Luego de las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cristina Escobar (61) y sus dos nietas, de 4 y 10 años de edad, fueron repatriadas de Estambul, Turquía. Llegaron en la madrugada del sábado a Santa Cruz. 

Ellas son la segunda familia de connacionales que vuelven país luego de que el 6 de febrero ocurriera un sismo de 7,8 grados, que dejó a miles de familias en estado de vulnerabilidad. La primera llegó al país el 25 de febrero. 

“Debido a esta situación fortuita, la situación económica de muchos connacionales que residen en este país está siendo muy afectada; esto los lleva a la situación de insostenibilidad para mantener una vida digna, por lo que se encuentran en situación de vulnerabilidad y precaria situación económica”, explicó la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia. 

Coordinación 

Después del sismo, la Embajada de Bolivia en Turquía habilitó los canales de comunicación  para la atención y el socorro de cualquier ciudadano boliviano que se encontrara en peligro en esa región. Fue de esa manera que Escobar y su hija –Vanessa Ocaña— lograron reunirse este fin de semana. 

Previo a ello, Ocaña se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la asistencia y protección consular para la connacional y sus dos hijas y su madre en Turquía. 

“Se verificó que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad y una situación económica precaria. Ella y sus nietas requerían la colaboración y asistencia consular para ser repatriadas”, contó Chuquimia.

Te puede interesar: El Estado carece de políticas para huérfanos de feminicidio

Desde la Cancillería se realizaron las gestiones necesarias para tramitar la documentación que permitiera el viaje de retorno, tanto las dos niñas como su abuela. Según el boletín de prensa, el traslado fue posible también gracias a la cooperación de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BOA) que posibilitó el regreso a través de Madrid, España. 

Las gestiones también involucraron al Consulado de Bolivia en Santiago de Chile, debido a que el padre de las niñas falleció en esa ciudad y sus familiares habrían negado a la madre la copia del certificado de defunción para que la abuela en Turquía obtenga el poder notariado para el traslado de las niñas. 

Chuquimia indicó que, a través de esta instancia, se logró obtener una copia del certificado de defunción, ya que el cuerpo del padre fallecido también fue repatriado por la Cancillería, y con este documento pudieron obtener el poder para que la abuela pueda retornar a Bolivia con las dos menores de edad.

Desde la Embajada de Bolivia en Turquía se tramitaron los salvoconductos con los que, finalmente, llegaron al país. 

Al momento, la Cancillería se encuentra gestionando la repatriación de otros tres connacionales: uno desde Turquía y dos en Siria, país que también fue afectado por el sismo.

Al menos 38.044 personas fallecieron y otras 108.000 resultaron heridas en Turquía luego del sismo de gran magnitud.

En solo seis años, el país ha registrado al menos 672 hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio; de ellos, 599 resultaron ser menores de edad en el momento de la tragedia.

Los datos fueron contabilizados, entre enero de 2016 y diciembre de 2022, por el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, una organización de mujeres activistas que hace el seguimiento a la problemática de violencia contra la mujer a través de los medios digitales, medios de comunicación y reparticiones oficiales. Sobre esta última, hasta la fecha no existen datos sobre la cantidad de huérfanos de feminicidio en el país; sí de los casos de feminicidio de las últimas gestiones. Para distintos organismos, la ausencia de esa información es una falencia en el Estado.

NORMAS.

Además de ello, aseguran que no hay políticas públicas de protección ni mucho menos normas para el procedimiento del trato a los menores de edad en la recolección de evidencias para determinar el grado de culpabilidad del feminicida, que en la mayoría de los casos resulta ser el propio padre o padrastro.

Para Eulogia Tapia, activista de la institución, el feminicidio tiene “un costo social” que recae en las hijas e hijos de las mujeres asesinadas. “Lo peor les toca a los huérfanos porque se quedan sin nada. Muere la madre, el padre está en la cárcel o a veces decide quitarse la vida o está prófugo”.

La Ley 348, Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2013, establece en el artículo 36 que, en casos de feminicidio, los hijos e hijas deben ser puestos de manera inmediata bajo custodia de la familia ampliada de la madre. Un gran porcentaje de los padres de la víctima asume el cuidado de los niños de sus hijas asesinadas; no obstante, la mayoría sobrepasa de los 50 y 65 años de edad.

