Voces

Tuesday 16 Aug 2022 | Actualizado a 16:12 PM

Otra ley sin acuerdo

Este fin de semana pasará a la historia como una nueva vez en la que los políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo en torno a un paso trascendental para la vida de los bolivianos en sociedad. Las autonomías avanzan sin la oposición, que encuentra así el modo de rearticular sus desperdigadas fichas alrededor de una demanda sensible para las regiones.

/ 23 de mayo de 2010 / 05:00

Este fin de semana pasará a la historia como una nueva vez en la que los políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo en torno a un paso trascendental para la vida de los bolivianos en sociedad. Las autonomías avanzan sin la oposición, que encuentra así el modo de rearticular sus desperdigadas fichas alrededor de una demanda sensible para las regiones.

El gobierno de Evo Morales tiene dos enormes capacidades: una, de aprobar lo que desee, ya sea por la vía de los decretos supremos o de las leyes; y dos, la de generar reacciones contrarias y alumbrarse conflictos por doquier. Esto, con seguridad, será tomado como un halago por los seguidores del régimen de los cambios si es que, al igual que sus líderes, creen que la resistencia a estas medidas obedece a un afán desestabilizador o a una oposición natural ante la pérdida de poder de las logias.

La última de las demostraciones de esta doble capacidad del Gobierno está en pleno desarrollo y tiene que ver con la aprobación de la Ley Transitoria de Autonomías, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El disenso acaparó la atención en un tema demasiado serio, tanto que prepara el camino para llegar a la Ley Marco de Autonomías, es decir, a la nueva estructura funcional del Estado.

La denominada «ley corta» tenía que ser un modelo de adecuación para los próximos gobiernos autónomos; una pauta para la transición. Pero sus polémicos artículos 6, 7 y 8 —a los que luego se añadió el cuatro: el Presidente posesionará a los gobernadores— le incorporan un gran efecto político, llamativamente, desmarcándose de la generalidad de una normativa en los prolegómenos considerada basamento para la que se debe aprobar hasta el 22 de julio, según los plazos señalados en la Constitución Política del Estado.

La ley contradice a la Carta Magna, aunque se alegue que había un vacío jurídico, y esto es aprovechado por la oposición para preparar un terreno de conflictos; terreno, otra vez, abonado por el MAS. Ahora, no hará falta una sentencia ejecutoriada para que una autoridad electa deje su cargo; una simple acusación, por parte de un fiscal, será suficiente para que sea suspendida temporalmente (en nuestro país, esto puede significar años) y afronte el correspondiente juicio como cualquier otro ciudadano.

Si solamente así se garantiza el principio de igualdad (como sostiene el oficialismo); si es antidemocrático reemplazar, por más que fuera interinamente, a un gobernador electo en las urnas (argumento de la oposición), hoy, importa menos que ayer.             La institucionalidad se debilita de nuevo y el clima de confrontación recobra fuerza con cabildos, paros, huelgas y otras costumbres nacionales de protesta, por la incapacidad política de            llegar a acuerdos.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La fortaleza de la moneda nacional

/ 16 de agosto de 2022 / 01:22

Muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes que no sufrieron los embates de las diferentes crisis económicas que sacudieron al país, consideran como una situación normal —es decir, que no requirió de ningún esfuerzo ni trabajo— la estabilidad económica acontecida durante el periodo 2006-2018, interrumpida a fines de 2019 y gran parte de 2020, y que actualmente se está recuperando. Por esta razón es muy importante repasar los hitos históricos que dieron lugar a que la economía boliviana no esté siendo golpeada por las turbulencias externas que aquejan a los países de la región.

La teoría económica ortodoxa tiene como precepto que el mercado es el “mejor” asignador de recursos y, por lo tanto, la intervención del Estado debe reducirse a la mínima expresión. Sin embargo, hechos históricos como la Gran Depresión y la Crisis Financiera Subprime evidenciaron los efectos catastróficos de una elevada desregulación, cuyos costos fueron asumidos no solo por los actores que generaron las mencionadas crisis, sino por la población en su conjunto.

