¿Está preparada Bolivia para la muerte asistida? Hay varios factores que la impiden
La muerte asistida no está legalizada en el país, aunque Margareth Hurtado admite que hay prácticas culturales en el país para la muerte curiosa de personas.
Margareth Hurtado, Claudia Benavente y Pedro Urquidi. Foto: Oswaldo Aguirre
¿Está preparada Bolivia para la muerte asistida? Aún no, hay factores culturales y sociales que lo impiden, hasta la ley y el juramento hipocrático de los médicos, que precautelan la vida.
Este asunto, a colación del suicidio asistido del cineasta francés Jean-Luc Godard a los 91 años, fue abordado en transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, este lunes.
En criterio de la psicóloga Margareth Hurtado, la eutanasia implica un problema ético vinculado a cuatro factores: paciente, enfermedad, familia y médicos.
En todos los casos, “se convierte en una condición médica que representa un sufrimiento enorme”, dijo en relación a todos los que intervienen en el caso.
El paciente no está en condiciones de decidir, la enfermedad es compleja, la familia lleva el peso de la “carga” del enfermo y los médicos tropiezan con el dilema de las leyes.
La experiencia de Godard
Godard falleció “en paz y en casa”, dijeron los familiares de al afamado cineasta fallecido en Suiza, donde la muerte asistida es legal.
En Bolivia, el artículo 15, parágrafo I señala que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”.
“Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”, complementa la ley fundamental.
En criterio del perito en psicología Pedro Urquidi, no hay ley en el país que aborde el sufrimiento de las personas. Incluso el juramento hipocrático de los médicos impide la eutanasia.
Juramento hipocrático
“Los médicos hacen un juramento hipocrático: la vida ante todo. Pero, ¿quién pone límite al sufrimiento?”, se preguntó en el programa.
Y la Iglesia y otras instituciones intervienen “para promover la vida”. Hasta la espiritualidad de las personas se convierten en otro factor de impedimento.
Claudia Benavente, directora de La Razón y conductora de la transmisión digital, se encargó de poner las íes al documento hipocrático.
“Jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré medicamente abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mir arte de forma santa y pura”, leyó.
Hurtado complementó: “Si no puede curar, voy a consolar”. “Es la parte más sublime” del documento, dijo.
En su opinión, el consolar a los pacientes significa acompañarlos y ofrecerles “calidad de vida”.
Sin embargo, Hurtado admitió que “en Bolivia no hay una legislación que hable de eutanasia o suicidio (asistido)”. Ni para la “eutanasia pasiva”, como en caso de ancianos que “dejan de alimentarse y tomar medicamentos, y parten”.
Cuestionó que haya prácticas en ese sentido, hasta en casos de niños que nacieron con problemas genéticos o enfermedades raras. “Curiosamente, aparecen muertos, congelados; o no les dan comida o los dejan durmiendo a lado de una ventana abierta”, develó.
“Hay una serie de prácticas culturales sobre las cuales no hablamos, no ha estadística”, insistió.
Urquidi cuestionó la ausencia de normas contra el sufrimiento médico de las personas, menos sobre la salud mental o el ejercicio de los psicólogos.
Dijo que en la transición de la vida a la muerte, la muerte no es el problema como tal. La muerte es consecuencia de una enfermedad y un sufrimiento.
“Todos tenemos derecho sobre nuestros cuerpos, pero la pregunta es: ¿en qué momento asumimos ese derecho en vista en que muchos somos parte del núcleo familiar donde también asumen derechos sobre nuestra propia vida?”.
Urquidi consideró que la aplicación de la eutanasia en el país debe sopesar incluso «intereses personales y políticos». Hay familias que incluso esconden a víctimas de enfermedades por «vergüenza», dijo.
En Bolivia, la eutanasia no está legalizada; sí en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. En Austria existe “suicidio asistido” luego de un fallo constitucional y en Estados Unidos hay estados que la permiten, como en Australia y Nueva Zelandia.
En Colombia es una “derecho constitucional” y en Chile, Portugal, Francia e Irlanda hay iniciativas en marcha.