Ante esto, resalta el refugio de emergencia, que recae en los tíos y/o padrinos, que no necesariamente es permanente. Tapia cuenta que a veces hay “hermanitos”, que comprenden de cinco o siete integrantes, y que en estos casos “muchas veces son divididos o son hacinados en un ambiente”. Mientras de aquellos que no tienen familia ampliada materna, son dispuestos en los centros de acogida del Estado “e inclusive unos terminan en la calle”.

Así, cuestionó al Estado por la carencia de apoyo a este sector y recordó que en julio de 2021 la Defensoría del Pueblo —encabezada en ese entonces por al ahora viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz— presentó el proyecto de ley que propone un bono mensual y asistencia integral de niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidios. Sin embargo, esta norma avanza “a paso lento”.

RÉPLICA.

El pasado 8 de marzo, en referencia al Día de la Mujer, se presentó un proyecto de «Ley de Protección del Estado a las Hijas e Hijos de las Mujeres Víctimas de Feminicidio en el País». Esta propuesta fue puesta a consideración de la Asamblea Legislativa por la diputada nacional del Moviniento Al Socialismo (MAS) Bertha Acarapi, en coordinación con la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Luego de socialización y aportes con diferentes instancias estatales y organizaciones sociales se prevé que pase a consideración del Órgano Ejecutivo.

Lea también: En dos meses, 16 mujeres fueron víctimas de feminicidio, dos en Carnaval

De manera general, la norma pretende “la reparación integral del daño; la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, educación, salud y vivienda, además de fortalecer el sistema de protección con recursos humanos, económicos, infraestructura, material logístico-TIC, einstitucionalización de cargos”, dijo Acarapi a LA RAZÓN.

Tapia auguró que los proyectos de ley sean considerados y no mueran en el intento. “Hablamos de un sentimiento de empatía con los niños. Saber qué pasa con ellos, dónde están; en qué situación están, quién los cobija, qué comen, si estudian”, señaló.

SOLEDAD.

Los hijos e hijas de las mujeres fallecidas por feminicidio se ven enfrentados al tremendo panorama de perder a su madre y, usualmente, de separarse de su padre o pariente cercano responsable del delito. Sufren un duelo simultáneo y caen en una condición de orfandad caracterizada por el trauma, el duelo y la desprotección, explicó a LA RAZÓN la presidenta del Colegio de Psicólogos de Bolivia, Verónica Alfaro.

En el ámbito de la psicología forense, a la profesional le ha tocado evaluar a niños huérfanos de feminicidio y reportó que se trata de un problema social altamente “dramático” para las vidas de estos seres, ya que fueron privados de tener un desarrollo normal y fueron sometidos a un cambio drástico en sus vidas.

“Van a ser unos niños retraídos intelectualmente, no van a tener las mismas posibilidades en el ámbito social; son niños que, inclusive, algunos recurren a la autolesión, o a situaciones de riesgo de suicidio. Les han quitado el lazo afectivo (de una madre) y adquieren una especie de culpa y/o vergüenza porque generalmente (su padre) está en prisión”, describió.

Este panorama es más traumático cuando el niño, niña o adolescente fue testigo del feminicidio. Cuando esto sucede, se queda solo con el cuerpo muerto de su madre, o a veces presencia el suicidio de su padre. Ante ello, el huérfano se convierte en la única fuente de información para la Policía, la Defensoría y la Fiscalía, además de otras instituciones.

Un punto importante que resaltó Alfaro en esta circunstancia es la carencia de conocimiento de protocolos profesionales y políticas públicas que permitan aquello en el trato de las víctimas que quedan como testigos. Las instancias incurren en la revictimización de los menores de edad. “Tienen que ir a la Defensoría, al (Instituto de Investigaciones Forenses) IDIF, a Protección y de Víctimas de Testigos y también a declarar en peritajes; es una situación totalmente revictimizante”, señaló.

“Porque la normativa dice que tiene que seguir estos pasos para atrapar al culpable. La función principal es atrapar al culpable y darle la sentencia máxima de 30 años, pero no se hace nada por los menores vulnerables”, apuntó al referirse a la Ley 348.