En Bolivia, un acontecimiento histórico que aún está presente en la memoria de las personas que soportaron ese fenómeno fue la hiperinflación experimentada en el periodo 1982- 1985. La “solución” que el gobierno de entonces dio al mencionado problema, fue la aplicación de una serie de medidas enmarcadas en la “Nueva Política Económica (NPE)”, liberando las operaciones en moneda extranjera, las tasas de interés, el régimen de exportaciones e importaciones, los precios de bienes y servicios; se estableció la libre contratación de trabajadores tanto en el sector público como privado y, en este último, se obligó a la aplicación de programas de racionalización de personal.

La incertidumbre asociada a la pérdida de valor del peso boliviano y la libertad otorgada para transar en moneda extranjera, derivó en que varios precios de bienes y servicios se indexen al dólar estadounidense, y en la preferencia por ahorrar en esa moneda, es decir, el dólar desplazó a la moneda nacional en sus funciones de medio de cambio y depósito de valor. El accionar restringido de la política monetaria —que caracteriza a una economía dolarizada— y el carácter contractivo de la política fiscal reprimieron la economía nacional, cuyo peso recayó en la clase obrera y, por lo tanto, en sus familias.

Durante los 20 años de aplicación de medidas como la NPE, la privatización de las empresas públicas, las continuas devaluaciones del boliviano y un Estado que dejó en manos del sector privado el accionar de la economía, no se solucionaron los problemas de pobreza y desigualdad de la población, es más, las brechas sociales se ensancharon.

Desde 2006 se implementa el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, caracterizado por la activa participación del Estado en la economía, el énfasis en ampliar la capacidad productiva y un enfoque social orientado a la mejora de la calidad de vida de la población (principalmente de los sectores más vulnerables).

El escenario de certidumbre y estabilidad macroeconómica —evidenciado en un crecimiento económico sostenido durante el periodo 2006-2018, aún en épocas de turbulencia externa— posibilitó las continuas apreciaciones de la moneda nacional entre 2006 y 2011 y, desde entonces hasta ahora, una estabilidad cambiaria; de igual forma, la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que grava operaciones realizadas en moneda extranjera, las modificaciones al encaje legal estableciendo mayores requerimientos para los depósitos en moneda extranjera, así como las previsiones diferenciadas por moneda, entre las más importantes, resultaron en la fortaleza del boliviano, que recuperó sus funciones de medio de pago y depósito de valor.

Hoy gozamos de los efectos positivos de la implementación acertada y oportuna de las mencionadas medidas que se traducen en una mayor confianza de la población en el boliviano, reflejada en que el 99% de los créditos del sistema financiero y el 85% del ahorro financiero están denominados en moneda nacional. En virtud a esto, no sufrimos la incertidumbre asociada a las continuas devaluaciones que están ocurriendo en otros países vecinos o a los procesos inflacionarios desatados por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por ejemplo, en lo que va del año, la moneda argentina anotó una devaluación de más de 25%; en Chile, el valor del dólar respecto al peso chileno aumentó en 8% y la moneda colombiana se devaluó en casi 7%.

Finalmente, enfatizar en que la estabilidad cambiaria que tiene Bolivia es resultado de un proceso que se inició en 2006.

Pamela Troche es economista.

Comparte y opina:

La genética colonial de nuestro Estado

/ 16 de agosto de 2022 / 01:13

En mi última reflexión traté de brindar una respuesta, aunque sea introductoria, a la cuestión de por qué nuestro país sufre de tan evidentes déficits de estatalidad en comparación a otros Estados de la región. Por qué casi ninguna de nuestras instituciones funciona como se supone deberían hacerlo, haciendo nuestras vidas cada día un poco más miserables.

