El presidente de la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro (Fedbampo), Franklin Challapa, anunció la participación de bandas integradas por jóvenes, adolescentes y mujeres que acompañarán el recorrido de los danzarines en la entrada del Carnaval de Oruro.
En entrevista con La Razón Radio, contó que desde el 2003, las bandas juveniles incursionaron en Oruro. “Los jóvenes se han ido formando, ya tenemos la Banda Bolívar, Pendeks Band y otras que tienen personal joven”.
También señaló que estará presente la Banda Instrumental Femenina Candelaria, la cual está conformada por puras mujeres.
“Es la única banda de mujeres a nivel nacional”, dijo.
La Banda Femenina Candelaria comenzó como una idea de Vanessa Zenteno, quien es actual fundadora del conjunto, junto con tres de sus integrantes. Todo ello, por el “androcentrismo” en las bandas de música en el carnaval.
Challapa señaló que “ya está todo listo” para que los músicos acompañen a las fraternidades en la entrada folklórica en honor a la Virgen del Socavón.
La Peregrinación del Carnaval de Oruro comenzará este sábado 10 de febrero a las 7.00 y contará con la participación de más de 50.000 bailarines y 20.000 músicos.
El Carnaval de Oruro fue declarado en 2001 “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, aseguró que la reforma a la Ley 348, Integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, es una medida “inconstitucional” y violatoria “flagrante” de derechos de las mujeres y niños y, además, plantea la impunidad.
La polémica por la Ley 348 comenzó cuando el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que era una “ley antihombres”, luego de que la senadora evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce dijera que la ley “destruyó familias”.
La legisladora presentó el proyecto de ley (PL) 143-2023-2024 de Modificación y Sistematización de la Ley del Órgano Judicial, que es una reposición del Proyecto de Ley 288 – 2021 y, posteriormente, modificar la Ley 348.
Organizaciones de mujeres consideraron que el proyecto representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia, protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia.
Denunciaron que propone modificar el artículo 94, referido al principio de veracidad, de la Ley 348, eliminando la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema judicial.
Cruz, Paula Estenssoro (responsable de Incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir) y Lucía Vargas (responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer) abordaron el problema en el programaPiedra, Papel y Tinta, de La Razón.
La viceministra rechazó las declaraciones de Rodríguez e informó que, desde 2013 a marzo de 2024, se registraron 443.614 denuncias por violencia contra la mujer. Del total, solo 18.459 personas están siendo cauteladas con la Ley 348.
Este número de personas cauteladas es “un 4,16% de la capacidad de respuesta de la ley”, añadió.
Ratificó que es “mentira” que todas las denuncias por parte de mujeres llevan a la cárcel a los hombres. “No es una ley antihombres”, insistió.
Develó que, en 2023, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) ha recibido 3.239 casos, en los cuales las víctimas son varones. “Es mentira que se haya utilizado la norma solo contra varones, cuando ellos también la han utilizado para ir contra mujeres”.
Lamentó que los senadores Rodríguez y Arce “están poniendo en tela de juicio” que hay un sistema patriarcal que busca un retroceso en la ley.
Por su parte, Vargas aseguró que el problema no está en el papel, sino en la implementación de la norma. “La reforma es un retroceso para los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas que denuncias ante un sistema insensible”.
En coincidencia, Estenssoro afirmó que la reforma presupone que las denunciantes mienten sobre los hechos de violencias física y sexual. Aseguró que la ley no es la que acaba con las familias, sino es la violencia machista.
“No podemos encarar esta reforma desde una perspectiva de un retroceso presumiendo que las mujeres son mentirosas”, sentenció.
Vargas afirmó que su despacho registró que del 100% de las denuncias, solo el 5 % tiene sentencia y el 95% restante no tiene un proceso abierto.
Cruz desmintió que se aplica detención preventiva solo con una denuncia interpuesta por una mujer y explicó que el principio de veracidad hace que la víctima no tenga cómo contar su abuso sexual en todas las fases del proceso.
“No necesitamos que lo repita ante la Justicia”, dijo.
Además, aseguró que la Fiscalía y la Policía deberían ser cuestionados por la mala implementación de la ley, debido a que ambas instancias son responsables de hacer las investigaciones. “Ellos deben responder”.
