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Inseguridad en América Latina

La región sufre de una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos

/ 12 de enero de 2013 / 05:52

América Latina ha tenido un destacado desempeño económico en la última década, acompañado por una reducción significativa en los niveles de pobreza y, en algunos países, también en los niveles de desigualdad. Si comparamos la situación actual con lo que sucedía hace dos décadas, la región tiene hoy en día economías más fuertes e integradas, democracias más consolidadas, así como Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad.

Con intensidades diferenciadas entre países, la región sufre de una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos. Entre 2000 y 2010, la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió. Si consideramos los países que tienen información entre 1980 y principios de 1990, en comparación al momento actual, encontraremos que los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Más aún, uno de cada diez robos se produce con violencia, en su gran mayoría a través del uso de armas de fuego; y uno de cada diez latinoamericanos han sido víctimas de violencia intrafamiliar. En un día típico en América Latina, 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son mujeres.

El deterioro de la seguridad no se ha dado de manera homogénea. Cuando desagregamos los delitos por países, encontramos dos américas latinas: una en la cual la violencia letal es la que más aqueja a la población, con países que sufren verdaderas espirales de violencia; y otra en la que los niveles de homicidio son relativamente bajos, pero en la que el aumento repentino y considerable de los delitos patrimoniales ha disparado la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Al mismo tiempo, al interior de los países la situación es heterogénea, con municipios y estados que tienen indicadores comparables a los países de Europa y lugares en los que la violencia letal es incluso mayor a la de países en guerra.

Los latinoamericanos tenemos menos pobreza, menos desigualdad y democracias relativamente estables en la región, pero mayores niveles de inseguridad. ¿Qué ocurrió? Ésta es una de las preguntas centrales que ha asumido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de la elaboración en curso de un Informe de Desarrollo Humano para América Latina, el cual tiene como tema central la seguridad ciudadana.

El informe señala cuatro claves para responder a esta pregunta. Primero, los Estados de la región siguen teniendo déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. Es justamente a la luz de estos déficits que la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana.

Segundo, el informe constata que la región ha crecido más en cantidad que en calidad: continúa teniendo fragilidades en el empleo, rezagos en la inclusión de las poblaciones más jóvenes, crecimientos urbanos acelerados acompañados de fracturas en el tejido social y de clases medias vulnerables.

Tercero, los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han perdido su fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten desarrollar formas positivas de convivencia. La inseguridad ha reconfigurado el tejido social en las sociedades latinoamericanas reduciendo los espacios de cooperación, confianza y participación ciudadana y propiciando, en algunos casos, formas de organización distorsionadas por el temor y la desconfianza como la llamada “justicia por mano propia”.

Cuarto, la multiplicación y agudización de las amenazas a la seguridad tanto en espacios privados como públicos limitan gravemente las capacidades y libertades de los latinoamericanos. Si bien el crimen organizado ha ganado notoriedad como dinamizador de la violencia y el crimen a nivel local y transnacional, la afectación cotidiana de los ciudadanos revela que están expuestos a muchas otras amenazas como el delito callejero, la violencia de género y la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, y que dichas amenazas se entrecruzan y retroalimentan en la práctica.

Estas cuatro claves revelan la complejidad y multiplicidad de los problemas que subyacen a la inseguridad ciudadana. Más aún, exigen pensar en respuestas integrales de política pública, incluyendo el papel de los actores no estatales y de la comunidad internacional. Sabemos bien que hay que pasar de la reflexión a la acción, con respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los aciertos y las fallas. De ahí que el objetivo más importante del Informe de Desarrollo Humano para América Latina 2013 —que cuenta con la colaboración de distinguidos especialistas, representantes del quehacer público y la sociedad civil—, sea contribuir a la creación de mejores y más efectivas políticas públicas en aras de proteger a las y los ciudadanos de América Latina.

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Paradoja: crecimiento con inseguridad

Durante los últimos años, en Latinoamérica se ha producido un notable desarrollo económico-social, pero al mismo tiempo aumentan vertiginosamente los crímenes.

/ 17 de noviembre de 2013 / 04:00

En años recientes, América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económico-social y la delictiva. Pese a los avances en crecimiento y las mejoras en salud, educación y reducción de pobreza y desigualdad, la región se ha tornado la más insegura del mundo.

Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, registrándose más de un millón de asesinatos entre 2000-2010. En 11 de 18 países, las tasas de homicidios superan la clasificación de “nivel epidémico”, con más de diez homicidios por cada 100.000 habitantes. En tanto, el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos. Un promedio de seis de cada diez latinoamericanos fueron víctimas de un robo con violencia en el año 2012.

