Cinco funcionarios de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades de La Paz y el subalcalde de Cotahuma, Gonzalo Gonzales, se suman a la lista de investigados por el deslave en Bajo Llojeta del 23 de noviembre.

La directora municipal de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, confirmó este viernes la información en una conferencia de prensa. “Hemos tomado conocimiento de que han ampliado la denuncia a otros funcionarios municipales”.

La funcionaria calificó la acción de la Fiscalía de persecución y reiteró que la Alcaldía de Achocalla es responsable por los permisos que otorgó a la Inmobiliaria Kantutani para movimientos de tierra en el Cementerio Jardín Los Andes.

“Técnicamente, hemos podido identificar que el deslizamiento que ha provocado el movimiento de tierra ha sido en la plataforma superior del cementerio Los Andes. En vez de determinar responsabilidades para esta empresa y para su representante legal, lo que se está haciendo es involucrar a autoridades y funcionarios municipales, que lo único que han hecho es cumplir con sus funciones”, señaló Morales respecto de la actuación de la Fiscalía.

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EVENTUALIDAD

Una torrencial lluvia, la noche del 23 de noviembre, causó el deslave en la zona Bajo Llojeta. La eventualidad dejó al menos 40 viviendas anegadas y causó el deceso de una niña de cinco años de edad.

“Este hecho no ha sido un desastre natural, ha sido un hecho provocado, un estrago provocado por la mano del hombre, específicamente por los movimientos de tierra que ha efectuado el Cementerio Los Andes; es decir, la empresa Kantutani. Han realizado movimientos de tierra que no correspondían”, aseguró Morales.

La directora lamentó que el proceso por incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves se extendiera a los seis funcionarios.

A menos de tres semanas para concluir el año, la recaudación tributaria en El Alto alcanzó al 65% de la meta prevista, de Bs 301 millones para esta gestión; es decir, a la fecha se recaudó Bs 196 millones.

La Dirección de Recaudaciones atribuyó la baja a la situación económica por la que atraviesa el país. “El nivel de recaudación ha sido bajo en esta gestión, debido a los problemas económicos, la falta de dólares, de combustibles y también los problemas políticos. Todo eso ha influido para que algunos ciudadanos aún no hayan pagado sus tributos”, justificó el director de Recaudaciones, Jhon Villalba.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en 2023, El Alto logró una recaudación tributaria de Bs 401 millones, la mayor cifra desde 2016.

Villalba recordó que los contribuyentes pueden hacer el pago de sus tributos hasta el 31 de este mes, con el 10% de descuento.

“Pedimos a los ciudadanos alteños que puedan realizar el pago de sus impuestos con el 10% de descuento hasta el último día de este mes. No pasemos a la próxima gestión con deudas. Desde el primero de enero ya habrá intereses y multas y no es conveniente ni para el ciudadano ni para el municipio”, exhortó.

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TARIFA REDUCIDA

Recordó que, en todo el país, El Alto tiene la menor tarifa para el pago de impuestos por concepto de bienes inmuebles y, en su criterio, aquello debía motivar a las personas a cumplir con sus obligaciones a fin de evitar multas.

“Esto se remonta a muchos años atrás, cuando aún formábamos parte del municipio de La Paz. Estamos contemplados en las zonas de valor más bajas, entonces nuestros impuestos en inmuebles son bajos”, recalcó Villalba.

Los contribuyentes pueden hacer la cancelación de sus deudas tributarias en las oficinas de Recaudaciones, en el primer piso de la Terminal Metropolitana de El Alto, o en cualquier entidad bancaria.

La denuncia de un viajero a través de un código QR permitió alertar sobre los cerca de 700 bidones de aceite sin registro sanitario que ingresaron al país desde Villazón.

“A través de una denuncia digital, realizada por el QR publicado como enlace directo de denuncias, se pudo evidenciar que un bus procedente de Villazón trasladaba bidones de aceite desde el vecino país de Argentina”, informó un comunicado de la Entidad Descentralizada de la Terminal de Buses de La Paz.

En pasados días, tres instituciones, la administración de la Terminal de Buses de La Paz, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) y la Policía Boliviana, habilitaron un código QR para que los viajeros denuncien cualquier hecho irregular durante los viajes.

La directora de la repartición, Iveliz Asturizaga, destacó sobre la importancia del uso de ese tipo de soluciones digitales. Porque, en su opinión, acerca a la población con las diferentes instituciones que trabajan dentro de la terminal. De esa forma se puede buscar soluciones a las denuncias que presentan.

El miércoles, tras conocer de esta denuncia, la ATT convocó al Viceministerio de Defensa al Consumidor, a la Aduana Nacional. También al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Terminal de Buses. Además de la Subalcaldía Periférica y la Unidad de Defensa al Consumidor, que se unieron para realizar el decomiso. Los bidones tenían entre 1; 4,5 y 5 litros de aceite que no contaban con registro sanitario.

Al anoticiarse sobre la cantidad de aceite que había en el patio de la Terminal de Buses, mucha gente llegó al lugar en busca de adquirir el producto. Pero, como su pedido se rechazó, comenzaron agredir a un contingente policial con golpes, piedras y palos.

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Uno de ellos quedó lesionado debido a que la Policía usó agentes químicos para dispersar a la gente. Arrestaron a tres personas.