Insistió en que no es un problema entre hombres y mujeres, sino que es un problema estructural del sistema machista y patriarcal en el país. “¿Dónde está el juez de garantías?, que debe estar viendo que se no se apliquen medidas cautelares forzosas”.
La Ley 348 fue aprobada el 9 de marzo de 2013, luego de una serie de reclamos sobre caso de violación de derechos de las mujeres. Y la propuesta de la senadora Arce ahora pasó a revisión de la Comisión de Constitución del Senado.
Este 2024, en los primeros cuatro meses, se registraron 26 feminicidios y 16 infanticidios en el país.
Vocal Tahuichi: El MAS recibirá su primera ‘tarjeta amarilla’ por no renovar su directiva
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, ratifica que el MAS y las 166 organizaciones políticas deben renovar sus directivas y actualizar sus estatutos hasta el 5 de mayo.
El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Renan Crespo
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, afirmó este martes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) recibirá su primera amonestación o “tarjeta amarilla”, en sus palabras, por el incumplimiento a la renovación de su directiva y actualización de su estatuto.
En entrevista con La Razón Radio, ratificó que el MAS y las 166 organizaciones políticas deben renovar sus directivas y actualizar sus estatutos hasta el 5 de mayo, plazo final. De lo contrario, recibirán una amonestación.
El MAS no pudo concretar su congreso para elegir a su nueva dirección nacional, debido a que atraviesa por una fractura interna. Las dos facciones buscan llevar adelante un congreso; sin embargo, ambas solitudes fueron archivadas por incumplir requisitos.
Ayer, la Secretaría de Cámara del TSE volvió a observar la convocatoria al congreso del MAS que organiza el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce, el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.
La solicitud de la facción evista también fue archivada, por ello, el expresidente Evo Morales acusó al TSE de intentar proscribir su partido.
En respuesta, el vocal Tahuichi aseguró que no es política del Órgano Electoral proscribir a ningún partido y que muestra de ello son las cuatro ampliaciones para que partidos presenten sus nuevas directivas.
Contó que las organizaciones políticas debieron revocar su directiva desde diciembre de 2021 y no lo hicieron, pese a cuatro ampliaciones más de 180 días. “Hay una dejadez de los partidos políticos”.
“¿Dónde está la política de proscribir? Nosotros estamos pecando, somos muy tolerantes, somos buenitos”, añadió.
Reiteró que cuando se incumple una resolución del TSE, las organizaciones son pasibles a una amonestación. Acumuladas tres “tarjetas amarillas” pierden su personería jurídica.
A su vez, ratificó que el Órgano Electoral no supervisará el congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad porque no se han cumplido los requisitos formales. Dijo que las observaciones a varios trámites de los partidos políticos “son recurrentes” y que cuando los partidos políticos no cumplen con los requisitos exigidos, tienen que subsanarlos en un plazo de dos días.
“Es un círculo rutinario”, reclamó. Reiteró que el Órgano Electoral debe hacer cumplir los estatutos de los partidos políticos de alcance nacional, departamental y municipal.
Alcaldía de La Paz ejecuta obras de recapeo en tres tramos de la zona Sur
El subalcalde de la Zona Sur de La Paz, Vladimir Ávila, informa que las obras emergieron dentro del plan “De la tormenta a la esperanza”, que prevé la rehabilitación de las vías que fueron afectadas por las lluvias.
El subalcalde de la Zona Sur de La Paz, Vladimir Ávila, informó que la Alcaldía lleva adelante una obra de recapeo que contempla tres tramos: el primero es en la avenida Ballivián desde la Calle 8 hasta la Calle 12 de Calacoto; la segunda, de la Calle 21 a la 23; y la tercera, de la Calle 21 hasta la avenida Costanera.
En entrevista con La Razón Radio, anunció que se prevé concluir con el recapeo hasta el 15 de mayo. Indicó que el trabajo en algunas vías de ese sector tendrá una inversión de Bs 8 millones y su avance está al 33%.
Afirmó que las obras emergieron dentro del plan “De la tormenta a la esperanza”, que prevé la rehabilitación de las vías que fueron afectadas por las intensas lluvias suscitadas entre febrero y marzo de este año.
Los meses pasados, el municipio atravesó la etapa más dura de la época de lluvias.