Estos son datos del Informe Regional de Desarrollo Humano Ciudadanía con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que recién damos a conocer. La constatación de que la inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de la región ha llevado al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), en el cual dirijo la división para América Latina y el Caribe, a dedicar dos años de investigación para diagnosticar el problema y aportar recomendaciones para mejorar las políticas públicas en la materia.

¿Cómo explicar el aumento en el crimen y la violencia si América Latina experimentó, entre el 2000-2010, el período de mayor crecimiento económico de las últimas cuatro décadas? ¿Cómo explicar la magnitud de la inseguridad ciudadana si esta bonanza económica, junto a la creación de empleos y algunas políticas innovadoras en materia social, elevaron más de un tercio de la población de la región a la clase media?

Por un lado, el crecimiento económico no se traduce automáticamente en una mejora en el desarrollo humano y tampoco implica que los ciudadanos estén más seguros. El informe destaca que en América Latina el crecimiento ha sido de baja calidad, basado en el consumo y con insuficiente movilidad social, lo cual ha impulsado una suerte de “delito aspiracional”. Los robos de celulares, laptops y ropa deportiva son una expresión de este fenómeno.

Por otro lado, el deterioro de la inseguridad ciudadana también se relaciona con las transformaciones demográficas causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y fallas en el sistema escolar; es decir, se ha erosionado el tejido social, generándose condiciones que inciden en la criminalidad. Además, el porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas son factores que impulsan el crimen y el delito. Otro elemento fundamental es la escasa capacidad de los Estados latinoamericanos, así como la falta de profesionalización en el combate al delito y la carencia de proporcionalidad en las sanciones.

La inseguridad ciudadana también afecta el potencial económico de la región: sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior en el 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de 24.000 millones de dólares en 2009. Un estudio del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado para el informe analizó los costos de la delincuencia y los niveles de victimización en cinco países y reveló que Honduras sufre los más altos costos con el delito y la violencia en porcentaje de su PIB en 2010 (10,54%, equivalente a 1.669 millones de dólares), seguido de Paraguay (8,7%, lo que equivale a 1.742 millones de dólares), Chile (3,32%, es decir 7.215 millones de dólares) Uruguay (3%, o cerca de 1.165 millones de dólares) y Costa Rica (2,52%, 915 millones de dólares).

La creciente percepción de inseguridad y el “adelgazamiento” del Estado han estimulado la contratación de vigilantes privados, que ha crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado diez veces mayor que la de Europa occidental. Esta privatización de la seguridad agudiza la desigualdad que experimentan los latinoamericanos.

No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en América Latina, pero el problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política a largo plazo. América Latina cuenta con experiencias y lecciones aprendidas de gran valor, que se analizan en el informe. Una de las principales lecciones de la región es que las políticas de “mano dura” no funcionan: la fuerte represión policial y penal a menudo ha coincidido con espirales de violencia y altos índices de criminalidad.

Entre las diez recomendaciones para una región más segura, destaco la conveniencia de evitar la politización del tema de la inseguridad, visualizándola como un desafío de todos que demanda construir en cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, provista de medidas para el corto, mediano y largo plazo.

No hay otro camino sino el de elaborar políticas que se orienten hacia una estrategia integral de seguridad ciudadana, que incluya la actuación policial a partir de un trabajo por cuadrantes y cercano con las comunidades locales; la adaptación de nuevas tecnologías para ubicar puntos neurálgicos del crimen, enfatizando la prevención en las áreas de riesgo; la mejora de la calidad de vida de la población con especial atención en los grupos más vulnerables como jóvenes y mujeres; una justicia accesible, ágil y eficaz, y una educación que se base en valores de convivencia pacífica, tolerancia y respeto al Estado de derecho.

Abandono temprano del núcleo familiar

La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno de cada tres internos abandonó su hogar antes de los 15 años (en Chile uno de cada dos), y entre el 13% (Argentina) y 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La encuesta también reveló que el 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria. En todos los países, más del 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad.

Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia, y a la vez son los responsables más comunes de la violencia y los delitos; el informe, también hace un llamado a evitar la estigmatización de los jóvenes, particularmente de los de bajos ingresos. La violencia de género también es una amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región.

Los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidios) han aumentado en casi todos los países. De los internos que habían cometido delitos sexuales, entre el 75 y el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre el 20 y el 40% eran sus familiares, según el informe.

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