Y la conclusión fue la siguiente: no es que el Estado esté ausente, como proveedor de bienes y servicios, sino que éste funciona como un campo de lucha en el que se expresan determinadas relaciones de fuerza que se cristalizan institucionalmente, en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Los ejemplos son incontables, desde el régimen de pensiones hasta la forma en la que están distribuidas las tierras o la existencia de escuelas de primera y de tercera, o una justicia de subastas.

El Estado no funciona, como quisieran algunos tecnócratas, como una máquina impersonal carente de contenido social alguno. Ese era el sueño de Hobbes, que más que un teórico del Estado Absoluto era un militante radical de la paz después de la guerra, que implicaba, entre otras cosas, la construcción de un poder supremo que se colocara por encima de los intereses particulares, para remediar la innata insociabilidad humana.

El Estado es, en otras palabras, una consecuencia derivada de la lucha de clases, que no fue inventada por Marx, pues la realidad no se inventa, como diría Hanna Arendt. Pero esto es solo parte de la respuesta, pues queda todavía pendiente la cuestión de por qué incluso como herramienta de dominación de una clase sobre la otra es, en Bolivia, tan ineficiente que no sirve ni para aquellos que gobiernan.

La respuesta a esto no viene del marxismo, al menos no estrictamente, sino de la teoría de la descolonización, que es seguramente uno de los ejes más importantes del pensamiento político boliviano, que expresa al Estado no solo como el resultado de relaciones de fuerza internas y externas a él, sino en relación a su pasado, que, en nuestro caso, es el de un aparato administrativo cuya única función era garantizar la exportación de valor desde nuestro territorio hacia las metrópolis coloniales, a partir de la superexplotación de la mano de obra indígena.

Tal carácter le imprimió un sello distintivo a nuestra sociedad (que es de donde emerge el Estado) y, sobre todo, a su élite gobernante, conformada no por aquellos que pelearon por la independencia (que eran en su mayor parte indios o plebeyos), sino por los que desempeñaban oficios administrativos y burocráticos durante el viejo orden, y que no estaban dispuestos a perder sus privilegios coloniales frente a sectores de la población que no consideraban iguales, por ponerlo suavemente.

Esto le dio al Estado boliviano un carácter muy parcial, pues al prescindir de más de la mitad de aquellos que ocupaban su territorio, pero sosteniéndose económicamente de ellos de forma casi exclusiva, se privó de los recursos humanos que en otras sociedades le hubieran servido para darse mayor consistencia y efectividad.

Las carencias de nuestro Estado y nuestros sinsabores como sociedad van más allá de las relaciones de fuerza objetiva entre las clases que la conforman o entre nuestro Estado y otros más fuertes, sino de los datos de nuestra constitución genética, que es poco menos que bastarda, por lo que al momento de celebrar nuestras fiestas patrias no debemos olvidar nunca el carácter parcial (y lo que está a medias está a medias nomás) de la emancipación boliviana.

Por ello, la descolonización no puede verse como mera retórica, ni como un elemento secundario de las luchas del presente, pues ver la colonialidad como un problema del pasado nos hace olvidar que la historia todavía no ha terminado. No estamos al final, sino en medio de ella.

De otra forma, no es posible explicar la persistencia de mentalidades cavernarias como las de Rómulo Calvo y sus jóvenes unionistas, cuyos cráneos inspiran explicaciones frenológicas a nuestros problemas políticos.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

Comparte y opina:

Hazlo por ti

/ 16 de agosto de 2022 / 01:07

En las conversaciones sobre el regreso a la oficina para el trabajo presencial, a veces los jefes y los empleados operan en realidades distintas. Muchos trabajadores jóvenes en los primeros escalones de su carrera no ven la oficina como un lugar acogedor, donde abunde la colaboración y la mentoría, a pesar de lo que digan sus jefes. Por su parte, muchos ejecutivos veteranos se sienten desconcertados por las peticiones de cambio de los sistemas y las culturas administrativas que, desde su punto de vista, parecían funcionar bien.