Entre vías anegadas y desbordes de ríos, la Alcaldía decidió declarar emergencia y habilitó el ingreso del Gobierno con ayuda. Ahora que las lluvias han bajado su intensidad, se piensa en la recuperación, para lo cual, se invirtió Bs 600 millones.
Ávila indicó que la capa asfáltica tiene un grosor de cinco y ocho centímetros, y tendrá una vida útil de cinco años. Contó que el asfalto que se está retirando tiene más de 40 años de antigüedad. “Si retrocedemos (en el tiempo) son más de 30 años (que) no han tocado la refacción de estas vías”.
Aseguró que los trabajos se ejecutan por las noches para no perjudicar el tránsito de vehículos y personas, sin embargo, por razones de la empresa también se debe trabajar durante el día. Por ello, pidió a los vecinos comprensión y tolerancia con los trabajadores.
Aseguró que se refaccionarán cordones, aceras, cunetas y se pintará la señalética para los vehículos.
Finalmente, pidió a la población no botar basura en las calles para evitar que, en tiempos de lluvia, los drenajes de la avenida Ballivián sean tapados y provoquen inundaciones en la zona. “La Ballivián recoge varios caudales y los sistemas de drenajes están tapados por la cantidad de basura”.
Difícil momento para el libro: la industria es acechada por la era digital y abandono del Estado
El editor Fernando Barrientos lamentó que “los tiempos han cambiado” para la industria del libro por la incursión de la era digital e Inteligencia Artificial (IA).
La época del libro y la práctica de la lectura atraviesan por un momento complicado, difícil y desafiante por la invasión de los dispositivos móviles, redes sociales, la crisis económica, abandono del Estado, ausencia de incentivo y nuevas tecnologías y costumbres.
Dichas afirmaciones fueron expuestas por Fernando Barrientos (editor y fundador de Editorial El Cuervo), Claudia Peña (poeta, cuentista y ensayista) y Diego Loayza (escritor, pintor, fotógrafo) en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Barrientos lamentó que “los tiempos han cambiado” para la industria del libro por la incursión de la era digital e Inteligencia Artificial (IA). Reclamó que, en Bolivia, por ejemplo, la industria no ha sido acompañada por el Estado, ni en inversión, ni en legislatura.
“Tenemos un Ley del Libro que lleva 11 años sin aplicarse”, añadió.
Afirmó que, pese a contar con muchos escritores nacionales, el Estado no explota el potencial literario que afecta a la industria. En su criterio, el futuro del libro es incierto; pero si se aplicara la ley habría un fondo de fomento para potenciar la escritura y lectura.
“Debería haber convocatorias públicas para que se lleven las producciones a colegios fiscales como pasa en países de toda la región”, añadió.
Explicó que, en Bolivia, el Estado es editor y, por ende, competidor. “No es una competencia de iguales”. Según Barrientos, un libro subvencionado no es lo mismo que una producción propia en términos económicos.
“Su rol de editor no lo hace bien porque hay errores y se pierde dinero”, señaló.
Develó que la Biblioteca del Bicentenario hizo 50 libros en ocho años. “No tienen claro el tema de costos y no se desarrolló como debería”.
Reclamó que, desde 2020, con el cierre del Ministerio de Culturas bajo la administración de la expresidenta Jeanine Áñez se anularon los premios nacionales, entre ellos el Premio a la Novela. Desde entonces, no se han reanudado los incentivos a las producciones intelectuales en ninguna categoría.
“No hay premio de novela, es algo terrible para los escritores y afecta a la identidad cultural. Es una perdida lamentable”, indicó.
En coincidencia, Peña también lamentó que no se hayan retomado los incentivos, debido a que —según dijo— son maneras de construir una carrera como escritor porque sirve como respaldo de currículum.
A su vez, cuestionó la aplicación de la Ley del Libro, la cual establece el fomento de la lectura para niños y población en general. “Los libros deberían estar a disposición de los niños”, cuyo escenario no se ve en las bibliotecas públicas.
Por su parte, Loayza, quien es escritor, pero vive de la docencia, aseguró que no se puede vivir siendo escritor por las precarias condiciones de la industria y porque el Estado “no se da cuenta” de la importancia del lector y escritor para el acervo cultural y la pedagogía nacional.
