En la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el presidente Luis Arce planteó un “nuevo pacto para el futuro”, con la mirada puesta en los objetivos de desarrollo sostenible.

La sesión se lleva a cabo en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Arce indicó que Bolivia defiende el multilateralismo y criticó la inversión en armamento en el mundo.

En este “nuevo pacto”, el mandatario señaló que se debe eliminar la pobreza y las desigualdades para evitar conflictos en el futuro. Además, pidió acciones contra la crisis climática.

Como otra propuesta, remarcó que es urgente cambiar el sistema capitalista. Y demandó a los países desarrollados a cumplir con su deuda climática, con una reparación histórica.

Noticia en desarrollo…

Estados Unidos anunció la llegada de Debra Hevia a Bolivia, como nueva encargada de Negocios de su embajada en el país. Es la octava diplomática que cumple estas funciones tras la expulsión del embajador Philip Goldberg en 2008, en el gobierno de Evo Morales.

Hevia reemplazará a Jarah Hillsman, quien cumplió con estas responsabilidades de forma interina tras la partida de Charisse Phillips en octubre de 2022. La misión de Hevia es “fortalecer las relaciones bilaterales, los valores democráticos compartidos, y expandir los lazos comerciales, educativos y culturales entre ambos países”, según una nota de prensa.

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Bolivia y Estados Unidos no tienen relaciones a nivel de embajadores tras la expulsión de Goldberg en 2008 junto a la DEA (Departamento Antidroga de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), acusados por Morales de conspiración. La respuesta del país del norte no se dejó esperar, con similar medida contra el embajador boliviano Gustavo Guzmán.

Desde entonces, los encargados de Negocios son las máximas autoridades diplomáticas tanto en Bolivia como en Estados Unidos. La reposición de embajadores solo ha quedado en buenas intenciones o discursos. Ni siquiera la firma de un acuerdo marco en 2011 bajo “nuevas reglas” de cooperación allanaron este camino, pese a que se habló de una “pronta” reposición.

Según una revisión de publicaciones, después de la expulsión de Goldberg, Krishna Urs se quedó como encargado de Negocios, mientras que en 2012 asumió Larry Memmot. Dos años después, Aruna Amirthanayagam tomó la posta, y en 2015 llegó el turno de Peter Brennan.

Brennan se quedó hasta diciembre de 2017 y fue reemplazado por Bruce Williamson. En 2019 asumió Charisse Phillips, quien se quedó hasta octubre de 2002. Tras su partida del país, tomó la responsabilidad de forma interina Jarah Hillsman.

Hevia

Debra Hevia llegará pronto a territorio boliviano. “Hevia tiene amplia experiencia en Latinoamérica y en Bolivia en particular, donde cumplió dos misiones diplomáticas en pasados años. Su asignación más reciente fue Subjefa de Misión en Quito, Ecuador.  Con anterioridad, trabajó como consejera política en Bucarest, Rumania”, señala la nota de prensa.

Así, van ocho encargados de Negocios que aún no pudieron encontrar la fórmula para la reposición de embajadores. En una columna de opinión publicada por Phillips en La Razón, como despedida de su misión, indicó que lo que falta es una “sólida comunicación” para acercar más a Bolivia y Estados Unidos.

“Sin un diálogo fluido se dificulta la posibilidad de normalizar las relaciones entre ambos países. A lo largo de mi estadía aquí, he evidenciado que una posible colaboración y asociación han sido relegadas por el Gobierno de Bolivia. Estados Unidos siempre está dispuesto a sentarse en la mesa de diálogo”, escribió. Ahora será el turno de Hevia.

Tras la reglamentación de la Ley 1503 de Compra de Oro destinada al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, en julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) compró 205 kilos del metal; cerca del 30% de lo adquirido (713 kilos) en 12 años con la antigua Ley 175.

“A la fecha, el Ente Emisor ha comenzado a realizar operaciones de compra de oro fino activamente ya que en dos meses de vigencia de la reglamentación de dicha ley (1503), las mismas alcanzan a 205 kilos de oro fino, que representan cerca del 30% de lo adquirido por el Ente Emisor en 12 años de vigencia de la norma previa (Ley 175 de 11 de octubre de 2011)” (sic), informa la entidad, mediante un comunicado.

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El miércoles se filtró el informe cuatrimestral (mayo-agosto) del BCB presentado a la Asamblea Legislativa, en el cual se indica que éste monetizó 17 toneladas (t) de oro por $us 1.059,3 millones, pero que entre julio y agosto adquirió solamente 68 kilos del metal, precisamente con la vigencia plena de la “ley del oro” y su reglamentación.

Kilos de oro

Con estos datos, las reservas de oro en bancos del extranjero llegaron a 25,51 t. Sumadas a las 0,55 t en las bóvedas del ente emisor hacen un total de 26,06 t, con un valor de $us 1.629,7 millones. El último informe de abril, indicaba que las reservas ascendían a 43,5 t; repartidas de la siguiente manera: 42,1 t en el extranjero y 0,54 en bóvedas.