No funcionaban bien. La pandemia reveló una alternativa realista a los desplazamientos diarios a la oficina y ahora muchos trabajadores no están dispuestos a volver al statu quo. Alrededor de dos terceras partes de los empleados que trabajaron desde casa durante la pandemia no quieren volver a la oficina, según una encuesta realizada por la plataforma de empleo FlexJobs el año pasado. Una amplia encuesta realizada en noviembre de 2021 entre trabajadores de 17 países reveló que el 71% de los jóvenes cuya edad oscila entre los 18 y los 24 años afirmó que “si mi empleador insistiera en que volviera a mi puesto de trabajo a tiempo completo, consideraría la posibilidad de buscar otro empleo”. Y, al menos por el momento, puede que lo hagan: en un mercado laboral cercano al pleno empleo, los estudios sugieren que los universitarios recién graduados tienen expectativas altas con sus primeros trabajos, desde la flexibilidad laboral hasta la alineación con la misión y los valores de sus empleadores.

En Estados Unidos, existen alrededor de 125 millones de empleos de tiempo completo y los investigadores de Gallup afirman que la mitad de esos trabajos —la mayoría de los cuales son de oficina o “de cuello blanco”— pueden hacerse de manera remota. Sin embargo, los directivos de las empresas parecen seguir dando importancia al tiempo presencial en la oficina. Hace poco, Elon Musk les dijo a sus empleados de Tesla y SpaceX que espera que pasen al menos 40 horas a la semana en la oficina.

A pesar de todo ello, quiero que los jóvenes regresen, al menos medio tiempo, a las oficinas. Espero que no subestimen el valor que tiene estar en presencia de otros colegas de trabajo: la experiencia compartida, la serendipia de hablar con gente que no está directamente relacionada con lo que haces; la exposición a una diversidad de ideas y perspectivas; la oportunidad de levantar la vista y decir: “Eso no se me había ocurrido”. Espero que no renuncien a la oficina antes de involucrarse de lleno en tratar de crear una mejor versión de ella.

Sé que si me hubiera quedado en casa al principio de mi carrera, me habría perdido la oportunidad de encontrar amigos y mentores que desempeñaron un papel fundamental en mi vida. En la oficina también descubrí cómo funciona mi sector, la naturaleza de las jerarquías de poder y cómo convivir con todo tipo de personas.

Quedarse en casa puede parecer más fácil para los trabajadores que, por una u otra razón, no se sienten cómodos en la oficina, pero también puede hacer que los empleadores queden liberados de la obligación de hacer que la oficina sea un lugar más incluyente.

Los directivos de las empresas también tienen mucho que aprender. Mi consejo es que escuchen a sus trabajadores y aprendan de ellos, en todas las etapas de sus carreras y vidas, sobre lo que necesitan para dar lo mejor. También deben aprender a confiar en sus empleados y a otorgarles más autonomía y control sobre la forma de realizar su trabajo. Harían bien en recordar que cuando la pandemia obligó a muchas personas a trabajar desde casa, la mayoría de sus empleados se mantuvieron comprometidos y productivos.

Edith Cooper es columnista de The New York Times.

Comparte y opina:

Inversión pública en gobernaciones

/ 16 de agosto de 2022 / 00:56

Cuando hablamos de gestión pública nos referimos a la implementación de políticas públicas por parte de los que nos gobiernan, es decir, a la aplicación y ejecución de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en la población.

Las políticas públicas son las acciones de un determinado gobierno, que busca atender y dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, mediante el uso estratégico de recursos (Chandler y Plano, citados por Alcántara, 1995).

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 y catedrático de la Universidad de Columbia (EEUU), señala que para que un gobierno tenga crecimiento económico y que las generaciones futuras resulten beneficiadas, los gobiernos deben efectuar grandes inversiones públicas en infraestructura, educación y tecnología.

