Interminable conflicto
La semana pasada ha concluido sin resolverse un conflicto que afecta a la población de las principales ciudades del país: el incremento o no de las tarifas de transporte público. En el curso de los próximos días, luego de terminado el jolgorio carnavalero, todo parece indicar que este conflicto, lejos de resolverse, adquirirá mayores y complejas dimensiones.
En efecto, hasta el viernes último, en Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Oruro la tensión social ibaen aumento debido a la decisión unilateral de sus respectivos sindicatos de choferes de incrementar el precio de los pasajes en 30% en promedio y a la negativa de las autoridades municipales de esas urbes a aceptar dicha decisión. Los conductores de El Alto tomaron ese día idéntica determinación, anunciando un nuevo frente de conflicto.
Por su parte, las autoridades locales de esas ciudades han hecho cuanto estuvo a su alcance para frenar el embate de los gremios de choferes, incluyendo el uso de la fuerza pública para evitar el cobro de tarifas superiores a las legalmente establecidas, mientras el Gobierno central sigue buscando alternativas viables e intenta ganar tiempo con la propuesta de realizar un nuevo estudio de costos, lo que a su vez ha irritado aún más a los transportistas.
A simple vista podría parecer que las autoridades de Gobierno intentan imponerse a través de la ya conocida estrategia de dejar que el conflicto se agote solo; sin embargo, considerando los antecedentes del gremio movilizado y, sobre todo, las necesidades que están en juego, es difícil creer que ese vaya a ser el camino para frenar las demandas de los transportistas, que, además, vienen de mucho tiempo atrás.
Asimismo, una mirada más detenida al problema que enfrenta a choferes con los gobiernos municipales y la población en general revela que en el fondo ni las autoridades nacionales ni las locales están dispuestas a asumir el costo político y social que tendrá el incremento en el precio de los pasajes, y continúan en el perverso juego de atribuir al otro la responsabilidad de tomar la polémica decisión.
Mientras tanto, en la capital cruceña los transportistas han declarado un paro indefinido exigiendo un incremento de 50 centavos de boliviano en los pasajes y poniendo en aprietos al municipio, cuyo Alcalde personalmente prometió ofrecer una solución en un plazo de 10 días. En Cochabamba y Oruro, sin que haya un paro en curso, la situación es similar, sobre todo por la creciente animosidad de las partes involucradas.
Urge, pues, que el Gobierno central asuma su responsabilidad y produzca, así sea de forma transitoria, las «normas y políticas» que según la Ley de Autonomías permitirán a los gobiernos municipales fijar tarifas. Mientras esto no ocurra, es previsible que la presión de los transportistas irá en aumento, abonando el descontento social y el malestar generalizado.