La entidad resalta que con la anterior Ley 175 se compró un promedio de 63 kilos de oro anuales; siendo 2016 y 2017 los años en que las cifras tuvieron mejor rendimiento con 160 y 161 kilos, respectivamente (ver el cuadro). En 12 años, añade el BCB, se adquirió 713 kilos del metal.

“Las compras recientes de oro fino efectuadas en el marco de la Ley 1503 permiten al BCB avizorar mayor dinámica en las compras de oro fino, lo cual coadyuvará a fortalecer las Reservas Internacionales Netas, garantizando el flujo de divisas hacia la economía”, afirma.

Eso no es todo. El ente emisor subraya que la monetización de las reservas fue destinada a fortalecer las reservas líquidas que administra; además del cumplimiento de las obligaciones con acreedores externos. Entre ellas, el pago de la deuda externa y la cancelación oportuna de los bonos soberanos emitidos en 2013.

“Este aspecto refuta las versiones erróneas publicadas en redes sociales y medios de comunicación, en sentido que dichos recursos se estarían destinando a gasto corriente o pago de sueldos, con la intencionalidad de generar confusión en la población”.

Casa Grande, un conocido centro de espectáculos y conciertos en Santa Cruz, fue intervenido el jueves en la noche. La Fiscalía indaga si hay socios que estén implicados con Kevin B. M., implicado en el envío de 439 kilos de droga a Polonia.

“Hay un caso abierto donde Kevin B. M. es investigado, por eso el Ministerio Público realizó varios allanamientos, uno de ellos se ejecutó en el restaurante Casa Grande, en el cual hubiera una relación o vinculación con el principal investigado, es la hipótesis que manejamos”.

La declaración es del fiscal del caso, Alexander Mendoza, quien señaló que en el allanamiento se secuestró el DVR del centro y documentos que pueden servir en las pesquisas. Eso no es todo. Se pidió un extracto de movimientos económicos de Kevin B. M. y sus posibles cómplices.

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En agosto, la Fiscalía Nacional de Polonia comunicó la incautación de los 439 kilos de cocaína, por un valor de $us 44,8 millones. La droga se encontraba en dos contenedores que tenían madera tropical, lo cual fue reportado por la Unidad Marítima de la Guardia de Fronteras.

Casa Grande

Los delitos por el que este caso es indagado por la Fiscalía de Santa Cruz son enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, entre otros. Hoy están convocadas dos personas para que brinden su declaración en el Ministerio Público.

“La finalidad es llegar a la verdad de los hechos y ver si esa hipótesis se corrobora con los elementos que estamos colectando, el DVR, cierta documentación que está siendo analizada, las citaciones, entre otros”, remarcó Mendoza ante los medios de prensa cruceños.

A comienzos de septiembre, el empresario Kevin B. M. fue aprehendido por la Policía. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se lo acusa de usar su empresa TNT Bowles Hardwood & Veneers SRL como fachada al servicio del narcotráfico internacional.

La sede de esta compañía se encuentra en el parque El Arenal de la capital oriental. Asimismo, de acuerdo con el avance de las investigaciones, se maneja que Kevin B. M. utilizaba los puertos de Chile y Perú para el envío de los cargamentos con cocaína.

Luis Fernando Camacho estará al menos otros tres meses en el penal de Chonchocoro. Así lo definió un juez el miércoles. Además, el tiempo tiene que ver con la solicitud de la Fiscalía de que precisa 90 días más para recabar más pruebas y tener la imputación en el caso Golpe I.

La defensa del gobernador cruceño pidió al Juzgado Primero de Anticorrupción un análisis de la situación jurídica de Camacho. Esto porque la segunda extensión de su detención preventiva se cumplió el 28 de agosto, disposición judicial que cumple desde diciembre del año pasado.

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En la audiencia virtual del miércoles, los representantes del Ministerio Público señalaron que precisan 90 días más porque la investigación “es compleja”, según la agencia ABI. Así, con las nuevas pruebas, se apunta a tener una acusación formal hasta diciembre de esta gestión.

90 días

El caso Golpe de Estado I indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales. Renunció asfixiado por las denuncias de fraude electoral, las protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho como dirigente cruceño; un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.  

Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, asumió el poder la senadora opositora Jeanine Áñez, con el aval de Camacho. Ella está actualmente encarcelada en Miraflores, con una sentencia en primera instancia de 10 años por el caso Golpe II.

En este caso en apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Ministerio Público acusa a Áñez de haberse proclamado presidenta transitoria sin el debido quórum en la Asamblea Legislativa y no respetar el reglamento del Senado, el 12 de noviembre de 2019.

Tras lo sucedido, Camacho reveló que su padre José Luis, también investigado en el caso Golpe de Estado I, “cerró” con militares y policías para que no intervengan en las movilizaciones que exigían la dimisión de Morales, quien al final salió del país con destino a México.