Asimismo, los economistas Barro y Sala-i- Martin (1995) nos dicen que una expansión del gasto y la inversión pública puede aumentar la tasa de crecimiento de la economía, el cual tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas.

Ahora veamos lo que sucede en nuestros gobiernos subnacionales, específicamente en los nueve gobiernos autónomos departamentales (GAD) del país.

Según datos extraídos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al 31 de julio de la presente gestión, las transferencias del nivel central del Estado hacia los GAD por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Fondo de Compensación Departamental (FCD), Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) y regalías (mineras, hidrocarburíferas y forestales), ascienden a Bs 2.790 millones, de los cuales el que recibe mayores recursos es el GAD de Santa Cruz por Bs 654 millones (23%), seguido de Potosí Bs 591 millones (21%) y Tarija Bs 384 millones (14%), entre los más representativos.

Por otro lado, en cuanto a la ejecución presupuestaria en inversión pública por parte de los gobernadores, de acuerdo con datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep) a julio de 2022, el último lugar lo ocupa el GAD de Santa Cruz con un 13% de ejecución, seguido de Beni con 15% y Oruro con 17%, entre los más importantes.

De los datos anteriormente señalados, se puede evidenciar que el GAD de Santa Cruz es la Gobernación que recibe mayores recursos, sin embargo, es la peor de todas en cuanto a la ejecución de recursos en inversión pública, es decir, existe ausencia de gestión pública por parte del Gobernador de Santa Cruz y su equipo que lo acompaña. Es paradójico el caso de Santa Cruz, porque se les asigna más recursos y ejecutan menos.

Por el contrario, el nivel central del Estado hace todos los esfuerzos para cumplir con la población, por ejemplo, a mayo, Bolivia logró un superávit corriente de 3,6% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y 1,5% en el balance global; a julio, la recaudación tributaria del mercado interno creció 22,3%, respecto al mismo periodo de 2021, llegando a Bs 21.326 millones, y conforme a la normativa vigente, estos recursos que se recaudan son distribuidos o transferidos a los diferentes niveles de gobierno (gobernaciones, municipios) y universidades públicas autónomas.

Finalmente, puedo decir que no es una medida acertada paralizar las actividades económicas de la población, como se hizo en Santa Cruz, sabiendo que varios viven del día. Por tanto, es necesario que nuestros gobernadores trabajen en beneficio de la gente y no perjudicándola con paros, bloqueos, etc. La mejor noticia que esperamos como ciudadanos es la entrega de obras, carreteras, puentes, equipamiento de hospitales, generación de empleo, electrificación, proyectos para el apoyo a la producción, entre otros establecidos en la Constitución Política.

Rómer Bello Bernal es economista.

Comparte y opina:

El viaje evolutivo del COVID-19

/ 15 de agosto de 2022 / 00:08

La pandemia de COVID-19 ha sido una lección sobre la velocidad: la velocidad con que un nuevo virus se puede propagar entre los humanos; la velocidad con que puede acumular muertes y paralizar economías; la velocidad a la que se pueden desarrollar y producir vacunas, y la velocidad con que la desinformación puede perjudicar la salud pública. En medio de toda esa rapidez hay un tipo distinto de velocidad, que impulsa a las demás, como el motor que hace girar vertiginosamente las cabinas de las atracciones de feria: la velocidad de la evolución vírica.

El coronavirus, como muchos otros virus de su clase, evoluciona deprisa. Se ha adaptado enseguida a nosotros. Ahora surge la pregunta fundamental de si los seres humanos y su ingenio pueden adaptarse más rápido. A menos que la respuesta sea positiva, nos enfrentamos a un largo y lastimoso futuro de sufrimiento continuo. Algunos expertos calculan que la cifra de muertes a causa del COVID-19 endémico podría situarse entre las 100.000 y las 250.000 anuales, solo en Estados Unidos. Millones de vidas dependen de que la ciencia, la gobernanza y la sabiduría humanas puedan superar el ritmo con que se las ingenia el SARS-CoV-2, un agente relativamente simple pero emprendedor compuesto de cuatro proteínas y un genoma de ARN.