Urge al Estado la modificación de la norma e incluir el aspecto psicológico —aseguró la profesional— para evitar la revictimización; y a la vez conseguir la mayor información, teniendo el menor riesgo posible para los huérfanos de feminicidio.

La ley no prevé que el psicólogo forense sea quien haga la evaluación; permite que lo haga un psicólogo de cualquier especialidad. “Tenemos nuestros propios protocolos, instrumentos y formas de poder ayudar, en este caso, a la Justicia, sin perder el lado humano de la víctimas”, dijo Alfaro.

Además de los niños en situación de orfandad, las familias también adoptan móviles distintos después de la tragedia; es decir que la familia que acoge a los niños —usualmente es el de la madre— enfrenta el dolor y el luto; mientras que el del padre, normalmente, maneja una carga de pena y culpa. En ese sentido, ambas familias suelen tener lugar a disputas entre las que se involucra a los menores huérfanos.

“Los familiares maternos generalmente hablan con odio sobre el ‘padre asesino’; en contraste, los familiares paternos tienden a señalar el comportamiento de la madre como la provocación para el delito”, explicó la psicóloga.

El feminicidio es la situación extrema de la violencia. Solo en febrero el país registró cinco casos y de los cuales quedaron 13 huérfanos, todos menores de 10 años.

Uno de los casos que más conmocionó a la población fue el de Wilma (38), quien fue asesinada el lunes de Carnaval y dejó en la orfandad a cuatro hijos, de 8, 4, 2 y un bebé de ocho meses.

Su esposo la golpeó y torturó hasta matarla; el hijo mayor de ambos intentó defenderla pero fue sometido a maltratos.

El informe forense indicó que Wilma falleció por asfixia mecánica por broncoaspiración y su cuerpo presentaba un edema cerebral y traumatismo craneoencefálico y facial, golpes en la cabeza y en el rostro. El asesino solo dijo que “se le pasó la mano”.

A través de los medios de información se sabe que la abuela materna se haría cargo de los niños; esto es lo último que se supo. Es otro caso de acogida de huérfanos en la familia ampliada.

 Proyecto busca bono para las víctimas

Luego de que la carrera de Trabajo Social de la UMSA realizara un diagnóstico situacional de los casos emblemáticos de feminicidio en el país, que develó situaciones preocupantes de los hijos e hijas de las mujeres que fallecieron por este crimen; se presentó un proyecto de ley de protección del Estado a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, que fue puesto a consideración a la Asamblea Legislativa por la diputada del MAS Bertha Acarapi.

Con esta norma se busca que el Gobierno, a través de sus oficinas, brinde una atención integral, acompañamiento psicológico y la satisfacción de las necesidades básicas, como el derecho a la educación, acceso a la salud y una vivienda, dijo Acarapi.

Además, apoyar a las familias ampliadas con un bono económico. “En algunos casos, la abuela se hace cargo de los niños, aquellas que tiene 80 o 70 años; que aparte de buscar justicia y recursos económicos, tiene que alimentar a los niños y niñas que son víctimas de feminicidio”, explicó.

Para la obtención de este bono, la diputada aseguró que el país atraviesa una economía sustentable y tiene una buena administración. Afirmó que las empresas estatales y otras instancias podrían destinar los ingresos, así como lo hacen con el bono Juana Azurduy, bono Juancito Pinto o el bono de la Renta Dignidad.

La mañana de ayer, viernes, una intensa lluvia inundó las calles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Incluso, un colegio quedó como piscina, en la que los estudiantes comenzaron a nadar y disfrutar así en la adversidad.

El secretario de Gestión y Prevención de la Alcaldía cruceña, Oxney Borda, informó que ante el aguacero fueron atendidas más de cinco emergencias. “No se descarta que podamos tener más emergencia en el trascurso del día”, dijo. Relató que “hay lugares en las que las aguas han rebalsado, vehículos que han caído al canal, transporte público con pasajeros que han quedado varados por la gran cantidad de agua y motociclistas que también cayeron a los canales”.

Ante la situación, el funcionario recomendó a la población tener precaución por el sector de los canales, no dejar estacionados los vehículos debajo de los árboles, ya que estos pueden caer sobre ellos y generar averías materiales. Además, Borda pidió reportar los daños que se presentan en las viviendas a causa de las lluvias, para que estos se atiendan de emergencia y, de esta manera, evitar perjuicios materiales y personales.

