hubiera tenido menos votos y 63 diputados se eligen en circunscripciones uninominales.

Hay circunscripciones que se diseñan en base a diferentes criterios; es el segundo trabajo que llevará adelante el Órgano Electoral una vez que cuente con la ley de distribución de escaños, y esto tiene que ver con delimitar las circunscripciones.

—El expresidente del TSE Salvador Romero decía en 2020 que el voto rural y urbano es lo mismo, sobre el mismo principio de ‘un boliviano un voto’. ¿Coincide con esa consideración?, ¿amerita una reconsideración de esas diferencias?

—Un ciudadano es un voto, eso está determinado en la Constitución. Para que existan cambios en el sistema electoral boliviano, deberían cambiarse y modificarse muchos aspectos de la Constitución.

Están también redefinidos y definidos en la Ley del Régimen Electoral. Lo que lleva adelante el Órgano Electoral es aplicar dichas disposiciones que no son de ahora, de esta Constitución.

El sistema de representación política viene desde los años 90 y es el mismo que se ha aplicado, a excepción de la incorporación de siete circunscripciones especiales indígenas.

Eso ha sido lo que ha incorporado la nueva Constitución, que ha respondido a una demanda histórica de participación política de los pueblos indígenas que constituyen minorías étnicas en el país y que bajo el sistema de representación de ‘un ciudadano un voto’ un miembro, un representante del pueblo ayoreo, no tuviera nunca la posibilidad de acceder a la representación política.

La Constitución sí ha incorporado las circunscripciones especiales indígenas que tienen que ver con las elecciones que tienen los pueblos indígenas en siete departamentos, de sus diputados que los representan.

Como Órgano Electoral, hemos abierto la posibilidad de que no solamente tengan el monopolio los partidos políticos para presentar candidatos y candidatas en estas circunscripciones. Sino también se ha abierto la posibilidad de que las organizaciones de los pueblos indígenas también puedan postular candidatos en las circunscripciones especiales indígenas. Es parte del reconocimiento a la diversidad cultural y a la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas.

—¿Considera que puede resultar un falso debate hablar de diferencias entre el voto rural y urbano?

—Nuestro sistema electoral es mixto, combina la representación proporcional con la territorial en las uninominales.

Cerca de la mitad de los diputados son elegidos bajo el sistema proporcional y la otra mitad, por circunscripciones uninominales.

—¿Considera que las divergencias sobre la fecha del Censo afectan a la democracia? ¿Ameritaba un paro, una ley o un conflicto tan divergente como el que vimos estos días?

—Todas las acciones que se enmarquen en la Constitución y la democracia le hacen bien a la democracia. Pero las acciones que se desmarquen de la democracia, de la Constitución y se traduzcan en medidas de hecho, no ayudan, no fortalecen nuestro sistema democrático. Ahí, los actores políticos tienen que ser muy responsables en las acciones, en lo que dicen y plantean.

Han sido elegidos por los ciudadanos para gobernar y deben garantizar una gobernanza debidamente responsable para todos y todas, no solo para aquellos que han votado a favor, sino también para toda la ciudadanía.

Es necesario mayor reflexión de los diferentes actores políticos en torno a los diferentes hechos, diferentes situaciones que de aquí en adelante se van a venir.

Son una serie de acontecimientos que en el futuro, con seguridad, van a ser objeto de debate y creo que es necesario que existan espacios abiertos de respeto para poder alcanzar consensos.

—¿Cómo va a responder el Tribunal Supremo a la demanda que, a propósito del conflicto por el Censo, surge en relación al saneamiento del padrón electoral?

—Se está llevando adelante todo un proceso de saneamiento desde que la actual Sala Plena asume funciones en diciembre de 2019, que tiene que ver con el saneamiento permanente, la participación de jóvenes, depuración de fallecidos.

Se han realizado diferentes acciones para que los ciudadanos puedan coadyuvar en las depuraciones de personas fallecidas en el padrón. Ese padrón se ha utilizado en 2020 y no ha sido objeto de mayor observación por las diferentes misiones de acompañamiento y observación electoral que han llegado al país.

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El informe de auditoría integral a las elecciones que realizó la OEA en 2019 tampoco menciona o hace alguna observación al padrón electoral. En el informe no se encuentra observación alguna al padrón electoral.

En el informe de auditoría de 2019 y 2020 más bien las diferentes misiones han valorado la organización y administración del proceso electoral y el padrón ha servido para la elección y administración de la elección subnacional de 2021.

Entonces vemos un ramillete de autoridades electas de diferentes tiendas políticas con dicho padrón electoral y bajo las reglas del sistema democrático que tenemos actualmente vigente en el país.

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PERFIL

Nombre: Francisco Vargas Camacho.

Cargo: Vocal del Tribunal Supremo Electoral

Experto

Licenciado en Filología Hispánica. Es egresado de la Maestría en Derechos Indígenas y Desarrollo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz.

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