DOCUMENTACIÓN

Asturizaga precisó que ahora se espera que la propietaria de la carga presente su documentación que acredite la legalidad del producto.

La funcionaria recordó que, a través del QR, los viajeros pueden denunciar desde el incumplimiento de horario de salida de los buses hasta ingreso de pasajeros a medio camino y exceso de velocidad, entre otros.

La aplicación está disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana. Pero también está habilitado el número de celular 7127944 para ponerse en contacto con la Policía.

Luego de ocho días de luchar por su vida, Edwin Arroba (24) falleció a las 03.30 de este viernes en la Unidad de Terapía Intensiva del Hospital Los Pinos, donde se encontraba internado desde el jueves 5 de diciembre, cuando sufrió un ataque de parte de antisociales en la zona de Chasquipampa de La Paz.

Aunque la víctima se aferraba a la vida, su corazón no resistió más y dejó de latir, pues las heridas que le causaron los antisociales habían comprometido varios órganos de su cuerpo. Ahora, su familia clama por justicia.

Cerca de las 21.00 de ese trágico jueves, Edwin retornaba a su domicilio luego de comprar unos medicamentos para su hijo enfermo. A unos pasos de llegar a su casa, fue interceptado por tres antisociales.

Lo golpearon y le quitaron todas sus pertenencias. No conformes con ello, le asestaron múltiples puñaladas en el abdomen, la cabeza y otras partes de su cuerpo.

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“Lastimosamente, luego del brutal ataque ha quedado en un estado de coma”, indicó Freddy Rivera, abogado de la víctima.

El jurista indicó que, según la hipótesis del hecho, fue un clan de auteros que atracó al joven, su objetivo era matarlo.

Aun consternados por el hecho, los padres de Edwin claman ahora por justicia y piden la Policía dar con el paradero de dos de los tres asaltantes, pues uno ya fue identificado y enviado a la cárcel de San Pedro, acusado por el delito de tentativa de homicidio; sin embargo, con la muerte del joven la figura legal cambia a homicidio.

Edwin deja luto y dolor entre sus familiares y a un menor de cuatro años en la orfandad.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la obligación del alcalde de La Paz, Iván Arias, de destituir al secretario ejecutivo, José Carlos Campero, en cumplimiento con la Ley 499, de Fiscalización.

La resolución también confirma la vigencia de las censuras emitidas por el Concejo hacia un grupo de autoridades jerárquicas que no se presentaron al acto de interpelación y que ya no trabajan en el Ejecutivo municipal.

“El alcalde no puede seguir evadiendo la ley como lo ha hecho hasta ahora. Es su deber destituir al secretario ejecutivo y cumplir con la Ley de Fiscalización, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Plurinacional”, advirtió el concejal Javier Escalier.

La Sala Segunda del TCP confirmó la Resolución 49/2024, emitida previamente por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En su fallo, hecho público este viernes, el TCP concluye que el alcalde incumplió con los artículos 23 y 25 de la Ley 499, de Fiscalización, promulgada en septiembre de 2022.

Este incumplimiento también derivó en la orden judicial de destituir de inmediato a las autoridades censuradas por el Concejo Municipal.

Escalier recordó que “la censura implica la destitución inmediata de las autoridades observadas. En este caso, el alcalde Arias no solo incumplió con esta disposición, sino que reincorporó a funcionarios ya censurados, incurriendo en desobediencia judicial”.

CENSURA

En la sesión 015/24, el Concejo censuró a 15 altos funcionarios del Ejecutivo edil, entre ellos el secretario ejecutivo, José Carlos Campero; el secretario municipal de Gestión Ambiental, José Eduardo Galindo, y los subalcaldes Fausto Terrazas (Cotahuma), Grover Lazo (Max Paredes) y Jimmy Osorio López (Centro), quienes no asistieron al acto de interpelación requerido por la Ley de Fiscalización 499.

Estos funcionaros, a excepción de Campero, dejaron de prestar sus servicios en el gobierno municipal de La Paz.

El concejal Escalier explicó que la ley establece que, al ser censuradas, estas autoridades pierden la confianza del Concejo Municipal, lo que obliga su destitución inmediata. Sin embargo, Arias reincorporó a cinco de estos funcionarios en febrero de este año, desatendiendo las disposiciones legales.

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“Estas acciones no solo violan la Ley de Fiscalización, sino también constituyen un acto de desobediencia a resoluciones judiciales”, enfatizó Escalier.

LEY DE FISCALIZACIÓN

Además, la Ley de Fiscalización prevé que a las autoridades censuradas no se las puede reincorporar a su mismos cargos o similares. Esta norma fue aprobada y promulgada por el Concejo; empero, el Ejecutivo se niega a su cumplir la disposición.

“El alcalde Arias debe entender que ninguna autoridad está por encima de la ley. Su incumplimiento reiterado pone en riesgo el respeto al Estado de Derecho y puede derivar en procesos penales en su contra”, concluyó el concejal Escalier.

En 2023, el primer proceso derivó en una orden de cumplimiento emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia. Este fallo fue elevado al TCP, que ahora ha ratificado la obligación del alcalde de cumplir con la ley y las resoluciones judiciales.