atinoamérica se encuentra en un momento de conflictividad social media por la polarización existente entre dos bandos que dividen la sociedad en dos concepciones de la realidad distintas y antagónicas: una reaccionaria-conservadora y otra progresista-popular. A esta polarización se añade la existencia de una segunda ola de gobiernos populares que llegaron al gobierno con victorias electorales muy apretadas como Colombia, Perú y Chile, donde sus presidentes fueron escogidos en segundas vueltas. Esta polarización viene acentuándose desde el año 2015; cada país con sus propias dificultades y características.

Es en este contexto que, como Ministerios de Interior o de Gobierno debemos analizar el rol que juegan las fuerzas del orden en el manejo de conflictos sociales en la región y en el país.

Cada país es una realidad disímil a otro, y el manejo de los conflictos sociales tienen diferentes matices dependiendo la radicalidad, los fines e incluso los móviles políticos o sectoriales que determinan sus demandas, sin embargo, hay algunos preceptos universales que son transversales, no solo en la región, sino en el mundo, como el derecho a la protesta social, que se desprende del derecho a la libertad de expresión (art.18), expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). En este sentido, también nuestra Constitución Política del Estado en su art. 21 habla de la libertad de asociación y de expresión como parte del capítulo de los Derechos Civiles y Políticos de los bolivianos y bolivianas.
Bajo estos criterios, desde mi cartera de Estado se busca enfrentar cualquier conflicto social: precautelando la vida de las personas que protestan y su propio derecho a hacerlo.

En este sentido existen dos tipos de análisis: uno sincrónico y otro diacrónico, el primero se entenderá en este artículo como el espacio y la comparación con otros países de la región, el segundo, se entenderá como el tiempo y la comparación con otros gobiernos que precedieron al del presidente Arce en nuestro país. Ambos análisis son indisolubles.

Comencemos por el análisis sincrónico. En esta línea analítica, podemos ver, por ejemplo, lo suscitado en Chile en la gestión 2019, cuando al menos 285 personas fueron objeto de la represión policial quitándoles los ojos a los manifestantes en contra del gobierno del expresidente Piñera, y otras decenas perdieron la vida. Asimismo, en Colombia se presentó un escenario similar, cuando el gobierno del expresidente, Duque, acabó con la vida de decenas de jóvenes que protestaron el año 2021 en contra de una reforma tributaria. El último lamentable suceso que se vivió al respecto fue en Perú, cuando el presidente Castillo fue depuesto y en su lugar tomó las riendas de su país la señora Dina Boluarte. Durante su gobierno más de 60 personas perdieron la vida en diversas protestas, acto que fue categorizado por la misma CIDH como una masacre.

En nuestro país, ya ingresando al análisis diacrónico, tenemos en los últimos años cruentos episodios que demuestran un mal manejo de conflictos por parte de los gobiernos pasados. Tenemos el recuerdo de la mal llamada “Guerra del Agua” el año 2000, cuando el gobierno del expresidente, Banzer Suárez acabó con la vida de Víctor Hugo Daza (un manifestante) y dejó 175 heridos en un intento de privatizar el agua en Cochabamba. Asimismo, se tiene el recuerdo de lo suscitado en febrero del año 2003 donde efectivos policiales y militares se enfrentaron entre sí por el anunció de un impuestazo al salario por parte del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. En aquella jornada murieron 33 personas, entre civiles, policiales y militares, hecho que tuvo su desenlace en octubre de la misma gestión con la renuncia del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, después de acabar con la vida de más de 60 personas (una centena de muertos si contabilizamos febrero y octubre 2003).

El año 2019, con la caída de Evo Morales y la llegada de Jeanine Añez al poder regresaron aquellas jornadas oscuras del 2003, y las fuerzas del orden instruidas por el autodenominado “Gobierno de Transición” salieron a masacrar al pueblo boliviano (indígena campesina en casi su totalidad) acabando con la vida de más de 30 personas, ejecutando una masacre como lo catalogó la misma CIDH.

Con estos precedentes, internacionales y también nacionales, nuestro gobierno a la cabeza del presidente Luis Arce enfrentó diversos conflictos sociales, entre ellos, el más descollante el paro de los 36 días en Santa Cruz y las movilizaciones violentas después del 28 de diciembre del 2022.

La violencia en estos dos hechos fue de un alto nivel de conflictividad donde se atacaron y/o quemaron decenas de edificios (incluyendo el incendio de la Fiscalía Departamental), y se “obstaculizó” el derecho al trabajo en Santa Cruz por grupos radicales provocando decenas de heridos y 4 personas fallecidas a causa del paro. De todas maneras, a pesar de ello, nuestro Gobierno basó su accionar policial en base a tres criterios reconocidos por la Organización de Naciones Unidas:

1. Legalidad: significa los medios y métodos que la Policía utiliza en el cumplimiento de su deber cuando se usa la fuerza para mantener el orden público, mismos que están regidos por un marco legal nacional e internacional.

2. Necesidad: significa que el uso de la fuerza debe ser la respuesta a una situación que represente una amenaza y que requiera una acción inmediata para evitar agravamiento. El empleo de la fuerza debe ser excepcional.

3. Proporcionalidad, que no es otra cosa que el uso proporcional de la fuerza en base a un análisis situacional del hecho.

Usando estos tres principios, estipulados y detallados en el Manual de Técnicas Básicas de Intervención Policial en el Contexto de los Derechos Humanos de nuestra Policía Boliviana aprobado el año 2021, se logró mantener el orden en estos hechos de alta conflictividad, evitando pérdida de vidas humanas y otros hechos lamentables como los suscitados en otros países de la región y en nuestro país con los gobiernos neoliberales y el mal llamado gobierno de transición de la señora Jeanine Añez.

Es importante, en este sentido, mencionar que se enfrentaron muchos conflictos en nuestro país desde la recuperación de la democracia el año 2020 con la victoria electoral del presidente Luis Arce, mas, sin embargo, es también importante mencionar que basados en estrictos manuales de uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos se pudo controlar estas situaciones de la manera más eficiente y responsable posible por parte de nuestras fuerzas del orden que ahora están al lado de su pueblo y no contra él.