“Es un oficio que se ejerce por amor”, aseguró.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrolla desde el 23 de abril al 13 de mayo. Barrientos, quien se encuentra en el evento, lamentó que hubo un 25% de reducción de producción de libros y que los precios son altos por la crisis económica.
El costo de los libros bordea los $us 25 y $us 30. “Esos precios son pocos competitivos y la gente piensa antes de comprar o, finalmente, se va porque los sueldos son bajos y los costos son altísimos”.
Explicó que la industria del libro es un negocio complicado porque, bajo su experiencia, la editorial se queda con un 22% de las ganancias y el autor apenas llega a un 10%. “Es una industria difícil en un momento difícil”.
Sin embargo, los tres invitados auguraron un futuro esperanzador. Peña aseguró que, mientras los humanos seamos sensibles a la belleza, el libro tiene el futuro asegurado. Loayza afirmó que el libro va a trascender la era digital porque no es efímero como el contexto actual. Por último, Barrientos dijo que el libro va a sobrevivir a esta época.
“El libro quizá tenga un bajón, pero persistirá y el conocimiento se quedará en el libro más que en una plataforma digital”, puntualizó Loayza.
Viceministro Arnez critica el ‘mal desarrollo’ de las piscinas de la Planta de Litio de Uyuni
El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, explica que uno de los “grandes errores” en la Planta de Lito en Uyuni es que hubo “mala planificación” por parte de las anteriores administraciones.
Una de las cinco piscinas que YLB reparó en el complejo industrial. Foto: YLB
El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, criticó el “mal desarrollo y planificación” del proceso de la impermeabilización en el proyecto de piscinas en la Planta Industrial de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni, Potosí.
“Estaba muy consolidado el proyecto de las piscinas, pero el objetivo de la denuncia es el mal desarrollo de la impermeabilización”, aclaró en entrevista con La Razón Radio.
Explicó que, en medio del proceso y en función al conocimiento de tecnología actual, el Gobierno tomó la decisión de implementar una nueva tecnología en el proceso de industrialización del litio.
La semana pasada, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una denuncia en contra de exfuncionarios y de una empresa contratista por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato que dejaron inoperables 18 piscinas industriales de evaporación del complejo industrial.
La denuncia es el resultado de una auditoría e investigación especializada que estableció un daño económico al Estado por más de Bs 425 millones.
Arnez informó que el objetivo del proceso en contra de 11 personas es “recuperar el dinero para reinyectarlo para las inversiones de YLB”. Además, aclaró que, desde 2021, la estatal lleva adelante trabajos técnicos para reparar las piscinas dañadas y alcanzar la capacidad de producción de las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio.
Asimismo, explicó que uno de los “grandes errores” es que hubo “mala planificación” por parte de las anteriores administraciones. “Las geomembranas fueron dañadas por los rayos del sol, eso afectó el estado de las piscinas”.
Informó que, en total, son 96 piscinas, de las cuales 78 están en funcionamiento y 18, en pausa por reparación. Confirmó que se hizo el arreglo de cinco de las 18 piscinas para proveer la materia prima a la planta de carbonato de litio.
Ratificó que no se abandonó el trabajo con tecnología de evaporación, como denunciaron algunos políticos, sino que se incursionó en paralelo en la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
“El EDL es una política de Estado que se ejecutó desde el 2020”, añadió.
El proceso está en plena investigación y hasta la fecha un exfuncionario fue enviado a la cárcel y otros tres, entre ellos el exministro de Minería Luis Alberto Echazú, están con detención domiciliaria. La polémica aumentó con la muerte de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Recursos Evaporíticos de YLB.
Sin embargo, pese a la polémica por presunta corrupción en la Planta de Litio en Uyuni, Arnez afirmó que Bolivia puede ingresar al ranking de los países productores y exportadores de litio en 2025.
Prevé que, hasta 2024, el país exporte 4.000 toneladas de carbonato de litio para ingresar al mercado mundial. Con esa cantidad, el Gobierno prevé entrar al ranking de los 10 países productores de litio y superar a Brasil en 2025.
En 2023, Australia fue el líder mundial en producción de litio con un volumen de 86.000 toneladas (t) métricas. Chile contó con un volumen de 44.000 t; China, con 33.000 t; Argentina, con 9.600 t; Brasil, con 4.900 t; Zimbabue, con 3.400 t; Canadá, con 3.400; y Portugal, con 380 t.