“Las zonas más bajas vienen a ser la Pampa de la Isla, el Plan 3000, Villa 1º de Mayo, que vienen a ser los lugares donde desembocan las aguas”, señaló Borda.

El colegio Don Bosco resultó totalmente inundado y los estudiantes aprovecharon para darse una zambullida.

También puede leer: Senadora denuncia que en Santa Cruz se cobró Bs 30.000 de multas por vidrios ‘polarizados’

Ante la advertencia del magisterio urbano de radicalizar las movilizaciones desde el lunes, el Ministerio de Trabajo anunció este viernes que se sancionará a los maestros que no asistan a las labores escolares.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, señaló que la medida de protestas no es una acción legal y que, ante ello, amerita descuentos a los salarios por los días no trabajados.

“Cuando tienen reivindicación que no corresponde a una demanda laboral, y no se ha agotado las vías del diálogo para esa reivindicaciones laborales o curriculares, obviamente que el paro es ilegal. Y se procede a descuentos”, argumentó. 

La reacción de la ministra surge luego de que la dirigencia de los profesores advirtiera con la suspensión de clases por 24 horas. El anuncio surge, como medida de presión ante la falta de consenso en el diálogo con el Ministerio de Educación.

Lea más: Sin acuerdo, maestros definirán en consejo si aceptan propuesta del Gobierno; siguen las protestas

La tarde de este viernes, los maestros analizarán nuevas medidas de presión para la siguiente semana. Reclaman la falta de atención del Gobierno a las cinco demandas, además del pliego petitorio de 200 puntos.

En la última reunión, el jueves, las partes no llegaron a acuerdos concretos. Según el ejecutivo del magisterio urbano de Bolivia, Patricio Molina, el ministro de Educación, Édgar Pary, solo atendió uno de los últimos cinco puntos expuestos.

Los otros cuatro —mayor presupuesto para la educación, ítems de nueva creación, déficit histórico de ítems y el currículo escolar— no fueron abordados en la reunión.

Luego de una reunión de más de 11 horas, la noche del jueves, los maestros y el Gobierno no llegaron a ningún acuerdo y anunciaron que volverán a reunirse a finales de mes, después de que el Ministerio de Educación analice los requerimientos del sector.

En la reunión del jueves solo se discutió un punto, el congreso educativo, de los cinco que el magisterio exige además del pliego petitorio de 200 puntos.

Mientras las protestas en La Paz quedaron suspendidas hasta el lunes. Un ampliado, la tarde de este viernes, analizará las nuevas medidas de presión para la siguiente semana, ante la negativa del ministro de Educación, Édgar Pary, informó el secretario ejecutivo del magisterio urbano de Bolivia, Patricio Molina. 

“El Ministerio, en resumen, nos da la razón, pero nos dice no a todo. Lo que nos queda a nosotros es organizarnos para la próxima semana”, justificó.

Según el dirigente, cuatro de los cinco puntos clave no encuentran consenso: mayor presupuesto para la educación, ítems de nueva creación, déficit histórico de ítems y el currículo escolar.

“El tema de la malla curricular sigue siendo un punto porque nosotros no podemos ser cómplices de experimentación. Han aceptado del Ministerio de Educación que hay varios elementos que hacen falta para hacer este reajuste curricular”, dijo Molina.

Te puede interesar: Diálogo ‘fracasado’ entre el Gobierno y maestros; continuarán las movilizaciones

Protesta

El magisterio urbano propició cuatro días de marchas intensas en la ciudad de La Paz. El jueves fueron detenidos dos profesores al ser sorprendidos por la Policía en la tenencia de “petardos de alto impacto” en un vehículo.

Este viernes, al no encontrar elementos suficientes contra los implicados, un juez determinó la su liberación, aunque el motorizado continuará secuestrado.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Rolando Rojas, señaló que se presentó todos los indicios a la Fiscalía, sin embargo, “ya es decisión del Ministerio Publico quien lleva a delante la dirección funcional de la investigación”.

Al momento no hay ningún maestro detenido en las dependencias de la FELCC.