Charles Darwin dijo que los mecanismos de la evolución nunca actúan rápidamente, pero Darwin no sabía nada de virus. El primer virus descubierto de todos, el virus del mosaico del tabaco, no fue advertido por los científicos hasta décadas más tarde. Sin embargo, disponemos de un nuevo tipo de evidencia científica para estudiar la evolución: la secuenciación y comparación de los genomas. Unas máquinas alucinantes realizan la secuenciación —dan la lectura del código genético, letra por letra— y unas potentes computadoras ayudan a cotejarla, y es todo mucho más rápido y barato que nunca.

Los científicos pueden ahora hacer un seguimiento de los cambios, mutación a mutación, en el ADN o el ARN que codifica las instrucciones genéticas de cada criatura, observarlos y medirlos mientras algunas de esas mutaciones, las que le resulten útiles al virus, se propagan entre una población. Pueden componer un retrato en vivo incluso de las criaturas que más rápido evolucionan, como las bacterias y los virus. Cuando estas bacterias o virus son patógenos que pueden infectar a los humanos, a esta disciplina se le llama epidemiología genómica.

Necesitamos unos estudios ambiciosos sobre la seroprevalencia —la revisión de las muestras de sangre para detectar indicios de contagios previos— que ayuden a los científicos a saber cuántos contagios no detectados se han producido. ¿Cuál es el verdadero total de casos en un país y en todo el mundo?

Necesitamos una investigación previsora y bien financiada sobre plataformas de vacunas que se puedan adaptar rápidamente para su uso contra patógenos nuevos, y no solo el desarrollo apresurado de dosis de refuerzo para la variante que acabe de aparecer. Necesitamos una vacuna universal contra el coronavirus y una vacuna universal contra la gripe, aunque no se pueda conseguir ninguna, dada la tremenda capacidad evolutiva de esos virus.

Más simple: necesitamos vacunas termoestables y administradas sin agujas que puedan reducir los problemas de rechazo en los países de renta alta y de escasez en los países cálidos de renta baja. Necesitamos mejores medicamentos antivirales, incluso para los virus raros pero peligrosos (como el virus de Nipah), lo que conlleva esfuerzos de desarrollo que quizá nunca sean rentables para las compañías farmacéuticas.

Todavía más simple: necesitamos invertir en unos sistemas mucho mejores de ventilación y filtración del aire en nuestros edificios públicos, y reducir la propagación del coronavirus y otros patógenos transmitidos por el aire. Eso no es muy emocionante desde el punto de vista científico, admitió; solo es importante y eficaz en relación con su costo.

El viaje evolutivo de este coronavirus ha sido funesto e impresionante. Se podría decir que las transformaciones del SARS-CoV-2 medidas a lo largo de los últimos 31 meses, desde la cepa original hasta las subvariantes de la Ómicron, proporcionan una de las imágenes más precisas de una rapidísima evolución a escala mundial en estado salvaje. En estado salvaje: es decir, no en vasos de precipitación y matraces, no en los laboratorios, sino en nosotros. Negacionistas de la evolución: tomen nota.

Todos deberíamos tomar nota. Tenemos 12 millones de instantáneas de esta cosa en movimiento, lo cual es suficiente, a la velocidad estándar de 24 fotogramas por segundo, para hacer una película sobre la evolución del SARS-CoV-2 de 138 horas de duración. Puesto que la biología evolutiva es una ciencia descriptiva, y no predictiva, todavía no sabemos cómo podría acabar la historia. Probablemente no acabe. Y los epidemiólogos genómicos, a pesar de lo inteligentes que son, no pueden salvarnos de lo que sigue viniendo. Tenemos que salvarnos nosotros.

David Quammen es columnista de The New York Times.

Comparte y opina: