Encarcelado preventivamente acusado de aprovechar recursos de IDH universitario para favorecer a sus allegados, Álvaro Quelali fue suspendido como ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) por determinación del Consejo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
“El Honorable Consejo Universitario ha determinado suspender al universitario Álvaro Quelali, primer Secretario Ejecutivo de la FUL de la Universidad Mayor de San Andrés, en el ejercicio de su representatividad como dirigente estudiantil ante las instancias de cogobierno universitario y comisiones del HCU, respetando el debido proceso” (sic), establece la Resolución 367/2022, emitida el 28 de septiembre.
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Quelali, a quien se acusa de estar más de 20 años como estudiante en la UMSA, había pedido licencia indefinida en sus funciones, según señala la resolución. El dirigente está actualmente en la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, investigado por conducta antieconómica por los presuntos usos de recursos universitarios en favor de allegados.
“(…) El Honorable Consejo Universitario, en sesión de la fecha, ha tomado conocimiento de la nota remitida por el universitario Álvaro Quelali Calle, Primer secretario Ejecutivo de la Federación Universitaria Local; mediante la cual solicita ‘licencia indefinida’ (mientras dure el proceso judicial que se le sigue), asimismo, solicita permiso a todas las instancias a las cuales asiste como delegado titular y delegado nato, en su condición de máximo representante estudiantil de la Federación Universitaria Local”, indica la resolución.
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Quelali fue aprehendido el 20 de septiembre, luego de que se presentó ante el Ministerio Público por las denuncias en su contra, las cuales señalan que aprovechó su cargo de dirigente para, por ejemplo, favorecer con viajes al exterior y viáticos destinados a estudiantes destacados a su hermano, quien tiene más de 100 materias reprobadas.
La Justicia determinó que cumpla detención preventiva en la penitenciaría de San Pedro por dos meses, mientras dura la investigación. La Fiscalía aún cuantifica el daño económico.